¡Viva los negreros, abajo los convenios!
Carlos Fonseca

El Gobierno aprobará por decreto ley la reforma de la negociación colectiva tras el fracaso de la negociación entre sindicatos y patronal, que viene a completar la reforma laboral aprobada hace ahora un año y la de las pensiones. El alcance de los cambios lo conoceremos el viernes, pero el presidente Rodríguez Zapatero ha anticipado que girarán en torno al acuerdo que UGT, CC.OO y CEOE iban a suscribir antes de las elecciones municipales, frustrado a última hora por la presión de algunas organizaciones empresariales que desautorizaron a su presidente, Juan Rosel, por “blando”.

Sea cual sea el texto que salga del Consejo de Ministros, lo único claro es que los trabajadores van a salir perjudicados sí o sí, porque los recortes, grandes o pequeños, serán a costa de sus derechos adquiridos. Ahora bien, lo que nos va a permitir la reforma es saber qué entienden el Gobierno y el PSOE por dar “un giro a la izquierda” a su política tras la debacle electoral de las elecciones municipales, con la mirada puesta en las generales del próximo año. Su cálculo electoral es la única esperanza que nos queda.

La reforma laboral aprobada hace un año, y que tantos puestos de trabajo iba a crear, ha servido para abaratar los despidos, no para crear empleo. Lo dicen los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). El paro en abril ascendía a 4.910.000 personas, y en junio de 2010 a 4.645.500 y, además, la afiliación a la Seguridad Social ha descendido en 325.000 personas.

Tampoco ha incentivado la contratación indefinida en detrimento de la temporal. En este momento el 75,2% de los contratos existentes son indefinidos (11.374.00) y el 24,8% son temporales (3.746.000, y cuando se aprobó la reforma laboral la relación entre ambos era del 75,1% y el 24,9%. ¡Hemos ganado una décima en empleo estable! Los responsables económicos de todo esto dicen que hay que dar tiempo al tiempo, pero eso que se lo expliquen a los casi cinco millones de parados y a los 1.386.000 hogares en los que todos sus miembros están sin trabajo.

Los nuevos negreros (léase empresarios), cuya principal preocupación, como bien sabe todo el mundo, es crear puestos de trabajo estables y bien remunerados, dicen que la reforma laboral no dado resultado es porque se queda corta, es “insuficiente”. Dicho y hecho, el Gobierno, sensible a sus reclamaciones, lo va a arreglar dando otra vuelta de tuerca a los trabajadores, en esta ocasión vía convenios.

En esta época de eufemismos (desempleado suena mejor que parado) la reforma de la negociación colectiva viene envuelta en una terminología ininteligible y ambigua con la única intención de confundir y engañar a quienes la van a sufrir. La clave es la “ultraactividad”. El palabro no figura en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero se lo explico. Hasta ahora, si al vencimiento de un convenio la empresa y los representantes de los trabajadores no llegaban a un acuerdo para su renovación se prorrogaba automáticamente y, en consecuencia, los empleados mantenían los derechos adquiridos.

A partir de ahora, o bien desaparece la prórroga y el convenio decae automáticamente, como quieren los empresarios, o se limita aquella a un plazo de tiempo, transcurrido el cual sin acuerdo se recurre a un arbitraje. En este caso los derechos adquiridos pasan a mejor vida y todas las mejoras conseguidas se pierden y hay que negociarlas de nuevo. Y así convenio a convenio. Súmese a ello que la reforma laboral ya facilita el incumplimiento de las subidas salariales pactadas (“descuelgue salarial”) si la empresa aduce problemas económicos y tenemos el desalentador futuro que nos espera.

Está también la “flexibilidad”, llamada igualmente “flexiseguridad”, que viene a ser algo así como que la empresa te puede cambiar de funciones, de horario y trasladarle de lugar de trabajo sin acuerdo previo. “Ultraactividad”, “flexibilidad” y “descuelgue salarial” son males menores con un único y loable objetivo: evitar los despidos. Nos quedamos sin convenio, trabajamos más cobrando menos, nos mandan a la oficina más alejada de nuestro domicilio y, para rematar, nos cambian del turno de mañana al de tarde, ¡pero tenemos trabajo!

Los empresarios aseguran que otro de los males de nuestro mercado laboral es el elevado absentismo, que la gente se da de baja por la cara para escaquearse del trabajo. Su solución consiste en traspasar a las mutuas de accidentes de trabajo la capacidad de dar el alta a los trabajadores de baja por enfermedad común, que ahora compete los médicos de cabecera. Las mutuas no tienen ánimo de lucro, pero ya verán como los periodos de recuperación se acortan sensiblemente. La salud de los trabajadores es lo de menos. Hay que trabajar más para sacar al país adelante.

Los expertos de todo esto de que les hablo (empresarios, Gobierno, Banco de España, UE, FMI…) dicen que son lentejas, que no hay otra forma de remontar la crisis económica que asumir estos sacrificios, y se quedan tan anchos. Ni dicen ni proponen nada contra quienes la provocaron con su codicia, sus auténticos responsables. En Islandia, por ejemplo, dejaron quebrar a los bancos que incurrieron en malas prácticas para ganar más en menos tiempo y van a juzgar al ex primer ministro por negligencia grave en la gestión de la crisis. En nuestro país no solo no llevamos a los banqueros a los tribunales, sino que les damos dinero público para que saneen sus cuentas. Aquí siempre pagamos los mismos.

¡Viva los negreros, abajo los convenios! - ElConfidencial.com

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Refloto el hilo por lo actual, lo acertado de mucha parte de la información y opinión que nos muestra Sleepwalk y quienes intervienen en él.

Otro atraco perfecto...........

Reforma laboral del PP: la voladura controlada del derecho protector del trabajo
Por Juan Torres López y Alberto Garzón

El pasado viernes el gobierno del PP anunció una nueva reforma laboral que se tramitará como proyecto de ley en las próximas semanas.

Como en ocasiones anteriores, el gobierno la presenta como el camino imprescindible y seguro para solucionar el problema del paro que es el que más preocupa desde hace años a los españoles. Ahora se dice textualmente en el texto con el que ha sido presentada en sociedad que gracias a ella habrá más empleo, más empleo estable, más flexibilidad interna en la empresa, más eficacia del mercado de trabajo, más control y lucha contra el fraude…

Muy buenas palabras para que la opinión pública sienta confianza y acepte sin rechistar la nueva reforma.

¿Quién podría negarse a apoyar unas medidas que pretenden estos objetivos tan deseables?

El problema radica en que, aunque se oculte, ya disponemos de suficiente experiencia sobre lo que de verdad se consigue con el tipo de medidas flexibilizadoras, de recorte de derechos laborales y de abaratamiento del trabajo que de nuevo se vuelven a imponer.
En esta primera valoración de urgencia de la reforma no podemos hacer una análisis exhaustivo de todas ellas así que nos vamos a limitar a poner de manifiesto que, a nuestro juicio, la estrategia general que persigue y las medidas concretas más relevantes que contiene no han permitido nunca alcanzar los objetivos que dice el gobierno que van a conseguir ahora (más empleo, más empleo de calidad y mejores condiciones de la economía en general). Y que, por tanto, no hay razones para esperar que ahora puedan lograrlo.

La estrategia de la reforma
Las diferentes medidas que contiene la reforma no comportan una a una grandes novedades (salvo las referidas a la negociación colectiva que comentamos más abajo) y podrían incluirse fácilmente en las grandes líneas estratégicas de las reformas laborales que se vienen llevando a cabo desde los años ochenta:

- Abaratar el despido:
La nueva reforma reduce la indemnización de 45 días por año con un limite de 42 mensualidades en el despido improcedente y a 33 días con un limite de 24 mensualidades en todos los contratos indefinidos; modifica las causas de despido para evitar el control judicial; elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos; y facilita el despido por absentismo y el debido a enfermedad.

- Flexibilizar el marco general de las relaciones laborales:
La nueva reforma amplía las posibilidades de movilidad geográfica; facilita al empresario la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo; y permite suspender o reducir temporalmente la jornada de trabajo, sin autorización administrativa.

- Promover la negociación individual de las condiciones de trabajo acabando con la colectiva:
La nueva reforma permite la inaplicación de los convenios mediante el arbitraje obligatorio; acaba con la prórroga automática de los convenios colectivos a los dos años de la terminación de su vigencia inicial; y da preferencia siempre al convenio de empresa respecto al sectorial.

- Abaratar el empleo (especialmente de los jóvenes) permitiendo la existencia de auténticos contratos basura y la intensificación del trabajo femenino:
La nueva reforma crea un nuevo tipo de contrato indefinido que podrán utilizar el 95% de las empresas españolas y que podrá extinguirse durante su primer año sin indemnización alguna por la simple voluntad del empresario; también otro contrato para la formación y el aprendizaje que se desvincula de la formación del trabajador; modifica el contrato a tiempo parcial para permitir la realización de horas extraordinarias y se fomenta este último tipo de contratación, como dice textualmente la propia nota informativa, para compatibilizar el empleo con la vida familiar y personal, lo que, en ausencia de políticas de corresponsabilidad, especializará a las mujeres en este tipo de empleos.

Además de todo ello conlleva otras medidas como las de bonificaciones y subvenciones, cambios institucionales significativos (como acabar con el monopolio de la formación de patronales y sindicatos lo que aún es pronto para saber el efecto práctico que pueda tener), la posibilidad de que los organismos públicos lleven a cabo expedientes de regulación de empleo, más privilegios a las grandes empresas de trabajo temporal y,como corolario de todo lo anterior, facilitar la reducción de los costes laborales y la moderación salarial.

Aparentemente, a grandes rasgos, la reforma podría simplemente considerarse como realmente limitada y una más en la línea de las anteriores y tendría la misma utilidad que han tenido y que ya hemos denunciado en otros textos (¿Qué se pretende con la reforma laboral?). Pero creemos que sería un gran error no descubrir la auténtica carga de profundidad que llevan consigo estas nuevas medidas laborales.

A nuestro juicio, la reforma del Partido Popular comporta una gran novedad y es que prácticamente renuncia a llevar a cabo modificaciones profundas en las condiciones relativas al entorno general en el que se mueven las relaciones entre empresarios y trabajadores (en la flexibilidad del mercado) para centrarse en la protección de los intereses del empresario, aumentando la flexibilidad interna de la empresa por la vía de darle a un poder de decisión frente a los trabajadores mucho mayor que el que hasta ahora tenían.

Lo que esta reforma busca no es, como en otras ocasiones, que el mercado de trabajo español responda en mayor medida a los principios que vienen sosteniendo los economistas neoliberales, que todo él sea más flexible para facilitar un mejor ajuste entre oferta y demanda de trabajo. No. Lo que creemos que el gobierno ha buscado ahora es limitarse a proteger y ampliar el poder de decisión de las empresas españolas a costa de los derechos de los trabajadores, posiblemente en la previsión de que no va a ser capaz de mejorar las condiciones del entorno económico a corto y medio plazo y que lo que se avecina es, por tanto, muchos más y peores nubarrones en el panorama económico.

Por eso la reforma va a ser mejor recibida por la patronal que por los analistas económicos neoliberales que, en realidad, han visto frustradas sus propuestas de los últimos años (sobre todo, la del contrato único) orientadas a desregular la totalidad del mercado y no solo la actividad en el interior de la empresa (aunque valoren positivamente lo que la reforma propone en este campo).

La reforma es efectivamente tímida desde el punto de vista neoliberal en lo que se refiere a la macroregulación del mercado laboral pero posiblemente sea la reforma más profunda y radical de los últimos treinta años desde el punto de vista de la distribución de los poderes de decisión y por tanto de apropiación entre propietarios del capital y los trabajadores. Y esto es lo que no debe pasar desapercibido.Es una reforma decisiva no por lo que va a conseguir a corto plazo sino por las condiciones que establece para el futuro de la economía española que, con el nuevo diseño del marco laboral que se le impone, no podrá especializarse sino en el suministro de servicios de baja calidad y valor añadido para ponerse a la altura, en todo caso, de las economías más empobrecidas de nuestro entorno.

El gobierno no ha planteado una reforma para crear empleo, ni para crearlo de calidad, ni para disminuir la temporalidad, ni la dualidad, ni mejorar la formación sino para proteger a los empresarios cuando sabe que la economía no se va a recuperar y que, como consecuencia de las políticas de austeridad que aplica y de las concesiones que hace a la banca, sus negocios tendrán menos demanda y menos actividad productiva y, por tanto, menos necesidad de empleo.

Las medidas verdaderamente relevantes de la reforma son las encaminadas a dar prioridad a los convenios de empresa, a permitir que los empresarios puedan modificar unilateralmente las condiciones individuales de los trabajadores (con control judicial ex post) y las condiciones laborales y salariales de los convenios colectivos, especialmente las relativas a jornada, y a eliminar la prórroga automática indefinida de los convenios (la ultraactividad).
Así, el artículo 12 del proyecto modifica el Estatuto de los Trabajadores estableciendo que a partir de ahora “la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”. Y esas modificaciones se considerarán sustanciales cuando afecten a materias como jornada de trabajo,
 horario y distribución del tiempo de trabajo, 
régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento 
y, en algunos casos, funciones. Es decir, a la práctica totalidad de las que tienen que ver con las condiciones de trabajo.
Este es el cambio radical que comporta la reforma. Radical pues lo que hace en la práctica es una auténtica voladura controlada de los derechos laborales y de los principios que dieron lugar al Derecho del Trabajo. En lugar de que el legislador admita que en la relación laboral hay una asimetría profunda porque empresario y trabajador parte de situaciones diferentes y disponen de un poder de negociación muy desigual, y que, por tanto, el segundo necesita normas que lo protejan, se concede ahora todo el poder de decisión a quien lo tiene de partida por ser el propietario del capital frente a quien solo dispone de su fuerza de trabajo.

A nuestro juicio, la nueva reforma laboral se basa en el principio más reaccionario e injusto que puede tener una norma: tratar igual a los desiguales. Poniendo al empresario frente al trabajador individual, sin que a éste le pueda apoyar un convenio que es el resultado del poder colectivo mucho mayor que el suyo propio, la consecuencia inevitable no va a ser otra que la degradación de las condiciones laborales.

Y lo cínicamente paradójico es que el gobierno y los economistas neoliberales llamen a eso “modernización de la negociación colectiva” cuando lo que hace la reforma en realidad es retroceder a la forma en que se contrataba a los trabajadores en el sigo XIX.

Todo lo demás de esta reforma es accesorio y en el debilitamiento del poder negociados de los trabajadores en donde se encuentra su núcleo duro de la reforma.
A medio y largo plazo, como queda dicho, no va a traer otra consecuencia que el deterioro del mercado laboral y la degeneración de las condiciones de trabajo y, con ello, el de toda la economía. Y está por determinar cuál va a ser su efecto definitivo a corto plazo teniendo en cuenta que el gobierno ha puesto al alcance de los empresarios dos vías de respuesta ante la mala coyuntura en la que estamos que provocarán efectos diferentes según se use preferentemente una u otra: el despido más barato para aliviar plantillas y el reajuste interno, ahora más cómodo, para evitarlo.

¿Qué podemos esperar de la reforma?
¿Llevarán razón los neoliberales y el gobierno y será verdad que con el despido más barato las empresas contratarán a partir de ahora más empleo indefinido que temporal?
¿Optarán mejor la mayoría de las empresas por aprovecharse en los próximos meses del despido más barato para desembarazarse de contratos indefinidos y sustituirlos por temporales o por los más precarios que crea la reforma?
¿O aprovecharán las empresas las facilidades que le concede la reforma para llevar ajustes internos sin recurrir a despidos, consolidando entonces plantillas más precarias, versátiles y baratas?

¿Es cierto, como creen los dirigentes empresariales, que lo que se necesita para salvar a las empresas españolas en esta coyuntura crítica es darle más poder a los empresarios y reducir los derechos laborales y el coste del trabajo? ¿Será suficiente con eso para evitar que sigan cerrando miles de empresas y perdiéndose cientos de miles de empleos?

Naturalmente no tenemos la intención de jugar a ser adivinos ni tampoco queremos ser agoreros. Pero resulta, como decíamos al principio, que hoy día sabemos lo que ha ocurrido en España y en otros países cuando se han tomado este tipo de medidas y que, en consecuencia, se puede aventurar lo que va a volver a suceder con las que se van a aprobar ahora.

La evidencia empírica nos dice con bastante claridad lo que suele suceder cuando se reduce el coste del despido, que es lo que viene haciéndose desde los años ochenta y en España en mayor medida que en ningún otro país de la OCDE. A saber:

- No se crea empleo neto porque facilita mucho su destrucción en etapas de recesión como la actual.

- No disminuye el nivel de desempleo porque también se ha demostrado hace tiempo que las decisiones sobre contratación de los empresarios dependen de otros factores distintos a los costes del despido.

- No reduce la temporalidad ni se produce un incremento sustantivo de la contratación indefinida.

Por tanto, ahora, en una coyuntura recesiva como la actual, lo que con toda probabilidad cabe esperar de la medida que ha tomado el gobierno es que produzca lo mismo que se consiguió con las sucesivas reducciones del coste del despido: que aumenten los despidos.

Por otro lado, la evidencia empírica también demuestra justamente lo contrario de lo que afirman quienes defienden este tipo de reformas. La mayor flexibilidad interna en las empresas puede ser generadora de empleo en algunas. En realidad, casi exclusivamente en las que no resulten muy afectadas por la caída en la demanda que inevitablemente lleva consigo la reducción de los ingresos que produce la mayor precarización del empleo cuando se recortan los derechos y el poder de negociación de los trabajadores.

Y es fácil constatar que ha sido precisamente la progresiva flexibilización de las relaciones laborales que se viene produciendo en los últimos treinta años la que ha traído consigo el empleo de baja calidad, los salarios más bajos y el fenómeno de la “dualidad” en el mercado de trabajo, esto es, la existencia, por un lado, de trabajadores con contratos indefinidos, alto grado de seguridad y aceptables condiciones de trabajo y, por otro, de otros con empleo temporal, inseguro y mal pagado. Y, como resultado de todo ello, una menor demanda y ritmos más bajos de crecimiento de la actividad económica y en la creación de empleo.

Es por eso que se pueda aventurar que si las empresas españolas optan por el reajuste interno haciendo uso de la mayor flexibilidad interna que ofrece la nueva reforma, quizá podría mantenerse el empleo pero esto siempre que existiese suficiente demanda efectiva. Pero incluso en ese caso, lo que ocurriría sería que empeoraría la situación de los trabajadores con mejores empleos sin mejorar a los precarios de contratos temporales. Una vía retrógrada de “luchar” contra la dualidad.

Pero sin mejorar las condiciones de entorno del mercado de trabajo, manteniendo las políticas de restricción del gasto y de moderación salarial, lo que inevitablemente va a ocurrir es que habrá menos demanda y que la inmensa mayoría de las empresas (las que no disponen de gran poder de mercado o de yacimientos de actividad en el mercado global) no van a poder sobrevivir ni mantener el empleo actual por mucho poder de decisión que acumulen los empresarios. Imponiendo salarios cada vez más bajos y reduciendo el gasto en la economía, ese poder no les va a servir de mucho. Nadie puede salir de un hoyo tirándose de los pelos que es lo que en realidad le ofrece el gobierno a los empresarios con este nuevo marco de legislación laboral tan favorable para ellos.

En definitiva, esta nueva reforma sigue dejando sobre el cuello de las empresas y los trabajadores españoles la misma espada de Damocles que se obstinan en no tener en cuenta ni la patronal ni los economistas neoliberales: la falta de actividad y las malas condiciones macroeconómicas. Un gran número de análisis empíricos han mostrado que, incluso si se pudiera aceptar que actuar sobre algunas de las variables institucionales que las tesis ortodoxas consideran como causa del desempleo tuviera un efecto significativo sobre el nivel de empleo o sobre su calidad cuando se analizan aisladamente, lo que generalizadamente ocurre cuando se toman en consideración otras variables es que o no lo tienen o es mucho menos determinante que otros factores relativos a las condiciones macroeconómicas en que se desenvuelve el mercado de trabajo (Ver V. Navarro, J. Torres y A. Garzón, “Hay alternativas. propuestas para crear empleo y bienestar social en España”, Sequitur, pp. 83 y siguientes).

Dicho de otra forma: incluso si ocurriera que las empresas españolas vayan a optar en esta situación recesiva que va a ir a peor por reajustar internamente sus plantillas y no por despedir con menos coste a sus trabajadores, los fundamental está sin resolver: en la economía española no hay demanda suficiente ni la financiación necesaria para que las empresas pueden crear o incluso mantener el empleo por muy protectoras del empresariado que sean las nuevas normas laborales.

En lugar de abordar este asunto, que es el prioritario y del que realmente depende que se mejore el mercado laboral y se salven miles de empresas y millones de empleos, el gobierno del Partido Popular ha preferido ir por la vía más fácil de concederle más poder a los empresarios ya de por sí más poderosos y de quitarle derechos y capacidad de decisión a los trabajadores. Pero ni siquiera a la inmensa mayoría de los empresarios les va a compensar disponer de estos privilegios decimonónicos porque empobrecer a los trabajadores es empobrecer a la sociedad y, a la larga, a los propios empresarios que realmente se dedican a crear riqueza y empleo.

¿Quién se puede creer que de verdad se puede progresar en el siglo XXI tomando como referencia los principios de actuación y las normas del XIX?

Reforma laboral del PP: la voladura controlada del derecho protector del trabajo | Semana Económica

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Se confirma el fracaso de las políticas europeas
Por Juan Torres López y Alberto Garzón

Los últimos datos que acaba de presentar la oficina de estadística europea (EUROSTAT) muestran que Europa entra de nuevo en recesión. Dejando ahora de lado el hecho de que medir la evolución de la actividad económica a través del PIB desvirtúa bastante el conocimiento de lo que de verdad ocurre en las economías, lo cierto es que, incluso utilizando este indicador, la economía europea y la de la zona euro muestran su mal estado al registrar una caída del 0,3% en su actividad. Solo Francia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría y Letonia se salvan de los registros negativos.Y algunas ya empiezan a estar técnicamente en recesión (dos trimestres con crecimiento negativo). Entre ellas Bélgica, Holanda, Italia, República Checa, Dinamarca y Eslovenia. Y, por supuesto, las de Grecia, Portugal y posiblemente Irlanda cuando se conozca el dato del último trimestre.

Se trata, pues, del primer paso hacia la recesión generalizada en Europa que casi con toda seguridad podemos decir que se está ya produciéndose en el trimestre en el que ahora nos encontramos y que seguramente afectará incluso a la “locomotora” europea, pues Alemania ya registró crecimiento negativo (-0,2%) en el último trimestre de 2011, lo que demuestra que las políticas que impone a los demás ni siquiera son buenas para su propia economía porque ésta vive de la demanda ajena (de lo que está “tirando” de su actividad en los últimos meses es su sector de la construcción).

Más nubarrones en el horizonte
No obstante, sería ingenuo creer que lo que está pasando en Europa es solamente que bajan unas décimas los registros de la actividad económica y que eso se resolverá pronto.

Si se entra en los detalles de esta caída, las siguientes circunstancias permiten deducir que la situación es más grave de lo que parece y que va a empeorar a lo largo del año:

- El deterioro se está produciendo en prácticamente todos los países europeos (Francia seguramente se añadirá a los de registro negativo en este primer trimestre de 2012), lo que quiere decir que es el conjunto de las políticas, su impulso y diseño general, lo que falla y no solo su mala aplicación por algunos países.

- Se viene produciendo una considerable disminución del consumo privado como consecuencia de la moderación salarial y de la subida de impuestos indirectos que están deteriorando la capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría de la población europea. Esto significa que aumentará la pobreza y la exclusión social, dando lugar al círculo perverso que siempre origina el deterioro de las condiciones de vida que a la postre lleva consigo cierre de empresas, más desempleo… y peor rendimiento económico.

- La caída en la utilización de la capacidad productiva adelanta que la inversión no se va a recuperar en bastantes meses.

- Nada indica que se esté dispuesto a cambiar las políticas de recorte del gasto público, de modo que se va a seguir provocando el aumento del desempleo y del cierre de empresas como consecuencia de la menor demanda y de la pérdida de estímulos esenciales a la inversión y la innovación.

- Aunque algunos países mejoran el saldo exterior (como España) es más bien como efecto de la caída de las compras al extranjero que de la subida de exportaciones, lo que indica que reducir salarios no ha conseguido en realidad mejorar la competitividad global en Europa, tal y como dicen los defensores de las políticas que se están imponiendo. Ocurre, como hemos comentado en otros artículo, todo lo contrario: el empobrecimiento general.

- Los indicadores de confianza económica han bajado a los niveles de 2009.

- Los diferenciales de deuda entre los países han aumentado en los últimos meses, a pesar de que los diferentes países han ido aplicando las recomendaciones de las autoridades europeas y de que el Banco Central Europeo ha intervenido masivamente. Lo que hace prever que el problema de la deuda no solo no está solucionado sino que va a aumentar o incluso a estallar en los próximos meses. Téngase en cuenta que los recursos disponibles del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y del Mecanismo Europeo de Estabilidad son insuficientes para hacer frente a las necesidades de financiación de España e Italia en los próximos tres años. Con la aportación del FMI llegaría justo pero a poco que la situación en estos o en otros países se agravase se producirá una crisis generalizada.

- Las encuestas de los bancos centrales apuntan a que empeoran las condiciones de acceso al crédito y esto es, muy posiblemente, lo que va a marcar el tipo de crisis asociada a la nueva etapa de recesión: un nuevo racionamiento del crédito que al añadirse al que ya se viene produciendo puede llegar a paralizar a toda la economía europea provocando con ello otra debacle mundial. Hasta el Banco Mundial acaba de señalar en un reciente informe que hay riesgo de “una crisis global de dimensiones iguales o superiores a la crisis de Lehman Brothers, en 2008“ (Global Economic Prospects 2012a: Uncertainties and Vulnerabilities. Resumen ejecutivo en español en: http://bit.ly/x4safr).

Empeñados en fracasar para no actuar contra los bancos
A nuestro juicio, estos datos muestran de forma clamorosa el fracaso indisimulable de las políticas que se vienen aplicando en Europa.

Y es además es un fracaso largamente anunciado porque nace de no querer reconocer ni enfrentarse a la situación real de partida: tratando de aumentar ad infinitum su negocio (la generación de deuda) la banca ha destrozado el sistema financiero haciéndolo saltar en mil pedazos. Y como consecuencia de ello ahora nos encontramos con dos problemas entrecruzados. Por un lado, con una necesidad extraordinaria de financiación para hacer frente tanto a la deuda privada auspiciada por la banca como a la pública acelerada por la crisis. Y, por otro, con un sistema financiero que no está en condiciones de proporcionar el crédito que necesita la economía sencillamente porque la banca está quebrada, porque, por mucho que se permita que se manipulen sus balances con artimañas contables, lo cierto es que ha consumido su capital propio y el ajeno en las operaciones de altísimo riesgo y completamente improductivas que lleva realizando desde hace años. Y, para colmo, porque en lugar de disciplinar a la banca, las autoridades le permiten que utilicen los cientos de miles de millones de euros que pone en sus manos para que siga especulando y para que, en lugar de financiar a la economía, se lave la cara y siga disimulando la magnitud del destrozo que ha provocado.

En lugar de hacerle frente con realismo, ante esta situación las autoridades europeas han decidido ponerse al lado de los banqueros para darle todo tipo de facilidades y ayudarles a salir adelante. Renunciando así a la fórmula de solucionarla más racional y efectiva y menos onerosa para los ciudadanos: dejar caer a la banca arruinada y garantizar la financiación como un servicio público esencial a través del Banco Central Europeo y de bancos nacionalizados.

Para justificar su política de apoyo a la banca mienten a los ciudadanos sobre el origen y naturaleza de la deuda y les dicen una y otra vez que lo urgente es aliviarla y moderar la demanda adicional de financiación (porque hemos vivido, dicen, por encima de nuestras posibilidades) y que ello solo se puede conseguir reduciendo los salarios y recortando el gasto público. Porque con salarios más bajos las economía serán más competitivas y obtendrán más ingresos para pagar la deuda y porque con menos gasto público habrá más recursos para pagarla.

Se trata de una política completamente errónea y falsa. Y la mejor prueba de ello son los datos que muestran, como vimos al comienzo, que la economía europea se viene de nuevo abajo cuando se pone en marcha.

La verdad es que lo que persiguen las autoridades europeas es otra cosa. La primera, como hemos dicho, salvar a los banqueros porque estos se lo imponen gracias al gran poder político que han acumulado y que ya se traduce en su presencia directa en los gobiernos. Y complementariamente aplicar la creencia liberal que afirma que la economía sale adelante solo si se dan alas al sector privado. Y eso es lo que les lleva a imponer la privatización del poco capital público que ya va quedando para regalárselo al capital privado, las reformas (laborales, financieras,…) que permitan multiplicar rápidamente los beneficios empresariales y poniendo cada vez más recursos en manos de los bancos y los grandes fondos de inversión (mediante el salvamente bancario o la privatización de las pensiones y del ahorro público).

El problema es que esto no solo es una forma sumamente injusta de repartir de la riqueza, sino también una quimera desde la perspectiva del funcionamiento global de la economía: lo que consiguen es deteriorar la demanda y sin ella solo pueden salir adelante las empresas que tengan mucho poder de mercado y una clientela completamente fidelizada. Para ellas y para los bancos que siguen teniendo barra libre en el Banco Central Europeo y copiosas ayudas de los gobiernos es una jugada perfecta. Pero es letal para las pequeñas y medianas, para los trabajadores y para la economía en general.

Ahora bien. Ya no basta con creer que asistimos a un fracaso indisimulable de la política económica por culpa de errores o de una mala coyuntura. Las políticas de austeridad y recorte de derechos económicos sociales fallan porque simplemente se orientan a distribuir ingresos a favor del gran capital y a aumentar el poder de sus propietarios. Y si tomamos en cuenta el daño que conscientemente están haciendo a millones de seres humanos hemos de reconocerlas no como un error, sino como un crimen económico.

Se confirma el fracaso de las políticas europeas | Semana Económica

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La reforma financiera de Rajoy: un nuevo apaño y otro atraco a la vista
Felipe Alegria

El pasado 3 de febrero el gobierno Rajoy aprobó el tan anunciado Decreto de “saneamiento del sector financiero”. Con él, según Guindos (ex directivo de Lehman Brothers y ahora ministro de Rajoy) se saneará la banca española, la confianza en ella sea restaurada y se reabrirán las puertas para su financiación en Europa. El decreto facilitará también, según Guindos, el crédito a las empresas y las familias y servirá para abaratar el precio de las viviendas. Y toda esta bendición será, además, “gratis”, porque no habrá que poner ni un euro de dinero público.

El 16 de febrero el Decreto ha sido convalidado en el Congreso de Diputados, con los votos del PP, del PSOE y de CiU. El PSOE ha votado a favor “por responsabilidad”, sin que el gobierno se hubiera dignado siquiera a negociar con él una coma del Decreto. Con ello el PSOE refleja fielmente hasta dónde llega su “oposición” y su completa subordinación a los dictados de la gran banca y de Angela Merkel.

Pero las declaraciones oficiales y la verdad se repelen como el agua y el aceite. Estamos de nuevo ante otra gran falsificación, porque la reforma no va a desatascar el crédito, ni va a servir para un abaratamiento general de los pisos y, por supuesto, va a costar muy cara a las finanzas públicas, que van a sufrir un nuevo atraco a nuestra cuenta, para pagar esta nueva operación de salvamento de los banqueros. Veámoslo.

UN NUEVO APAÑO
Guindos, apoyándose en cifras del Banco de España (BdE), dice que la banca española tiene en sus balances 175.000 millones de activos inmobiliarios “problemáticos” (préstamos que constructores y promotores no devuelven, más terrenos, promociones y viviendas adjudicados a la banca por créditos fallidos). Para “sanear” estas pérdidas, el decreto fija una cantidad de 52.000 millones de euros, que bancos y excajas han de cubrir a través de “provisiones” e incrementando su capital.

Pero, para empezar, las cifras son engañosas. En primer lugar porque, aunque diéramos por buenos unos números de los que el propio BdE “duda”(y tiene buenos motivos), el gobierno toma las cifras de junio de 2011 como si fueran algo fijo y se “olvida” deliberadamente del fuerte deterioro del valor de los activos inmobiliarios de los bancos a partir de esta fecha, algo que la recesión profundiza y acelera. El presidente de la consultora Aguirre Newman, refiriéndose a la reforma financiera, ha expresado en público una opinión compartida en las cúpulas bancarias: “no se dice que este año se esperan otros 70.000 millones que pasen a ser subestándar o morosos”. (El País , 12/2/2012). Este solo hecho invalida el celebrado saneamiento del ministro Guindos.

Pero no para aquí la cosa, porque esos 52.000 millones que van a “sanear” las pérdidas se convierten en 20.000 cuando pasamos a hablar de dinero fresco, porque el resto, unos 30.000 millones, son apaños contables consentidos por el gobierno. Y es que, como es sabido y reconoce el mencionado presidente de la consultora Aguirre Newman: “si se quiere que todas las entidades afloren pérdidas y reconozcan todos los activos inmobiliarios devaluados, una parte importante del sistema financiero puede quebrar.” (El País , 12/2/2012).

LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA FINANCIERA
En realidad, la reforma Guindos tiene dos grandes objetivos: el primero, ganar tiempo para la gran banca española, confiando que la crisis europea de la deuda y la recesión económica no la descalabren mientras trata de recomponerse. El segundo es facilitarle a esa gran banca el control completo del sistema financiero español, entregando lo que queda de las cajas a los tres grandes grupos (Santander, BBVA y Caixabanc- LaCaixa), al tiempo que mantienen, en un lugar secundario, a algunos bancos menores como el Sabadell o el Popular.

Rajoy, tras una polémica interna en el gobierno sobre cómo proceder al “saneamiento”, no dudó en decantarse por la fórmula de Emilio Botín. Así, en lugar de un “banco malo” estatal que comprara los “activos problemáticos” (lo que permitiría un margen de maniobra temporal a los directivos de las ex cajas), pondrá en marcha (con formas aún más enrevesadas) el mismo procedimiento que usaron para “adjudicar” la quebrada CAM al banco Sabadell. Un problema gordo que tiene Rajoy en lo inmediato es qué hacer con Bankia (un banco quebrado, formada por un grupo de ex cajas –entre ellas CajaMadrid- que preside el ex ministro Rato y que se ha convertido en el mayor propietario español de suelo y vivienda), una entidad que los grandes bancos quieren trocear y repartirse.

OTRO ATRACO MASIVO EN MARCHA
Una de las ventajas de la fórmula Botín-Rajoy es que, al no crear formalmente un “banco malo” estatal, tampoco queda en evidencia desde el principio la millonada de dinero público que van a dedicar a salvar a los bancos y, así, se han podido permitir la desvergüenza de decir que el “saneamiento” de los bancos no va a costar dinero público. Pero ésta es justamente la mayor mentira de todas.

El mecanismo de “saneamiento” que van a utilizar consiste en obligar a todas las ex cajas (con la excepción de Kutxabank y la incógnita sobre Bankia) a “fusionarse” con una “entidad solvente”, es decir, entregarlas a los bancos. El gobierno “ayudará a la fusión” con dinero público del FROB (el Fondo estatal para la reforma bancaria, reforzado, de momento, con 6000 millones de euros más). Esta entrega de dinero la disfrazan de préstamo, en realidad un préstamo muy especial, porque cuando hagan aflorar las pérdidas ocultas, no se podrá reclamar y se convertirá en una acción devaluada del banco que haya integrado a la caja en cuestión. A estos “préstamos” les llaman “bonos convertibles contingentes” (CoCos), una nueva palabreja para engañar al público que, además, les permite no contar su importe, de momento, como déficit público.

Pero además, como las pérdidas van a superar de largo el importe de estos préstamos “especiales”, los bancos se van a asegurar de que las pérdidas ocultas sean cubiertas por el Estado, en una nueva gran operación de salvamento a lo largo de los próximos años. Quieren hacer lo mismo que ha hecho el Sabadell con la CAM, donde aquel se ha asegurado que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)se haga cargo del 80% de las pérdidas ocultas, que irán sacando a la luz durante 10 años. Según los cálculos del Banco Sabadell estas pérdidas alcanzarán 17.000 millones, correspondiendo 2.713 millones al año 2011. A este pufo le llaman “Esquema de Protección de Activos”, otra expresión “técnica” para engañar a la gente. La diferencia entre la “fusión” de la CAM y las “fusiones” de la reforma Guindos es que las enormes pérdidas ocultas ya no las podría cubrir el FGD (que ya no tiene dinero) y se tendrá que hacer cargo el Estado.

LA REFORMA FINANCIERA NO VA A RESTABLECER EL CRÉDITO
La reforma, por lo demás, no va a restablecer el crédito. Esto sólo lo dice el gobierno en su propaganda, pero es negado expresamente por la propia banca. El consejero delegado de Caixabank, J. M.Nin incluso ha puesto cifras al recorte crediticio: el saldo de créditos de la banca bajará en seis años de 1,8 billones a 1,4, es decir, un 30%.

Los enormes préstamos que la banca española recibe del Banco Central Europeo (al 1% de interés y a tres años) y que superan los 100.000 millones de euros, no han servido ni van a servir para restaurar el crédito, sino para atender los vencimientos de la montaña de deudas que la banca española tiene contraída con la europea y para el infame negocio de la Deuda pública.

Tampoco vamos a ver una bajada generalizada de los precios de las viviendas ni ninguna animación en su compraventa, pues ni las familias tienen dinero para hacer una entrada para comprarlas, ni los bancos ofrecen financiación.

CASTIGAR A LOS LADRONES Y NACIONALIZAR LA BANCA
La reforma Botín-Guindos no solo es un nuevo fraude sino que su viabilidad está, además, en entredicho. Para que el “saneamiento” y “desapalancamiento” al que están forzados los bancos tuviera posibilidades de éxito, debería coincidir en el tiempo con una recuperación de beneficios por parte de las empresas (de ahí la brutal reforma laboral y los procesos de privatización de los servicios públicos) y con una cierta tranquilidad en el desarrollo de la crisis de la deuda soberana europea.

Pero las cosas no parece que vayan por aquí, debido, por un lado, a la profundidad de la recesión en la que hemos entrado, con su secuela de cierres de empresas y desempleo masivo. Y por otro, a la marcha de la crisis de la deuda europea, con la quiebra de Grecia en ciernes y su efecto contagio no sólo ya a Portugal sino a Italia y al Estado español. En el desenlace de este entramado crítico, la resistencia de la clase trabajadora y los sectores populares, aquí y a escala europea, es un factor decisivo.

De la mano del capital financiero, de la UE y del gobierno lacayo de Rajoy, no hay más solución que el retroceso histórico, con el empobrecimiento generalizado de los trabajadores y las clases medias y la ruina social y como país. Frente al nuevo atraco que preparan para salvar a los bancos, hay que exigir el castigo, la cárcel y la expropiación de sus bienes a todos los responsables de la crisis del sistema financiero. Del mismo modo, es necesario nacionalizar la banca y unificar el sistema de crédito, colocándolo bajo control de los trabajadores y las organizaciones sociales y poniéndolo al servicio de la reorganización de la economía en beneficio de la inmensa mayoría. Por último, en lugar de aumentar la Deuda pública con el nuevo salvamento de los banqueros, hay que exigir como medida elemental de autodefensa la moratoria inmediata de los pagos de la Deuda pública a banqueros y especuladores y la puesta en marcha de una Auditoria pública que desvele la verdad de una deuda antidemocràtica, ilegítima e inmoral en cuyo nombre están destruyendo lo que nos costó décadas conquistar.

Rebelion. La reforma financiera de Rajoy: un nuevo apaño y otro atraco a la vista

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Interesante artículo de alguien que debe ser el aplicador de la Ley y que, en su último párrafo, deja la impronta de lo que realmente llevan tiempo trabajando en la mente colectiva y ya está sucediendo :

El riesgo, ahora, ya no lo asume el empresario, lo asume el trabajador, que ha de agradecer tener un puesto de trabajo y pasa a vivir "con permiso" de su empleador.

La (contra)reforma laboral del gobierno del Partido Popular resumida en 20 puntos
Carlos Hugo Preciado Domènech es Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

El sábado día 11 de febrero de 2012 el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto Ley 3/2010 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, sin lugar a dudas uno de los retrocesos mayores en los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Reino de España, que no hace sino continuar la senda iniciada por la Ley 35/2010, bajo el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Derecho Laboral nace con la vocación de garantizar la paz social y universal. Así se evidencia en el preámbulo de la Constitución de la OIT, que se crea el 11 de abril de 1919 partiendo de que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales y que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países.

Sólo ha hecho falta un siglo para olvidar las razones que produjeron el nacimiento del Derecho Laboral y las nefastas consecuencias que tuvieron las desigualdades sociales, la especulación incontrolada y la final crisis de 1929, que creó las condiciones de injusticia social necesarias para desembocar en la II GM.

El denominado "mercado" laboral, en que las mercancías también somos las personas y nuestro derecho a la existencia a través de las rentas que proceden del trabajo, que sigue siendo el medio de vida esencial de la mayor parte de la población mundial, está sacrificando las condiciones básicas que aseguran la dignidad humana en el intercambio de trabajo por salario y devolviéndonos a pasos agigantados a la realidad social ignominiosa del siglo XIX.

La negociación colectiva, como reconocimiento de la autodeterminación de los agentes sociales en sus relaciones y el aporte de cierto equilibrio a una relación desde el principio desequilibrada como es la de capital y trabajo, ha sufrido un durísimo embate con esta reforma, que se adentra en terrenos de dudosa constitucionalidad en muchos de sus aspectos, como el período de prueba de un año en el contrato de apoyo a los emprendedores, la desregulación de la justicia de la causa en el despido y de su control judicial, y el establecimiento de arbitrajes obligatorios en los supuestos de inaplicación de los convenios colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

Podemos resumir la reforma en los 20 puntos siguientes:
1) Se permite que las ETT actúen como agencias de colocación, en un paso más hacia el comercio con el infortunio que supone el desempleo.

2) Se modifica el contrato de formación y aprendizaje que se precariza en muchos aspectos y en el que se podrá permanecer hasta los 30 años, al menos hasta que la tasa de desempleo no descienda por debajo del 15%.

3) Se dota a las empresas de poder sobre la acreditación de la formación de los trabajadores, controlando hasta la obsesión lo que llaman "cuenta de formación", incrementando el control sobre los trabajadores y el poder empresarial.

4) Se multiplican por doquier las bonificaciones de los contratos precarios, reduciendo alarmantemente los ingresos de la Seguridad Social, se supone que para continuar desballestándola, como ya se hizo en la reforma de la Seguridad Social operada por la Ley 27/2011, bajo el gobierno socialista.

5) Se crea un contrato "por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores", con un período de prueba de un año, lo cuál significa el despido libre y gratis durante el primer año de relación laboral, por supuesto bonificando cuotas y con incentivos fiscales (los famosos 3.000 euros)

Se establece el comercio con la prestación de desempleo, pues el empresario que contrate a un parado en ciertas condiciones tiene una deducción fiscal del 50% de la prestación por desempleo y el parado puede compatibilizar parte de la prestación con el trabajo. El contrato se puede utilizar incluso si ha habido despidos improcedentes en los últimos 6 meses siempre que sean de otro grupo profesional

6) Se introduce la posibilidad de hacer horas extras en los contratos a tiempo parcial, aumentando la flexibilidad de los "mini jobs", y teniendo trabajadores a la carta, y sin posibilidad de que compatibilicen el trabajo precario con otro, debido a la alta disponibilidad que tales trabajos comportarán.

7) Se crea el contrato "a distancia", y se puede asignar a los trabajadores a gusto del empresario a cualquier centro, manipulando así la base electoral de las elecciones sindicales a placer.

8) Se suprimen las categorías profesionales siendo la movilidad funcional casi ilimitada. Ahora todo el mundo podrá hacer casi de todo.

9) El empresario puede distribuir el 5% de la jornada a su gusto, sin negociar.

10) La movilidad geográfica se puede hacer con muchísima más facilidad, al desdibujar las causas que la justifican, que son meramente razones de competitividad, productividad u organización

11) Se facilita hasta la pura discrecionalidad la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, al igual que la modalidad geográfica

12) Del descuelgue salarial se pasa al descuelgue de casi todo el convenio, perdiendo virtualidad la vinculación de los Convenios Colectivos, consagrada en el art. 37 de la Constitución y afectándose gravemente a la ultra actividad de los Convenios. Se prima el convenio de empresa, donde las representaciones de los trabajadores y el poder sindical es más débil. Si transcurridos dos años de la denuncia no se firma otro convenio, se aplica el superior.

13) El empresario no precisa autorización administrativa para: despedir, suspender el contrato, reducir la jornada de una gran parte de la plantilla (medidas colectivas). Desaparecen los ERE y ahora quien decide es simplemente el empresario.

14) Desaparece la justificación de las causas de despido objetivo, ahora se necesita la mera causa, sin que sea justa para despedir, reducir jornada o suspender contratos. Con la definición de las causas económicas, técnicas u organizativas se prescinde del fin o la razonabilidad, simplemente es necesario que concurran. Es decir se puede despedir aunque ello no sea ni mínimamente razonable para alcanzar un fin constitucional legítimo como el mantenimiento de la viabilidad de la empresa o el nivel de empleo. Por ejemplo, bastan dos trimestres de descenso del nivel de ventas para despedir al 10% de la plantilla en empresas con más de 100 trabajadores.

15) Aunque el absentismo en la empresa sea del 0% se puede despedir por estar enfermo, faltando, por ejemplo, 8 días en dos meses de forma justificada por enfermedad común.

16) Se reduce la indemnización por despido improcedente de 45 días/año con un máximo de 42 mensualidades a 33 días/año con un máximo de 24.

17) Se suprimen los salarios de tramitación salvo en los casos de opción por readmisión, debiendo soportar el trabajador el coste del tiempo que tarde en dictarse sentencia, con lo que se desincentiva el ejercicio de acciones y se abarata más aún el despido, incentivando, además que no se readmita al trabajador. Ello, unido a la ya existente saturación de los Juzgados de lo Social, que funcionaban razonablemente bien, pero que con la crisis han sufrido un auténtico colapso, supondrá que las demandas y el coste de la demora en la resolución las asumirá la parte más débil: el trabajador o la trabajadora.

18) Se prevé la posibilidad de despedir trabajadores fijos de la Administración Pública, incluso aunque hayan accedido por oposición, por la mera concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

19) Se mercantilizan aún más los servicios públicos y se pretende que el ajuste de los déficits derivados de la impuesta estabilidad presupuestaria se haga con reducciones de plantilla, sin importar el motivo de tales déficits (por ejemplo, despilfarro o malversación).

20) Como único punto positivo, se limitan las indemnizaciones de los directivos de entidades de crédito que están intervenidas o participadas por el FROB. Algo que se aborda 4 años después de iniciarse la crisis y habiéndose gastados más de 9.000 millones de euros de dinero público en reflotar entidades con directivos que siguen cobrando sueldos millonarios por su "excelente" gestión.

Esta reforma, como la anterior de la Ley 35/2010, no servirá para crear empleo. Simplemente se ha tomado el pretexto de la crisis para desequilibrar la balanza de las relaciones laborales del lado de la empresa y expandir el miedo a la pérdida del empleo como poderosa herramienta de logro de beneficios.

El riesgo, ahora, ya no lo asume el empresario, lo asume el trabajador, que ha de agradecer tener un puesto de trabajo y pasa a vivir "con permiso" de su empleador.

La (contra)reforma laboral del gobierno del Partido Popular resumida en 20 puntos. Carlos Hugo Preciado Domènech · · · · ·

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aplaudo no esas actitudes sino la precisión con que Poch las describe

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Interesante hilo. Por alguna razón que desconozco no puedo dar thanks en la primera página del hilo (no me aparece el correspondiente botón).

Ruego a los administradores que arreglen este hilo. En la mayoría de mensajes no se puede dar gracias, ni responder. Gracias.

España en el punto de mira
Rafael Poch

El Directorio europeo tiene miedo. La democracia y la protesta son su pesadilla.
El Directorio siente que el suelo tiembla bajo sus pies. Con Francia temporalmente fuera de juego por elecciones, su eje ya no es Merkozy, sino Berlín y la Comisión Europea. No les gusta lo que asoma en España, la gente vota equivocado y hace huelga, así que le aprietan la soga. Merkel no quiere intervenir a España, pero hay un antes y un después con Madrid y su nuevo gobierno conservador. En marzo ha pasado de niño bonito obediente, a ser visto con desconfianza y prevención.

Este Directorio germano-europeo no sólo exige austeridad, sino que no tolera chulerías. La chulería podría ser preludio de indisciplina y hay que atarla corto. Se trata de la declaración del 2 de marzo de Mariano Rajoy, quien, invocando la “soberanía nacional”, anunció unilateralmente una reducción del objetivo de déficit.

“Intolerable”, dicen en Francfort fuentes del lobby bancario europeo en condiciones de anonimato. “Un país no puede siquiera apuntar que se salta algo, o que lo hace invocando la soberanía nacional”. “Es la forma lo que asusta”, dicen. “Tenemos un pacto fiscal y lo menos que podía esperarse es que se lo hubiera comunicado primero a la Comisión Europea y que fuera ésta quien lo dijera”, observan.

Con su modus operandi, Rajoy, “colocó a la Comisión en una esquina”. “Nadie duda de que España acabará consiguiendo reducir su déficit, pero las cosas no se hacen así”, dicen. “Es la apariencia de rebelión lo que cuenta”. “Los mercados castigan eso inmediatamente”, advierten. Y así está ocurriendo.

Pocos días después, y pese al billón en “eurobonos para la banca” emitido en créditos a bajo interés por el BCE desde diciembre, las bolsas volvían a tambalearse, con subidas alarmantes de la prima de riesgo española e italiana. Los reproches llegaron desde Italia: la “gran preocupación” española de Mario Monti: “el gobierno de Madrid descuida las cuentas públicas”.

“La ingerencia en los asuntos españoles muestra el nerviosismo que hay: Monti, que aún no ha hecho en su país la reforma laboral que va a provocar una rebelión sindical en Italia, debe mantener la tensión”, señala la prensa económica alemana. Pero no es una cuestión italiana. Merkel da su brazo a torcer en materia de cortafuegos europeo citando la “fragilidad” de la situación española e italiana. Y exige que el grueso del ajuste español de dos años se haga en 2012. Juncker pone el gesto con su premonitorio estrangulamiento a Guindos.

“El legado de Zapatero pesaba mucho sobre España”, donde ahora hay, “un socio serio y digno de confianza que se toma en serio el ajuste estructural”, se felicitaba a principios de mes en su editorial el Frankfurter Allgemeine Zeitung. El establishment alemán no disimuló sus simpatías, pero en treinta días Rajoy pasó de niño bonito a ser tachado de “desertor” por el Financial Times Deutschland que califica su breve desafío verbal de “estrepitosa jugada individual”. Lo que ha cambiado es la sensación general de peligro: el Directorio tiene miedo.

Ya ha habido una carta de doce jefes de gobierno europeos pidiendo a los fanáticos-incompetentes de la austeridad de Berlín y Bruselas, más atención al crecimiento y al desempleo y exigiendo reducir la burocracia de la Unión Europea. La carta abre un escenario general de “desafío del Sur al Norte”, señalaba el editorial de un gran diario alemán. Pero el fantasma concreto es Francia.

Si el pacto fiscal se hunde, será en Francia. En el escenario de un asalto ciudadano a la Bastilla neoliberal, en la pesadilla de una Convención ciudadana que ponga en cuestión el actual edificio europeo, puede que España, Portugal e Italia aporten la infantería –Grecia lleva tiempo en ese papel en solitario-, pero la caballería institucional será francesa. Una burocracia no electa y el errático nacionalismo económico alemán, cuyo único programa es que Merkel logre mantenerse en el poder tras las generales de otoño de 2013, tiemblan sólo de pensarlo.

Dos son los enemigos de esa coalición de incompetentes: la soberanía nacional y la democracia. La soberanía nacional de España amagada por Rajoy es calderilla. La soberanía de la “Grande Nation” es otro asunto. Respecto a la democracia, la lista de todo lo que asusta al Directorio, la ofrece el sorprendente economista jefe del Financial Times Deutschland, Thomas Fricke, uno entre la decena escasa de periodistas de medios relevantes alemanes que lanzan mensajes coherentes.

Asustó el referéndum griego que no fue, dice Fricke, las elecciones helenas que están por venir, y las presidenciales francesas, porque las puede ganar un socialista escéptico con el pacto fiscal. Al contrario, los triunfos de ese prepotente conglomerado son completamente antidemocráticos: colocar a banqueros como jefes de gobierno no electos en Roma y Atenas, imponer contrareformas sociolaborales “extremadamente agresivas” por doquier, dictar intervencionismos. “El mensaje es claro: la democracia es algo estúpido”, dice Fricke.

Sin embargo a nadie se le escapa ya la estupidez de la política de ese Directorio de inútiles al servicio del sector financiero y sus intereses (“los mercados”). Cuando recetaron austeridad a ultranza en 2010 se levantó un coro de economistas que advirtieron que llevaría a más deuda y la recesión. Lo ignoraron. En Grecia ocurre precisamente eso: entonces la deuda era del 120% del PIB, ahora es el 170%. Y la vida de la gente cae en barrena.

Ante esa evidencia y ante las voces que reclaman que por lo menos se combine la austeridad con políticas orientadas al crecimiento y al empleo, esos inútiles aceptaron en 2011 hacer algo por el “crecimiento”, pero lo único que entienden por ello son medidas como facilitar el despido o flexibilizar la contratación. Ningún estudio económico, de esos institutos tan poco independientes, ha confirmado nunca que la flexibilidad laboral contribuya al empleo. En sus raros momentos de sinceridad, algunos políticos han llegado a admitir lo obvio: a corto plazo la facilidad del despido incrementa el desempleo.

Resumiendo: combatieron una quiebra del sistema financiero inyectando dinero público, cuando la inyección creó deuda pública declararon que ésta –no la quiebra que la provocó- era el problema. Los bancos de Alemania y otros países del Norte que contribuyeron a la deuda privada del Sur europeo invirtiendo decenas de miles de millones de su superavit comercial en nuestras criminales fantasías inmobiliarias, redujeron un asunto claramente interrelacionado a un problema de “virtuosos y manirrotos”. Lo inaudito no ha sido el patoso y descarado nacionalismo alemán en todo esto, sino el servilismo y vasallaje de los políticos del Sur ante ese discurso. A continuación, para atajar todo ese embrollo de deuda aplicaron recorte social a los de abajo con la misma filosofía que condujo a la quiebra original. Ahora, ante la evidencia que el remedio es peor que la enfermedad, hablan de políticas de crecimiento pero por ello sólo entienden “reforma laboral”. En dos años, el atraco perfecto se ha convertido en evidente farsa. Mientras tanto la gente ha ido aprendiendo economía, en su propia carne y asoma la rebelión.

En los ministerios de Exteriores y de Finanzas de Berlín, se declaraban satisfechos con lo que el nuevo gobierno español apuntaba. Merkel estaba contenta, sobre todo con la firmeza de Rajoy ante las autonomías, señalaban las fuentes. Pero las cosas se tuercen. Primero la anecdótica chulería de Rajoy, que introduce el escenario de que algún día algún dirigente europeo se levante y le diga al Directorio que está desnudo. Luego los andaluces se equivocaron al votar. A eso se le añade el ambiguo y desvergonzado independentismo convergente, en Catalunya. Y encima una huelga general que ha dado ánimos a la calle y que será inicio de una serie. Quien sabe si, ante la evidencia de que el problema está en el Directorio, el mundo sindical no llegará a la necesaria Huelga General Europea.

España ha llegado a la situación de Grecia en 2010. A partir de ahora una rápida bajada. Con su perspectiva griega de degeneración social para la mayoría, sus millones de parados, su juventud sin futuro, sus mayores más amenazados que nunca, en pensiones y puestos de trabajo de libre despido, reúne condiciones para que tome fuerza su 15-M cívico-laboral. Por eso está en el punto de mira. El Directorio ya habla de intervención.

“Europa está molesta porque Rajoy retrasó los presupuestos por motivo electoral”, señala la editorial de otro gran diario alemán. “Los conservadores fracasan en Andalucía, preocupación por el déficit”, titula el Financial Times Deutschland. “Surgen dudas en los mercados ante el rumbo del ahorro del nuevo gobierno de Madrid”, señala el Handelsblatt.

“Grecia solo era el principio, Portugal ya está en quiebra, pero lo que amenaza de verdad a Europa es España, incomparable con los otros dos”, dice Die Welt.

Es la soberanía y la democracia lo que molesta a “los mercados”. Pero, aunque cada vez más hundida en su condición de protectorado, en España todavía hay elecciones, huelgas y ciudadanía. La hora de la verdad se acerca para Europa, y España podría ser el eslabón débil de la cadena. Por eso está en el punto de mira.

España en el punto de mira - Diario de BerlínDiario de Berlín

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Señor Sleepwalk le agradezco todos los post que usted aporta