La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional que admita a trámite la querella contra José María Ruiz-Mateos, su mujer, María Teresa Rivero, sus seis hijos varones y un sobrino, presentada por 63 querellantes que, junto a dos denunciantes, invirtieron un total de 9,44 millones de euros en pagarés del grupo Nueva Rumasa.

Los querellantes afirman que ni las empresas emisoras de los pagarés ni sus avalistas están en condiciones de devolver ese importe y que algunas de las sociedades de los Ruiz-Mateos han sido objeto de maniobras de despatri-monialización.

Según el escrito de Anticorrupción, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa, insolvencia punible, delitos contra el mercado y los consumidores y administración desleal. Se ha identificado a 1.017 inversores que suscribieron pagarés de distintas empresas de Nueva Rumasa por un importe de 90.496.357 euros -según los datos disponibles hasta diciembre de 2009-, aunque se desconoce el número de inversores posteriores.

Anticorrupción explica que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) considera que "Nueva Rumasa podría alcanzar un número mínimo de 147 empresas, que funcionan bajo el principio de caja única y que actúan bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones". La AEAT caracteriza a este grupo de empresas por su "total opacidad, ya que su titularidad formal corresponde a otras sociedades residentes en paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperantes y otros territorios de riesgo", en total 27 sociedades en Belice, 2 en Panamá y 4 en Holanda.

La fiscalía indica que muchos de los su******ores de las emisiones de pagarés (realizaron emisiones Carcesa, Hibramer, Maspalomas Hoteles y José María Ruiz-Mateos) reinvirtieron esas cantidades (una vez reintegrada su inversión inicial en 2010) en nuevos préstamos. Estos préstamos estaban garantizados por pagarés emitidos por Inversiones Ruiz-Mateos y José María Ruiz-Mateos, a uno o dos años e intereses del 10% o del 12%. Anticorrupción desconoce qué importe exacto de las inversiones vencidas ha sido reintegrado, si bien algunos afirman no haber recibido cantidad alguna más allá del primer pago.