La crisis y el miedo al paro reducen las bajas laborales en las Islas un 27% - La Opinión de Tenerife

La crisis y el miedo al paro reducen las bajas laborales en las Islas un 27%
El incremento de las dificultades económicas y el miedo a perder el puesto de trabajo han provocado una notable disminución de las bajas laborales en el Archipiélago. Desde que empezó la crisis económica, y según los datos recogidos en el informe de la Seguridad Social, las incidencias en Canarias han disminuido un 27,16%. La suma de las contingencias comunes con las profesionales revela que, hace cuatro años, las bajas laborales estaban en 45,88 por cada 1.000 trabajadores, mientras que en 2010 se situaron en un 33,42.

En números absolutos, hace cuatro años, se iniciaron en el Archipiélago 32.921 nuevos procesos de incapacidad laboral temporal. El año pasado, en cambio, esta cifra se redujo hasta los 21.210.

El informe de la Seguridad Social recoge, aparte del número de incapacidades por cada 1.000 trabajadores asalariados que cotizan, el parámetro que mide la duración de los casos con alta en el periodo y el número medio de procesos iniciados en ese tiempo.

Así, en cuanto a la duración media de las bajas –y hallando el promedio de las enfermedades comunes, los accidentes que ocurren en el trabajo y los que tienen lugar en ámbitos no laborales– los inhabilitados canarios en 2007 tardaron 65,09 horas (ocho días) en ser dados de alta. Curiosamente, aunque la cifra de bajas se redujo de manera considerable en 2010, la duración media de las mismas siguió el camino inverso. Así, por término medio, el año pasado los trabajadores inhabilitados perdieron 70,09 horas de trabajo (unos nueve días) antes de recibir el alta.

Causas
Aunque la tendencia a la reducción del número de bajas es común a todo el país y tiene como causa más plausible el temor a perder el puesto de trabajo en plena crisis, la Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Canarias (Adspc), ante esta reducción, tiene otra explicación. Denuncia que el Servicio Canario de Salud (SCS) ha incentivado económicamente a los facultativos para que colaboren en la persecución de las personas que se encuentran en situación de incapacidad laboral.

La Consejería de Sanidad ha negado de plano este extremo y ha justificado las iniciativas llevadas a cabo en la firma de un convenio del Instituto Nacional de la Seguridad Social con todas las comunidades autónomas. Las medidas se definen como métodos para disminuir el fraude en la gestión de su prestación, no para reducir el número de bajas. A ello se suma el objetivo de mejorar el intercambio de información con el SCS. Eso se traduce en el conocimiento de los datos de las bajas que se realizan y la agilización de la información digitalizada.

La Adspc, en cambio, se muestra poco convencida. Estar de baja, según Jorge Bethencourt, presidente de la organización, es un derecho del empleado y no se puede coartar para que dure menos. No obstante, admite que también se ha dado el caso de personas que han sido despedidas en esas circunstancias, "lo que provoca miedo en los propios trabajadores".

Además, destaca que decidir las inhabilitaciones temporales correspondía hasta ahora solamente a los médicos de cabecera y la inspección sanitaria. Ahora, por el contrario, el Parlamento también atribuyó ese poder a las mutuas, que supone la adjudicación de un doctor "externo ligado al empresario". Esto se traduce, según él, en la reducción de las bajas laborales. A ello se suman las competencias otorgadas a los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que permiten dar el alta aunque el diagnóstico contradiga al médico de cabecera. Al organismo y a las mutuas "les importa más la economía que la salud pública", afirma el presidente. La asociación, por ello, reivindica que ese servicio pertenezca al médico de cabecera y a la inspección sanitaria, ya que esto es un "tratamiento estrictamente vinculado a la salud pública y no a lo económico".

Estudio del fraude e intercambio de datos
Las bajas de los trabajadores, según el presidente de la Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Canarias, Jorge Bethencourt, tenían una duración máxima de 18 meses, pero actualmente se ha recortado en seis, lo que significa que las inhabilitaciones laborales puedan llegar a un año como tope. Bethencourt no descarta la posibilidad de que haya fraude, "pero no debe perseguirse por encima de la salud". La finalidad de las medidas tomadas por las autoridades sanitarias, según él, es quitar competencias a lo sanitario para dárselo a lo estrictamente económico. El portavoz de la Adspc considera que el motivo de estas decisiones es ahorrar dinero en detrimento de la salud pública.

La crisis económica ha provocado que los trabajadores pidan la incapacidad "solo cuando están en un estado muy malo, porque determinadas empresas llegan a despedirlos o a no renovarles el contrato". Son "miserables, y si no aparece, lo echan", subrayó el representante de Adspc.

Los complementos de productividad, para aquellos profesionales que reduzcan el número de bajas y su duración, son un arma para conseguir los dos objetivos de la administración: detectar el fraude y agilizar el intercambio de información. El presidente, sin embargo, considera que esto beneficia a los médicos, por ejemplo, dependientes de la consejería de Educación.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad (Fadsp) realizó un informe sobre este tipo de medidas. Una de las conclusiones del documento es que, a pesar de las irregularidades y posibles delitos que vienen detectando el Tribunal de Cuentas (TC), la administración ha ampliado las competencias de las mutuas y, por tanto, les asigna la gestión de más prestaciones y más recursos públicos; "al tiempo que reducen el control sobre ellas". La Fadsp considera, además, "sorprendente el desigual esfuerzo" en la asignación de recursos del ministerio de Trabajo en el control del fraude en la incapacidad de las contingencias comunes frente al objetivado por el TC en las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

La idea que "se vende es que las personas que están de baja son un cáncer y como no realizan su jornada laboral, eso implica que estén robando dinero al sistema". Bethencourt considera que este es el motivo por el que la administración realiza un mayor control de los procesos.

No sea usted mal pensado, hamijo.
La única causa ha sido un aumento considerable en la dieta alimenticia canaria de elementos tan saludables como las patatas, el plátano, el gofio y el mojo picón.

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¿En serio? ¡Pues habrá que proponer al Ministerio de Trabajo Ejpañol que administre, a grandes dosis, raciones de esos elementos que ponen a trabajar como una moto, a 150 por hora!

Sin que ofenda a nadie, PAPAS por favor.

Lo de las "patatas" fue un invento para que no se confundiera con el "pontífice".


Marchando una de papas bonitas

Saludos

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