Fernando Martin aka "el vertiginoso":



El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar el próximo 30 de junio al presidente de la empresa Martinsa, Fernando Martín, al que imputa los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Según las investigaciones que obran en el sumario, el exalcalde de Arganda del Rey Benjamín Martín Vasco, uno de los imputados en el caso Gürtel, intermedió para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos para Martinsa, sociedad que habría pagado comisiones al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, para lograr los contratos.

Declaración de Fernández Caballero

Antes de que Fernando Martín declare ante Pedreira, este próximo miércoles lo hará también como imputado el consejero delegado de la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, que estaba citado el pasado 18 de mayo, pero no acudió a declarar alegando que iba a ser intervenido quirúrgicamente ese mismo día.

La declaración de Fernández Caballero fue solicitada por la acusación particular ejercida por el PSOE, que remitió al magistrado un escrito donde se señalaba que la sociedad que el imputado presidía realiza "desde hace años, las operaciones y contratos más importantes" de esta localidad madrileña.

En un escrito fechado el pasado 8 de marzo, la acusación particular recordaba un informe realizado en mayo de 2009 por la Intervención General de la Administración del Estado en el que se concluía que la sociedad del imputado fraccionaba el gasto en varios contratos para adjudicarlos de manera directa a empresas de la "trama Gürtel", que eran las únicas a las que se pedían ofertas.

"En relación con los contratos de adjudicaciones de obras realizadas por la entidad Sociedad Fomento y Desarrollo Municipal S.L. destacan las llevadas a cabo a favor de Teconsa -cubrición de la piscina de La Poveda- y Constructora Hispánica -circunvalación de la AR30-", señalaba el PSOE.

Fernández Caballero sustituyó en el puesto de consejero delegado de esta sociedad municipal el 2 de octubre de 2007 a Benjamín Martín Vasco, uno de los tres diputados autonómicos del PP imputados que renunciaron a su escaño en la Asamblea de Madrid el pasado 28 de abril.
El presidente de Martinsa declarará como imputado en el 'caso Grtel' el 30 de junio - elConfidencial.com

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Up up up up up

Triunfadore der ladrillo, ein !

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Escolar.net » El misterio del área 124

El mayor pelotazo de Paco Correa no fue en Pozuelo ni en Boadilla ni en Valencia ni en la sastrería Milano. Uno no se hace millonario instalando la iluminación de un escenario o con los stands de turismo de Valencia. El gran negocio de Correa, de todos los que hasta ahora ha desvelado Garzón, fue en Arganda del Rey, tiene el ladrillo por bandera y un número por clave secreta: el 124. Y dicen en el PP que Esperanza Aguirre lo sabía.

Hace más de cuatro años, en noviembre de 2004, Esperanza Aguirre fue convocada a una reunión en la planta noble de Génova 13 por varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Mariano Rajoy. Había llegado hasta el partido una protesta de varios constructores por la fórmula elegida por el alcalde de Arganda para desarrollar la Unidad de Ejecución 124: la mayor parcela del plan urbanístico. Más de 100.000 metros cuadrados, con permiso para edificar 2.676 viviendas, que el alcalde, Gines López, adjudicó a finales de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. El precio y las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 de los 77 millones pagados vendiendo la tercera parte del botín a otra constructora; una ganga.

Las plusvalías fueron tan generosas como las comisiones. Según el auto de Garzón, el alcalde, Ginés López, se llevó algo más de medio millón de euros y otro tanto fue para el entonces presidente de la empresa pública de gestión del suelo de Arganda, Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿La parte de Correa? Aún no se sabe, pero no tuvo que ser pequeña, pues tanto Martín Vasco como López, alias el gafitas, no dejaban de ser sus empleados en este negociado.

Correa, además de una probable comisión en dinero negro, también presentó factura como asesor técnico, lo cual no deja de ser meritorio para un vendedor de viajes sin experiencia en el ramo urbanístico. Según las grabaciones de la investigación, el pelotazo 124 fue de tal calibre que a Martín Vasco le dio después para pedir otros dos millones y medio de euros más a cuenta de la extorsión y su silencio, por no incriminar al resto de la banda.

Visto el sumario de Garzón, aquella preocupación de Génova en noviembre de 2004 sobre Arganda no era un temor infundado. Pero no todos los nombres que se discutieron en esa reunión han salido ya a la luz: entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre la operación 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo.

“Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda”, decía tiempo después Esperanza Aguirre, cuando de nuevo desde Génova le recriminaban el evidente pelotazo, ya obvio cuando Martinsa vendió una tercera parte del suelo casi por el mismo precio por el que se había quedado todo el paquete. En efecto, la relación de la presidenta de Madrid con el ahora acusado por Garzón era tan estrecha que la lideresa lo usó como excusa para dejar plantado en una ocasión a Gallardón. Esperanza no acompañó al alcalde de Madrid a un concierto con motivo del aniversario de la matanza del 11-M para acudir a la boda de Martín Vasco; un convite, por cierto, que también pagó Correa, como el viaje de novios de la feliz pareja.

Pero la relación entre la Comunidad de Madrid y la parcela 124 no acaba aquí. Según fuentes del PP, existe al menos una posible conexión entre el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y la operación Gürtel que investiga Garzón. Ignacio González viajó hasta Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del área 124 en aquella excursión que apareció tiempo después reflejada en un dossier que incluía fotos con cámara oculta, aquel famoso viaje de las bolsas blancas con contenido no identificado que se perdían por oficinas de Cartagena de Indias. El primero de los ilustres acompañantes de González es José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en los años de Josep Piqué, abogado del Estado y consejero de Martinsa, la empresa que se llevó cruda la parcela. El segundo es otro abogado que, según fuentes del PP, también participó en la rentable área 124. Se llama Javier Soler, es experto en urbanismo y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, que preside Ignacio González.

Soler, junto con su amigo Edmundo Rodríguez –otro de los abogados que viajaron a Colombia en la misma expedición y que preside Canal Extensia–, es una de las personas más cercanas a González en su gestión del Canal y otros negocios particulares. Cada consejo de administración de Canal Extensia sale a cuenta para Soler y Rodríguez: cobran por cada uno 12.000 euros en dietas. A Soler le ha ido bien en estos últimos años. Tiene un bonito chalet en el centro de Madrid, en la misma calle donde la mujer de Ignacio González explota su rentable negocio de compraventa de piezas de arte, capaz de entrar en beneficios en su primer año: Subastas Segre. Y también es habitual de los veranos en Marbella, en la misma lujosa urbanización donde pasa sus vacaciones el vicepresidente de Madrid y su familia en compañía, en ocasiones, de María Dolores de Cospedal.

“Y mientras Paco Granados se construye una mansión del tamaño de un centro de salud, el pobre Paco Camps está pillado por una chaqueta fantasía”, se lamenta un dirigente nacional del Partido Popular. Entre los críticos del PP, hay quien pone en cuestión la estrategia seguida por Mariano Rajoy frente a la operación Gürtel. “No hemos sabido reaccionar bien, la semana pasada salimos a por el juez Garzón y ésta a por los nuestros; no es coherente”, dice uno de ellos. También preocupa en el partido el doble rasero frente a la corrupción: que Víctor Campos haya sido dado de baja como militante por un regalo de 4.850 euros y que en su misma provincia, Castellón, Carlos Fabra siga siendo un ciudadano ejemplar a pesar de sus muchas imputaciones. Mariano Rajoy, dos palmos más alto desde la victoria gallega, ha dejado la ira de Dios en manos de María Dolores de Cospedal, que es quien se ocupó personalmente el viernes de pedir la dimisión a los acusados por la Audiencia Nacional.

El pastel de Garzón ha sido agridulce en el PP: por un lado se alegran de que el tesorero Luis Bárcenas no aparezca finalmente imputado, por el otro les preocupan los trajes a medida de la trama de Valencia y la corrupción cada vez más rampante que asoma por Madrid. En Génova 13, ante el misterio del área 124, tienen una pregunta sin repuesta. Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?

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13.06.2011 Efe 0

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar el próximo 30 de junio al presidente de la empresa Martinsa, Fernando Martín, al que imputa los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.


Según las investigaciones que obran en el sumario, el exalcalde de Arganda del Rey Benjamín Martín Vasco, uno de los imputados en el caso Gürtel, intermedió para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos para Martinsa, sociedad que habría pagado comisiones al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, para lograr los contratos.

Antes de que Fernando Martín declare ante Pedreira, este próximo miércoles lo hará también como imputado el consejero delegado de la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, que estaba citado el pasado 18 de mayo, pero no acudió a declarar alegando que iba a ser intervenido quirúrgicamente ese mismo día.

La declaración de Fernández Caballero fue solicitada por la acusación particular ejercida por el PSOE, que remitió al magistrado un escrito donde se señalaba que la sociedad que el imputado presidía realiza "desde hace años, las operaciones y contratos más importantes" de esta localidad madrileña.

En un escrito fechado el pasado 8 de marzo, la acusación particular recordaba un informe realizado en mayo de 2009 por la Intervención General de la Administración del Estado en el que se concluía que la sociedad del imputado fraccionaba el gasto en varios contratos para adjudicarlos de manera directa a empresas de la "trama Gürtel", que eran las únicas a las que se pedían ofertas.

"En relación con los contratos de adjudicaciones de obras realizadas por la entidad Sociedad Fomento y Desarrollo Municipal S.L. destacan las llevadas a cabo a favor de Teconsa -cubrición de la piscina de La Poveda- y Constructora Hispánica -circunvalación de la AR30-", señalaba el PSOE.

Fernández Caballero sustituyó en el puesto de consejero delegado de esta sociedad municipal el 2 de octubre de 2007 a Benjamín Martín Vasco, uno de los tres diputados autonómicos del PP imputados que renunciaron a su escaño en la Asamblea de Madrid el pasado 28 de abril.


Expansión.com

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13.07.2011 Efe 0

La Policía atribuye a Fernando Martín el pago de 12,8 millones a la trama de Correa para adjudicarse una operación urbanística.

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado mañana a declarar como imputados al presidente de Martinsa, Fernando Martín, al exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, y a los empresarios José Luis Ulibarri y Amando Mayo.

Los imputados citados ya fueron llamados hace unas semanas ante el magistrado en relación a la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, pero pidieron el aplazamiento de sus comparecencias por distintos motivos y Pedreira se lo concedió.

La Policía atribuye al presidente de la constructora Martinsa, citado mañana a las 10.00 horas por el magistrado instructor, el pago de 12.870.000 euros en 2006 a Correa como comisión para lograr la adjudicación de una operación urbanística en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

Así se desprende de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que fue remitido el pasado día 22 de junio al TSJM, después de que Pedreira imputara a Martín los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Según la UDEF, la sociedad Cedargrove, de la que era beneficiario Fernando Martín, era titular de una cuenta bancaria en Mónaco, desde la que se realizó el 30 de junio de 2006 una transferencia de 12.870.000 euros a otra cuenta en Suiza de la sociedad Golden Chain Properties, propiedad de Correa.

"El motivo de dicho movimiento era una comisión por la intervención de Martinsa S.A. en un proyecto inmobiliario en la localidad de Arganda del Rey", especifica el informe policial.

Otros dos empresarios, Amando Mayo, citado mañana a las 11.00 horas por Pedreira, y Manuel Salinas, también habrían pagado a Correa, junto al presidente de Martinsa, otros 12 millones de euros en diciembre de 2004 a través de una cuenta abierta en Mónaco, según la Policía.

Por su parte, el exalcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero, citado mañana a las 11.40 horas, no fue a declarar el 29 de junio ante el TSJM alegando que su abogada tenía otra comparecencia judicial, mientras que su exmujer Elena Villarroya, también imputada, no quiso declarar.

Pedreira imputa a González Panero y a su exmujer -se separaron en junio de 2010- por un delito contra la Hacienda Pública en relación con los fondos de una cuenta en el banco suizo HSBC Private Bank Suisse, abierta el 28 de junio de 2005 a nombre de Longridge Internacional S.A. y en la que aparecían como gestor y apoderada, respectivamente.

Según la Fiscalía, González Panero, en su condición de alcalde de Boadilla del Monte, habría percibido fondos y regalos por importe de, al menos, 600.000 euros en contraprestación a la adjudicación de contratos públicos, y los fondos de la cuenta abierta en el HSBC procederían de esa supuesta actividad ilícita.

Por último, está citado a las 13.00 horas el empresario leonés José Luis Ulibarri, a quien Pedreira imputa un delito contra la Hacienda Pública por eludir el pago de tributos en la venta de una finca en El Escorial.


El presidente de Martinsa declara maana como imputado por el 'caso Grtel',Sector inmobiliario. Expansin.com

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