Un joven matrimonio se muestra "indignado" al tener que devolver con recargo las rentas por emancipación recibidas de la Generalitat valenciana desde hace dos años. Los jóvenes superaban por dos céntimos el límite de ingresos para obtener este tipo de ayudas económicas.

La ayuda fue aprobada y recibida sin periodicidad fija durante dos años. Ahora, Nacho y Ana se ven obligados a devolver 1.600 como cantidad principal, a la que hay que añadir el recargo correspondiente.

La renta básica de emancipación es una ayuda establecida por el Gobierno central pero que gestiona, en este caso, la Generalitat Valenciana, que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la devolución de estos importes por considerar que, por parte del Ministerio de Fomento, se invaden competencias al regular de una forma "desmesurada cuestiones procedimentales y de mera tramitación".

Nacho, profesor de secundaria y bachillerato, y Laura administrativa en un colegio privado, se trasladaron a vivir a la provincia de Valencia en el año 2008. El gasto debido al traslado de vivienda de Madrid a Valencia fue afrontado con más tranquilidad gracias a la renta básica de emancipacón. La ayuda estaba fijada en 105 euros mensuales y destinada al alquiler de la vivienda. Se mantuvo así hasta el mes de mayo de 2010, ya que Laura cumplió 30 años en esta fecha (edad máxima para acceder a este tipo de ayudas).

Una carta certificada de la Conselleria de Territorio y Vivienda les comunicaba que en el año 2009 habían sobrepasado los ingresos máximos (22.000 euros) para acceder a la ayuda y tenían que devolver con recargo los importes recibidos. La indiganación fue mayor al comprobar que el importe total por el que habían sobrepasado el tope oficial de la ayuda "era de... 2 céntimos de euro".

Según ha comentado Nacho y Laura, "lo que era una ayuda para emanciparnos de nuestras familias, ahora se ha convertido en una carga, pues tenemos que devolver más de lo recibido".

El recargo que les exigen, según han añadido, es "una forma de usura contra unos ciudadanos de a pie que estamos sosteniendo un país que se tambalea".

Fuentes de la Conselleria de Territorio y Vivienda han indicado que "por una imprevisión del Gobierno central y por la implantación de un sistema de cómputo de los ingresos erróneo, muchos jóvenes tendrán que devolver al Estado, años después, la ayuda que les correspondía según la normativa".

El pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un conflicto de competencias planteado por la Generalitat para evitar que 1.600 jóvenes de la Comunitat tengan que devolver esta ayuda por exigencia del ministerio.