Las cifras de empresas y dineros afectados por el fraude en las subvenciones de la Unión Europea (UE) para la creación de puestos de trabajo. Según El País, el dinero defraudado asciende a 24 millones de euros y las empresas a más de 1.500 firmas de siete provincias que lo emplearon de manera irregular.

Según ABC, son 800 las empresas que han practicado el fraude en las ayudas al empleo y se investigan 6.000 casos más. Los dineros podrían llegar a 25 millones de euros. Hay una investigación en marcha que dirigen la Fiscalía del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía y la Guardia Civil coordinaron la investigación y van a intervenir la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, la consejería de Empleo y las fiscalías provinciales.

Lo más grave sin embargo es que el asunto ha llegado a la oficina antifraude de la Unión Europea, la OLAF, lo que podría significar la suspensión de las ayudas al empleo procedentes de Europa en Andalucía

Las 800 empresas investigadas hasta el momento han defraudado nada menos que 3 millones de euros. Esto es, el fraude detectado significa, como mínimo, el 30 por ciento del total de las subvenciones concedidas, según ABC.

La cantidad media defraudada por empresa ronda los 16.000 euros, pero el gran problema, según el diario de PRISA, "es que el fraude estaba muy extendido entre las empresas andaluzas y esto puede repercutir en las futuras ayudas procedentes que conceda la UE a Andalucía."

La incomprensible posición del PSOE

Sin embargo, el consejero de Empleo, Manuel Recio, afirmó ayer que es "mentira" que la Junta no haya mantenido un control sobre la gestión de las ayudas al empleo. Si es cierto que Empleo ha realizado 7.000 inspecciones desde 2007, habrá que examinar en qué consisten esas inspecciones por si también hay algún fraude o defecto en ellas. Como añade El País, "a tenor del fraude masivo detectado, las comprobaciones de los inspectores de Trabajo fueron claramente insuficientes. Además, los agentes de la Guardia Civil cruzaron los datos sobre los trabajadores facilitados por las empresas con los de la Seguridad Social, una operación que podrían haber realizado los inspectores con relativa sencillez, según fuentes del caso."

Igualmente, ayer, tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, desmintió rotundamente la existencia de "ninguna clase de fraude generalizado en las bonificaciones a empresas" y rechazó las acusaciones de «falta de control» por parte de la Junta. A su juicio, el PP, por hacer «daño al Gobierno, comienza a estar dañando seriamente la imagen de los empresarios y de los trabajadores andaluces». «No ha habido ninguna clase de descontrol ni de fraude masivo, sino todo lo contrario, ha habido un control masivo y una actuación diligente desde el minuto uno por parte de la Junta", sentenció la consejera y recogió Europa Press.

La hoja de ruta

La ayuda investigada consiste en que la UE aportaba el 80% del costo de convertir a un trabajador eventual en fijo y la Junta el 20% restante. Para recibir la ayuda los empresarios firmaban un compromiso que incluía mantener cuatro años al trabajador en sus nóminas, que es lo que no restaban las empresas implicadas. Esto es, cobraban las subvenciones y luego despedían a los trabajadores. A veces, a los quince días.

Extrañamente, la investigación no he llegado a un Juez de Instrucción por lo que no se puede interrogar a ninguno de los implicados. La investigación se remonta al menos hasta 2008; es decir, un periodo de tiempo en el que era presidente de la Junta de Andalucía el actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y en la que su mano derecha en ese ejecutivo era su actual secretario de Estado, Gaspar Zarrías, quien entonces estaba al frente de la Consejería de Presidencia. Griñán era consejero de Economía y Hacienda.