Los problemas económicos de las familias aragonesas parecen estar golpeando de lleno al mercado del alquiler de viviendas. Tras los duros golpes recibidos en 2009 para mantener una vivienda en propiedad, ahora son los inquilinos, aquellos que viven de alquiler, los que tienen más problemas para llegar a fin de mes y cumplir sus obligaciones con el dueño del piso.

Según reflejan los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2010 los desahucios por impago del alquiler se dispararon en Aragón un 66% respecto al año anterior. Tras dos balances malos pero estables como 2008 y 2009, donde se procedió a tomar esta medida en 870 ocasiones, la última cifra alcanza los 1.456 lanzamientos –término jurídico que se emplea en estos casos-.

Este incremento es varios puntos superior al del conjunto del país, donde se ejecutaron 47.809 desahucios, un 41% más que en 2009. «Hay muchos problemas para pagar la mensualidad al propietario», confirma Isabel González, de Fincas Sagasta. Y eso que «existen muchas compañías que te aseguran el pago del alquiler, pero la rentabilidad, entonces, se ve mermada». «Ahora –señala-, el acceso al crédito está muy complicado, por lo que las familias se tienen que ir al alquiler en lugar de comprar una vivienda en propiedad».

En los casos en que el arrendatario no puede hacer frente a los pagos, suele iniciarse un periodo de negociación para que el dueño le rebaje la cuantía. «La gente, como no puede, intenta abaratar el coste del alquiler, pero llega un momento que el propietario no puede bajar más», señala González, para quien la excesiva oferta de pisos frente a la escasa demanda genera estas situaciones.

Hay quien, incluso utiliza esa técnica, la de retrasar el pago, como medio de presión para conseguir la citada rebaja del alquiler. Y al parecer, los propietarios han dicho basta y cada vez más acuden al juez para dirimir el conflicto.

Menos embargos y ejecuciones hipotecarias
Donde la situación económica parece dar un respiro es en aquellas familias con una o varias viviendas en propiedad. Tal y como refleja la memoria del CGPJ relativa a los efectos de la crisis en España, el número de embargos ha caído sensiblemente en el último año.

Mientras que en el conjunto del país han descendido un 17%, en Aragón ha sido un 43,1%. Tras el vertiginoso ritmo de embargos de 2009 (hubo 2.605 contabilizados en los juzgados de la comunidad), en 2010 se quedaron en 1.482.

También se ‘relajaron’ los procesos monitorios, aquellos que permiten la reclamación judicial de deudas impagadas con un bajo coste económico ya que, en un principio, no necesita la intervención ni de procuradores ni de abogados. Se registraron 22.180, un 3,1% menos, aunque en la provincia de Huesca cayeron un 6,2%.

Destaca a su vez la caída del número de ejecuciones hipotecarias en Zaragoza, que fue, con 1.625, un 16,8% menor. En el resto de la comunidad, y del país, se mantuvo en los niveles de 2009.