Con un número de parados similar al de 1998, Euskadi dedica cinco veces más al gasto social. Así lo aseguró ayer la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que el mismo día en que se confirmó que la comunidad autónoma vasca contabiliza 145.000 desempleados, informó de que el Ejecutivo autónomo gastó el año pasado 336,9 millones de euros en abonar la renta de garantía de ingresos (RGI) y la prestación complementaria de vivienda (PCV) a 55.020 unidades familiares sin recursos. A esa cantidad hay que sumarle otros 24 millones para sufragar 19.000 ayudas de emergencia social (AES) que, a diferencia de las otras dos prestaciones, no se cobran regularmente, sino que tienen un carácter excepcional.

Según explicó Zabaleta, las partidas de los tres subsidios tuvieron que ser incrementadas en un 14% respecto a lo que se había presupuestado inicialmente y alcanzaron los 389,9 millones. Respecto a 2009 crecieron un 23%, lo que se explica lógicamente por el impacto de la crisis y por el hecho de que la RGI y la PCV son derechos exigibles ante el juez, de modo que el Gobierno vasco debe pagar esas prestaciones a quienes cumplan los requisitos de la Ley de Garantía de Ingresos, aprobada en 2008. La consejera no se atrevió ayer a anticipar cuál puede ser la evolución en 2011, a expensas de conocer los datos del paro en los próximos meses y de si se produce o no la recuperación económica.

El pasado año, las personas que cobraron la renta de garantía en el conjunto de la comunidad aumentaron un 13%, lo que en números absolutos representa un incremento de 6.531 unidades familiares. De todas ellas, 4.116 estaban empadronadas en Vizcaya, 664 en Álava y 751 en Guipúzcoa. Esas cifras confirman que el reparto de los subsidios sociales es muy desigual entre los tres territorios vasco: casi el 69% de las RGI se reparten en Vizcaya (la comarca del Gran Bilbao concentra más de la mitad de la pobreza de Euskadi); el 18% se distribuyen en Guipúzcoa y el 13% en Álava.
No más de dos años

Tal y como establece la legislación, los 55.020 beneficiarios de RGI ingresaron el año pasado hasta 650, 835 o 923 euros mensuales en doce pagas, sumas que dependen del número de miembros de la unidad familiar. Entre 13.000 y 17.000 personas agregaron a ese dinero otros 250 o 320 euros más para el alquiler (PCV). Esos beneficios sólo pueden durar, en principio, dos años.

Un dato significativo es que, contrariamente a lo que se afirma, la mayoría de quienes figuran en la nómina de la renta de garantía (antes conocida como renta básica) no la reciben de forma íntegra, sino que sólo les llega a casa una parte de las cantidades máximas. Así, el 35,25% de los expedientes de RGI son de jubilados o trabajadores con incapacidades que cobran una porción del subsidio para complementar su pensión y llegar al menos al salario mínimo interprofesional.
Otro 30,15% corresponden a personas que están trabajando, pero tienen salarios muy bajos, así que reciben una parte de la renta, y en su caso la PCV completa, de tal modo que reúnen una cantidad que les anima a continuar en el tajo. A esa fórmula se la conoce como estímulo al empleo y es normal en Alemania, donde el pasado año aproximadamente 1,4 millones de trabajadores tenían ese tipo de ayudas.
De acuerdo con los datos que facilitó ayer Zabaleta, de los 55.020 beneficiarios de la renta de garantía, unos 19.000 la cobran en su integridad. Se trata de un colectivo variopinto, en el que figuran ciudadanos con problemas psiquiátricos, sanitarios o sociales. También incluye a personas que jamás han entrado en el mercado laboral y otras muchas que han pasado años fuera del él porque nunca les han llamado del Inem.
No obstante, la consejera insistió ayer en que, exceptuando a los pensionistas, todos los demás perceptores de la RGI «son activables para el trabajo» a través de Lanbide -el Servicio Vasco de Empleo-, que este año se ocupará directamente de la renta de garantía y la PCV. Ese organismo, que ha iniciado una experiencia piloto en ocho municipios, asumirá las funciones realizadas hasta ahora por los ayuntamientos (que reciben las solicitudes) y las diputaciones (que las aprueban o rechazan). Lanbide exigirá a quien reciba las prestaciones que busque un trabajo, acepte el empleo que le ofrezcan y estudie, de manera que todos los años un número de perceptores de la RGI pase al mercado laboral y deje de ser cobrador de subsidios. Zabaleta insistió en que hay que evitar que la gente «se cronifique» para que el sistema sea sostenible.




6.000
perceptores de la renta de garantía fue el aumento que se produjo entre diciembre de 2009 y julio de 2010, mes en que se alcanzaron 54.496. Desde entonces, el número se mantuvo relativamente estable.
9,73%
es el incremento registrado el año pasado en el colectivo de pensionistas que cobran una parte de la RGI para llegar al salario mínimo. Pasaron de 17.678 en diciembre de 2009 a 19.398 un año después.
19.000
rentas de garantía se pagan íntegramente en Euskadi. Los demás perceptores cobran ese subsidio sólo parcialmente. Unos 16.500 son personas que trabajan, pero tienen salarios bajos que se completan con la RGI.



Los subsidios sociales crecieron en Euskadi un 23% hasta alcanzar los 390 millones. El Correo



las ayudas de diputacion a inmigrantes empadronados, no están incluidas, no?

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Pero nos han dado el premio al hay-untamiento con las cuentas más saneadas del estado.

Podemos seguir malgastando fondos, ellos lo valen y tal.

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la renta de garantía de ingresos (RGI) y la prestación complementaria de vivienda (PCV) = renta básica universal (RBU)*

y que siga la fiesta....

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* bueno, universal, para quien le toque, para que se entienda.

Hace unas semanas la vecina (marroquí) de un hamijo le pidió que empadronase a su hijo en su piso para trincar / robar mas del erario publico.

Va a pagar impuestos su putisima madre.

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