El sistema bancario español: ¿quo vadis?

En los dos últimos años, el sector bancario español se ha enfrentado a su transformación más significativa en cuarenta años, desde que se inició el proceso de liberalización financiera a finales de la década de 1970. La consolidación financiera que suele acompañar a las crisis bancarias y, en paralelo, las iniciativas regulatorias conducentes a la ordenación, saneamiento y recapitalización han propiciado cambios sustanciales en las entidades de crédito españolas. En los últimos meses, en medio del turbulento escenario que ha dibujado la crisis de la deuda soberana, nos hemos preguntando qué necesitaba el sector bancario español para recuperar definitivamente la confianza externa y crecer. Esta es, sin duda, una pregunta pertinente cuya respuesta definitiva aún no parece haberse encontrado. En este proceso, en especial en los últimos meses, se ha echado de menos un mayor debate a fondo, de la enjundia que pudo tener, por ejemplo, el desarrollado por los economistas en torno a la reforma del mercado de trabajo o de las pensiones. Esta mayor discusión pública podría haber enriquecido el proceso. Confiemos en que en el futuro exista ese mayor debate, que ayudaría a superar los desafíos financieros pendientes.

Las últimas iniciativas regulatorias han acabado orientándose hacia el aumento de la solvencia, incrementando los requerimientos de recursos propios de las entidades financieras. El Real Decreto Ley 2/2011 ha hecho estas exigencias explícitas y ha abierto la posibilidad a supuestos de nacionalización parcial y temporal de entidades en casos de incumplimiento. Sin embargo, aun cuando se trata de una iniciativa ambiciosa -al tiempo que costosa y dura para las entidades financieras, en particular para las cajas- y aun considerando que mayores ratios de solvencia son siempre bienvenidas por los inversores, la nueva normativa no puede por sí sola cerrar el círculo de las reformas bancarias en España. Son necesarios, cuando menos, dos ingredientes adicionales fundamentales.

Sobre el primero se ha hablado largo y tendido: la aclaración definitiva de la exposición de cada entidad al sector inmobiliario y de la pérdida esperada por esta exposición. Los datos fluyen poco a poco y seguimos emplazados a una cuantificación definitiva de los riesgos y pérdidas efectivas y latentes, que concilie las distintas fuentes y aproximaciones contables ofrecidas hasta el momento y que, de una vez por todas, despeje las dudas de los inversores.

Sobre el segundo ingrediente necesario para cerrar la reforma se ha hablado menos, pero es probablemente el más importante en el largo plazo. Se trata de delimitar qué planes de negocio y hacia qué modelo de servicios financieros se dirige el sector bancario español que le permitan tener la rentabilidad necesaria.

En los años anteriores a la crisis, buena parte del crecimiento de este sector se condujo bajo el respaldo de un aluvión de financiación foránea y mediante la inversión en actividades ligadas al ladrillo. Es preciso un modelo nuevo, y hacerlo explícito es un gran reto que hay que afrontar cuanto antes porque las reglas han cambiado. En particular, lo que antes de la crisis fueron recursos financieros instrumentados en deuda hoy serán, necesariamente, inversiones en capital, y para lograrlas es preciso explicitar cuál será el modelo futuro de generación de recursos, entre otras muchas gestiones.

La vorágine de adaptaciones que supone la consolidación del sector y las iniciativas regulatorias puede estar abrumando a las entidades financieras y sus gestores y reduciendo el margen temporal, espacial y mental para que estos definan hacia dónde va su negocio. Sin embargo, redoblar los esfuerzos en el marco del negocio es primordial, es un deber que ya toca y que supone un cambio no solo económico, sino organizativo y cultural en la banca minorista española. Desde una perspectiva práctica, consiste en asumir que el nuevo Decreto de Reforzamiento del Sistema Financiero (RD-l 2/2011), junto con el que supuso el cambio de la ley de cajas (RD-l 11/2010) y el propio FROB (RD-l 9/2009) no solo han obligado a muchas entidades financieras a integrarse, crecer y reforzar su capital, sino a adoptar una nueva estructura de gestión más global y abierta, que no solo afecta a su estructura financiera, sino también al negocio y la gobernanza.

Los bancos y cajas españoles llegaron más tarde a la crisis, protegidas en un modelo de provisiones contracíclicas y de supervisión que hizo que los problemas tardaran en manifestarse en toda su crudeza. Fue esta supervisión la que evitó que nuestro sector financiero se involucrara en los vehículos estructurados de inversión que dieron pie a la crisis, si bien no se previno del mismo modo el exceso en la exposición inmobiliaria. Probablemente durante demasiado tiempo, este sistema de protección supuso que tal vez se confundieran los problemas de liquidez con un problema de fondo de solvencia, que ahora es precisamente el que se ha acabado afrontando. Además, con el RD-l 2/2011 se ha preferido fijar distintos niveles de coeficiente regulatorio atendiendo a otros criterios, como la propiedad del capital social o la apelación mayorista para obtener liquidez, cuya relación con el nivel de capital necesario no está suficientemente documentada.

Además, esta importante batería de actuaciones contrasta con algunos de los análisis contemporizadores que, desde algunas esferas públicas, hablan de aparentemente modestas cantidades de recursos -entre 15.000 y 20.000 millones de euros- que finalmente pueden necesitarse aplicar desde el FROB para recapitalizar las entidades financieras. No termina de entenderse que la regulación vaya in crescendo cuando, al parecer, según algunas opiniones oficiales, la situación se está normalizando. Pero todo tiene una explicación, al menos parcial.

La hoja de ruta de la reestructuración bancaria solo podrá completarse cuando el esfuerzo mayúsculo que se está exigiendo a las entidades en materia de provisiones se concilie con la solución para su pérdida esperada. Si las estimaciones -algunas, sin duda, exageradas- que muchos institutos de análisis desarrollan respecto a la pérdida esperada y los recursos de capital necesarios para afrontarla son sustancialmente mayores que las que parecen deducirse de fuentes oficiales es por dos motivos. Uno, porque se está infravalorando la principal apuesta que el supervisor ha desarrollado para afrontar esta situación: incrementar las provisiones. Dos, porque aún es preciso que se explicite qué entidades concentran los principales riesgos y cuál es el futuro de estas instituciones. El entramado contable e informativo incomoda a los analistas y a inversores extranjeros. La prioridad no ha sido explicitar y hacer transparentes estos riesgos para intervenir allí donde sea preciso, sino hacer esta intervención dependiente de una nueva exigencia de solvencia. En suma, los inversores quieren saber cómo se va a resolver el problema del deterioro de activos en una economía muy endeudada que va a crecer con poca intensidad en los dos próximos años y que tiene un problema estructural de elevado desempleo.

El escrutinio exterior ya está para quedarse porque la regulación ha apostado por una única disciplina, la del capital. Eso sí, en medio de este cambio habría que cuidar muchos aspectos tan sutiles como trascendentes. Por ejemplo, qué estructura bancaria queremos en España y qué papel tendrán las cajas en el mismo. La banca regional y local no puede desaparecer, y ese parece ser, afortunadamente, el empeño de las cajas, independientemente de la estructura de propiedad en torno a la cual desarrollen su actividad. Porque las cajas no pueden olvidar que gran parte de su valor como empresas está en su modelo de banca relacional. En todo caso, su carácter minorista, de proximidad y social debe reforzarse desde una nueva gobernanza, más profesional y global. Se trata de que las cajas no se olviden, como sostenía Kant, de que las cualidades sublimes infunden respeto, pero las bellas, amor. Porque la solvencia es una cualidad sublime, pero el valor añadido relacional y social es el que crea la fidelidad y la profundidad que se espera de las cajas. Todo el sector bancario se encamina a un negocio en el que la evaluación de riesgos será más abierta.

Una vez reducido el peso inmobiliario en los balances bancarios, las entidades financieras -y en particular, las cajas- tienen que asumir con todas las consecuencias su papel de evaluadoras de proyectos de inversión. Las pymes deberían ser las receptoras fundamentales de este cambio, y las cajas, los prestamistas relacionales que lideren el proceso. Eso sí, desde una nueva perspectiva profesional más abierta y global, con un núcleo financiero articulado en torno al valor del capital y un núcleo económico desarrollado a partir de su valor de franquicia. Eso es lo que los inversores foráneos quieren ver materializado y detallado, con una profesionalidad que alcance nuevas cotas y dimensiones globales, ambiciosas y absolutamente planificadas. -

Santiago Carbó Valverde es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de estudios financieros de Funcas.

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