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Medio Ambiente alertó la semana pasada que la parcela invade una cañada real y no se puede construir Antonio Toral asegura que todo es legal y que el proyecto lo empezó su mujer antes de fallecer

El alcalde de Íllora, Antonio Toral, es en la actualidad el administrador único de la sociedad Construcciones y Promociones Parapanda Residencial S. L., una empresa dedicada -como evoca su nombre- a la «promoción, adquisición y venta de toda clase de terrenos rústicos y urbanos, así como a la construcción, por cuenta propia o ajena», según una consulta realizada en el Registro Mercantil.

Antonio Toral ostenta el cargo desde el 30 de enero de 2006, el mismo día que inició las operaciones la sociedad. Meses antes, el 11 de noviembre de 2005, el Boletín de la Provincia (BOP) publicaba que el Ayuntamiento había admitido a trámite un proyecto de reparcelación en Alomartes -pedanía dependiente de Íllora-. Una operación urbanística promovida por la mujer del alcalde, fallecida recientemente, y una socia. Los terrenos se convirtieron en urbanizables. «Se hizo el nuevo plan del pueblo y los terrenos de mi mujer estaban afectados, igual que los de muchos vecinos», justifica el alcalde.

En este suelo se están construyendo en la actualidad seis viviendas, que se han puesto en venta en una inmobiliaria al precio de 162.274 euros cada una. Es el principio. Toda la unidad de actuación contempla más de un centenar de casas -asegura el PSOE-, en una superficie de 14.645 metros cuadrados, según la ficha del Catastro.

IDEAL se ha puesto en contacto con el alcalde, que asegura que «todos los pasos que se han dado son legales». «Voy con la cabeza muy alta», expresó. «Para nada mi idea era ponerme a construir», alegó Antonio Toral, que justifica que tuvo que asumir la promoción tras la desgraciada muerte de su esposa. «He tenido que hacerme cargo, porque si no tenía que vender los terrenos apresuradamente o ponerlos a nombre de los niños, cosa que no era lógica porque son menores de edad», defiende Toral. El alcalde alega también que no podía retrasar la promoción hasta que pasaran las municipales de 2007 porque los permisos estaban concedidos.

Antecedentes

Los socialistas, descabalgados a la oposición tras una moción de censura en diciembre de 2003, han denunciado en los últimos meses «pelotazos urbanísticos e irregularidades» en el Ayuntamiento de Íllora, gobernado por el tripartito PP-PA-PSA. El portavoz local del PSOE, Francisco Domene, cita entre estas supuestas irregularidades la recalificación de terrenos protegidos en Alomartes para la construcción de viviendas, entre los que se encuentran los de la mujer del alcalde.

Efectivamente, los terrenos en los que ahora está edificando la sociedad del alcalde fueron declarados urbanizables con la revisión del planeamiento urbanístico tramitada por el actual equipo de gobierno. El plan se aprobó definitivamente en noviembre de 2005, aunque el alcalde se ausentó del pleno en aquella votación.

Meses después, el Ayuntamiento firmó un convenio con los promotores -ya estaba constituida en esos momentos la sociedad del alcalde- para venderles el 10% del suelo municipal, que se tasó a 120 euros el metro cuadrado. Este acuerdo se aprobó el 25 de mayo de 2006 y en los documentos se identificaba como copromotora a la mujer del alcalde.

La Junta

Con las obras en marcha, la Delegación de Medio Ambiente emitió un informe el pasado 20 de noviembre en el que alerta sobre la posibilidad de que las casas que construye el alcalde invadan una cañada real. «El posible desarrollo de algún plan especial (...) deberá respetar en todo caso el dominio público que conforma la citada vía pecuaria», advierte el escrito. La Junta asegura que el deslinde de la cañada -de 75 metros de ancho- «no se ha efectuado» y recuerda que este terreno tiene «la consideración de suelo no urbanizable de especial protección». Medio Ambiente añade que cualquier plan que no tenga en cuenta estas advertencias será declarado «nulo de pleno derecho».

Preguntado por esta situación, el alcalde aseguró: «Tuvimos conocimiento hace unos días y estamos estudiando la forma de solucionarlo. Durante la tramitación del proyecto nunca se hizo mención». En 2004, el PSOE presentó una alegación al nuevo planeamiento urbanístico donde avisaba de que se estaba metiendo suelo urbanizable que ocupaba la Cañada Real de Loja. La alegación fue rechazada.

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