¿Estamos llegando al final de la función pública tal y como la hemos conocido? Probablemente sí. Como algunos cargos sindicales reconocen en privado, el escenario que se está manejando para dentro de 15-20 años es el de unas administraciones compuestas fundamentalmente por contratados laborales cuyos derechos serán iguales a los de los trabajadores del sector privado, y no por funcionarios de carrera que tengan asegurado el puesto de por vida.

Para Eugenio Pérez de Francisco, profesor de Derecho Comunitario de la Universidad Nebrija, esto no será más que “la continuación de una tendencia que ya estamos viviendo, lo que se deja sentir en la contratación de empresas privadas, especialmente en las administraciones autonómicas, para llevar a cabo tareas que antes realizaban los funcionarios. La resolución final estará firmada por el jefe del servicio, pero todo el trabajo hasta llegar ahí lo han hecho trabajadores de una empresa privada”.

Como indica Miguel Martínez Lucio, profesor de Human Resources Management de la Manchester Business School, aunque resulte muy difícil que desparezcan los funcionarios, y más aún en España, “es más que probable que terminen subcontratándose buena parte de los servicios que prestan las administraciones, especialmente en sectores como contabilidad, informática o atención al público. Además, existe una creciente industria transnacional que se está organizando con la intención de captar el trabajo que se realiza en servicios de recogida de basuras, en información a la ciudadanía o en el cuidado de los ancianos, así como en diversos servicios sociales, por lo que es de esperar que la subcontratación de esa clase de tareas vaya en aumento”.

Para María Blanco, profesora de Teoría e Historia Económica de la Universidad CEU San Pablo, el ejemplo de Suecia debería ser tenido especialmente en cuenta, en tanto señala el camino a seguir para conseguir que la Administración funcione. “Cuando en España hablamos de las maravillas del Estado de bienestar sueco, no solemos reparar en que allí no hay funcionarios tal y como los conocemos, ya que no tienen el trabajo asegurado de por vida”. Ese es un aspecto fundamental para Blanco, ya que “sólo con cambiar esa condición, haciendo los contratos temporales y renovales, de forma que les pudiera echar en cualquier momento, se acabaría con los vicios del funcionariado actual y se reducirían en una enorme medida los males de la burocracia. Y eso es algo que me parece factible y deseable”.

Demasiado control del Estado

En todo caso, para Pérez de Francisco es absolutamente imprescindible que la gestión de lo público comience a tomar otros caminos, “ya que vivimos una exhaustiva e intolerable presencia del Estado en la vida particular. ¿Para qué queremos tanto control y tanta inspección? En EEUU en hacer una sociedad limitada tardas diez minutos y el costo es de diez dólares; aquí lleva dos meses y una pequeña fortuna. Y así es en muchos ámbitos: una licencia para cualquier tema agrícola tarda dos años en ser concedida en Madrid. La presencia del Estado es insostenible bajo estos parámetros”.

Además, afirma Blanco recogiendo posiciones muy frecuentes en los ámbitos económicos, “hablamos de un colectivo de privilegiados. El resto de los mortales dependemos de nuestra productividad y de la oferta y demanda de empleo mientras que ellos tienen un puesto de trabajo cautivo”. Y la base de estos privilegios, señala, “no está en los gastos superfluos, en la mala distribución del personal o en su exceso de dotación, sino en que no hay control de calidad ni evaluación real de la función pública. Cuando el Tribunal de Cuentas repasa los presupuestos, lo hace con dos años de retraso. Eso no es un control efectivo”.

Más allá de ese control del gasto a gran escala, Blanco entiende que también se deben implantar mecanismos que permitan evaluar el rendimiento de los funcionarios y valorar su productividad. Y esta es una idea que goza cada vez de más predicamento entre los gestores públicos españoles, muchos de los cuales están convencidos de su valía para mejorar la calidad del servicio público.

‘New Public Management’

Este tipo de métodos lleva tiempo desarrollándose en países como el Reino Unido, donde el NPM (New Public Management) ha sido el modelo de gestión típico en los últimos 20 años. Y el NPM quiere decir, entre otras cosas, evaluaciones anuales, mediciones del rendimiento individual, insistencia en los discursos de calidad y en la orientación al cliente, así como cambios organizativos que llevan a organizarse en pequeñas unidades que han de mantener el equilibrio entre ingresos y gastos.

Sin embargo, los resultados que está arrojando distan mucho de lo esperado. En primera instancia porque, como asegura Martínez Lucio, “ya que se mide el trabajo de los funcionarios a través de números y de niveles de rendimiento, estos tienden a actuar sólo cuando sus acciones van a tener incidencia en esos parámetros, lo que lleva a una visión mucho más transaccional de su trabajo y con ella a una menor ética pública. También aparece una rotación muy elevada del personal, que cambia de trabajo con frecuencia, lo que lleva a una menor lealtad y a una notable pérdida de conocimiento”. Así, señala Martínez Lucio, los objetivos que se buscaban con la reforma, como era la mejora en la motivación y en la calidad, han terminado por generar efectos contrarios, empeorando los servicios públicos. Y ello porque, en realidad, esta gestión científica “no es más que el taylorismo que se utilizaba en los años 60 para gestionar las fábricas de automóviles pero llevado al terreno de los servicios”.

A pesar de los resultados, no parece que el gobierno británico actual vaya a cambiar de política de gestión. Y ello porque se piensa no sólo que es más barato, “lo que no es ni mucho menos cierto, y menos a corto plazo”, señala Martínez Lucio, sino que también es menos problemático, “porque se cree que se podrá manejar mejor a los funcionarios, al tiempo que se abre una puerta para futuras reestructuraciones”. Incide en este sentido María Blanco, para quien las dificultades para hacer reformas en España vienen mayoritariamente causadas por unos funcionarios que se han convertido en un grupo de presión muy fuerte, siendo el sector donde más implantados están los sindicatos.

“Una huelga de funcionarios puede paralizar un país: están los médicos, los profesores, los que recaudan el IRPF…Como lo saben, si se empiezan a subcontratar servicios y a no hacer contratos temporales, viviríamos una enorme presión de este colectivo”. Y ese es el problema de fondo, asegura Pérez de Francisco, ya que “los políticos, para evitar ese enfrentamiento, no se atreven a afrontar el problema. Echar a cien mil funcionarios, que sería vital, es prácticamente imposible. A ver quién se atreve a suprimir eso. Pero es algo a lo que habrá que enfrentarse porque hay un exceso notable de funcionarios. Y no sólo a nivel local. Sólo la Comisión Europea cuenta con 12.000, que perciben una retribución por encima de la media, que además está libre de impuestos”.

Sin embargo, pensar que las dificultades aparecerían sólo a la hora de llevar a cabo las reformas necesarias no es real si, como señala Martínez Lucio, nos fijamos en el ejemplo inglés. “Que los servicios se privaticen y que se subcontraten no implica, como se cree, que vayamos automáticamente hacia un sector no sindicalizado o sin comité de empresa. Si se analiza el sector aéreo, que era público, tanto en Inglaterra como en España siguen gozando hoy de altos niveles de sindicalización. Que desaparezca el funcionariado no quiere decir que vaya a disminuir la dinámica colectiva, y con ella la resistencia”.

Además la insistencia del New Public Management en discursos como el de la calidad “es fácilmente manejable por los sindicatos, que han hecho fuertes campañas criticando el descenso de la calidad a causa de la nueva gestión. Los sindicatos saben cómo dar respuesta a esta americanización gestora, con lo que tampoco desaparece la conflictividad”.



Cambio radical en la función pública: hacia el final de los funcionarios - elConfidencial.com

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Todo eso ya se está haciendo. No se ha cambiado la ley que afecta a los funcionarios pero por ejemplo en AGE, llevan dos años sin entrar grupos bajos y dudo que lo hagan, esas tareas se van a ir externalizando igual que ya se ha hecho con las de informática.

Eso sí, más gasto empresa amiga mediante y cuatro duros para el currito, claro.

Por cierto, a día de hoy la temporalidad en las administraciones llega al 20ypico %, así que mezclar las condiciones del funcionariado con excesos de personal me parece como poco, retorcido.

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Este modelo lleva años aplicándose en la práctica, al menos en el sector informático, contratando empresas que a su vez contratan a personal sin cualificación alguna, entregando proyectos de pésima calidad que engordan su precio hasta lo prohibitivo a través de los mantenimientos. Y sobre las métricas de productividad prefiero no entrar, que me cabreo.

Todo este montaje ha dado lugar a una administración vendida de facto, dependiente de empresas privadas que se permiten el lujo de condicionar la calidad del servicio al ciudadano y la forma de prestarlo, que ha eliminado en la práctica el acceso a formación de calidad para los funcionarios (aunque no lo crean, siguen existiendo funcionarios a los que les preocupa hacer bien su trabajo), lo que redunda en una degradación global de la calidad de las TIC en los servicios públicos. Aplíquese el mismo modelo a otras áreas de las AAPP y se obtendrán los mismos resultados.

Por supuesto que sí, se han de cambiar las cosas. Reconvertir a todos los funcionarios en personal laboral. Así se podría despedir a los que están y poner a gente del propio partido, que para eso se pagan el carné.

Un Estado corrupto subcontratando al sector privado puede ser, en efecto, incluso peor que la indolencia e inoperancia del funcionariado. Lo sé por experiencia.

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Eso me recuerda la situación esperpéntica que se vivió en Asturias cuando en la convocatoria para la contratación de soporte informático para el principado estaba la exigencia inapelable (entre líneas, pero confirmado de viva voz) de contratar a la persona que gestionaba el sistema de imágenes de discos duros, dado que era él el que lo entendía y punto pelota.

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Este es un detalle que el amigo Eugenio Pérez de Francisco parece pasar por alto, pequeño detalle que en un país como España va a hacer que el remedio sea peor que la enfermedad.

Y es que está muy bien compararse con Suecia. A ver si habla el amigo de la protección social, de los sueldos, de las oportunidades, del nivel de corrupción en Suecia, etc.

Artículo bausril 100x100

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Na no me creo nada, lo que si es verdad que vamos patras como los cangrejos. Retrocederemos hasta el punto en el que como antes, los trabajadores no tengan ningún derecho y cobren 4 perras, y los funcionarios tengan que buscarse un curro por las tardes para completar el sueldo.

Privatizar la pública no creo que pase, más que nada porque eso generará más gasto incluso para el estado. (He visto muchos casos de privatización)

Como dicen por arriba, en paises desarrollados de verdad, en la que un empleado privado cobre mucho más que uno público, eso es factible, en paises donde la corruptela tiende a 0. Aquí sería la puntilla ya para España juas, privatizar lo público para meter a todos los amigotes en sus contratos y pagar una mierda a los empleados xD

Si eso sirve para reducir el gasto y evitar el escaqueo y la pachorra funcionarial, por mí perfecto. Tampoco estaría nada mal que se les pudiera echar en cuanto no rindan o den problemas, como cualquier trabajador de la privada.

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Dado que el tema informático dentro y fuera de las AAPP lo conozco bien, y creo que es extensible a otros colectivos, os doy unos DATOS (ante la imposibilidad de partirle la cara al payaso de El Confidencial):

- El coste aproximado de una contratación externa frente a personal interno es de unas 3 VECES MAYOR. Hablo sólamente del coste en POR PERSONA

- El producto final suele ser de bastante peor calidad y de pésimo mantenimiento

- La calidad de los técnicos es muy variable, pero generalmente suele ser peor (hasta el punto que los mejores suelen aprobar los exámenes de acceso a la función pública... deseo de todos ellos -por suerte o por desgracia, es igual-).

- Al costo anterior (3 veces más por persona) hay que añadir el coste de los técnicos-funcionarios, a los que se les suele dejar sin trabajo. ¿????????????????? Efectivamente, el hecho de la subcontratación de empresas para realización de aplicaciones es muchísimo más, una "treta" para llevarse la pasta por parte de los adjudicadores-adjudicatarios (casi siempre unidos familiar o amistosa o políticamente) que una necesidad real (que alguna vez puede haberla, pero que son las menos). Hasta tal punto es así, que conozco -vaya que sí- departamentos con, p ej, unos 15 técnicos cualificadísimos, a los que apenas se les da trabajo relevante, y paralelamente el jefe y sus superiores contratan aplicaciones por decenas de millones de euros otorgadas a empresas externas, pésimamente realizadas, con tecnologías desfasadas, en un tiempo excesivo y con una cantidad de personal totalmente ilógica.

Así, que aún siendo verdad que hay un exceso de personal en las AAPP, conviene analizar detenidamente los diversos colectivos y sus diversas procedencias.

Por otra parte, externalizar algunos servicios TIC me parece una auténtica salvajada, ya que ahí vuela TOOODA la información que jamás debiera tener ninguna empresa privada, y que es objeto de ambición de gran parte de las mismas. No es lo mismo sacar a licitación pública una aplicación X que por el motivo que sea no está al alcance técnico del personal de las AAPP, que privatizar la explotación de los datos, ciertos temas sensibles a nivel de datos, etc (habría que entrar en detalle y no es objeto del tema)

Lo hemos comentado varias veces: Si de los edificios públicos "sacamos" todo el personal:
- contratado temporal o interino
- personal de empresas públicas o semipúblicas (no se accede mediante oposición)
- personal contratado ilegalmente mediante empresas haciendo funciones/trabajos inexistentes
- personal de empresas privadas
- asesores y gran parte de altos cargos (por cierto, con una cualificación pesíma o inexistente)

VERÍAMOS adelgazar dramáticamente la administración pública y mejorar sensiblemente los servicios públicos. Parece mentira pero es así.

Sugiero al gilip..s de El confidencial parlotear de lo que realmente conozca y no escribir chorradas. Me estoy indignando con tanto gilip..s...

Edito: el sector sanitario no lo conozco suficientemente, así que no entro en el mismo
Edito2: todo lo anterior se traduce en dejar sólamente a la gente que tenga aprobada una oposición. Los demás fuera