A partir de ese momento comenzaron las denuncias, en grupo y particulares, pero una de ellas, aludiendo a un defecto de forma llegó al Supremo y la sentencia da la razón a los trabajadores, pero claro 7 años después.

Esto provoca una rocambolesca situación porque mañana, en grupos de 50 estos 250 empleados tienen que ir a trabajar. Muchos de ellos están ya jubilados, ni siquiera cobran de la empresa y el resto están prejubilados. La media es de 60 años y no hay carga de trabajo para ellos. Ahora los trabajadores acaban de protagonizar un encierro porque el futuro de más de 200 de ellos sigue en el aire. De momento el actual comité de empresa está valorando qué acciones tomar, la empresa guarda silencio y desde la consejería de Trabajo estudian la situación.

"Yo estoy jubilado ya por la Seguridad Social y entonces me encuentro que tengo que ir a la empresa donde me tendrán que dar de baja de la pensión de la Seguridad Social y cotizar de nuevo en la empresa, es un poco raro pero así debe ser. Allí no podemos hacer nada, como mucho nos pueden hacer asistir a cursillos de formación. Esto ha sido un fracaso total desde el principio se hizo mal, rápido y de mala manera, así han salido las cosas, con el consiguiente conflicto que tenemos con la gente que está trabajando", apunta Iñaki, de sesenta años, que mañana tendrá que asistir al trabajo tras siete años dedicándose a sus cosas.