Jordi Navarro se dedica al peor oficio del mundo en tiempos de crisis: echar de sus casas a los embargados. Insultos, escupitajos agresiones... La semana en la que el Gobierno echa un cable a los hipotecados, «Crónica» lo acompaña en su desalojo 501. Es la otra cara del drama: 15.491 familias en la calle en 2011

Jueves, Sant Just Desvern, afueras de Barcelona. A las 7.30 horas suena el despertador de Jordi Navarro. La jornada del vicedecano del Colegio de Procuradores de Barcelona empieza en la ducha con las noticias radiofónicas. Enfundado ya en un traje negro y una camisa azul, toma una tostada con el primer cortado del día mientras repasa la actividad que le espera en las calles: un lanzamiento judicial -desahucio- considerado peligroso, gestiones procesales y varias visitas a los juzgados. Ya tan temprano la tensión lo persigue. «Por la incertidumbre de lo que me pueda llegar a encontrar», dice. Una actuación en la que, acompañado de dos funcionarios judiciales, él llevará la voz cantante. Ese es el papel de los procuradores en los procesos de desahucio.

Contratados por las personas o las empresas que reclaman las viviendas, pueden pedir la suspensión de las diligencias o, incluso, oponerse a la decisión tomada por el juzgado. «Si nosotros no pedimos que el lanzamiento se ejecute este jueves, el juzgado no lo ejecuta», señala en el aparcamiento de su edificio Jordi Navarro, quien empieza a sentir en el estómago los primeros efectos de los nervios. Y eso que, tras casi tres décadas desalojando viviendas, Navarro (54 años) las ha visto de todos los colores.

Este es su desahucio 501: «Empecé en 1983 como procurador. Pero el escenario ahora es muy diferente. A los problemas que arrastrábamos se han sumado las protestas callejeras». Protestas de movimientos sociales como el 15-M, Democracia Real Ya o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que en pocas semanas han logrado paralizar medio centenar de desalojos en una oleada que recorre toda España. A la cabeza, Madrid, Andalucía y Cataluña (Barcelona registra 80 lanzamientos diarios).

Y es que los desahucios alcanzan ya números de récord. Sólo en el primer trimestre de 2011 se han producido 15.491 desalojos forzosos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. 171 al día. Un 36,9% más que el año anterior. Un millón de expedientes de desahucio en curso. Más de 15.000 familias en la calle, en sólo tres meses, por no poder asumir el alquiler o la hipoteca. [El viernes, el Gobierno echaba un cable a las víctimas: «Nadie podrá quedarse con la casa de nadie por menos del 60% de su valor», anunciaba Rubalcaba].

TESTIGO DIRECTO

Crónica acompaña a dos comisiones judiciales -una en Cataluña y otra en Valencia- para conocer sobre el terreno uno de los peores trabajos posibles en la actualidad: el de desahuciador. Una actividad desconocida para el gran público que, en paralelo al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y a la crisis financiera, se encuentra a diario con una resistencia brutal en España.

Los temores del procurador Jordi Navarro, casado y padre de tres hijos, están más que justificados: «Hoy, con una llamada, el afectado por un desahucio consigue que se nos pongan 40 jóvenes en la puerta y, ante eso, ¿qué podemos hacer?». Les insultan, escupen, se les encaran e incluso han llegado a agredirlos. Un trabajo cada vez más ingrato por el que cobran 22,29 euros por desahucio, tanto si éste dura una hora como cinco. Más de uno de estos profesionales autónomos, los verdaderos impulsores de los procedimientos de desahucio, ha acabado en el hospital, víctima de la ira de los afectados por la hipoteca. Del otro lado, inquilinos que amenazan con tirarse por una ventana o llegan incluso a ahorcarse [M.P., electricista de 45 años, padre de familia en paro, se colgó de una cuerda en un parque de L' Hospitalet de Llobregat, el 10 de noviembre de 2010, tras perder su casa por impago. En Madrid, con 72 lanzamientos diarios realizados por 13 comisiones judiciales, se han producido incluso tiroteos. Cada vez más desarrollan su trabajo escoltados por policías. En el sector, todos autónomos, se han encendido las alarmas].

Subido a su vehículo, un modelo asiático de color negro, Jordi Navarro conecta el GPS. «Seis kilómetros hasta la Calle Ventura Gassol, 29, de L' Hospitalet de Llobregat», avisa el aparatejo. Los días que tiene un lanzamiento se esfuerza en mantener la calma. Sabe que ni puede ni debe entrar en enfrentamientos con los ocupantes.

Llegados a este arrabal de la segunda mayor ciudad catalana, Navarro aparca su coche junto al edificio, siete plantas de tonos verdiblancos, frente a las vías del tren. Su iPhone no para de sonar. Antes de ir al tajo, Jordi se acuerda de su mujer y sus tres hijos, respira hondo, agarra la maleta, se abrocha la americana, se ajusta la corbata y se dispone a recuperar un piso de 60 m2 para, a continuación, devolvérselo a sus dueños: ocho sobrinos de un jubilado fallecido que complementaba su humilde pensión con lo que obtenía del alquiler. «A mí nunca me han hecho nada, pero a otros compañeros les han salido con un bate de béisbol», murmura Jordi.

Una mujer con problemas de alcoholismo y su hija de 21 años enferma de hidrocefalia ocupan la vivienda. Llevan 15 meses sin pagar el alquiler y no han mostrado intención de abandonar el piso. Es la tercera visita del procurador, que encabeza una comisión judicial custodiada por dos mossos. Nadie pasa por alto que madre e hija tienen verdaderos problemas. Su intención es ser respetuosos con ellas en el caso de que sigan en el piso.

9.50 horas. Una vez han llegado los dos policías a la finca, la comitiva judicial se pone en marcha. La integran el procurador Jordi Navarro, un gestor del juzgado (Paco Grasa), un auxilio judicial (Manuel Gallego), un cerrajero (Boasa, un marroquí de Casablanca) y dos miembros de los Mossos d'Esquadra. El procurador, como cerebro, impulsor y guía del lanzamiento, es quien ha solicitado el descerrajamiento de la puerta, la escolta policial y el cerrajero. La orden judicial que trae Grasa, representante del juez y gestor, se emitió a instancia del procurador.

Antes de subir por las escaleras hasta la primera planta del bloque D, la comisión judicial vuelve a dar signos de tensión. Tocan el timbre de algunos vecinos para averiguar si los ocupantes del primero segunda siguen dentro o han abandonado la vivienda. Pero nadie sabe nada de Joaquina, con problemas de alcoholismo, y de su hija enferma. Llaman a su puerta sin obtener respuesta. «Pasó lo mismo la semana anterior y resultó que estaban», recuerda uno de los dos funcionarios de Justicia. «Miremos en el buzón, no sea que hayan depositado allí las llaves», indica Navarro. Está vacío, ni siquiera informa de quiénes son los inquilinos.

10.00 horas. Tiempo para el cerrajero Boasa. Su cara es un poema. El ruido de la taladradora en la puerta perfora los oídos. La acción lleva «en torno a cinco minutos», indica Grasa, el oficial del juzgado, quien tiene una media de seis desalojos diarios en L' Hospitalet para un total de 120 mensuales [antes eran 20 al mes; ahora hay lanzamientos señalados para febrero del 2012: lista de espera, como para el médico].

-¿Su peor experiencia?

-Cuando un tipo nos encontró rompiendo la puerta de su piso alquilado. Se puso como loco. Echó a las hijas, empezó a darnos gritos y abrió la llave del gas. Tuvo que venir la policía para reducirlo, recuerda Paco Grasa, quien desde entonces prefiere no cruzar la entrada de las viviendas que desaloja.

A 344 kilómetros de L' Hospitalet, en Valencia, al día siguiente, viernes, a Mario se le ponía un nudo en la garganta. Y eso que lleva 12 años ejecutando desahucios. El hombre que se pegó un tiro delante de él al comunicarle que tenía que marcharse de su casa, lo ha marcado. «Sólo hago mi trabajo, que es hacer cumplir la ley», dice. Mario, al igual que sus compañeros, se resiste a sentirse verdugo de nadie.

«También nosotros vivimos momentos horribles, somos personas», tercia Sonia. A ella le tocó de cerca la muerte de un inquilino que se tiró por el balcón al día siguiente de comunicarle el desahucio. [Hace 10 días, los funcionarios judiciales de Valencia amenazaron con suspender los desahucios si no contaban con protección policial]. Juan, su compañero, tiene reciente el último desalojo: «Aún tenía todos los muebles en la casa y sus dos hijas de 13 años estaban en el colegio. El hombre nos dijo que las niñas no sabían nada. Regresamos 18 días después y las niñas seguían sin saber nada. Se pusieron a llorar pero tuvimos que ejecutar», explica.

Aunque no existen datos sobre bajas médicas, estos mensajeros de malas noticias terminan quemados. «Es el precio que tenemos que pagar por trabajar con personas en situaciones límite», señala Juan Carlos, funcionario judicial en Madrid con larga experiencia. Un oficio, por otra parte, que no requiere estudios especiales y al que tampoco se le da el reconocimiento que se merece. «Ni siquiera tenemos un carné profesional para identificarnos cuando llamamos a la puerta de una casa», denuncia Juan Carlos.

Volvemos a L' Hospitalet. Son ya las 10:13 horas. La tensión se rebaja al abrirse la puerta. La vivienda es mugrienta. El desorden, mayúsculo. No hay luz. Madre e hija han dejado abundantes enseres: una bicicleta, dos televisores, perchas, restos de muebles... El mal olor que desprende el piso es evidente. «Tira para atrás», dice Jordi Navarro.

10:20 horas. El cerrajero termina de cambiar la cerradura y entrega las nuevas llaves a Jordi Navarro, que se las devolverá a sus clientes. La intervención judicial finaliza. Mañana tocará otro desahucio. Pasado, otro. Y al día siguiente, otro. ¿Hasta cuando?, se preguntan los desahuciadores.


Andalucía, Madrid, Canarias, Murcia y Valencia son las comunidades con el mayor número de desahucios. Las que menos, País Vasco y La Rioja. Las consecuencias llegan a ser dramáticas. Marzo 2011. Un hombre de unos 50 años fallece al precipitarse desde un cuarto piso, en Granada, del que había sido desahuciado por no pagar la hipoteca. Junio 2011. Un inmigrante libanés en paro recibe orden de desalojo de su piso en Madrid. 500 personas en la calle lo impiden. Diciembre de 2010. Un padre de familia en paro se ahorca en plena calle, tras saber que sería desahuciado de su piso de L'Hospitalet por no poder pagar el alquiler... Los casos van a más. Sólo en el primer trimestre del presente año, los juzgados españoles han emitido más de 20.000 ejecuciones hipotecarias (proceso inicial que termina con la subasta de la vivienda). Entre 2008 y 2010, 245.627 familias se han visto afectadas por la ejecución de la hipoteca, y 108.475 recibieron también la orden de desahucio de sus viviendas. En el primer trimestre de 2011 se producen 171 diarios

El Mundo vía epesimo.blogspot.com

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Impresionante Montekarmelo. Si a mi me pasa lo que el Mario ese, al que un deshauciado se le pegó un tiro... me voy directo a un psiquiátrico o a un convento. Vaya tragaderas.

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mientras las casas no caigan del cielo, hay que pagarlas, eso o vas a zP que dice que la tierra es del viento, y que te regale una...

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...pero con su dinero, no con el confiscado via impuestos.

Cada caso es un mundo. Habrá casos en los que esté justificado pero muchas veces pienso que al lanzamiento debería ir, por ley, el director de la oficina que firmó la hipoteca ante notario.
Si tuvieran que vivir esos dramas ya procurarían hacer bien su trabajo y no dar hipotecas a según quién por si acaso luego tiene que presenciar el lanzamiento.

Jordi Navarro eres un bast.ardo.hijodepu.tísimamadre que les hace el trabajo sucio.
Un autónomo que va a comisión de 22€ por lanzamiento. Vaya tela.
Y no te hagas la víctima, coño, que en 30 años no te ha pasado nada: «A mí nunca me han hecho nada, pero a otros compañeros les han salido con un bate de béisbol», murmura Jordi.

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encima que el director les concede el prestamo es un cabron.... si no se lo concede, TAMBIEN...

y el autónomo por hacer su trabajo es un hijo de tal...

en fin, el que tenga deudas contraídas, que las devuelva, nadie le puso una pistola para firmar, también podían alquilar.

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Cierto.

Pero las casas pueden ser mucho mas baratas de lo que son, podrían tener un precio accesible para todo el mundo. La construcción, apilar los tochos es muy barato, todo lo demás especulación, un mal sistema, peores politicos....

Por mi parte, todo el asco y el desprecio hacia este señor.

¿En serio hay 170 deshaucios diarios en España? ¿Todos de viviendas? ¿De 15.000 familias deshauciadas nadie se ha ido a inmolar a la Moncloa?

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Un millón de expedientes de desahucio en curso,... uff

Alguien tiene que hacer ese trabajo.

No hay nada de despreciable en ello.

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