Criticadas por su coste y su escasa utilidad, estas administraciones acumulan ya una deuda de más de 6.000 millones, la mitad del conjunto de su presupuesto.

La deuda viva del conjunto de las diputaciones, cabildos y consejos insulares al cierre de 2010 ascendía a 6.358 millones de euros. Pese a la grave crisis económica que sufre el país, el endeudamiento de estas instituciones se ha incrementado en un 9,15% respecto a 2009 y representa un agujero añadido para el Estado.

En un año en el que había que apretarse el cinturón, diputaciones como la de Lugo aumentaron su endeudamiento un 141%, el Cabildo de Tenerife dejó crecer su deuda en casi 10 millones de euros, mientras que la Diputación de Valencia continúa debiendo más de 200 millones. Y eso que ha logrado reducir sus números rojos un 7%.

Son sólo algunos casos representativos de los siete cabildos canarios, cuatro consells baleares (en ambos casos uno por isla) y 41 diputaciones -incluyendo las tres forales del País Vasco-, que representan una forma de gobierno intermedio entre las autonomías y los ayuntamientos, y que sólo existe en las comunidades que cuentan con más de una provincia.

Nacieron en la Constitución de Cádiz de 1812, y desde entonces poco o nada han cambiado. Son instituciones, salvo las forales, en las que la elección no es directa, ya que los diputados no son votados por los ciudadanos, sino que son los partidos los que los eligen en función de sus resultados regionales. Su principal función es garantizar servicios de calidad que los ayuntamientos de menor tamaño no podrían ofrecer por sí solos, según la comisión de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares.

Sin embargo, en la mayoría de los casos son instituciones obsoletas, cuyas funciones se solapan con las de los gobiernos autonómicos, comarcas o mancomunidades, duplicando los cargos públicos y disparando el gasto, situación que todos los partidos políticos admiten. PSOE y PP abogan por la modernización de esta forma de gobierno local intermedio, mientras que Izquierda Unida o UPyD piden directamente su desaparición.

Aragón es un ejemplo claro de esa duplicidad, o mejor dicho, cuadruplicidad de funciones. En la comunidad existen ayuntamientos, comarcas, diputaciones y autonomías, instituciones todas con funciones compartidas para gestionar los mismos recursos en idénticos ámbitos. Algo parecido ocurre en Extremadura, donde la Junta y las diputaciones comparten competencias en las mismas materias, situación denunciada por el ex presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Otro dirigente que también ha hablado del solapamiento de funciones es el lehendakari Patxi López, que ha encargado un estudio para detectar situaciones en las que más de una institución tiene competencias en un mismo ámbito. Y eso, a pesar de que en más de una ocasión se ha puesto como ejemplo el funcionamiento a las diputaciones forales, que representan una forma de gobierno real y con competencias en ámbitos como la recaudación del IRPF que el resto no tiene.

Del mismo modo, manejan presupuestos mucho mayores que cualquier otra institución equivalente, y sus inversiones también son diferentes. Durante los últimos años, una buena parte ha ido a parar al I+D vasco, cuando en el resto de España las comunidades o el Gobierno realizan este desembolso, lo que en parte explica el tamaño y el crecimiento de la deuda foral.

Los sueldos de los presidentes y diputados también son un tema polémico, ya que en algunos casos rozan o incluso superan los 100.000 euros anuales, más dietas y coche(s) oficial(es), como sucede en las diputaciones de Barcelona o Vizcaya. En otros, sus prebendas no son tan altas, pero sí su poder. Carlos Fabra, que recientemente ha presentado su dimisión voluntaria en la Diputación de Castellón, y José Luis Baltar, en Orense, son dos auténticos animales políticos, con gran poder en sus respectivas instituciones tras más de 15 años en el cargo. También hay algunos imputados en casos de cobro de comisiones, como el anterior presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés, implicado en el caso Eivissa Centre.

Un gasto de 12.000 millones en entredicho

Más de 12.000 millones de presupuesto anual conjunto, plantillas de diputados que superan los 30 integrantes a razón de 40.000 euros de sueldo anual; presidentes con ingresos superiores a 100.000 euros anuales... Éstas son algunas de las mareantes cifras que manejan las diputaciones provinciales, los consejos insulares y los cabildos, cuya utilidad se está poniendo cada vez más en duda.

Estos gobiernos intermedios se han quedado obsoletos y son caldo de cultivo para el nepotismo y el abuso del gasto público. Algunas diputaciones dan cobijo a políticos amigos, otras poseen más poder que los propios gobiernos autonómicos y sus líderes hacen y deshacen a su antojo, e incluso hay algunas que sólo sirven para duplicar las funciones que ya cumplen otros organismos como las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Con la crisis crecen los críticos que consideran este modelo insostenible y piden una reforma profunda de su estructura e incluso su desaparición.

ANDALUCÍA
'Cementerios de elefantes' del PSOE

Las diputaciones andaluzas se han convertido en cementerios de elefantes del PSOE, un partido con poder omnímodo en la comunidad desde el principio de la democracia. En la de Sevilla, hasta una treintena de alcaldes y ex alcaldes, concejales y ex concejales, paquidermos del socialismo sevillano, han encontrado cobijo ya sea como asesores o con una jefatura de libre designación, con sueldos que superan los 72.000 euros anuales.
El uso partidista de la administración provincial quedó al descubierto cuando asesores del equipo de gobierno de la Diputación de Almería (PSOE), grabados por cámaras ocultas, reconocían abiertamente que en realidad trabajaban para el partido, que apenas pisaban la institución y, en algunos casos, ni siquiera conocían a sus jefes, pese a sus elevados sueldos, de hasta 3.600 euros mensuales brutos.

Las diputaciones también han sido noticia por los elevados sueldos asignados a sus presidentes. El de Málaga, el socialista, Salvador Pendón, cobraba 90.000 euros hasta que el pasado verano se vio forzado a rebajarse el sueldo un 15%. Con todo, Pendón ha terminado el mandato ganando más que el propio presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

ARAGÓN
No sólo las diputaciones, también las comarcas

Además de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, Aragón suma 33 comarcas, todas en funcionamiento a excepción de la de Zaragoza ciudad y su entorno. Se rigen por un consejo comarcal, con presidente, hasta cuatro vicepresidentes y entre 19 y 39 consejeros (alcaldes y concejales), que cobran dietas por asistir a plenos y comisiones.
Las comarcas tienen más de 900 consejeros y unos 2.152 empleados, de los que 131 son funcionarios y el resto personal contratado: eventuales, jefes de gabinete y asesores. Se calcula un contratado por cada 617 habitantes. El 85% presta servicios y el 15% realiza labores burocráticas.
Las comarcas gestionan unos 150 millones al año, de los que 56 van para gastos de personal. Muchas de sus competencias y servicios se solapan con las de diputaciones y consistorios. Se dice que en Aragón, por ejemplo, un agricultor tiene que pasar por seis ventanillas para conseguir fondos europeos: ayuntamiento, comarca, diputación, comunidad autónoma, Administración central y la UE.

La polémica es palpable y en este campo está servida. El PP quiere vaciar las comarcas de contenido político, reducir consejeros y devolver a las diputaciones o a la región algunas de sus competencias; el PAR apuesta por aumentar sus competencias; el PSOE ve bien la coexistencia entre ambos organismos; mientras que IU y CHA abogan por la desaparición de las diputaciones provinciales y que sus competencias sean asumidas por las comarcas.

BALEARES
El adelgazamiento como objetivo primordial

El Consell de Mallorca, en manos del PP tras el último gobierno del PSOE y los nacionalista del Bloc, inicia una etapa de recortes con un plan de ahorro del gasto corriente de 15 millones y el «adelgazamiento» de la institución.
De las 12 consellerias de principios del mandato que termina, la nueva presidenta, María Salom, planea un Consell con seis departamentos y eliminará los que carecen de competencias y que se solapan con el Gobierno balear. También cerrará RadioTelevisión de Mallorca, lo que supondrá el despido de sus 115 trabajadores y un ahorro de 10 millones de euros al año.

En Menorca, una de las primeras decisiones del futuro presidente del Consell, Santiago Tadeo (PP), fue cumplir con el guión de la reducción de altos cargos.

Habrá un director insular por conselleria y cuatro a repartir entre otras. Serán 12 frente a los 25 que llegó a tener antes del recorte impuesto por Zapatero. El PP ha cifrado en un millón el ahorro que supondrá el recorte en altos cargos, un dineral en relación con un presupuesto que no llega a 100 millones.

Mientras, en Ibiza, el presidente del Consell en funciones, el socialista Xico Tarrés, imputado por el caso Ibiza Centro, será sustituido por Vicent Serra. El popular pretende ahorrar un millón de euros en cargos de confianza en cuatro años, a pesar de que volverá a dispararse el número de consellerias hasta 10 tras la reducción forzada a ocho en la anterior legislatura.

CANARIAS
Cabildos, los garantes del autogobierno insular

La legislación otorga a los cabildos una doble condición: por una parte, son órganos de autogobierno insular y, por otra, instituciones de la comunidad autónoma. Además, tienen un buen número de competencias transferidas, por lo que existe una coincidencia generalizada sobre su utilidad y supervivencia. Eso sí, a nivel presupuestario existen distancias importantes, en gran medida por las diferencias demográficas y económicas de cada una de las islas.

Los gobiernos insulares salidos del 22-M deberán aplicar políticas dirigidas a contener el gasto, crear empleo y a cubrir las demandas sociales. Por el momento, la atención se centra en los posibles pactos para formar gobierno. El Cabildo de La Gomera (PSOE) es el único que escapa a esta fórmula, mientras que en las otras seis corporaciones insulares la gobernabilidad pasa por las alianzas.

Los nuevos gestores tendrán que continuar con la negociación de los repartos de los impuestos del Régimen Económico y Fiscal (REF), un aspecto que ha generado una profunda discusión en el tramo final de esta legislatura. Los recursos del REF se reparten en un 42% para el Gobierno de Canarias y en un 58% para las corporaciones locales, que a su vez distribuyen su parte en un 60% para los cabildos y en un 40% para los ayuntamientos. Los cabildos sostienen que el 100% corresponde a las corporaciones locales, como titulares del REF, y no descartan llevar el caso al Tribunal Constitucional.

CASTILLA-LA MANCHA
El PP heredará cuatro dardos envenenados

Tras los últimos comicios, el PSOE sólo mantendrá la Diputación de Ciudad Real, mientras que el PP controlará las otras cuatro, repletas de problemas. Sobre todo la de Guadalajara, donde ellos mismos impulsaron un recurso contra los presupuestos de 2011, admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
El PP también recibe una deuda de 237 millones, mientras que la de Ciudad Real es de cero euros, aunque está sujeta a un Plan de Saneamiento impuesto por el Gobierno.

Aunque la mayoría de las diputaciones gasta menos del 50% del presupuesto en inversiones, sus políticas de empleo son polémicas. En la de Toledo, los sindicatos pidieron el 27 de mayo a su presidente en funciones, José Manuel Tofiño, que transforme en indefinidos los contratos que no lo son. Fuentes del PP cuestionaron esta opción, máxime a escasas fechas de asumir el control de dicha institución.

En Ciudad Real, los tribunales anularon recientemente los procesos selectivos para el nombramiento de vicesecretario y secretario de la diputación, celebrados en 2004 y 2007, y después de cinco sentencias dieron la razón a la opositora recurrente -la misma persona en ambos casos-, condenando a la institución a admitirla al frente de la secretaría general y a pagar las costas.

CASTILLA Y LEÓN

Problemas con las competencias y el crédito

Desde hace años, la Diputación de Soria viene reclamando a la Junta de Castilla y León que asuma la gestión de las residencias de ancianos, al entender que son de su competencia. El mantenimiento de estos centros es uno de los capítulos más onerosos para la institución provincial, por lo que su cesión al Ejecutivo regional mejoraría sus cuentas.

Por su parte, la Diputación de Valladolid no recurrirá al crédito en 2011, aunque ya se curó en salud el pasado año, cuando solicitó 14 millones para evitar la posible prohibición de endeudarse. Su principal problema financiero se sitúa en el alto coste de funcionamiento de la propia institución, con unos gastos corrientes y de personal que se llevan más de la mitad del presupuesto anual.

Aunque para gastos elevados los de la Diputación de Segovia, cuyos dos vicepresidentes rozan los 60.000 euros anuales, por los casi 58.000 del delegado diputado del área de Cultura o los 43.000 del de Servicios. En términos similares, la Diputación de Palencia destina casi una cuarta parte del presupuesto a gasto de personal, mientras que el gasto corriente se come una partida que supera los 16 millones de euros.

A su vez, la Diputación de Zamora prevé ir saneando sus cuentas y acabar 2011 con un índice de endeudamiento del 84,60%.

CATALUÑA
Más de 1.000 millones en manos de CiU

Las elecciones municipales han arrebatado a la izquierda los grandes centros de poder que todavía administraba en Cataluña. Las fuerzas del tripartito cederán el mando de las cuatro diputaciones a CiU, que monopolizará unos estamentos que administran más de 1.000 millones de euros.

Pese a que gozará de mayoría absoluta en Gerona, Lérida y Tarragona, el gran premio para los convergentes será la Diputación de Barcelona, un bastión que el PSC nunca había perdido desde la Transición. El jueves, CiU y PP alcanzaron un acuerdo para el reparto de cargos en la diputación, por el que los nacionalistas ocuparán la presidencia y los populares las vicepresidencias primera y tercera.

Precisamente esta diputación arrastra una deuda que se prevé que, a finales de año, estará en torno a los 221 millones, a menudo se han cuestionado las prebendas de las que asesores y directivos disponen. La partida para sufragar los sueldos de los ejecutivos y el personal de confianza se eleva a unos 10 millones. Sólo contabilizando los ingresos de la plana política, la factura rebasa los 44.000 euros al mes.

Por su parte, la Diputación de Tarragona tampoco se queda corta y reserva 30,6 millones a gastos de personal mientras que la de Lérida solo destina 2,6 a personal eventual y directivos.

EXTREMADURA
Dos organismos más para colocar funcionarios

En una región con tanto peso del ámbito rural, hasta el ex presidente Rodríguez Ibarra puso en entredicho hace unos meses el funcionamiento de las diputaciones, al considerar que se trata de instituciones que «no tienen sentido».

La réplica del presidente de la Diputación de Cáceres, Juan Andrés Tovar, fue inmediata: «Esta hipotética eliminación conllevaría un ahorro de poco o nada». En juego estaban, entre otras cuestiones, dos coches de alta gama a su disposición (un Audi A6 y un Wolswagen Passat). De un coche menos disfruta el presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés.

Las cuentas, en cambio, no cuadran. Sólo en órganos de gobierno y personal directivo, las nóminas ascienden a los 691.800 euros en la Diputación pacense, cifras similares a las que maneja también la cacereña. En ambas, los gastos en personal funcionario se elevan a 19,6 millones de euros al año y los de personal laboral ascienden a un millón.

La multiplicación de competencias entre ambas diputaciones y la Junta es evidente. Los dos entes provinciales tienen delegaciones de Agricultura y Ganadería, Bienestar Social, Igualdad y Desarrollo Rural, Fomento, Cultura, Economía y Hacienda, Compras y Patrimonio, Gestión Tributaria, Tauromaquia, Asistencia Jurídica, Incendios, Desarrollo Local y un largo etcétera, cuyos contenidos duplican lo que ofrece la administración regional, que ya de por sí suma el mayor porcentaje de funcionarios de España (más del 33%).

GALICIA
La sombra del caciquismo planea sobre la región

La Diputación de Orense constituye el paradigma del enorme peso económico que han adquirido estos organismos en la economía gallega.
Se trata de la segunda mayor empresa de la provincia y suma un total de 950 empleados, cuyas nóminas absorben el 41% del presupuesto.

La presencia de militantes y simpatizantes del PP orensano entre los trabajadores es normalizada por el presidente de la Diputación, el popular José Luis Baltar, mientras que su praxis política cuenta con el apoyo de los electores, quienes le han aupado al poder en 38 ocasiones. Pese a todo, hasta el momento no se ha podido probar ninguna irregularidad en los procesos de selección de personal.

También se ha acusado de falta de transparencia en las cuentas y de realizar contrataciones a dedo a Rafael Louzán, el líder popular de la Diputación de Pontevedra. Salpicado en su día por el caso Gürtel, Louzán ha cubierto la provincia de estadios de césped artificial (que hay quien pone como ejemplo de su política clientelar).

La sombra caciquil en las contrataciones también planea sobre el socialista José Ramón Besteiro, uno de los considerados hombres fuertes de José Blanco, de quien es amigo personal.

Por su parte, el también socialista Salvador Fernández Moreda, presidente de la Diputación de La Coruña, presenta los gastos de personal más ajustados de las cuatro instituciones, algo que no impidió su derrota en los comicios del 22-M.


PAÍS VASCO
Cuatro gobiernos, cuatro parlamentos

Euskadi no tiene un Gobierno, sino cuatro. Ni un sólo Parlamento, tiene cuatro. ¿Por qué? Pues porque gracias al régimen foral que reconoce el Concierto Económico vasco, al Gobierno y al Parlamento se unen las Diputaciones forales, los auténticos ejecutivos de cada territorio. Unos gobiernos nombrados por las Juntas Generales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa y que acumulan muchas de las competencias más importantes de las que otorga el Concierto.

Por ejemplo, las diputaciones forales son las que recaudan los impuestos, pero, además, tienen también capacidad legislativa sobre algunos de ellos: desde el IRPF al de Sociedades. Esta capacidad las convierte en unos organismos con gran poder, capaces de echar un auténtico pulso al propio Gobierno vasco.

Eso se ha visto en los últimos años, con un Gobierno socialista y una diputaciones gobernadas por el PNV. Pero puede ser todavía más evidente ahora, tras el triunfo de Bildu en Guipúzcoa, donde puede gobernar la Diputación, y su ascenso en Vizcaya.

De hecho, Bildu, gobierne o no en Guipúzcoa, condicionará la política fiscal del País Vasco y ya hay empresarios que miran con temor los posibles vaivenes fiscales.

La existencia de las diputaciones es algo casi incuestionable en el País Vasco, pero cada vez son más las voces que critican las duplicidades entre estos organismos y el Gobierno vasco. El propio lehendakari Patxi López ha asegurado que «no se puede duplicar todo».

COMUNIDAD VALENCIANA
Instituciones endeudadas, pero muy mediáticas

Carlos Fabra ha convertido a la Diputación de Castellón en la más mediática de todas.

Este organismo es el centro político de la provincia, por delante del Ayuntamiento de la capital. Su elevada deuda no enturbia su capacidad inversora, principalmente centrada en infraestructuras. Los dos mejores ejemplos son el aeropuerto (participó en un pequeño porcentaje de los 150 millones invertidos) y la remodelación de la red de carreteras comarcales (en 2011 ha destinado 48 millones).

Por su parte, la Diputación de Valencia, presidida por Alfonso Rus, ha logrado reducir su deuda viva un 7% en el último ejercicio. En los últimos años se han amortizado plazas de personal y se ha disminuido el gasto corriente, con una economía de guerra.

Pese a las dificultades, la institución sólo tarda en pagar a sus proveedores unos 60 días y la agencia Fitch la clasificó en febrero como una de las más saneadas de la región.

Sin embargo, la oposición denuncia que se ha gastado demasiado dinero en programas poco productivos, como concursos de disc-jockeys y de cocina o ciclos de zarzuela.

Por su parte, la Diputación de Alicante es un reducto del zaplanismo, liderado por José Joaquín Ripoll, donde la deuda ha descendido el último año, pese a contar con 58 asesores y gastar dos millones en sueldos.

El Mundo vía epesimo.blogspot.com

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Una ventaja que tenemos en Madrid:

Diputación Provincial de Madrid - Wikipedia, la enciclopedia libre

Diputación Provincial de Madrid, institución, suprimida en 1983, de gobierno y administración de la provincia de Madrid. La creación de la Comunidad de Madrid, uniprovincial, hizo innecesaria esta institución, cuyas competencias y bienes pasaron a la nueva autonomía madrileña.

Como todas las comunidades uniprovinciales.

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es que en madrid sois mas listos que nadie, y si eres de Al-korkon ya ni te cuento, ¿que pensaran en la diputacion de Ceuta, Melilla o de La Rioja?

Por favor no habras mas la boca que sube el pan y ya hay demasiada pobreza en hispanistan.

Pero la Comunidad de Madrid es la 3ª en numero de habitantes, y la 1ª en PIB

¡Anda, has vuelto y para alabar a la Comunidad de Madrid! ¿Te has pasado a estar a sueldo de Espe?

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Que yo sepa en 1983 no gobernaba Esperanza Aguirre.

Con el territorio que tiene, que sea la 3 en habitantes me parece un problema mas que algo positivo, me suena a bloques de edificios grises y gente viviendo en cuadriculas cual abeja en una colmena,

Lo de la primera en PIB es logico para la comunidad que alberga la capital del estado, ¿-no te parece?

Curioso el fenomeno nazionalista madrileño, hay gente que cuando pasa somosierra o Aranjuez piensan que se salen de España*

*nombre del hispanistan anterior a la explosion de la burbuja.

Un viejo chiste malo decía: "no es lo mismo una diputación que diez putas en acción". Hoy no lo cogeríamos.

Ah, vale, sigues a sueldo del PSOE entonces.

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