La posibilidad cierta de verse forzados a abandonar el poder tras las elecciones del año próximo ha hecho que los socialistas andaluces reaccionen de la forma a que nos tienen acostumbrados, que no es otra que llevar a cabo con la máxima premura la validación de las cacicadas que han protagonizado en estas tres décadas, especialmente en lo referido a la contratación de personal funcionario para la administración andaluza.

Esto es lo que ha venido haciendo la Junta de Andalucía en los últimos años, con el resultado de que actualmente hay más de 30.000 trabajadores en esta administración paralela que, de permanecer bajo el actual estatus jurídico sometido a la legislación laboral, podrían ser despedidos en caso de que los nuevos responsables autonómicos así lo decidieran, por ejemplo, para racionalizar los costes de una administración desmesurada.

Pues bien, con el fin de atar las manos al próximo presidente de la Junta andaluza, el equipo de Griñán se ha empleado a fondo para que esos más de treinta mil enchufados adquieran un estatus especial dentro de las estructuras administrativas de la comunidad autónoma, de forma que resulte prácticamente imposible desprenderse de ellos sea cual sea el resultado de las próximas elecciones autonómicas que, en Andalucía, previsiblemente, coincidirán con las generales como ha ocurrido siempre.

El pasado sábado, el boletín oficial de Andalucía publicó, en efecto, los decretos por los que se aprueban los "protocolos de integración de personal" de las nuevas agencias creadas al efecto por Griñán. En concreto, son cinco agencias (Conocimiento, Servicios Sociales, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, además de Obras públicas), que junto con el Servicio Andaluz de Empleo, absorben todo el entramado societario paralelo montado por los dirigentes socialistas así como a sus trabajadores.

En estas nuevas agencias prestarán sus servicios, en un revoltillo que tiene escandalizados a los sindicatos independientes, los funcionarios de la Junta de Andalucía que sean transferidos a estos nuevos órganos, junto con los contratados a dedo por toda esta red de empresas públicas que ahora es absorbida por los seis chiringuitos de nueva generación. De esta forma, si bien los 30.000 contratados a dedo no van a convertirse en funcionarios directamente –aunque lo harán previsiblemente a través de oposiciones restringidas llegado su momento-, no es menos cierto que su condición laboral cambia radicalmente al convertirse en personal de la Junta de Andalucía, con lo que su despido será a partir de hoy prácticamente imposible.

Los sindicatos autodenominados "de clase", UGT y CCOO, han dado su conformidad a este auténtico escándalo que tiene soliviantado al resto de los sindicatos independientes de funcionarios en Andalucía, encabezados por CSIF y USO, los cuales están llevando a cabo una serie de movilizaciones cuyo distintivo es la camiseta naranja patrocinada por la PEPA (Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía).

La próxima manifestación para protestar contra el gobierno de Griñán será en Sevilla el próximo 14 de mayo, aunque no se espera ningún resultado pues, por si quedaba alguna ofensa que cometer, la normativa que valida este escándalo laboral sin precedentes entró en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín oficial de andalucía, es decir, el 1 de mayo, Día del Trabajo.