La Justicia cntabra ordena el derribo de 124 viviendas en Argoos y Arnuero. El Correo


El proceso judicial para eliminar todas las viviendas ilegales que salpican el litoral cántabro sigue adelante pese a la oposición de los afectados, muchos de ellos vizcaínos, y el gobierno regional. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad ha emitido esta semana sendos autos autorizando el derribo de 124 viviendas ubicadas en Argoños y Arnuero. La decisión, que ordena la ejecución de una de las 23 sentencias de demolición que penden sobre casi 600 hogares del entorno que se construyeron de forma irregular en los años 90, ha sido adoptada por los tribunales «pese a que hay leyes para legalizar las construcciones o -en el caso contrario- indemnizarnos antes de los derribos», lamentan los implicados.
En concreto, la decisión judicial sentencia 22 viviendas situadas en la zona residencial Las Llamas II de Argoños y otras 102 ubicadas en la urbanización El Encinar de Arnuero, una zona en la que ya se derribaron hace justo dos años otros 42 pisos, los primeros que no pudieron evitar la piqueta después de que los propietarios de las viviendas amenazadas en todo Cantabria lleven 15 años movilizándose. Fruto de esa insistencia, el Parlamento de la comunidad vecina aprobaba el pasado 13 de febrero por unanimidad una modificación de la Ley del Suelo autonómica reconociendo su responsabilidad en la «nefasta» planificación urbanística desarrollada hace casi dos décadas.
El pacto acordaba que las instituciones (el Gobierno y los ayuntamientos) indemnicen a las familias afectadas si sus casas no pueden ser legalizadas. El dinero debía, además, desembolsarse antes de cualquier derribo y, pese a que la normativa no entrará en vigor hasta el próximo enero, la justicia ha seguido adelante con sus planes. El auto de esta semana permite a la empresa Tragsa, adjudicataria del proyecto, iniciar los derribos en cualquier momento. No obstante, contra la decisión cabe un recurso de súplica y los afectados ya planean presentarlo pese a que las peticiones de este tipo que han presentado en los últimos 5 años «nunca han sido tenidas en cuenta».
«Indignados y cansados»
«Estamos indignados, cansados y aburridos», lamentaba ayer Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), colectivo que reúne a los afectados por las sentencias de derribo. Ellos siempre han mostrado «respeto» por las decisiones jurídicas, pero esperan una contrapartida tras años de reivindicación. «Que el parlamento acuerde una cosa y el tribunal haga otra totalmente diferente es una locura jurídica», añadió Vilela. «Primero nos estafaron los ayuntamientos al permitir que nos vendieran las casas y ahora estamos desamparados por la Justicia», zanjó.

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No olvidemos lo que pasó en el Cuco:



Acabaron condenando al alcalde por permitir tamaño disparate.

Alcaldes estafadores

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