¿Políticos a la cárcel? - ElConfidencial.com

Decía Benjamin Franklin que las únicas certezas en esta vida son los impuestos y la muerte. Habría que añadir una tercera. La impunidad de determinados políticos a la hora de gestionar la cosa pública. El esperpento griego es el caso reciente más emblemático. La hecatombe helena refleja el martirio -sin bueyes- de un país sacrificado por una casta política megalómana sólo formalmente democrática.

Pero más allá de lo que acontece alrededor de la plaza de Sintagma, lo relevante es que detrás del desastre económico griego emerge un sistema político débil y con baja calidad de sus instituciones. No es casualidad que los países más atizados por la crisis de deuda soberana sean, precisamente, los últimos que se incorporaron a la democracia en Europa occidental después de 1945.

Portugal y Grecia pusieron fin a sus respectivas dictaduras en 1974, y España lo hizo un año más tarde. El caso irlandés es diferente. Su rescate no tiene que ver sólo con una crisis fiscal derivada de una brutal caída de los ingresos y de una enloquecida carrera a favor del gasto público, sino con la implosión de su sistema financiero a causa de una mala decisión política: garantizar por ley todos los depósitos bancarios.

Esta relación directa entre calidad del sistema democrático y realidad económica es una evidencia desde antaño, como bien saben muchos países latinoamericanos. Pero en muchas ocasiones se olvida con fines bastardos. Como si los problemas económicos de un territorio tuvieran que ver sólo con decisiones de política económica equivocadas. La arquitectura institucional de un país influye, y mucho, en la calidad de vida de sus ciudadanos, como ha quedado demostrado desde la Constitución americana. No hay democracia sin demócratas.

Hace algunos años, el ministro de Economía de turno de Siria presidió de forma interina el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por entonces, su país formaba parte del ‘eje del mal’, y un periodista británico le preguntó por qué Damasco no respetaba los derechos humanos. El dirigente árabe le contestó de forma un tanto airada que si Siria tuviera 30.000 dólares de renta per cápita como Suiza (ahora la cifra será incluso mayor), su país sería una democracia, como la helvética.

La respuesta no debió convencer a casi nadie. Siria era pobre, y todavía lo es, precisamente, por falta de democracia. La historia ha demostrado hasta la saciedad que las naciones que respetan los derechos humanos, la separación de poderes, la seguridad jurídica de las empresas, el control judicial de los actos políticos y administrativos o promueven la cohesión social y la transparencia en las cuentas públicas, obtienen unos niveles de desarrollo humano sustancialmente superiores a las dictaduras o los regímenes autoritarios.

La democracia, por lo tanto, no solo no es rentable en términos políticos, sino también económicos. Un economista diría que es una buena inversión por el efecto multiplicador que tiene sobre la riqueza de las naciones. Noruega, Australia y Nueva Zelanda encabezan, de hecho, el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, mientras que Zimbabue, República del Congo y Níger están en el otro extremo. Y tampoco es por casualidad.

Control del gasto

La desigualdad entre naciones tiene que ver no sólo con la riqueza natural de los territorios, sino de manera cada vez más determinante (ante el avance de la economía basada en la inteligencia y no en los recursos naturales), con la existencia de sistemas políticos que favorecen, entre cosas, el control democrático del gasto público mediante instituciones independientes de los gobiernos. Y, en todo caso, capaces de abrir los ojos de la verdad a la ciudadanía mediante la fiscalización del gasto público más allá de un mero ejercicio contable. No a posteriori, sino con carácter previo. Y, por supuesto, con un sistema de sanciones intimidatorio.

El cierre de la primera de línea de AVE en España -y no será la última- es, en este sentido, un referente a cuanto a despilfarro del erario público. No es, desde luego, el único caso, pero pone de relieve hasta qué punto decisiones de carácter político realizadas sin criterios de eficiencia económica o incluso de oportunidad política -la reunificación alemana es un buen ejemplo de la primacía de la política sobre la economía- empobrecen a las naciones sin atender a lo que decía Madison sobre la naturaleza de los poderes públicos.

Sostenía uno de los padres de la Constitución americana que un Gobierno que coloca los intereses privados en el lugar de las obligaciones públicas, y que convierte las asignaciones de fondos pecuniarios en botines para sus favoritos, no es más que un impostor.

Y eso es lo que ocurre cuando son los propios políticos los que se blindan ante el ejercicio de la responsabilidad penal por actos delictivos que no necesariamente tienen que ver con el enriquecimiento personal. O cuando los propios políticos imponen un ridículo sistema de sanciones por incumplir la ley. Un ejemplo.

En marzo de este año, el Plano de Tribunal de Cuentas acordó la imposición de 24 multas “coercitivas” a otros tantos alcaldes y presidentes de mancomunidades. Pero ojo, por importes que oscilaban entre 250 euros y 901,52 euros. ¿Su delito? No presentar los gastos para su fiscalización.

La conclusión que saca el Tribunal de Cuentas es demoledora. “Existe”, asegura, “la sensación de impunidad en funcionarios y cargos públicos por la falta de rendición y, en general, ante el incumplimiento de leyes relativas a la gestión pública, pues se carece de instrumentos efectivos para requerir la información y obtener la necesaria colaboración”. No lo dice el enemigo. Ni siquiera los indignados de la puerta del Sol ni los antisistema Lo escribe el Tribunal de Cuentas en una publicación oficial.


El ejemplo de la SGAE, donde el Ministerio de Cultura ha renunciado históricamente a velar por su buen funcionamiento, refleja de manera nítida la desidia de los poderes públicos a la hora de escrutar los actos de su perímetro de influencia

Lo lamentable del caso es que la última reforma del Código Penal exonera de manera nítida de la responsabilidad penal al propio Estado y al resto de administraciones públicas, pero también los organismos reguladores, a las empresas públicas, a los partidos políticos y a los sindicatos. Es decir, amnistía casi general.

No se trata de judicializar la vida política, lo cual sería un despropósito, pero parece evidente que cuando un gestor toma decisiones de gasto que hipotecan a generaciones futuras de manera suicida, sus actuaciones deben estar soportadas por altos niveles de transparencia y de rigor técnico. Y un mal ejemplo de ello es la resistencia de los poderes públicos a presentar memorias económicas que aclaren cómo y en qué se gasta el dinero público. El ejemplo de la SGAE, donde el Ministerio de Cultura -incluso con el PP en el poder- ha renunciado históricamente a velar por su buen funcionamiento, refleja de manera nítida la desidia de los poderes públicos a la hora de escrutar los actos de su perímetro de influencia.

Alguien dijo en cierta ocasión que la ingenuidad de las masas es, en conjunción con otros factores, responsable de la instauración y el mantenimiento de dictaduras y regímenes despóticos. Aunque habría que añadir que este análisis se puede extender a ciertos sistemas formalmente democráticos. “Sin la credulidad del pueblo”, sostenía el profesor H.C.F. Mansilla, “sin el fácil juego que tiene la propaganda de arriba y sin las creencias simplistas y cándidas que distinguen a amplios sectores de lo población, ningún régimen totalitario se hubiera podido mantener largo tiempo en el poder, pues el recurso de la coerción física y el monopolio de las fuerzas militares no bastan por sí solos para hacer viables, exitosas y estables a las múltiples formas de tiranía”.

Un saludo.

Prefiero usar guillotinas para acabar con el parásito del político rapidamente.

Aquí tienes un ejemplo real y calentito de lo que dices. Burguillos, un ayuntamiento que lleva 16 AÑOS sin presentar sus cuentas y aquí no pasa nada, señores, que la coercitividad y las sanciones y las exigencias se dejan para el sector privado. Además de ****** apaleadas:

Burguillos: el saqueo - abcdesevilla.es

Los ayuntamientos no se pueden embargar. Si joden a miles de pequeños empresarios con sus deudas, no pasa nada.

Los ayuntamientos que no cumplen las normas, no son intervenidos. Véase el caso de este ayuntamiento o el más sangrante de todos, Marbella.

Los políticos no tienen responsabilidades penales por una gestión nefasta.

Los ayuntamientos sobredimensionados, no pueden reducir plantillas, porque claro, bastantes empleados públicos son indespedibles y porque son sus "derechos".

Los organismos de control demuestran su ineficacia, pero los seguimos pagando.

Pero la culpa de la ruina de las entidades locales es del liberalismo, por supuesto

__________________

Lo lamentable del caso es que la última reforma del Código Penal exonera de manera nítida de la responsabilidad penal al propio Estado y al resto de administraciones públicas, pero también los organismos reguladores, a las empresas públicas, a los partidos políticos y a los sindicatos. Es decir, amnistía casi general.

No es solo amnistía..., lo peor es que es una invitación a seguir delinquiendo.

Debería establecerse un Nuremberg para los políticos que han dilapidado toda nuestra riqueza y que nos han condenado a la inanición para los próximos 30 años...

Si algún día los "buenos" tomasen el poder..., desde luego que yo el delito de "tráfico de influencias y malversación de fondos públicos y apropiación indebida" lo consideraría un crimen contra la humanidad y sin posibilidad de prescripción.

Que aquí todo prescribe a los 3 días...

Y como bien sabe Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos etc. muy democráticos ellos ...