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La crisis condena a más de 50.000 familias en Catalunya a quedarse sin casa al no poder pagar laJaime hace meses que no puede dormir. Tiene pesadillas. Le echan de casa y se queda en la calle con sus cuatro hijos y un nieto de dos años y medio sin nada que comer. Este sueño se repite cada día y no sabe qué hacer para borrarlo de su mente, porque se ha convertido en una amenaza real. Sobre sus hombros pesa una deuda de 175.000 euros y un aviso de desahucio que tarde o temprano se hará efectivo. Él lo sabe, pero afirma que no se irá de casa hasta el final: “Sólo si me echan”. Su caso no es distinto al de Elisa, Napoleón o María. O de las más de 50.000 familias catalanas desahuciadas (250.000 en toda España) que desde que empezó la crisis (2007) han perdido su hogar por no poder pagar la hipoteca.
Precisamente, ayer el Parlament acordó tramitar diversas proposiciones de ley para trasladar al Congreso la aprobación de los cambios legales necesarios para que se pueda cancelar una hipoteca con el retorno de la vivienda, la denominada dación en pago, que se aplica en otros países como EE.UU., el Reino Unido o Francia. Una fórmula que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, descartó, aunque se comprometió a buscar sistemas de protección para estas familias y crear una comisión que estudie medidas para ayudar al pago de la hipoteca.
Esta es la esperanza de Jaime Carena: que pase algo y las cosas se arreglen. Procedente de Ecuador, compró un piso en CiutatMeridiana. Era el año 2006; tenía un trabajo seguro como mozo de almacén, por el que cobraba 1.200 euros mensuales. Su mujer –aún no se había separado– recibía 500 al mes. Y pese a estos bajos ingresos consiguieron una hipoteca por por el 100% del valor de la vivienda: 258.893 euros.
Meses más tarde contrataron un préstamo de 20.000 euros. “Pensé que podría con todo, pero no era tan fácil”, se lamenta ahora. Desde el principio este dinero sirvió para pagar la hipoteca. Era imposible hacer frente a la cuota mensual de 840 euros –luego 1.200–, la luz, el gas, el agua y la alimentación de los suyos. A principios del 2010 dejó de pagar. De un día para otro, su mujer se marchó. Se quedó solo, sin trabajo y con dos hijos menores, que están estudiando, dos mayores, en paro, y un nieto. En mayo del año pasado subastaron su piso. Se lo quedó la caja por el 50% de su valor. Ya no es suyo, los suministros los continúa pagando, pero la comunidad de vecinos no, por lo que hace unos días recibió una demanda. Este es el menor de sus problemas. El juez ya ha emitido la orden de desahucio y sabe que es cuestión de días. “No puedo volver a Ecuador, vine aquí para superarme y no tengo dinero para pagar los billetes”, explica.
Estos días ha vuelto a trabajar en una obra en Santa Eulàlia de Ronçana, tarda más de una hora en llegar desde su piso de Ciutat Meridiana. “Antes era más bonito, teníamos muebles y lo adecentamos cuando entramos a vivir. Aquí pude reunir a mi familia en el 2007 para empezar una nueva vida, pero... Al menos me hundo solo y no arrastro a nadie”, dice en referencia a que no necesitó ningún aval para comprar el piso.
Por la cabeza de Napoleón Díaz también pasa volver a Ecuador. “Sería una huida y aunque nos traten como delincuentes no hemos cometido ningún delito”, comenta en el comedor-habitación en el que se amontonan las cajas. Vive junto a su mujer, María Gálvez, y sus dos hijos de 15 y de 10 años en un piso del barrio de Campoamor de Sabadell. Pagó por él 232.000 euros en el 2006. El día 30 de marzo lo tiene que abandonar. Se marchará sin piso, pero con una deuda en la maleta de 200.000 euros, de la cual 73.000 euros son las costas del juicio que acabó con la compra del piso por parte de la entidad bancaria. “Que nos ocurra esto a gente que hemos trabajado toda la vida... no es justo”, señala.
Los 820 euros que empezó a pagar al principio se convirtieron en 1.500 cuando se dispararon los intereses. Su trabajo como fontanero bajó y tampoco le llegaba con el dinero que sacaba en un segundo empleo los fines de semana. Su mujer, diplomada en empresariales, afortunadamente continúa trabajando. Pero la deuda es demasiado alta. “Fuimos a negociar, pero nos planteaban endeudarnos más. Pedimos dejar de pagar durante un tiempo, pero no accedieron”, sentencia.
Ifi Didia y su mujer, Elisa Díaz, también denuncian la poca flexibilidad de las entidades bancarias. “Pedimos retrasar el pago. Yo ganaba 1.700 euros, pero nos dijeron que no”, denuncia Elisa, que trabajaba entonces como interina en la Generalitat. Fue en el 2008 cuando empezaron sus problemas, Ifi tenía una empresa de importación de vehículos, pero tuvo una racha de mala suerte. Luego ella se quedó sin trabajo y la deuda empezó a crecer. En octubre subastaron su piso. Deben al banco 196.000 euros, más las costas del proceso judicial. Y lo peor de todo, los padres de Elisa, que los avalaron en la compra de la vivienda, deberán pagar 9.500.
En la casa de Ifi y de Elisa –tienen una niña de seis años– la mitad de las cosas están en cajas. No saben si se tendrán que ir el 2 de junio, fecha prevista para el desahucio. El segundo. El primer intento fue en marzo, suspendido por la presión vecinal –la entidad Afectados por la Hipoteca celebró actos de apoyo– y por un error de forma del juzgado. Cuando relatan cómo compraron la vivienda en abril del 2007 aún se sorprenden. No tuvieron ningún problema por pedir una hipoteca de 315.000 euros, cuando el piso costaba 290.000. Y ahora Elisa se pregunta si tiene que vivir sólo para pagar a un banco.
Según el secretario general de la Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes de Catalunya, Jofre Farrés, la situación en la que están estas familias las conduce a la exclusión social. “Se convierten en jovenlandesesos de por vida y se les puede embargar el suelo. No podrán ir a vivir a un piso de alquiler por la deuda contraída”, advierte. Ada Colau, de Afectados por la Hipoteca, aclara que “no son personas que no quieran pagar, es que no pueden”. Colau reclama la dación en pago y que los afectados por esta situación puedan continuar en la vivienda pagando un alquiler al banco.
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