Con la muerte de Franco se albergaba la esperanza en la conquista de la democracia y la instauración de las libertades. Democracia significaba para la inmensa mayoría de los españoles de aquél tiempo: libertad de expresión y pensamiento; derecho a elegir libremente a sus representantes políticos; transparencia en las cuentas públicas y progresividad en el sistema impositivo; austeridad en los gastos públicos; igualdad de oportunidades en el acceso a los empleos públicos; justicia rápida y eficaz; cercanía de la Administración a los ciudadanos; medios de comunicación veraces y al servicio de la democracia; honradez en los gestores políticos y eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos.
Han pasado más de tres décadas desde las primeras elecciones democráticas y el panorama que ofrece el país es desolador: los ciudadanos son convocados a las urnas, no para elegir a sus representantes sino para ratificar listas (cerradas y bloqueadas) confeccionadas por los partidos políticos. La libertad de expresión y pensamiento -piedra angular de la democracia- se limita hoy a lo que es considerado políticamente correcto; los medios de comunicación no ofrecen información veraz ni contribuyen a la formación de una opinión pública, limitándose a ofrecer un repertorio de noticias siempre convenientes a los intereses de los grandes grupos de comunicación, se anteponen los simples intereses económicos o políticos a la información objetiva y veraz; la llamada opinión pública ha desaparecido por completo habiéndose trocado en opiniones -interesadas- difundidas en el público. La corrupción de la clase política es sistémica y tímidamente comienza a ser vista como un mal endémico imposible de erradicar. El acceso en condiciones de igualdad a los empleos públicos es puro espejismo, proliferan por doquier los concursos de méritos -ganados en las sedes de los partidos políticos- la libre designación y los concurso-oposición diseñados a la carta de los aspirantes ungidos por el magnánimo dedo del cacique político de turno. La justicia, carente de medios y de recursos, es pura entelequia; el órgano de gobierno de los jueces (Consejo General del Poder Judicial) y las más altas magistraturas (Tribunal Supremo y Constitucional) se encuentran secuestradas por el poder de los partidos políticos; las sentencias no son concebidas ya como el fruto de la ponderación razonada de hechos y fundamentos de Derecho, dictadas por jueces o magistrados independientes y versados en la ciencia jurídica; los tribunales no atienden hoy a la justicia que reclama el justiciable, sino a los intereses de la clase política dominante a los que se debe rendir pleitesía. La eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos se vende a la ciudadanía envuelta en privatizaciones salvajes de empresas y recursos públicos -pagados con el dinero de todos los ciudadanos- que no son más que un medio para financiar la creciente voracidad de los partidos políticos y de paso enriquecer a amiguetes y allegados.
Ante un panorama de dominación política al más puro estilo caciquil, el único camino decente que le queda al hombre desesperado es echarse al monte para emprender una lucha “romántica” contra esta tiranía de los partidos políticos y sus falsas instituciones, que aparecen ante una ciudadanía indefensa revestidas con un falso ropaje democrático. Y como hombre decente al monte me echo, con las ideas y la palabra, que son mi trabuco, para escapar de la luenga mano negra de los partidos políticos y de su entramado mediático y judicial. La fe en la democracia y en la verdadera justicia me darán fuerzas para resistir las frías noches y los calurosos veranos de esta serranía mediática. Si muero joven, que nadie se moleste en dedicarme una misa o unas rogativas por mi alma, sino que empleen esos preciados recursos en semillas para la libertad. A vuestra salud: ¡ Echa vino, Montañés!