El Gobierno no puede hacer frente a la actual situación económica y la oposición se mantiene inmóvil, a la espera de que el Ejecutivo caiga por su propio peso. Ante el desolador paisaje que pinta el Centro de Investigación y Estudios Republicanos (CIERE), la organización plantea un Gobierno de unidad transitorio, con caducidad de marzo del año que viene, para que España pueda plantarse ante Bruselas y ante los mercados. La solución a los problemas de financiación de España pasaría, según esta tesis, por una quita de su deuda. Es decir, porque el Reino de España dejara de pagar a los inversores que confían en sus cuentas a cambio de dotarla de liquidez.

Los rescates de Irlanda y Grecia intentaban evitar precisamente este terremoto financiero. Aunque ya en el país heleno se empiezan a escuchar rumores de una renegociación de su deuda que llevaría aparejada el tan temido default. “Es evidente que España no puede hacer frente a sus compromisos”, asegura Manuel Muela, presidente del CIERE, aunque matiza que “todo el mundo es consciente de que hablar del rescate de España no es posible, ni la propia Unión Europea tiene capacidad” para asumirlo. Por eso, la solución que proponen es que España plantee en sede comunitaria la suspensión de parte de sus pagos y unas nuevas condiciones para pagar sus intereses. El objetivo sería reducir el coste de la deuda a la mitad. Actualmente esa factura supone casi un cuarto del gasto anual del Estado.

La consecuencia más lógica ante este escenario es que al terremoto económico le sucediera una réplica política. Por eso, el instituto de estudios republicano considera que la única opción es que los partidos actuaran de la mano y que PSOE y PP conformaran un Gobierno de unidad para que España fuera vista desde fuera como un país “sólido”. Y para formalizar tan ardua tarea, desde el CIERE señalan al presidente del Congreso de los Diputados, como máximo representante de la soberanía nacional. Es decir, a José Bono, gran muñidor de los movimientos en su partido de cara al proceso de primarias. “Todo esto puede sonar poco realista o utópico”, admite Muela, quien sin embargo lo plantea como única alternativa al sometimiento de los mercados.

Más reformas

Estos movimientos políticos deberían ir acompañados de un “plan serio de reducción de gastos y reordenación económica”, que exigiría Bruselas. Hasta ahora las reformas planteadas por el Ejecutivo han contado con el plácet público de la UE o el FMI, aunque los inversores han seguido castigando la deuda periódicamente, lo que ha terminado elevando irremediablemente la prima de riesgo. Después de modificar el mercado laboral, el sistema de pensiones, de bajar salarios a los empleados públicos o de congelar las pensiones, el CIERE estaría pensando en la centralización de la Administración para reducir los gastos.

El Estado “debería recuperar algunas de las transferencias más importantes, como la sanidad o la educación”, según Muela, lo que a su juicio “conseguiría reducir los costes al evitar la duplicidad actual”. Estas medidas deberían contar con la aprobación del Tribunal Constitucional, que según el CIERE podría darles una validez “transitoria”, con el fin de plantear una reforma constitucional que legitimara de forma permanente estas disposiciones. De esta forma, Manuel Muela sostiene que “la democracia tiene vías y resortes para dar salida a las situaciones de emergencia sin tener que apelar a las viejas fórmulas autoritarias de las que España tiene amarga experiencia”.

La última pata de las soluciones que plantea el Centro de Investigación y Estudios Republicanos se centra en el sistema financiero. Y de nuevo es el Estado quien puede solventar la papeleta. Para el organismo de estudios la última reestructuración de las cajas planteadas por el Ejecutivo puede servir de base, pese a que la consideran ineficaz, ya que estiman los inversores privados no van a entrar en el capital de las cajas a menos que se pongan “precios de ganga”. Según el CIERE, la Administración debería nacionalizar transitoriamente las entidades financieras para poder separar desde dentro los activos solventes del capital inmobiliario. Así, España “estaría en disposición de exigir” nuevas condiciones a sus acreedores, zanja Muela.