Cinco Días - Ginebra - 03/03/2011

En el marco del Salón del Automóvil de Ginebra, Prieto explicó que parte de estas variables es el peso del mercado doméstico, un factor más influyente de lo que la gente se cree para mantener las fábricas en España.

Aseguró que el coste laboral de las plantillas no pesa tanto en la estructura industrial española y, sin embargo, influyen más los costes logísticos, agravados por una infraestructura que ha de mejorar, en su opinión, en todas las modalidades. En este sentido, consideró que es necesario afrontar un modelo portuario más eficaz y establecer ya un nudo intermodal ferroviario-naval.

Tras ensalzar la flexibilidad laboral en el sector del automóvil, Rafael Prieto se refirió a la polémica suscitada por la enmienda introducida en la Ley de Economía Sostenible, "un hecho que crea desconfianza sobre el país, porque es desmesurado, una aberración y no tiene razón de ser". El ejecutivo defendió que la relación entre concesionarios y marcas se regule por el acuerdo entre las partes y pidió que cuanto menos intervenga el Estado, mejor.

En similares términos se expresó ayer, pero en Valencia, el director general de Renault España, Armando García Otero, quien aseguró que la polémica sobre distribución de coches dentro de la Ley de Economía Sostenible podría hacer peligrar las inversiones futuras de las "casas madre" de los fabricantes en las plantas españolas.

"Se aprobó una enmienda sin conocimiento de qué se estaba haciendo y se ha enfrentado a la red de concesionarios con los fabricantes e importadores", criticó.

No obstante, afirmó que este tipo de leyes genera desconfianza hacia España porque las "casas madre" de todos los fabricantes están fuera del país y, en estos momentos, están tomando las decisiones de inversión a partir de 2016, y "podría ser que las inversiones futuras estuvieran en peligro".

"Deberían dejar de pensar -dijo en alusión a los partidos políticos- en clave de votos y hacerlo en clave empresarial", porque tanto el Gobierno como la oposición deben ser "un acelerador" de las empresas y hablar con las partes implicadas para asegurar su viabilidad.

Sin embargo, ayer las aguas volvieron a su cauce. Todas las patronales; la de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto), importadores (Aniacam) y vendedores (Ganvam) alcanzaron un acuerdo para instar al Gobierno a que revoque la norma sobre distribución.

En concreto, el sector pide al Ejecutivo que negocie con los grupos parlamentarios la introducción de una enmienda, aprovechando la aprobación de una próxima ley, al objeto de revocar los cambios normativos introducidos en la relación entre fabricantes y concesionarios que ha desatado la 'guerra' en el automóvil.

El vicepresidente de ventas y marketing de Toyota Motor Europe, Miguel Fonseca, aseguró ayer que su compañía ha puesto en marcha una campaña de "tolerancia cero" con eventuales problemas técnicos de sus vehículos, por lo que en el futuro se llevarán a cabo más llamadas a revisión, como parte de la estrategia de transparencia de la empresa.

En declaraciones a Europa Press, Fonseca indicó que su empresa reaccionó de la forma correcta ante los problemas en el pedal del acelerador surgidos el pasado año en muchos de sus vehículos.

Además, indicó que un estudio llevado a cabo por la Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico por Carretera de Estados Unidos pone de manifiesto que no había ningún fallo en dichos automóviles. "Hemos reaccionado de la forma idónea al problema y hemos aprendido mucho con esta situación. Habrá muchas más revisiones por un tema de transparencia y porque Toyota tiene como objetivo principal la calidad y la satisfacción de sus clientes".