Mantener a un funcionario desocupado será acoso laboral




Mantener a un funcionario desocupado será acoso laboral · ELPAÍS.com

El Gobierno aprueba un reglamento para regular el 'mobbing' en la Administración

Mantener a un funcionario sin trabajo u ordenarle tareas inútiles será considerado acoso laboral. Igual que reprenderle reiteradamente delante de otras personas, difundir rumores falsos sobre su profesionalidad o vida privada y tomar represalias si ha protestado por la organización del trabajo. Así lo establece una resolución del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública que regula el acoso o mobbing en la función pública y que fue publicada el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

La resolución, firmada por la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, distingue entre acoso y violencia psicológica y establece un protocolo detallado para actuar en caso de conflicto. Se considera acoso, además de los supuestos citados, "dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan". Por el contrario, no es acoso "la modificación sustancial de las condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el procedimiento legal", así como las "conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores", las "presiones para aumentar la jornada" y las "ofensas puntuales dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos".

Para que la Administración acepte que ha existido acoso el comportamiento grosero y discriminatorio tiene que ir dirigido siempre contra el mismo empleado y ser "permanente y prolongado". El acosador será sancionado por falta muy grave o derivado a los tribunales. La víctima retomará sus funciones y quienes hayan actuado como testigos no sufrirán represalias. El protocolo considera que el hostigamiento que sea considerado "violencia psicológica" en lugar de acoso tendrá "la sanción que corresponda", de menor gravedad en cualquier caso que el acoso.

Esta resolución concede un plazo de dos meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para que la Administración incluya un impreso de denuncia en la intranet de los departamentos y nombre al especialista de personal que iniciará el proceso tras la denuncia. La normativa introduce otra novedad: los empleados con conocimiento de algún supuesto de acoso tienen la obligación de denunciarlo ante la dirección aunque no les afecte.

Sindicatos y expertos en salud laboral se felicitan por la aprobación del protocolo, aunque les hubiera gustado que fuese más "audaz" con los intereses de la víctima, ya que exige que la hostilidad se produzca una y otra vez antes de poder denunciar el acoso. Y también critican que el proceso esté tan burocratizado y haya que dar tantos pasos que finalmente desanime a la víctima. Pero era una necesidad imperiosa, argumentan. "La carencia era clara. El propio Gobierno estaba incumpliendo la ley porque no tenía un protocolo de actuación ante casos de violencia laboral ni tampoco un sistema de prevención de riesgos psicosociales, tal y como marca la ley de prevención de riesgos laborales (de 1995)", razona Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT.

Según los expertos, la violencia laboral -acoso, agresiones verbales, acoso sexual...- es uno de los problemas laborales emergentes, y más en época de crisis, donde las relaciones pueden enrarecerse más de lo habitual. "Es un tema sensible, no solo para la salud laboral. También afecta a la productividad", comenta Fernando Benavides, Director del Centro de Investigación en Salud Laboral en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

No se han desglosado los datos por empresas públicas o privadas, pero se calcula que alrededor del 6% de los trabajadores sufre algún tipo de violencia laboral, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Los sectores más afectados son la sanidad, el trabajo social y la educación, según cálculos de la Agencia Europea de Seguridad y Salud.

Gobierno y sindicatos llevaban tres años negociando un protocolo de actuación ante el acoso laboral en la administración general del Estado. Ahora, tras la firma, fuentes sindicales explican que el plan tiene muchas carencias y confían en que el documento sea solo "un acuerdo de mínimos".




Supongo que será en el supuesto en el que los propios funcionarios denuncien. No me veo yo a uno diciendo: "uff, otro mes sin hacer nada, a ver si denuncio para que me den curro"

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Más defensas para los gandules y los caraduras. Y llevaban tres años negociando. Menuda productividad. Dando ejemplo, como siempre. Y el chivateo sigue siendo la suprema pauta de conducta.
No nos vamos a la mierda, estamos en ella hasta el cuello.

Lo que no comprendo porque no tienen una hoja diaria de trabajo,vamos,como cualquier trabajador,donde ponga lo que hace a lo largo de la jornada,entonces,que no le mandan trabajo y quieren echarlo,me parece bien la medida.

Saludos.

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A mi me parece estupendo. Pues anda que no hay jefes en la Administración que son auténticos sicópatas y que hasta ahora eran intocables porque estaban protegidos por las altas esferas y por la laguna de legislación al respecto.

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Sé de casos de funcionarios que es mejor apartarlos del trabajo porque todo lo que tocan lo joden. También de empleados de la privada, pero aquí la solución es fácil (patada en el culo y a otra cosa).

Por motivos políticos, económicos o sociales se producen disfunciones en la administración que devienen en casos de mobbig. Es triste pero es la realidad.
Una legislación hecha a medida de los cargos políticos que dominan a los contratados, pero no a los fijos. Cuando no hay manera de fastidiar a los fijos prevaricando se procede al mobbing. Triste, pero es lo que hay. Ahora si no pueden prevaricar, tampoco pueden hacer mobbing. No se que tiene de malo.

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mantener ocupado o desocupado?

Joder si 2/3 de los funcionarios de este país no pegan sello sus únicas ocupaciones son lectura del marca, pausa para el café y campeonatos de sudokus.

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Desocupado, desocupado.

Lo de evitar a toda costa mantenerloa ocupados ya se resolvió hace dècadas. Y en cuestión de minutos.

Y aprovecho a añadir que la culpa de la nefasta imagen de los funcionarios la tienen ellos mismos por no luchar activamente contra los hijos de puta que abusan de su puesto. Para que me entiendan mejor, es lo mismito que pasa con la pedofilia y la iglesia católica.

Callar es apoyar. Y lo demás, mandanga de la buena.

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La sentencia me parece estupenda. Cualquiera que sea funcionario o conozca alguno de cerca sabe bien lo que sucede en las administraciones públicas . El funcionario que se saca la plaza puede llegar con dos actitudes : a) con ganas de trabajar y hacer cosas b ) con ganas de tocarse los huevos y no dar palo . Y puede encontrarse a dos tipos de jefes : 1) Gente competente con experiencia, funcionario de carrera que conoce bien el terreno que pisa 2 ) Un enchufado político sin ni puta idea de nada cuya única preocupación es no dejarse ver demasiado y agarrarse bien a la silla

Si se da a-1 . Tenemos un funcionario competente integrado en un equipo que funciona y presta el servicio que se espera de ellos

Si se da b-1 . El funcionario no trabajará si no quiere y el jefe competente lo único que puede hacer es intentar trasladar al vago a otro servicio, pero ni eso le va a resultar fácil.

Si se da a-2 . El funcionario se amarga, ve que si trabaja se mete en marrones y si se toca los huevos nadie le dice nada, su jefe no le dará tareas se deprimirá , intentará pedir el traslado cuando sume puntos ó acabará maleándose y convirtiéndose en funcionario tipo b

Si se da b-2 . El funcionario no trabaja y su jefe menos, los dos viven felices cobrando de todos los españoles

Como los jefes políticos enchufados son ahora mas numerosos que tras 40 años de franquismo pues así está la administración pública

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