Pablo Molina

El principal caballo de batalla de los economistas para conocer el estado real de las cuentas españolas es, como ha señalado repetidamente el presidente de nuestro grupo, Alberto Recarte, la imposibilidad de determinar la deuda que acumulan las empresas públicas, organismos autónomos, sociedades participadas, fundaciones y demás órganos en los que las 17 comunidades autónomas participan presupuestariamente.

En la información económica que están obligadas a incluir en la ley anual de presupuestos, las comunidades autónomas evitan recoger las deudas acumuladas por el holding de empresas públicas que acaparan sus distintos departamentos, limitándose a ofrecer las cuentas del pasado ejercicio (sólo en el caso de empresas mercantiles) y las dotaciones presupuestarias actuales, es decir, el dinero público con que van a contar para el presente ejercicio.

Salvo la Comunidad Foral de Navarra, que elude ofrecer al lector el resumen presupuestario de los gastos que le van a suponer sus 47 órganos autónomos, y Castilla León, que ofrece el dato económico pero no el nombre y número exacto de las sociedades en las que participa como accionista, el resto de las comunidades autónomas incluyen en sus presupuestos generales para el año 2011 una relación prolija de todos los entes de su propiedad o en los que mantienen una participación mayoritaria.

El resultado es el siguiente cuadro, en el que se detallan por comunidades tanto el número de entidades participadas de una u otra forma como el presupuesto que van a manejar en el presente ejercicio.



Como puede apreciarse destaca sobremanera el caso catalán, con casi 250 entidades de este tipo que escapan al control presupuestario, que les afectaría si formaran parte de la administración general de la Generalidad catalana. Asimismo, el coste de estas sociedades, libres de ser gestionadas con la mayor discrecionalidad por los políticos puestos al frente de ellas, supera los 14.000 millones de euros, cifra a la que sólo puede aproximarse la comunidad andaluza aunque, eso sí, con 174 empresas públicas menos en las que colocar a los allegados.

Prácticamente todas las autonomías incluyen en este tipo de entidades a los organismos encargados de gestionar la sanidad, competencia transferida a las comunidades autónomas, pero junto a estos servicios regionales de salud, cuya misión está justificada, proliferan cientos y cientos de organismos de dedicados a las tareas más variopintas, desde el mecenazgo cultural a la memoria histórica y, lo que es peor, con un grado de opacidad casi absoluto en torno al manejo de los fondos públicos asignados, puesto que las prevenciones derivadas de la normativa en materia de contabilidad pública no operan cuando el sujeto jurídico no forma parte de la administración autonómica, como ocurre en la totalidad de los casos analizados.

Casi 800 empresas, organismos, fundaciones y otras figuras jurídicas igual de imaginativas van a ser financiadas este año por los ciudadanos de cada comunidad autónoma. En concreto, son 795 entes que sepamos, pues las autonomías no son demasiado diligentes a la hora de ofrecer información precisa en este terreno.

¿Coste? 70.000 millones de euros es lo que los españoles vamos a tener que pagar este año para financiar este invento mastodóntico, sin que podamos saber a ciencia cierta cuál es el beneficio que vamos a obtener tras semejante dispendio. Ésa es una información que sólo conocen los directivos de los 800 chiringuitos regionales. Y no parece que estén muy locuaces, al menos en lo que respecta al dinero.

Los 'chiringuitos' de las CCAA manejarn 70.000 millones de euros en 2011 - Libre Mercado


Mi apunte: esto es sólo la parte "oficial". Faltan los contratos de las empresas semipúblicas y los efectuados con empresas privadas del ámbito político o políticofamiliar, y que viven a expensas del dinero público y con los contratos ganados de "aquella manera". Estas últimas representan la parte mollar de la que nadie se atreve a dar cifras.

En definitiva, los 70.000 kilos, son sólo para empezar a entender de qué hablamos

Pues el presupuesto de Euskadi sale muy bajo en relación con el PIB (creo), y eso se debe a que aquí la parte gorda la manejan las Diputaciones, ejemplo: la CAV sólo controla y recauda el impuesto sobre el bingo (verídico), las Diputaciones todos los demás.

El presupuesto, es "sólamente" el dinero destinado para esas empresas públicas "reconocidas". ¿Y si se autofinancian por contratos (con otra-s AAPP), como por otra parte es lo más lógico y escapa así al control público?

A mi me parece llamativo que el número de empresas públicas reflejados sea tan bajo. Por otra parte la chicha mollar se encuentra en los contratos "digitales" a empresas privadas del entorno político-familiar.

Sobre el PV conozco algunas de estas empresas en el entorno tecnológico y no creo que estén entre esas 20 (por sus extraños mecanismos de constitución y financiación, área de trabajo, etc). E igualmente en otras CCAA.

En definitiva, aún yendo el artículo en la buena dirección, peca de optimismo y de ausencia de datos. Y mucho. Al menos intentan indagar en el problema

Las autonomías no son un chiringuito....

!! Son el auténtico monstruo de las siete cabezas !!



A ver quien es el Titán que termina con él.

....de las 17 cabezas. Van a morir de éxito. El titán ha sido "el pisito"

Es como el típico ejemplo de dinámica de sistemas de los venados y la hierba. La manada ha crecido mucho al haber mucha hierba y ningún predador.... pero se la han zampao toda y es hora de morir y que el sistema se reequilibre.