Los grandes partidos abogan por que la mayor parte de las viviendas sociales que se construyan el próximo mandato sea en alquiler · Plantean medidas de apoyo al arrendamiento y a la rehabilitación

SOLIVA. Es el gran nombre propio de los últimos cuatro años de gestión municipal en materia de vivienda. Más de cien millones de euros invertidos para dar a luz la mayor promoción de pisos sociales de la historia de Málaga, que con 1.600 inmuebles se levanta en las proximidades de Los Asperones y Puerto de la Torre. Este nuevo barrio, que ya tiene vida propia con casi 1.300 casas entregadas y habitadas, es, no obstante, reflejo del efecto que la crisis económica está teniendo sobre el sector inmobiliario, incluso el de la VPO, y sobre las entidades financieras, cuya alegría a la hora de conceder hipotecas para la compra de pisos se ha venido abajo.

La situación es tal que a día de hoy, algo más de 50 meses después de que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) sortease a modo de rifa navideña parte de estos inmuebles entre 23.000 ciudadanos interesados, hay unas 150 viviendas vacías, sin adjudicar. Y qué decir de los locales comerciales que el Consistorio subastó para dar vida al nuevo gran barrio de la ciudad y de los que apenas se ha adjudicado el 28%.

Lo ocurrido con Soliva constata cómo la demanda residencial por parte de la ciudadanía malagueña ha descendido, no tanto por la necesidad como por la imposibilidad de disponer de la financiación necesaria. Un ejemplo de ello es que si hace algo menos de cinco años eran más de 20.000 los que optaban a una VPO, el registro de demandantes que tiene abierto por el Ayuntamiento desde el pasado mes de hace varios meses se cifra en poco más de 2.000.

Todo ello está provocando un giro en el planteamiento de los grandes partidos cara a los próximos comicios locales, al punto de que la apuesta fundamental ya no pasa por el impulso de promociones en venta sino en alquiler, fórmula con la que evitar el bloqueo de la financiación para sus ocupantes. Esta acción es compartida por los alcaldables del PP y el PSOE, Francisco de la Torre y María Gámez, respectivamente.

Ésta incluso trata de dar respuesta a aquellos ciudadanos que por haberse quedado en paro se ven en la obligación de renunciar a un piso social. Por ello, dice que promoverá las medidas para que a estos adjudicatarios se les mantenga ese derecho.

De la Torre saca pecho en su programa al informar de que en los últimos diez años ha impulsado la construcción de más de 4.500 pisos sociales, "a pesar de no ser competencia municipal". Cara al próximo mandato, el PP es bastante más moderado en sus compromisos, puesto que sólo prevé 2.000 pisos nuevos, casi la mitad que lo planteado hace cuatro años. Mientras, el PSOE elude mencionar cifra alguna y se limita a informar de que el 40% de las viviendas que se ejecuten serán protegidas. A ello debe colaborar la próxima entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que dibuja del orden de 22.000 viviendas sociales a desarrollar en el horizonte de los próximos 15 o 20 años.

El parón del sector inmobiliario, con un stock provincial de más de 20.000 pisos de renta libre, puede suponer un incentivo para la rehabilitación. Sin embargo, el presupuesto diseñado por el actual equipo de gobierno del PP para 2011 elimina la línea de subvención destinada a promotores privados. Los grandes partidos, no obstante, insisten en esta fórmula para actuar en zonas degradadas de la urbe, como Palma-Palmilla, Virreinas y Ciudad Jardín, entre otras.

Iniciado por Marai

Alquilar ya no es de pobres...

Un nuevo escenario para la VPO

o si, porque según dice, el poblema es que no hay dinero pa comprar.

Iniciado por Marai

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o si, porque según dice, el poblema es que no hay dinero pa comprar.