El Estado ha hecho los deberes en materia de ajuste, ahorro y reducción del déficit. De hecho, ha acabado el año considerablemente mejor de lo que se esperaba, pero este margen de mejora se lo han comido las comunidades, ya que la mitad ha sobrepasado los límites impuestos por el Gobierno. Por este motivo, según ha anunciado la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, se va a incrementar aún más el control sobre las cuentas de las autonomías con la publicación de los planes de reequilibrio y el seguimiento trimestral de estos proyectos, que hasta ahora se supervisaban de forma semestral. No obstante, de momento, ha descartado medidas adicionales de ahorro o nuevas iniciativas para limitar el endeudamiento de las regiones.

Según ha concretado hoy la ministra, el conjunto de las comunidades han rebasado cuatro décimas el límite fijado, con un déficit del 2,8% frente al 2,4% previsto, sin incluir las liquidaciones pendientes a las Administraciones territoriales. No obstante, su evolución no ha sido homogénea, ya que la mitad cumple con el objetivo y, entre las incumplidoras hay varios grados de desfase. Así, las que han aprobado han sido Madrid, Extremadura, País Vasco, Castilla y León, Canarias, Cantabria, Galicia y Asturias. Hay otra que está en el límite, Andalucía, mientras un tercer grupo ha presentado una "desviación significativa" que requiere una actuación decidida como Aragón, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.
Sin embargo, la peor evolución la han registrado Cataluña, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha, que presentan una "considerable desviación" que hace necesario actuar con "la mayor firmeza posible" para devolver la sostenibilidad a sus cuentas, ha advertido Salgado. Para hacer frente a este desfase, la también ministra de Economía y Hacienda ha avanzado que se van a publicar sus datos de ejecución presupuestaria en términos de contabilidad nacional cada trimestre, en lugar de cada seis meses, como hasta ahora, así como sus planes de reequilibrio. En su opinión, este esfuerzo de transparencia, que retratará la situación de cada una de ellas ante los mercados, hace innecesario de momento nuevas medidas para controlar su gasto.

Dentro de las cuentas del conjunto de las Administraciones públicas que ha presentado hoy Salgado y que arrojan un desajuste presupuestario del 9,24% o 98.227 millones de euros, en línea con las últimas estimaciones del Ejecutivo, también destaca la entrada en déficit de la Seguridad Social en términos de contabilidad nacional. La diferencia de este dato frente al balance que la Seguridad Social dio a conocer hace poco más de un mes es que en el de hoy se tienen en cuenta los gastos de los Servicios Públicos de Empleo o el Fogasa, que siguen suponiendo un lastre para las finanzas públicas por el persistente aumento del paro. Según ha informado hoy la vicepresidenta, sumadas estas partidas la Seguridad Social registra un déficit del 0,24%.

También han cerrado el año algo peor de lo esperado los Ayuntamientos, que en lugar de un déficit del 0,4% han registrado un desfase del 0,5%. La única que se ha comportado mejor de lo previsto ha sido la Administración central, que en lugar de acabar 2010 con un déficit del 6,7%, según la última revisión que ha realizado el Gobierno, lo ha hecho con un desajuste del 5,56% gracias al "buen comportamiento de los ingresos impositivos". Sin contar con la participación en la recaudación de las Administraciones territoriales, presentaron un incremento del 10,9%, muy por encima de las previsiones. Entre los avances, destaca el repunte en un 46% de la recaudación por IVA hasta los 49.079 millones por el descenso de las devoluciones, el aumento de los ingresos por aplazamientos de años interiores y por la subida de tipos, que ha aportado 2.010 millones, 110 millones más de lo calculado inicialmente.

En 2009, el Estado registró un déficit público del 11,1% del PIB. Según lo establecido en la senda de consolidación fiscal comprometida ante Bruselas, el déficit de las Administraciones públicas deberá reducirse este año hasta el 6% del PIB y en 2012 hasta el 4,4%, para en 2013 alcanzar el objetivo de situar el saldo negativo de las cuentas públicas en el 3% del PIB.

Desde Bruselas, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, cuyo departamento celebra que la puesta en marcha de las reformas y los planes de ajuste han mejorado la confianza en España, no ha querido aclarar si el Ejecutivo comunitario enviará una misión para examinar las reformas sobre el terreno, como hizo la semana pasada con Portugal. "Estamos en contacto regular con el Gobierno español y estamos siendo informados sobre los planes actuales y las medidas adoptadas y previstas por el Gobierno", ha dicho Rehn. Su portavoz, Amadeu Altafaj, aseguró la semana pasada que no habrá misión antes de la cumbre del 24 y 25 de marzo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha avanzado que la presión fiscal cerró 2010 en el entorno del 31,5% del PIB, más de un punto por encima de la cifra registrada en el año 2009 (30,4%).

En una rueda de prensa sobre el balance de la ejecución presupuestaria, Salgado ha dicho que estas cifras no son definitivas y siguen lejos de la presión fiscal registrada en el año 2008 (33,1%).

La presión fiscal ha subido en España por los cambios fiscales introducidos por el Gobierno en los dos últimos años, como la subida del IVA, los impuestos especiales o la supresión de la deducción de los 400 euros en el IRPF.