Esta propuesta no la he leído en el foro, y si ha aparecido, creo que no se ha extendido el porqué. Es una alternativa no socialista para dar oxígeno contra la crisis. La cuelgo en el principal por si queréis opinar sobre ella, y podéis hacerla vuestra para cualquier futuro manifiesto.

Hechos:

a) el déficit sigue desbocado porque la recaudación de IVA, IRPF y Sociedades se han desplomado. En IVA y Sociedades, la recaudación se ha ido a los infiernos, cayendo un 40%.

b) el problema que tenemos de deuda pública no es que sea alta, sino que nuestro crecimiento es bajo y la deuda privada es alta. Si el país crece poco, el Estado ingresa poco, el déficit persiste y la deuda sube, agravándose entonces el problema.

c) la legislación presupuestaria de nuestro país establece que los criterios de estabilidad se pueden sacrificar cuando hay una serie de gastos inaplazables: en concreto, los salarios de empleados públicos, prestaciones de la Seguridad Social, otras prestaciones sociales y la amortización de la deuda pública.


Pues bien. Frente a las propuestas socialistas de subir impuestos, os propongo esta sencilla alternativa que no precisaría de reforma constitucional, como sí la tienen otras propuestas, e incluso se puede tramitar como proposición de ley ya que sólo se precisan retoque en la ley general presupuestaria. O sea, obligar a que el Congreso lo debata en el parlamento con 500 mil firmas por imperativo legal:

El pago de deudas con proveedores con quien contrata la Administración ha de ser de máxima prioridad. Dicho de otra manera: la deuda de la administración con las empresas que contrata se ha de pagar como sea, como si fueran las pensiones; y no guardar esas deudas en un cajón. Ni qué decir que esta prioridad ha de ser mayor que la de financiar a la banca para que otorgue crédito, para lo que ha servido... ¿Por qué un funcionario ha de cobrar puntualmente por su trabajo, pero una empresa no? Esta prioridad máxima se sustenta en estos efectos:

1. Del pago de estas deudas depende la supervivencia de muchas pymes, con lo que contendría la caída del empleo, y con ello, el gasto social en protección a los potenciales parados. Además, eso evita una caída en la reducción de IRPF.

2. Supondría en la práctica una quita de la deuda con las empresas, ya que el pago de estas deudas genera un retorno en IVA y en Impuesto de Sociedades. La recaudación de Sociedades se desplomó un 40% en el último año. Si la Administración no paga, las empresas no ganan dinero y entonces no pueden tributar. Así que los ingresos públicos subirían a corto plazo y se mitigaría el problema de nuestra alta deuda privada.

3. Al contratar con una administración solvente, los contratistas exigirán rentabilidades más pequeñas al asumir menos riesgos de impago. O sea, las futuras obras públicas y servicios nos saldrían más baratos.

4. Como muchas de esas pymes acreedoras están en problemas, la mora o los impagos bajarían. Esto permitiría darle un balón de oxígeno al restablecimiento del crédito privado, o cuanto menos a la solvencia de la banca, pero como efecto colateral y no como un fin en sí mismo.


Conclusión: subiría la recaudación, bajaría el paro y bajaría la deuda privada.

Por tanto, es fundamental que esa deuda no quede aparcada, ya que genera retornos a la sociedad, y a la Administración, en particular. También es justificable la emisión de deuda pública, ya que el coste de la financiación de esa nueva deuda sería inferior al beneficio del pago de las deudas a las empresas.

¿Opiniones?

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que por experiencia el 80% de las empresas del sector que trabaja con la administración se lo tienen merecido.
Conozco varias que entraron sin concurso gracias al hamijo d epartido,luego cambio el color del hay-untamiento y ahora sólo saben berrear

Es un buen punto. La legislación de contratos tiene flecos que permiten que el cacique de turno contrate con el amiguete de rigor. La contratación administrativa debería fijarla el funcionariado, analizándola en los despachos; y a ser posible, con total desconocimiento personal del contratista.

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Muchos no cobran por eso,porque cometieron irregularidades,los nuevos alcaldes no tienen prisa ni obligación de pagarles,mientras ellos vuelven a hacer lo mismo que sus precesores dando concesiones a sus hamijos

Algo me dice que quienes cobran son los hamijos, y quienes no, los que han contratado legalmente

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Refloto para darle una última oportunidad al hilo ¬¬

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