La principal cadena que maniata la actividad económica en España e impide su crecimiento es el altísimo nivel de endeudamiento alcanzado por los agentes económicos privados durante el boom del crédito. Su reducción hasta niveles digeribles es fundamental tanto para que la banca reactive la concesión de nuevos préstamos como para que familias y empresas liberen recursos para nuevas aventuras de inversión.

Gráficamente es afortunado el símil de que las crisis de crédito son como las borracheras a cierta edad: cuanto mayor es la ingesta de alcohol, mayor es la resaca. Y en ello está ahora España: una descomunal resaca para desintoxicar su economía, para desapalancar los balances de los particulares y las empresas. Y hasta ahora, tres años largos después de que saltasen todas las alarmas, de que comenzase la crisis, el desapalancamiento ha sido prácticamente nulo.

Hace una semana el consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz, comentaba que las necesidades de desapalancamiento en España eran de al menos 200.000 millones de euros para poner el contador del crecimiento a cero. Tal cantidad de crédito supone unos veinte puntos de PIB, y una docena larga de puntos sobre los niveles de endeudamiento privado actual. En tal operación la economía española puede emplear varios años, lo que supondría una larga temporada de crecimientos muy modestos, pese a acumular ya casi una docena de trimestres en recesión o al límite, y contabilizar casi cinco millones de parados.

La operación de desintoxicación de la economía terminará produciéndose por activa o por pasiva. O por iniciativa de una demanda paralizada, o por la iniciativa de la banca, que con una selección darwinista de sus clientes recortará el crédito hasta niveles desconocidos, tal como ya está haciendo ahora. Lógicamente esta reacción se produce porque no sólo los hogares y las empresas sin víctimas de su propia bulimia crediticia, sino que también la banca tiene que reducir ahora el crédito de sus balances para recapitalizarse.

El volumen agregado de crédito del sistema financiero a los sectores productivos residentes alcanzó sus máximos al finalizar el ejercicio 2008, cuando ya la crisis había consumido algo más de un año y los niveles de empleo comenzaban a resentirse seriamente. En términos relativos los 1,869 billones de euros de crédito concedidos en España suponían el 171,86% de un Producto Interior Bruto que hasta ahora es el más elevado logrado por España jamás en términos nominales. Incluso en 2009, aunque se produjo un ajuste importante en el volumen de crédito, persistió su crecimiento en relación al PIB, ya que la recesión pasó factura a la producción nacional, y el apalancamiento llegó hasta el 174,29%.

Dos años después del pico en el nivel de préstamos concedidos en España, el lastre abandonado es poco más que simbólico. Al terminar el año 2010 los empréstitos vivos ascendían a 1,843 billones de euros, y el nivel relativo únicamente había descendido en ocho décimas porcentuales, hasta el 173,54%. Es cierto que de forma paralela a esta especie de estancamiento en los niveles de duda, los españoles, al menos las familias, han forzado sus niveles de ahorro, que siempre serán bienvenidos para una ulterior explosión de la inversión.

Por sectores de actividad la corrección se ha producido únicamente en la construcción, promoción inmobiliaria y adquisición de vivienda. Estas tres partidas, junto con los servicios inmobiliarios, acaparan ahora el 59,3% del crédito, con 1,093 billones de euros, mientras que en 2007 llegaban al 61,36% (1,08 billones).

El protagonista fundamental del desapalancamiento han sido los hogares, que acaparaban crédito por valor del 85,7% del PIB al terminar el año 2009 (su máximo) y ahora el peso relativo de sus deudas ha descendido hasta el 83,85% del PIB. Las empresas han hecho un menor esfuerzo, aunque acumulan crédito por 1,3 billones de euros.

Las administraciones públicas, por su parte, acaparan un fuerte crecimiento de su deuda desde que comenzó la crisis, fundamentalmente por la caída de ingresos fiscales regulares, que han tenido que ser sustituidos por crédito o emisiones de deuda, así como por el incremento del gasto. Así, si en 2007 la financiación bruta a las administraciones públicas era de 380.660 millones de euros, un 36,11% del PIB, y ahora supera ya los 667.000 millones, con una participación en el PIB de más del 60%.