Entidades como el Instituto de Geométrica de Cataluña, la Fundación Galicia-América o Andalucía Aeroespacial han proliferado sin demasiados recelos durante la etapa de expansión autonómica que ha vivido España. Estos tres organismos son solo una muestra de los casi 1.300 que las comunidades han alumbrado sin que sus números se sometan al corsé de déficit y deuda que España, como el resto de países europeos, está obligada a vestir. Lejos de frenarlas, la crisis ha alentado aun más esas prácticas, perfectamente legales. Y esta deuda de las administraciones territoriales se ha disparado en los últimos tres años. Las autonomías la han elevado un 66%, mientras los ayuntamientos prácticamente la han duplicado, según datos del Banco de España.

Todas las Administraciones públicas -incluida la central- tienen, junto a la deuda oficial, un apéndice en el que incluyen organismos total o parcialmente públicos con autorización para salir de los registros que examina la Unión Europea. La contabilidad comunitaria considera que no lastra al sector público aquella sociedad cuyos ingresos comerciales permiten financiar al menos la mitad de sus costes. De los 2.386 entes autonómicos que tiene contabilizados el Ministerio de Economía, más de la mitad se ajustan a esos criterios que marca Bruselas. Las empresas que no computan en la caja general acumulan un pasivo de 17.284 millones de euros en el caso de las comunidades (el 1,6% del PIB nacional) y de otros 9.000 en los ayuntamientos, según las cifras de cierre de 2010 que recoge el Banco de España.

Si se sumase a la deuda oficial, su peso sobre el total autonómico sería del 13% y del 20% sobre el municipal. Aunque no resulten muy abultadas, estas cantidades inquietan en un momento en que las cuentas territoriales están en el punto de mira. Los datos revelan que su crecimiento se ha acelerado desde finales de 2007, especialmente en los ayuntamientos. "Cuantas más restricciones presupuestarias hay, mayor contabilidad creativa se da", analiza Jordi Sevilla, ministro de Administraciones públicas con el primer Gobierno de Zapatero y ahora asesor de la consultora PriceWaterhouseCoopers. "Son prácticas legales", recuerda Sevilla.

Aunque el recurso a esta vía ha sido generalizado, no todas las comunidades lo han empleado con la misma intensidad. Cataluña es, con diferencia, la que más entidades de este tipo ha creado (304), seguida de Andalucía (159) y de Madrid (92). Lógicamente, la puesta en marcha de estos entes tiene mucho que ver con el tamaño y las competencias de cada comunidad, aunque también con una estructura algo desbordada de la Administración pública. Cataluña está también a la cabeza en la deuda que esas entidades generan (un 4% de su PIB regional). Con este parámetro, quien le sigue es la Comunidad Valenciana (3% del PIB) y Castilla-La Mancha (2,7%).

Ese cúmulo de sociedades en la sombra es muy heterogéneo. "Hay colesterol bueno y colesterol malo", bromea César Cantalapiedra, experto en sector público de Analistas Financieros Internacionales. En algunos casos, el peligro de que el contribuyente tenga que acabar cargando con el peso de esa deuda parece salvado. Cantalapiedra cita el caso de una empresa pública vasca que explota la concesión de autopistas y que con el dinero que ingresa financia otras obras públicas. Es decir, no solo no es gravosa, sino que genera recursos que benefician a la comunidad.

Existen casos más dudosos, como algunas empresas de transporte urbano. Tanto Hacienda como Eurostat, la oficina estadística europea, evalúan constantemente estas sociedades y en muchas ocasiones corrigen a la Administración correspondiente la decisión inicial de haberlas sacado de los criterios de déficit y de deuda. Así ocurrió con Mintra, sociedad de infraestructuras del Metro de Madrid, que Bruselas obligó a incluir en los desequilibrios declarados porque no creía que tuviera capacidad de financiarse fuera del abrigo público. Una buena parte de las entidades asociadas a las autonomías figura sin adscripción clara en el inventario. Es decir, pendiente de que el grupo de trabajo decida si deben ser contabilizadas en el sector público o pueden instalarse en la Administración paralela.

La muestra más evidente de que las comunidades han tardado en reaccionar en cuanto a la escasez de recursos públicos reside en la evolución que han mostrado las entidades públicas que controlan. No es solo que haya aumentado la deuda, es que también lo ha hecho el número de entes autonómicos, al pasar de 2.280 a principios de 2008 a 2.386 en julio de 2010 (la actualización con datos de 2011 se conocerá en breve). Estas cifras incluyen tanto los que consolidan como los que no.

En el mismo periodo, la Administración central ha pasado de tener 477 entes a 454. No se trata de un cambio abismal, pero la tendencia es a la baja. El experto de AFI augura un inmediato descenso en el inventario de entes autonómicos. "No ha dado tiempo a que se refleje. Hay muchos planes de racionalización del sector público que han estado esperando a las elecciones para empezar a aplicarse", asegura Cantalapiedra.

Aunque los desequilibrios existan, la tensión entre el PP y el PSOE a cuenta de la fiabilidad de las cifras no hace sino magnificarlos. "El país necesita que los dos grandes partidos se sienten y acuerden 10 cosas, entre ellas las finanzas públicas", concluye Jordi Sevilla.

Ninguno de los partidos clásicos se atreve en público a proponer un retroceso en el estado autonómico. Salvo UPyD, que ha basado su discurso en la reclamación de competencias para la Administración central. Pero la creciente presión exterior para recortar los desequilibrios empujó al Gobierno a dar un primer paso: reconocer el problema.

El ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, se comprometió hace casi seis meses a identificar las "duplicidades, solapamientos e ineficiencias" que pudiera haber en el despliegue autonómico. El anuncio, realizado en el Congreso de los Diputados, encomendaba a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas la elaboración de un informe. Tras varios retrasos, el ministerio preveía divulgarlo en junio. Un portavoz de este departamento asegura que aún no está concluido, sin más detalles.

Es probable que el Ejecutivo quiera esperar a que remita esta controversia sobre las cuentas autonómicas para presentarlo. En cualquier caso, por concluyente que resulte sobre la existencia de duplicidades, la Administración central no podrá para evitarlas.

Iniciado por Marai

Si no fuera por este keynesianismo de tapadillo estaríamos en recesión. Es Keynesianismo pq en el primer trimestre el gasto de las AAPP es el que ha mantenido la demanda interna (ha crecido mucho frente a la caída de la demanda privada), así que el dinero que han pedido presado lo han gastado.

Quizás las cuentas públicas no los muestran pero el BdE muestra el aumento del crédito a AAPP en este primer trimestre. En contra de lo que casposos como Juan Carlos Barba opinan, no es una cuestión de crowding-out sino de sacar dinero como sea ya que la teta se ha secado. En unos casos se tratará de clientelismo político, en otros podría estar justificado...

Y, por cierto, en la mayoría de los casos es Keynesianismo-pepero-libegal.

Iniciado por burbufilia

Supongamos que es verdad. ¿Qué pasará cuando toque pagar?