"No me atrevo a salir a la calle", dice la ecologista que logró paralizar el proyecto - Los vecinos temen que se acabe el empleo y el dinero del turismo

Pocos días después de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que declaraba ilegal el macrocomplejo turístico Marina Isla de Valdecañas, en el municipio cacereño de El Gordo, por encontrarse dentro de un espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000, el Parlamento extremeño aprobó una modificación de la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura (LSOTEX) para permitir urbanizaciones en estos parajes. El Gobierno regional ha admitido que intenta garantizar la continuidad del proyecto al ser de "interés regional".

El complejo se encuentra enmarcado por las sierras de Gredos y de Las Villuercas, a 160 kilómetros de Madrid, contará con dos hoteles de 4 y 5 estrellas, unas 200 villas de lujo, campo de golf y puerto deportivo. Una denuncia de Ecologistas en Acción ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a ordenar su demolición.

Desde hace cinco años, la coordinadora de Ecologistas en Acción en la zona, Paca Blanco, planta batalla a este complejo turístico, y algunos vecinos de El Gordo, según asegura, le han declarada la guerra. Desde que comenzó con sus denuncias ha sufrido daños en su vehículo y en su vivienda. "Me tiraron un cóctel molotov que casi impacta en una bombona de butano", decía días atrás. Ahora, con la sentencia a su favor, la tensión se ha recrudecido: "No me atrevo a salir a la calle". Blanco ha puesto en venta su casa y dice que quiere irse del pueblo.

Blanco no se calla, pero sí le faltan palabras para definir la iniciativa de la Asamblea de Extremadura, que aprobó el pasado 24 de marzo por unanimidad la modificación del artículo 11 de la Ley del Suelo autonómica, referido a la posibilidad de construir en espacios protegidos no urbanizables siempre que se cumpla la normativa de impacto ambiental. Una ley solo puede ser recurrida ante el Constitucional por 50 parlamentarios, el Gobierno, una comunidad o el Defensor del Pueblo, pero no por un ciudadano.

Esta propuesta de modificación de la Ley del Suelo fue presentada de forma conjunta por el Gobierno y la oposición, es decir, por socialistas y populares. No dijeron que el objetivo era el de legalizar Valdecañas, sino que se pretendía clarificar el espíritu de la ley de "combinar el absoluto respecto a los hábitats naturales con las posibilidades de progreso y desarrollo de los pueblos".

Sin embargo, el consejero de Fomento extremeño, José Luis Quintana, sí afirmó que la reforma era "una aclaración rotunda" por la sentencia y resaltó que el proyecto de Valdecañas es de "interés regional", por lo que el Gobierno extremeño debe garantizar su continuidad al ser "bueno para Extremadura", informa Efe.

La diputada popular Teresa Angulo no entra en esa polémica. Solo dice que con esta modificación legal se pretende garantizar el "derecho a la supervivencia" de los extremeños que viven en territorios protegidos. Según dijo, un 30% del suelo de la región tiene protección ambiental. En total, 1,1 millones de hectáreas, donde se localizan un centenar de pueblos. Que deben tener, dice, las mismas posibilidades de desarrollo que el resto, para no despoblarse por falta de oportunidades.

Mientras tanto, el futuro del Complejo Turístico Marina Isla de Valdecañas está en el aire. Por un lado, la Junta de Extremadura tiene previsto presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la sentencia del tribunal superior de la comunidad, y por otro, Ecologistas en Acción va a pedir la no admisión del recurso, puesto que "lo que se está aplicando es el derecho autonómico, y el único órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre el mismo es el Tribunal Superior Extremeño", dijo el abogado de este colectivo, José María Trillo. "En cuanto tengamos notificación del recurso de casación, pediremos a este tribunal la ejecución provisional de la sentencia para que, si no se procede a la demolición, al menos se paralicen los trabajos, porque nos consta que, desde la publicación de la sentencia, se han redoblado los turnos en el complejo turístico, están trabajando incluso de noche".

Trillo considera que el complejo de Valdecañas no tiene ninguna salida legal, ni siquiera con la modificación del artículo 11 de la ley del suelo, puesto que este choca con el artículo 9 de la Ley Estatal del Suelo, que prevalece sobre la autonómica.

La mayoría de la gente de El Gordo no entiende de leyes. Lo que les interesa es que el complejo turístico, que da trabajo a muchos del pueblo, y que ha traído visitantes siga donde está. Por eso aprueban el acuerdo entre PSOE y PP, pensando en los intereses de los ciudadanos, dicen.

Manuel Moreno y su mujer, Edna Días, regentan uno de los tres bares del pueblo. Satisfechos, afirman que tienen dos camareras y una cocinera, gracias al trasiego de clientes que han traído las obras en Marina Isla de Valdecañas. "Todo el pueblo está a favor del complejo. No hay familia que no tenga, al menos, a uno o dos miembros trabajando allí", y añaden que "es importante el medio ambiente, pero más importantes son los empleos". "Además, aquello ha quedado bonito". Lo saben porque hace un tiempo, en el pueblo se fletaron dos autobuses para que los vecinos vieran de cerca la urbanización, a la que se accede por una carretera privada. Ayer, por ella circulaban camiones de construcción.

El alcalde de El Gordo, el popular Bautista Sánchez Monterroso, está muy disgustado: "Teníamos mucha ilusión con el complejo, nos ha costado sudor y lágrimas conseguirlo". Sabe que será difícil que se derribe lo construido, pero teme que la segunda fase del proyecto, que contempla la construcción de otras 200 viviendas, entre apartamentos y bungalows, no se lleve a cabo.

En el pueblo todo el mundo opina, menos la empresa promotora Marina Isla de Valdecañas S.L., con cuyos responsables ha sido imposible hablar, a pesar de los múltiples intentos por parte de este periódico.

Leyes a medida

Las leyes autonómicas para urbanizaciones han proliferado para evitar el control de tribunales ordinarios.

- Castilla y León aprobó una ley para construir la polémica Ciudad del Medio Ambiente, en Soria, y otra para una pista de esquí en monte quemado en Valladolid. Ambas han sido recurridas al Constitucional.

- Murcia aprobó en 2001 una ley para desproteger un parque natural en la costa y construir miles de viviendas. El PSOE llevó al caso al Constitucional. Una década después no ha fallado.

La diputada popular Teresa Angulo no entra en esa polémica. Solo dice que con esta modificación legal se pretende garantizar el "derecho a la supervivencia" de los extremeños que viven en territorios protegidos. Según dijo, un 30% del suelo de la región tiene protección ambiental. En total, 1,1 millones de hectáreas, donde se localizan un centenar de pueblos. Que deben tener, dice, las mismas posibilidades de desarrollo que el resto, para no despoblarse por falta de oportunidades.