as dudas sobre que España pueda cumplir sus objetivos de déficit en este año crecen entre expertos y economistas dentro y fuera de nuestras fronteras, por lo que el fantasma de la exigencia de nuevos ajustes y sacrificios a los ciudadanos, una vez pasadas las elecciones del próximo domingo, surge cada vez con más fuerza.



El pasado viernes, fue la Comisión Europea quien aseguró que España debe adoptar medidas adicionales para cumplir sus objetivos de reducción del déficit debido a un escenario macroeconómico menos favorable. En su informe de perspectivas económicas de primavera la Comisión estima que el déficit español cerrará este año en el 6,3% del PIB, tres décimas —3.000 millones— por encima de lo previsto. Y para 2012 los pronósticos son bastante peores. Se estima que con las medidas que hay encima de la mesa el agujero de las cuentas españolas solo se reduciría hasta el 5,3%, frente al 4,4% estimado por el Gobierno, es decir, habría que recortar 10.000 millones más.

Y en casa, los economistas consultados por ABC tienen claro que serán necesarias nuevas medidas de ajuste ya este año, aunque los problemas para reducir el déficit probablemente no los tendrá el Estado, sino las administraciones territoriales y, en concreto, las autonomías.
«Debajo de las alfombras»

«Todo depende de lo que veamos debajo de las alfombras después de las elecciones», explica a ABC Ángel Laborda, director de Coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Y es que lo ocurrido en Cataluña con el cambio de gobierno hace temer que la historia se repita en otras muchas comunidades tras los próximos comicios. El nuevo gobierno convergente de Cataluña detectó un déficit que prácticamente duplicaba el que había declarado el tripartito. Si esto ocurre en otras autonomías, la necesidad de poner en marcha nuevas medidas será inminente.

Luis de Guindos, ex secretario de Estado de Economía, explica que el estallido de la burbuja inmobilaria ha restado 30.000 millones de ingresos a las comunidades, por lo que es imprescindible ser más eficientes y austeros en la gestión del gasto. Pero además, Guindos considera esencial buscar soluciones a las dificultades de financiación de las autonomías.

Pero incluso sin aflorar déficit ocultos, los números rojos ya declarados exigen un ajuste inminente en muchas comunidades autónomas.
Otros 11.000 millones

En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ya se aprobaron algunos planes de reequilibrio que suponen una reducción del déficit de algo más de 4.000 millones de euros. Pero el objetivo marcado y el compromiso asumido en Bruselas supone un recorte de 15.000, con lo que quedarían otros 11.000 millones pendientes de ajustar en seis comunidades: Cataluña, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, insiste en que no hay nuevos ajustes previstos para después de las elecciones. Y los economistas reconocen que no es el Estado quien va a tener problemas. Pero España en su conjunto no puede permitirse el lujo de no cumplir sus objetivos, por lo que si el Gobierno central no es capaz de meter en vereda a los ejecutivos autonómicos —Cataluña ya ha dicho que no cumplirá el objetivo—, tendrá que ser él quien tome medidas de recorte del gasto o de subidas de impuestos para reducir de forma inmediata los números rojos del Estado.

En este entorno, los economistas consultados insisten en que a falta de medidas estructurales que permitan reducir el gasto en el medio y largo plazo, las fórmulas más fáciles de reducir el déficit en un momento de apuro, como el que nos podemos encontrar a mitad del ejercicio si se detectan desviaciones, pasan de nuevo por recortes de sueldos en los empleados públicos, reducción drástica de la inversión o subidas de impuestos indirectos.

Varios sindicatos y federaciones de funcionarios ya han denunciado un posible recorte adicional en la paga extra, que el Gobierno ha negado desde todos los frentes. El problema es que el año pasado también lo negó, por lo que sus afirmaciones no han despejado las dudas de muchos de los afectados. De hecho, el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas prevé un recorte del gasto en remuneraciones de personal público de 1,5 puntos del PIB, unos 15.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el Gobierno calcula que el recorte salarial aplicado supondrá un ahorro de 3.000 millones, y la reducción de empleo público, al reponer solo el 10% de las jubilaciones, permitirán recortar otros 8.000 millones el gasto, hay otros 4.000 millones que deberían venir de medidas adicionales de aquí a 2014. En el citado documento, el Gobierno dice que estos ahorros extra se obtendrán del esquema de «moderación salarial» que se aplicará al conjunto de administraciones, de modo que si no se recortan los sueldos, se congelarán.
Menos inversión

Aunque los expertos creen que recortar la inversión pública es contraproducente para la recuperación económica, lo cierto es que paralizar proyectos de infraestructuras es la fórmula preferida por los políticos cuando tienen que recortar gasto.

Y también se podrían subir impuestos. «Cumplir de manera estricta y rigurosa el objetivo de déficit debe ser prioritario para España, por lo que si hay desviaciones habrá que actuar de manera rápida y diligente. Y hay margen para recortar gastos y subir de manera selectiva los ingresos», apunta Rafael Doménech, economista jefe del BBVA.

Y entre los impuestos, son los indirectos los que, en opinión de los expertos, tienen menos impacto en la actividad económica, por lo que habría margen para seguir subiendo el IVA, los impuestos sobre carburantes, alcoholes y tabaco. También se podrían poner en marcha nuevos tributos relacionados con la fiscalidad verde. Pero todas estas medidas no dejarían de ser parches temporales. Siguen pendientes reformas que reduzcan el gasto a largo plazo.


Sacrificios poselectorales - ABC.es

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