Un pleito de un centenar de vecinos de Zarautz contra la construcción de 150 pisos de alquiler social al lado de sus urbanizaciones, en un solar conocido como Kortazar y donde inicialmente estaban previstas zonas verdes, amenaza los planes de las administraciones vascas para promover 3.500 viviendas protegidas en Euskadi. Las obras, presupuestadas en 13 millones de euros, han sido detenidas de forma provisional por el Tribunal Supremo, después de que los propietarios de las comunidades colindantes impugnaran el convenio suscrito por el Gobierno vasco y el Ayuntamiento para poner en marcha el proyecto; una decisión que tomaron alegando que el Ayuntamiento ha incumplido la normativa al cambiar el uso de los terrenos.
A la espera de que el Tribunal Superior del País Vasco resuelva sobre el fondo del asunto, el Supremo ha entendido que los intereses «concretos» de los propietarios que rechazan tener cerca viviendas sociales –las más modestas de todas las protegidas– prevalecen cautelarmente sobre los intereses «desdibujados» de los modestos inquilinos que se instalarán en ellas en el futuro; en el caso de Zarautz, en una zona céntrica, muy próxima a la playa.

En el Ejecutivo de Vitoria temen que esa resolución pueda ser invocada en otras poblaciones por colectivos reacios a vivir junto a alojamientos dotacionales, que son pisos de alquiler público proyectados en solares donde inicialmente iban a ubicarse equipamientos (parques, bibliotecas). El Plan Director de Vivienda contempla la construcción de 3.500 viviendas de ese tipo hasta 2013, destinadas a jóvenes y a familias de rentas modestas apuntadas en las listas del Servicio Vasco de Vivienda (Etxebide). Zarautz tiene inscritos en ellas a un millar de ciudadanos de ingresos bajos y medios que aspiran a un piso protegido. De todo ese colectivo, algo más de 700 personas optan a un arrendamiento (para conseguirlo no pueden ganar más de 22.000 euros al año).

El pleito del solar de Kortazar arrancó a finales de 2008. Fue entonces cuando las dos urbanizaciones contiguas a los terrenos recurrieron ante el Tribunal Superior vasco el convenio entre el Ayuntamiento y la sociedad pública Visesa para edificar alquiler barato allí donde tiempo atrás se habían proyectado equipamientos. Mientras la Sala de lo Contencioso ha estado debatiendo la cuestión, los demandantes han intentado que las obras no arranquen, un objetivo que también han tratado de conseguir por otra vía paralela: impugnando la licencia de obras en un juzgado contencioso de San Sebastián.

En ese segundo litigio no han obtenido la suspensión cautelar, puesto que el Tribunal Superior se ha opuesto a ella, pero en el procedimiento del convenio con Visesa sí se han salido con la suya, ya que, en última instancia, ha intervenido un órgano superior: el Supremo.

Los litigantes argumentan que los terrenos de Kortazar fueron cedidos por ellos al Ayuntamiento de Zarautz y que inicialmente tenían un destino distinto del actual. De acuerdo con su argumentación, serían irregulares la recalificación y la redensificación posteriores, introducidas en un principio para edificar pisos protegidos en propiedad y, al final, para construir alquiler social. «Por muy respetable que sea el derecho constitucional de que los jóvenes accedan a una vivienda digna, tal satisfacción no puede hacerse en contra de la legalidad urbanística, pues de lo contrario, ese derecho se verá en definitiva frustrado», alegaron los demandantes el año pasado, en una nota pública al pueblo de Zarautz.

El concejal de Urbanismo, Ubaldo Ortiz, de Ezker Batua-Aralar, discrepa de su versión. «El solar en litigio –relató a EL CORREO– fue cedido a las autoridades municipales por un promotor como parte de las cesiones obligatorias de suelo que toda empresa debe realizar en el municipio donde pretende construir». La Corporación municipal, gobernada en coalición por Hamaikabat, PNV, PSE y EB-Aralar, entiende que el cambio de uso de los terrenos es plenamente válido porque no se trata de una modificación aislada, sino que el Ayuntamiento la acometió junto a otras operaciones análogas, dentro de la revisión general del plan general de ordenación urbana (PGOU). «Tal revisión fue aprobada de forma provisional por la Corporación anterior y recibió el definitivo visto bueno de la actual», explicó Ubaldo Ortiz, quien agregó que el PP también está de acuerdo con los pisos sociales.
«Sorpresa»

El auto del Supremo ha causado ahora «sorpresa» al Departamento de Vivienda y al concejal zarauztarra, no tanto por la paralización de las obras en sí, como por los motivos aducidos para llevarla a cabo. Firmada el pasado 28 de diciembre, pero notificada a las partes hace un tiempo, la resolución no niega que el arrendamiento social sea un bien jurídico «obviamente protegible» en Zarautz. Pero a los efectos de estimar la suspensión cautelar del proyecto de Kortazar, y hasta que se aclare si el Ayuntamiento cumplió o no la normativa urbanística, el Supremo considera que los «intereses públicos» representados por el Ayuntamiento son «lejanos y desdibujados en tiempo y concreción». En cambio, los intereses «particulares» y «públicos» de las dos comunidades demandantes «se nos presentan más cercanos, presentes y concretos».

En definitiva, el auto dice que lo que defienden ambas urbanizaciones es más importante, al menos de momento, que edificar alquileres baratos en Zarautz. Tales razonamientos podrían sentar un precedente para frenar proyectos de viviendas sociales. Y ello en un momento en que las entidades financieras los contemplan con recelo y han encarecido la financiación.

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Si la cesión se hizo con el compromiso de la administración de destinarlos a zonas verdes y luego cambien de opinión me parece que los particulares también tienen derecho a cambiar de opinión o en todo caso a reclamar una indemnización. No me extraña que el supremo lo haya parado cautelarmente.

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