Adeudan cinco años de cuotas o más, y no han respondido a los requerimientos de la consejería de Vivienda

01.05.11 - 03:03 - JAVIER MUÑOZ | SAN SEBASTIÁN.

El Gobierno Vasco ha decidido desahuciar a 133 propietarios de pisos sociales porque, desde hace cinco años o más, no le abonan las cuotas del préstamo blando que, con cargo a las arcas públicas, les había concedido para comprar esos inmuebles. Un primer grupo de 19 morosos -que compraron los inmuebles por menos de 40.000 euros principalmente entre 1987 y 2003- ya había sido echado a la calle recientemente por el Departamento de Vivienda, junto con otro individuo que disfrutaba de un alquiler protegido y acumulaba también más de sesenta recibos mensuales sin pagar. Sin embargo, la Administración vasca va a pisar el acelerador y ha emprendido la vía de ejecución hipotecaria contra otros 114 dueños de pisos sociales que le deben más de un lustro del préstamo y no han respondido a los requerimientos oficiales remitidos en los últimos meses.

En la consejería de Iñaki Arriola aclaran que los afectados, si bien son de economías modestas, no pertenecen a colectivos particularmente marginales, sino que son personas de muy diversa condición que, lisa y llanamente, «no se han tomado la molestia de pagar durante años». Ahora bien, en todo ese tiempo el Gobierno Vasco tampoco ha hecho nada para recordarles cuáles eran sus obligaciones, salvo enviarles rutinariamente cartas que, a la postre, no iban acompañadas de ninguna medida drástica.


Sin embargo, la crisis económica ha cambiado la situación. Las estrecheces por las que pasa el Departamento de Vivienda han obligado a sus responsables a rebañar dinero de donde sea para destinarlo esencialmente a proyectos de alquiler protegido, hoy amenazados por la actitud reacia de las cajas de ahorros a financiar ese tipo de proyectos. Así que el año pasado la consejería acometió un examen del parque de viviendas sociales -hay aproximadamente 15.000 inmuebles de arrendamiento público en Euskadi-, e incluyó también en la inspección otros 5.600 pisos sociales que habían sido entregados en propiedad hasta mediados de los noventa (a partir de entonces ese tipo de inmueble, diferente de la vivienda de protección oficial, se entrega en alquiler salvo en casos de realojo).

El escrutinio arrojó un dato que a nadie preocupó hasta que se cerró el grifo presupuestario: más de un millar de beneficiarios de pisos sociales, tanto propietarios como arrendatarios, tenían cuentas pendientes con el Gobierno vasco por importe de 5,4 millones de euros. No obstante, entre esos deudores había un grupo especial de 206 grandes morosos que acumulaban sesenta cuotas pendientes o más , bien de la renta del alquiler protegido -que hoy se sitúa en unos cien euros mensuales-, bien del dinero prestado para comprar el piso, que evidentemente no procedía de un banco o una caja de ahorros, sino del Gobierno Vasco.
73 guipuzcoanos

Ese colectivo -cuyo récord lo ostenta un individuo que se pasó 23 años sin pagar- se repartía entre 115 vizcaínos, 73 guipuzcoanos y 18 alaveses. Sólo ellos adeudaban globalmente a las arcas autonómicas un total de 3,9 millones de euros. Y ahí es donde la consejería empezó a trabajar durante el último trimestre del pasado año, enviando cartas informativas a los interesados, ofreciéndose a resolver sus dudas por teléfono y concertando entrevistas para estudiar posibles aplazamientos de pago; eso sí, siempre que «manifiesten su voluntad de regularizar su situación, tal y como se contempla en el artículo 22.1 del Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco».


Hasta ahora, el Gobierno de Vitoria ha resuelto 43 expedientes de impago, ocho de los cuales han concluido con la devolución completa del dinero y 35, con un acuerdo para hacerlo a lo largo de doce meses. En la actualidad, Vivienda está negociando con otros 29 individuos, todos ellos propietarios de pisos sociales, la fórmula para ir saldando sus respectivas deudas. Pero la paciencia tiene un límite, y el resto de procedimientos, hasta 206, se están resolviendo por las buenas. A 19 propietarios y un arrendatario ya los han echado del inmueble, mientras que otros 114 propietarios seguirán el mismo camino, porque «les estamos avisando y todavía no hemos podido ponernos en contacto con ellos».

Iniciado por neofiz

¿Lo del tio con 23 años sin pagar como se explica?