El extenista adeuda a la empresa que le cuida su jardín en Artá casi trescientos mil euros

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA Un juez palmesano ha decretado el embargo de la mansión que el extenista alemán Boris Becker posee en Son Coll (Artà) desde hace años. Becker adeuda a la empresa que reformó el jardín de su posesión casi trescientos mil euros, según una sentencia dictada recientemente.

Los hechos se derivan del encargo que la empresa de Becker Goatbridge S.L. realizó hace unos años a Jardines de Alfabia S.L., representada por Carlos de la Mata (Bufete Buades), para realizar un jardín en Son Coll y cuidarse de su mantenimiento.

Jardines de Alfabia presentó, a finales de diciembre de 2009, una factura a la empresa titular de la mansión, cuyo único socio es Boris Becker, de 315.000 euros. El exdeportista de élite no abonó esa cantidad, pese a los requerimientos de la empresa mallorquina.

Encargo de Matthias Khün

Según la demanda ahora estimada, Goatbridge admitió en un principio que adeudaba esa suma al jardinero y ofreció pagar un primer plazo de 80.000 euros y el resto en septiembre de este año. Posteriormente, y cuando la reclamación ya estaba en sede judicial, Becker rechazó tener esa deuda y atribuyó al empresario inmobiliario Mattias Khün el haber apalabrado los trabajos de diseño del nuevo jardín por su cuenta y riesgo y a espaldas de la propiedad de Son Coll.

Los demandantes rechazaron esa versión y sostuvieron que fue el dueño de la finca quien contrató las tareas de jardinería.

Mattias Khün había llegado con anterioridad a un acuerdo con el famoso tenista para intermediar en la venta de la posesión. El conocido empresario inmobiliario residente en Palma, y pareja de Norma Duval, acudió al juicio por esta reclamación en calidad de testigo.

Khün negó haber efectuado el encargo y añadió que su papel en este caso se limitó a poner en contacto a Becker con la empresa de jardines mallorquina.
La sentencia del juzgado de primera instancia 6 de Palma, dictada por el magistrado José Vicente Montealegre, da por buena la versión de los demandantes y del testigo. La sociedad del antiguo tenista también alegó que Khün se había comprometido a pagar los trabajos cuando vendiese Son Coll.

La empresa demanda también apuntó a la inmobiliaria como responsable del pago a otros proveedores de la finca. La sentencia no da crédito a esas afirmaciones y mantiene que, aunque Mattias Khün hubiese hablado con los profesionales intervinientes en la reforma y mantenimiento de la mansión, nunca lo haría en su nombre y, en todo caso, sería en representación de Becker.

Jardines de Alfabia reclamó 315.000 euros al tenista por los trabajos, IVA incluido. La sociedad de Becker se opuso a que, en caso de condena, tuviese que abonar el IVA.

El magistrado entiende que los dueños de Son Coll no están obligados a pagar ese impuesto indirecto debido a que la factura aportada por los jardineros era "una mera proforma, comprensiva de otras proformas anteriores".
En consecuencia a los 315.000 euros hay que descontar cerca de 40.000 euros correspondientes al IVA, con lo que la cantidad a pagar a los jardineros asciende a 276.000 euros, más los intereses legales.

Poco después del fallo, susceptible de recurso ante la Audiencia, el juzgado decretó el embargo cautelar de Son Coll como garantía de la posible ejecución de la sentencia a favor de la empresa mallorquina.

Boris Becker tuvo problemas legales con su finca ahora embargada judicialmente a raíz de una sanción de disciplina urbanística impuesta por el Consell de Mallorca y que se saldó con la demolición de parte de las obras ilegales en Son Coll y el pago de una multa de 240.000 euros.

El Consell también impuso a la sociedad Status Artà S.L., constructora de la reforma de Son Coll, una multa de 428.000 euros por hacer obras ilegales en la posesión, entre ellas un aljibe y una pista de tenis que no figuraban en el proyecto aprobado, así como un notable aumento del volumen de edificación.

Uno de los argumentos de la constructora expedientada para tratar de desmarcarse de las ampliaciones irregulares en la casa de los Becker fue que ignoraba que dichas reformas eran ilegales. La empresa en su recurso también insinuó que se había usurpado su personalidad para pedir el 5 de junio del 1998 al ayuntamiento de Artà la licencia urbanística para las obras.

El Consell de Mallorca abrió en su día otro expediente disciplinario contra Boris Becker, que se tradujo en un acuerdo para demoler las obras ilegales y el pago de una multa de 240.000 euros.

Los expedientes contra los dueños de Son Coll y la constructora se abrieron a raíz de dos inspecciones realizadas en enero y abril del 2000. Status Artà culpó de las anomalías urbanísticas a los arquitectos que habían diseñado el proyecto de Son Coll por encargo de Becker y su esposa.