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Ya son tres: Grecia, Irlanda y Portugal. Todos los medios de comunicación nos dicen que estos países “han sido rescatados” por la UE y el FMI. Si nos guiamos por el diccionario de la Real Academia, rescatar significa, en su tercera acepción, “liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia u opresión”. Sin embargo, como en las guerras, en esta crisis la verdad es la primera víctima.

Los mal llamados rescates no son sino alivios temporales que proveen de ayuda financiera a estos países durante un plazo determinado a precios más asequibles que el mercado, y a cambio de la puesta en marcha de severas medidas correctoras de los desequilibrios fiscales, con el fin de evitar su quiebra inmediata. Pero seamos serios: a quien realmente rescatan estos planes es a los actuales prestamistas de los países en problemas, que son básicamente entidades financieras europeas y norteamericanas. Si observamos la evolución del coste de las emisiones de deuda de estos países tras las intervenciones comprobaremos que éste no ha detenido su escalada y que las respectivas primas de riesgo siguen aumentando, lo que nos indica que tales rescates no descartan en absoluto la posibilidad de tener que reestructurar el calendario de pagos o acometer quitas parciales, algo que parece inevitable en el caso de Grecia y probable en los otros dos.

Esta crisis ha puesto de manifiesto una realidad de sobra conocida: la eurozona no es un área monetaria óptima y no podrá sobrevivir sin avances hacia una mayor integración fiscal, aspectos ya tratados en este blog en anteriores ocasiones. Lo que ahora está ocurriendo es simplemente que se están produciendo forzadas y temporales “integraciones fiscales” en estos países. Lo que no se hizo antes se hace ahora, tarde y mal, para evitar una muerte prematura del euro y de paso echar un cable a los acreedores, pero estos rescates no son ninguna solución para la Unión Monetaria, pues no abordan ninguno de los problemas de fondo.

Al margen de los graves defectos de creación de la eurozona, esta debacle de las finanzas públicas es la más clara manifestación del más absoluto despiste de los gestores públicos en materia de estabilidad presupuestaria, confundiendo los ocultos déficit estructurales generados en los años de bonanza con los aparentes superávit provocados por el aluvión de ingresos que la expansión crediticia proporcionó en los días de vino y rosas.

Y en medio de este marasmo nos topamos con una subida de 0,25 p.b. del tipo oficial de las operaciones principales de financiación del BCE. Antes de analizar en qué medida esta decisión beneficia o perjudica a España, conviene que nos preguntemos a quién ha beneficiado realmente que el tipo oficial se haya mantenido al 1%. Si tenemos en cuenta que a ese precio sólo pueden disponer de financiación las entidades de crédito (pues ni los propios Estados –como estamos viendo- son capaces de hacerlo, y no digamos nada de las empresas y las familias), y que estas entidades lo han hecho sin limitación alguna por parte del BCE (la famosa barra libre) para evitar el colapso, comprenderemos que hay unos claros beneficiados en esta historia.

Es cierto que una economía enormemente endeudada como la española sufrirá en mayor medida que otras la subida de tipos. Ahora bien, resulta ingenuo pensar que es posible mantener durante mucho tiempo ese nivel de tipos de interés cuando todavía contamos con un importante déficit de ahorro, cuando nuestro IPC se acerca al 4% y cuando los tipos reales hace mucho que dejaron de obedecer el dictado del BCE. En realidad, si la subida oficial no se ha producido hasta ahora se ha debido a nuestra pertenencia a este club del euro. Por otra parte, con todos los negativos efectos que tendrá el repunte de tipos sobre la demanda agregada, quizás sea éste el primer paso para iniciar de una vez un descenso en los niveles de deuda agregada, para acabar con la situación de coma de las entidades financieras -terminando con aquellas cuya continuidad es imposible y sobreviven en estado zombie- y favorecer el reequilibrio de nuestra balanza por cuenta corriente.

Las perspectivas para España no son ciertamente halagüeñas. El crecimiento económico será débil y el paro se mantendrá elevado mientras los niveles de deuda pública y privada no desciendan y no seamos capaces de mejorar nuestra competitividad internacional. Esta situación podría durar demasiado tiempo y causarnos serios problemas si no se toman las medidas necesarias en diversos ámbitos: control del déficit público (reforma fiscal, de la Administración Pública, de los servicios públicos fundamentales y del reparto competencial entre el Estado y las CCAA), sistema financiero (saneamiento y verdadera despolitización de las entidades), negociación colectiva (estableciendo un marco sectorial o provincial y dejando el resto en manos de cada empresa) y reforma de determinados mercados (energético y servicios especialmente).

De no actuar rápido y de forma valiente no seremos capaces de cumplir con los difíciles compromisos adquiridos en materia de déficit público hasta 2013. Un riesgo extremadamente grave que, viendo el panorama político, se aparece como un escenario perfectamente posible, pero que sencillamente no nos podemos permitir.

Autor: Manuel Sarachaga