La juez prorrogó cuatro veces en 2009 el secreto sumarial de la rama oriolana del caso en base a un supuesto delito contra la salud pública



El sumario relativo a la macroinvestigación abierta en Orihuela del caso Brugal, que se inició en el año 2007 por un presunto delito de extorsión, cohecho y tráfico de influencias, revela que los primeros imputados en esta causa estuvieron bajo la lupa policial por su supuesta pertenencia a una red delictiva de tráfico de drogas.

Según se desprende de un auto judicial aportado al sumario y que firma la magistrada Joaquina de la Peña Saavedra el 18 de agosto de 2009, en el transcurso de la investigación del caso Brugal se puso de manifiesto la presunta vinculación de los imputados a una trama que traficaba con droga. El mandamiento judicial que realizó la magistrada fue para prorrogar el secreto de sumario, en base a unas informaciones policiales en las que, según se desprende del citado auto, se dio cuenta de sospechas de esta actividad por parte de los imputados. En el auto, la juez expresa que la causa abierta denominada caso Brugal "tiene origen en unas diligencias de investigación llevadas a cabo por la Policía Judicial de Orihuela, en el curso de las cuales se pone de manifiesto la presunta implicación de los imputados en una red delictiva dedicada al tráfico de drogas, habiéndose acordado en las mismas el secreto de las actuaciones (...)".

Primera fase

En el momento de la fecha del auto de la magistrada Saavedra de la Peña, los imputados formalmente en el caso Brugal eran el empresario oriolano Ángel Fenoll, un hijo y un sobrino de éste; un edil del Partido Popular en Albatera, Javier Bru, así como un detective. En junio de 2007 el juez acordó el ingreso en prisión de Fenoll, su hijo y el edil Bru por el caso Brugal, mientras que dejó en libertad bajo fianza al resto. Estas fueron las primeras detenciones que se realizaron en la investigación y forman parte de la primera fase del escándalo Brugal, a la que le siguió una segunda el pasado mes de julio con las detenciones, entre otros, del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y el constructor alicantino Enrique Ortiz . El resto de imputados en el caso Brugal, tanto en la trama que destapa presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de limpieza municipal y viaria de Orihuela como en el Plan Zonal, así como el resto de las líneas de investigación derivadas a otros juzgados, lo fueron de forma oficial desde julio del año pasado.

La juez se remite en los razonamientos jurídicos que amparan la prórroga del secreto de sumario a que esta medida es conveniente en causas dirigidas por delitos contra la salud pública. Así lo especifica en el listado de seis puntos en los que justifica la prórroga. El que hace referencia a un delito contra la salud pública es el sexto.

La magistrada Saavedra se hizo cargo del caso Brugal tras su incorporación en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela en el año 2008. Es una de las jueces que engrosa la lista de los distintos magistrados que han pasado por ese juzgado y que se han hecho cargo del caso. Por eso, el resto de autos judiciales que prorrogan el secreto sumarial en base a un presunto delito contra la salud público no llevan su firma, sino la de Maria de los Ángeles Sáez, quien la sustituyó en el verano de 2009.
El secreto de sumario se prorrogó hasta cuatro veces en base a la existencia de una presunta red delictiva dedicada al tráfico de droga. En el auto de la juez Maria de los Ángeles Sáez del 19 de diciembre de 2009 desaparece el punto sexto, así como cualquier alusión a este asunto en el resto de documentación aportada al sumario y remitida al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, de la que está extraída esta información.

http://www.diarioinformacion.com/ali...s/1135167.html

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