En enero de este año el Gobierno de Castilla La Mancha aprobó el Plan de Consolidación de las Finanzas en el que se incluyen, medidas para reducir gastos en la Administración, entre otras medidas ahorrar papel. Este documento fue calificado de “imaginativo” por la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda manchega, María Luisa Araújo.

Sin embargo, entre esas medidas de ahorro no se contempla eliminar el complemento de destino para altos cargos. Dicho complemento fue aprobado unos días antes, en el Art.41 de la Ley 16/2010 de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de CLM para el 2011. Ahí se recoge que todos los funcionarios de carrera que desempeñen durante dos años ininterrumpidos puestos de altos cargos políticos en la Administración de la JCCM, tienen derecho a cobrar el complemento de destino equivalente al de un director general de la Administración del Estado, 13.814,76€/año.

Esto supone una ‘recompensa’ por ser alto cargo, es decir, haber llegado a dicho puesto no por méritos sino por pertenecer al partido en el Gobierno en esta Comunidad ( PSOE). Estos cargos pasan a tener el máximo nivel dentro de la escala de la Administración (nivel 30 o 29 en el caso de los delegados provinciales), en sólo dos años, mientras que cualquier funcionario tendría que consolidar de dos en dos niveles cada dos años.

Por ejemplo, el actual Delegado del Gobierno en Castilla La Mancha y ex consejero, perteneciente al Cuerpo de Auxiliares Administrativos, Máximo Díaz-Cano, ascendería 12 niveles en 2 años, cuando a cualquier funcionario del mismo Cuerpo de la Administración le costaría 14 años en el mejor de los casos y sin tener en cuenta que desde este cuerpo no se podría superar el nivel 18.

En términos económicos, supone pasar de cobrar 4.737,48 euros a 13.814,76 al año, una diferencia de 9.077,28 euros anual y para toda la vida laboral. Para la mayoría de altos cargos políticos a los que afecta ese artículo supondrá una diferencia de 6.381,11euros año. En la actualidad existen en la Administración Pública de CLM un total de 119 altos cargos, de los cuales el 80% aproximadamente son también funcionarios de carrera, a los que se aplicaría esa subida de nivel en la administración junto a todos los que han pasado por esos puestos desde 1990 a los que también se aplicaría el Art.41 de la Ley 16/2010.

El Gobierno regional ha justificado estos ascensos de sus cargos de “diferencia poco significativa”, medida “constitucional” o “finalidad similar a consolidación de grado de todos los funcionarios”. Sin embargo, todo apunta a que el PSOE de Castilla La Mancha prepara su recambio en el Gobierno en las próximas elecciones de mayo.

Barreda aprueba un complemento salarial para altos cargos políticos en la Administración :: Periódico Diagonal


SALARIOS Complemento retributivo para altos cargos de la Junta
IU se opone a la pensión vitalicia


ELECCIONES 2011 - Autonómicas IU | EL DÍA 3 Comentarios
“Los altos cargos de la Junta cobrarán un complemento retributivo especial que se consolida y es vitalicio”. Esto es lo que denunció el coordinador regional de Izquierda Unida y candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, tras conocerse los privilegios retributivos de los altos cargos políticos de la Administración Regional incluidos en la Ley de Presupuestos.

Según comentó Martínez, el Gobierno del PSOE “ha regulado un complemento económico que recibirán los funcionarios de carrera una vez que cesen como altos cargos, puestos todos ellos de libre designación, y se reincorporen a sus puestos de trabajo correspondientes”. Algo que según el coordinador regional “se mantiene en un contexto económico y social muy complicado y difícil en la región donde priman recortes en todas las áreas, especialmente en servicios públicos tan importantes como la educación y por supuesto también en empleo público”.

Sin embargo, continuó el dirigente de IU, “si hay dinero para que el Gobierno regional blinde económicamente a los altos cargos que son funcionarios de carrera y sean o hayan sido altos cargos políticos de la administración regional”.

Según se recoge en el punto primero del artículo 46 de la normativa, aparece un complemento de destino anual para los directores generales de 13.814 euros. Una cantidad que está por encima del nivel 30 que tienen como máximo los funcionarios y que afecta a los siguientes cargos de la Administración Regional que cumplan los requisitos: presidente del Gobierno, viceconsejeros/as, consejeros/s del Gobierno, directores generales, secretarios generales técnicos, secretarios generales y delegados/as provinciales de la Junta de Comunidades, y también a los miembros del Consejo Consultivo.

En el punto dos del artículo se hace referencia a los delegados provinciales de las Consejerías. En este caso la retribución extraordinaria es la que corresponde a la cantidad entre el complemento de destino que le corresponda al funcionario más la cantidad equivalente hasta completar el complemento de destino 29, que se fija en 10.427 euros y es el segundo nivel máximo de complemento de destino que puede cobrar un funcionario.

Ante esta situación, IU defiende que tanto los funcionario como cualquier otro colectivo laboral “no sufra menoscabo alguno por haber sido alto cargo u ocupar un cargo de libre designación en la administración regional, pero se deben eliminar los privilegios”.

El coordinador regional de Izquierda Unida criticó, además, el silencio del Partido Popular de Castilla-La Mancha que no se manifestó al respecto y que “parece estar de acuerdo con la normativa”.

IU se opone a la pensión vitalicia — eldiadigital.es PERIÓDICO DIGITAL DE CASTILLA LA MANCHA

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Los privilegios de los políticos contribuyen a su descrédito
Más allá de ser deseados en la empresa privada y no tener demasiadas dificultades para encontrar un buen trabajo, a nadie se le escapa que ser político es, en lo económico, un negocio rentable.

Pero dejar el cargo puede ser todavía más beneficioso. A las pocas semanas de que el Gobierno socialista haya reformado el sistema de pensiones, alargando la edad de jubilación y ampliando de 15 a 25 los años cotizados para recibir la pensión mínima, las diferencias entre los requisitos de un parlamentario y un trabajador español para percibir una pensión difieren escandalosamente.

Según el Reglamento de Pensiones Parlamentarias aprobado el 14 de julio de 2006, los diputados y senadores de las Corte Generales tienen blindada la pensión máxima de jubilación. A partir de los 65 años, los parlamentarios reciben el 100% de la misma (2.466 euros en 14 pagas) si han ejercido su labor representativa durante un mínimo de 11 años. Si su periodo en Cortes ha sido superior a nueve años, reciben el 90% de la pensión y si han superado los siete, recibirán el 80%.

Esta cuantía no afectará a otros tipos de salarios o pensiones que puedan recibir por detentar otros cargos públicos o privados. Esta quizás es la mayor diferencia con el resto de trabajadores cotizantes en la Seguridad Social, ya que un ciudadano nunca podrá percibir dos salarios del Erario público.

Además, sus señorías pueden jubilarse a los 60 años con 40 de cotización, frente a los 67 que establece la nueva reforma de las pensiones.

En realidad sólo 81 de los 3.609 parlamentarios que han pasado por las Cortes desde 1977 han solicitado percibir esta pensión complementaria a la jubilación que se carga al presupuesto de las cámaras, pero permite a todos los diputados tener derecho al subsidio más elevado por permanecer unos años en el escaño. La mayoría de los políticos, al ser preguntados por lo abultado de sus salarios y pensiones, siempre responden que tienen un estatus parecido a otros países del entorno, pero esta equiparación no es igual para el común de los trabajadores.

No obstante, las Cortes en su conjunto financian además el denominado plan de previsión social de los parlamentarios. Este es un plan privado de pensiones contratado con el BBVA al que sus señorías destinan una parte de sus salarios. Una buena parte de ese fondo se financia con los presupuestos que tiene la Mesa del Congreso y el Senado, dependientes directamente del bolsillo de todos los españoles. La cantidad anual destinada a este concepto es desconocida a día de hoy y no existe información al respecto. Este es uno de los puntos negros que hace dudar de la transparencia de las Cortes Españolas y deja en manos del imaginario popular las consideraciones sobre la honradez de sus representantes públicos.

Cese de actividad
Además de las facilidades para percibir la pensión máxima, desde 2006 los diputados y senadores se pueden beneficiar de una indemnización por cese de actividad. Es decir, reciben un complemento de jubilación equivalente a una mensualidad de su salario por cada año en el cargo, hasta un máximo de 24 pagas. Un parlamentario raso recibe 2.918 euros brutos al mes más los gastos mensuales por alojamiento, manutención que rondan los 1.700 euros. A eso habría que añadirle los complementos asociados al cargo (presidentes de Cámara, miembros de la Mesa, gastos de representación, pertenecer a comisiones...). En general, el salario de un parlamentario español oscila en una horquilla que va desde los 14.420 euros mensuales del presidente de la Cámara a los 4.000 que percibe un diputado sin más atribuciones.
Pero esta situación tiene visos de cambiar, o por lo menos los parlamentarios intentan tomar conciencia de que esta situación tiene que cambiar. A lo largo de la legislatura UPyD lleva proponiendo eliminar el complemento de pensiones que disfrutan sus señorías. Además, una iniciativa reciente del grupo parlamentario de ERC-IU-ICV propone endurecer el régimen de incompatibilidades al que están sujetos los altos cargos públicos y limitar las indemnizaciones que reciben éstos una vez que abandonan la actividad.
El presidente del Congreso, José Bono, y el del Senado, Javier Rojo, enviaron recientemente una misiva a los grupos parlamentarios para pedirles ideas sobre la reforma de los complementos de las pensiones parlamentarias, las incompatibilidades y la publicidad de los bienes de los políticos. Esta carta fue precedida por una intervención del líder del PP, Mariano Rajoy, quien pidió acabar con el sistema de complementos de pensión para parlamentarios.
En la respuesta de los principales partidos ha quedado claro que van a estudiar todas las prebendas de las que gozan sus señorías y parece que se toma en consideración la propuesta de que los parlamentarios cobren un solo salario y no puedan percibir ingresos ó por actividades privadas o por desempeñar otros cargos. Además, parece que se extiende la idea de que todos los parlamentarios deben hacer públicos sus bienes y patrimonio. Pero de momento no hay nada concreto aprobado.

Pero sin género de duda, los sueldos vitalicios de los ex presidentes del Gobierno no se variarán. Tanto Adolfo Suárez, como Felipe González y José María Aznar tienen derecho a percibir una pensión vitalicia de 82.000 euros anuales, que además incluye coche oficial, secretaria y cuerpo de seguridad.
Esta asignación vitalicia que el Estado ofrece a quienes dirigieron el Ejecutivo español fue instaurada en 1983 y es irrenunciable para los dos partidos mayoritarios. Tanto PP como PSOE se han opuesto públicamente a la remodelación de este apartado.

Miembros del Gobierno
Los miembros del Gobierno, incluidos los secretarios de Estado, tienen derecho a una indemnización por cese de actividad los dos años siguientes al abandono del cargo y cobran lo mismo que si siguieran en activo (73.486 euros anuales para los vicepresidentes y 68.981 euros anuales para los ex ministros).

Esas indemnizaciones se cobran aunque la persona cesante haya pasado a ocupar un cargo también remunerado públicamente. Por ejemplo, así lo cobran María Teresa Fernández de la Vega en el Consejo de Estado y José Antonio Alonso como portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso.
Se puede renunciar a la prebenda, pero no se sabe quién lo ha hecho, ni del PSOE ni del PP. La excusa para introducir este complemento fue que los ministros y secretarios de Estado tienen incompatibilidad para trabajar en empresas privadas del mismo sector durante dos años.

El embrollo autonómico
Algo más complejo es determinar las pensiones que perciben los políticos autonómicos, ya que cada región española determina en su propia legislación si sus ex presidentes, ex consejeros y ex diputados perciben una indemnización o ayudas o complementos tras el cese de su actividad. Además, la mayoría de los ex presidentes autonómicos tiene derechoa contar con un funcionaro a su cargo y coche oficial con conductor de por vida.

En este apartado, los más beneficiados son los políticos vascos. Tanto el lendakari como sus viceconsejeros y consejeros tienen derecho a percibir una pensión de jubilación del 50% del salario. Actualmente el salario anual del lendakari es de 97.518 euros al año, un consejero gana unos 87.000 euros y un viceconsejero unos 78.700 euros. En cambio, los diputados autonómicos vascos no tiene derecho a alguna pensión.

En Navarra, los ex presidentes y ex consejeros tienen derecho al 80% de su sueldo durante dos años como máximo.

Otro caso especial es el de Cataluña. El honorable Jordi Pujol estableció que los ex presidentes de la Generalitat podrían cobrar el 80% de sus salario durante la mitad del tiempo que ocuparon el cargo. Así, Pujol ingresa 123.00 euros anuales durante 12 años ya que estuvo 23 al frente de Cataluña. Otro ejemplo es el de José Montilla, que recibirá unos 136.000 euros anuales durante cuatro años.

En Andalucía el ex presidente y los ex consejeros perciben el 50% del salario en concepto de pensión una vez que dejan el cargo. Aproximadamente unos 45.000 euros anuales. Además, los parlamentarios regionales tiene derecho a una asignación económica de hasta 12 meses, correspondiente a una mensualidad de su sueldo por año trabajado.

El ex presidente de la Junta de Extremadura tiene derecho a cobrar una pensión vitalicia del 60% del sueldo y los ex altos cargos autonómicos reciben un complemento vitalicio en sus pensiones.

En La Rioja la indemnización sólo la percibe el presidente y se cifra en 45 días de sueldo por año trabajado. En Galicia, los ex presidentes puedan optar a formar parte del Consello Consultivo de Galicia o bien, como alternativa, recibir durante dos años una compensación económica del 60% del salario (72.232 euros brutos anuales) Tanto Gerardo Fernández Albor (AP) y Emilio Pérez Touriño (PSOE) forman parte del consejo consultivo y reciben 67.000 euros anuales.

Consejos consultivos
En otras comunidades autónomas la situación es diferente. En Madrid, ambas castillas, Comunidad Valenciana y Asturias los ex presidentes pueden optar voluntariamente a formar parte como miembros natos de los consejo consultivos de cada territorio percibiendo un salario muy similar al de presidente. En algunos casos esos puestos son vitalicios y en otras ocasiones pueden tener una durabilidad determinada, que casualmente es renovada por otra vía. Por ejemplo, en Castilla y León el mandato de los miembros del consejo, con carácter general, es ininterrumpido hasta los 70 años. No obstante, pueden prorrogar hasta los 75 años, a petición del interesado. En Madrid sólo Joaquín Legina pertenece al Consejo Consultivo y lo hace con carácter vitalicio.

En el opuesto se encuentran regiones como Cantabria, Aragón, Murcia, Islas Baleares o islas Canarias donde los ex presidentes y ex parlamentarios no reciben ningún tipo de pensión o indemnización por abandonar el cargo público por el que fueron elegidos.

Los privilegios de los políticos contribuyen a su descrédito | Diario Negocio & Estilo de vida

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Ellos lo valen ... esta gente hace buena incluso a los peores reyes y validos que España tuvo en el pasado ...

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El Parlamento entorpece la iniciativa para suprimir el plus de altos cargos
La propuesta ciudadana sigue sin respuesta pese a que fue admitida a trámite por la Cámara hace nueve meses

Los tres grupos políticos eluden apadrinar una acción legislativa impulsada con el aval de 19.000 firmas

Autor:
Domingos Sampedro
Fecha de publicación:
1/11/2008 La iniciativa legislativa popular (ILP) en la que se plantea la derogación del controvertido plus de 15.000 euros anuales que reciben los altos cargos de la Xunta al dejar su puesto no encuentra a nadie que le abra camino en el Parlamento. La propuesta que empezó a promover hace un año la CIG, y que llegó al pazo de O Hórreo con el aval de más de 19.000 firmas, superó hace más de un mes todos los requisitos reglamentarios para ser debatida en pleno, aunque le falta el definitivo: encontrar un grupo político que esté dispuesto a reabrir un debate extremadamente sensible en medio de la precampaña electoral que ya se palpa en Galicia.
El reglamento de la Cámara reserva a los grupos parlamentarios (PP, PSOE y BNG) y al Gobierno de la Xunta la potestad de incluir asuntos en el orden del día de un pleno, de tal forma que cualquier iniciativa que se promueva desde fuera -como es el caso de la que abandera el sindicato nacionalista- tiene que ser formalmente adoptada por un grupo, o bien por todos en conjunto, para que pueda tener recorrido.
El problema con el que se está topando la ILP que propone derogar el complemento salarial de los altos cargos es que ningún grupo ha dado el paso al frente para apadrinar la propuesta y todos «xogan a mirar cara a outro lado», relata una fuente parlamentaria, a la espera de que la convocatoria de las elecciones autonómicas y la consiguiente disolución de la Cámara eviten el trago de reabrir ahora un debate que, en el contexto de crisis económica, podría incitar más a la impopularidad de la clase política.
Acuerdo polémico
De hecho, el plus de los altos cargos fue aprobado en julio del 2007, en un pleno extraordinario de la Cámara, con el apoyo unánime de todos los grupos. Aun así, el BNG se desmarcó días después del acuerdo, enfrentándose a sus socios del PSOE y al PP, si bien finalmente acabó replegando velas y supeditando la remodelación de este sistema retributivo recién aprobado a la promulgación de una nueva Lei da Función Pública.
Desde noviembre del 2007
No obstante, una vez que el Bloque tiró la toalla en esta batalla, la CIG se encargó de tomar el relevo elevando una iniciativa a la Mesa del Parlamento, que fue revisada por primera vez el 6 de noviembre del 2007. Este órgano parlamentario, presidido por la socialista Dolores Villarino, se dirigió a la central sindical dos semanas después para pedirle información complementaria, petición que fue satisfecha.
El pasado 21 de enero, es decir, hace nueve meses, la Mesa admitió a trámite la propuesta de la CIG, fecha a partir de la cual el sindicato se embarcó en su campaña de recogida de firmas. Acabaron reuniendo 19.146 rúbricas, 4.000 por encima del mínimo legal, que se presentaron en el registro de la Cámara el 17 de junio y no sin polémicas, pues los dirigentes sindicales llegaron a ser desalojados de la Casona do Hórreo sin tener la posibilidad de utilizar las instalaciones para ofrecer una rueda de prensa.
Tras ese paso, la ILP pasó los demás requisitos formales -como la corrección lingüística o del lenguaje sexista- y desde hace al menos dos meses «está en disposición», asegura un diputado autonómico, de ser tomada en consideración por el pleno de la Cámara si finalmente existe un grupo político que dé un paso al frente para apadrinar la iniciativa.
El Parlamento entorpece la iniciativa para suprimir el plus de altos cargos

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Que hijosdeputa
El Barreda ya se subió el sueldo en plena debacle inmobiliaria.
No tienen vergüenza ninguna.

Me dá que están todos apurando los últimos posos. ni las telarañas van a dejar...........

¿Cómo puede haber gente que vote a esta gentuza?

NO me lo explico

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Pegando en crónicas manchegas y subiendo, up!

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http://www.burbuja.info/inmobiliaria...itoriales.html

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Feijóo no contempla la supresión del plus de altos cargos entre sus medidas de austeridad | Asturgalicia Noticias

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reafirmó esta semana el compromiso de austeridad del Gobierno gallego y garantizó que lo cumplirían. Con una pequeña excepción, la supresión del plus de altos cargos. El plus de altos cargos no se toca al parecer.

A preguntas ante esta curiosa disonancia, Feijóoo dice que cada comunidad tiene sus prioridades a la hora de aplicar criterios de austeridad. Curiosos esos criterios de austeridad en la Xunta gallega, podrían pensar los de fuera. Pero el presidente se refugió en que existe “consenso de las fuerzas políticas” para mantener el plus a los altos cargos. O sea, que en vez de mejorarlo lo empeoró. Están todos en el ajo, vino a decir, y con eso ya son válidos los sueldos millonarios entre allegados. Acabáramos.

Feijóo quiso animar sin embargo a que el resto de la población sí se apriete el cinturón en Galicia -todos los que no sean altos cargos de la Xunta-indicando que no habrá necesidad de aplicar en esta comunidad medidas tan duras como las que María Dolores de Cospedal ha introducido en Castilla-La Mancha. Porque según el presidente gallego, “desde los primeros cien días se viene aplicando una política presupuestaria y de gasto público responsable”. Como ya dijimos antes, esto sin contar los altos cargos de la Administración, que a ellos no se les aplica.

Feijóo no prevé la supresión del plus de altos cargos en las medidas de austeridad

01-09-2011 17:429
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó hoy que el Gobierno gallego tiene un "compromiso de austeridade" que "imos seguir cumprindo", aunque en éste no está prevista la supresión del plus de altos cargos. Preguntado sobre esta posibilidad, el dirigente autonómico explicó que cada comunidad tiene sus prioridades a la hora de aplicar criterios de austeridad. Sobre el caso gallego, indicó que existe "un consenso das forzas políticas e creo que ese consenso de momento se mantén", al menos "por agora", explicó.

Feijóo también expuso que un plan como el que está aplicando en Castilla La Mancha su presidenta, María Dolores de Cospedal, no tendrá que aplicarse en Galicia de esa forma, pues "dende os primeiros cen días" se aplicó "unha política orzamentaria e de gasto público responsable". Otras comunidades, dijo, "fan de golpe o que Galicia leva facendo" desde el comienzo de esta legislatura, explicó.

En Galicia, argumentó el dirigente autonómico, se está trabajando con un presupuesto "similar" al de los años 2005 o 2006, si bien no se debe afrontar una situación que afecta a otras comunidades, que intentan "cumplir os criterios de déficit". "Galicia iso xa o ten", defendió.

No obstante, explicó que "imos seguir traballando para controlar o déficit e cumprir en solvencia". "O que fixo Galicia era o que había que facer. Se todos dende 2009 aplicaramos unha política responsable non estaríamos agora incumprindo o déficit e non nos plantexaríamos unha reforma constitucional".

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