El Ayuntamiento de Alcorcón vuelve a ser condenado por moroso

2 mayo, 2011




Enrique Cascallana, alcalde de Alcorcón.

El Ayuntamiento de Alcorcón ha sido condenado al pago de cerca de 110.000 euros en concepto de principal, intereses y costas, por los reiterados impagos del alquiler de las oficinas de la Dirección General de Medio Ambiente entre julio de 2007 y julio de 2009. Las oficinas, junto a sus correspondientes plazas de garaje, fueron contratadas en julio de 2007 para albergar la dirección general mientras se ejecutaban las obras del nuevo ayuntamiento.

En la Junta de Gobierno Local celebrada el 10 de julio de 2007, presidida de manera accidental por el primer teniente de alcalde Marcelino García Domínguez, se aprobó un gasto de 50.556,62 euros, en concepto de arrendamiento de las oficinas; y otros 11.757,34 euros, en concepto de arrendamiento de las correspondientes plazas de garaje. Las oficinas estaban situadas en el edificio Antares del Polígono Urtinsa lo cual, según el euipo de Gobierno, era una ventaja estratégica, ya que se encontraba muy cerca de la sede de la Concejalía de Parques y Jardines, de la que depende la Dirección General de Medio Ambiente.

La motivación tiene mucho que ver con el hecho de que, mientras el Ayuntamiento de Alcorcón tiene un enorme parque de inmuebles vacíos repartidos por toda la ciudad, conformando un patrimonio que el alcalde Cascallana cifra en mil millones de euros; sus responsables acuden al mercado de alquiler para contratar numerosas sedes de dependencias municipales. Ello supone que incrementan los gastos de una administración con enormes problemas financieros cuando tienen a su disposición inmuebles suficientes como para que este capítulo no resultase oneroso a las arcas municipales.

Pero en cualquier caso, el ayuntamiento regido por Enrique Cascallana no hizo frente a ninguno de los pagos mensuales de alquiler. Ello obligó, lógicamente, a que al cabo de los años, la propiedad presentara la correspondiente demanda de desahucio.

La reclamación se sustanció en un procedimiento ante los tribunales que finalmente ha concluido con una sentencia que obliga al Ayuntamiento a afrontar los pagos de alquiler, más intereses, y más costas. En total cerca de 110.00 euros.