"El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha ampliado la investigación del caso Mercasevilla a todos los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta de Andalucía desde el año 2002. Es decir, a la etapa en la que, como viene informando ELMUNDO.es, se concedieron incentivos millonarios a empresas en crisis al margen de la normativa de subvenciones.

La juez Mercedes Alaya ha requerido a la Consejería de Empleo que le remita "relación de subvenciones y ayudas públicas concedidas desde 2002 hasta la actualidad respecto de procesos re reestructuración laborales", así como "relación de las partidas presupuestarias". Además, le pide que explique "cómo existían asignaciones presupuestarias (...) a pesar de no haberse tramitado en su caso expedientes de subvenciones excepcionales".

Como ha destapado este periódico, el 17 de julio de 2001 el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Antonio Fernández, firmaron un convenio que ha permitido eludir la normativa de subvenciones en los incentivos a empresas en crisis para financiar despidos colectivos. Entre 2001 y 2010, los presupuestos de la Junta de Andalucía reservaron más de 695 millones de euros para ese fin.

Por otro lado, la juez Alaya advierte, en un auto fechado el pasado 10 de enero, de nuevas prejubilaciones irregulares en el mercado central de abastecimiento. A los casos ya conocidos, hay que sumar que Mercasevilla prejubiló a dos trabajadores de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, que es una empresa distinta. Un tercero, además, fue contratado el mismo día en el que la empresa solicitó a la autoridad laboral autorización para el segundo expediente de regulación de empleo.

La juez solicita a la Consejería de Empleo que explique cómo es posible que estas irregularidades sortearan los filtros y controles administrativos y pide a la compañía aseguradora que revele por orden de quién se incluyeron en las pólizas estos casos irregulares.

Finalmente, solicita la vida laboral de Carmen Fontela González y las prestaciones que se hayan podido pagar a su nombre. Esta mujer aparece en el listado de prejubilados del ERE de 2003 de Mercasevilla y en el ERE del restaurante Río Grande, financiado por la Junta de Andalucía, a pesar de que nunca trabajó en estas empresas. La mujer ha declarado a este periódico que no ha cobrado nada y que detrás hay "gente gorda"."

Iniciado por de lo malo lo mejor

Tras señalar que esta solicitud de la magistrada es "inédita en el orden constitucional español", Moreno ha indicado que, "en el caso improbable de que el Juzgado no acepte estas vías alternativas", la Junta formulará un "requerimiento de incompetencia" ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, "en defensa de las potestades del Gobierno andaluz" por considerar que la juez "carece de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas".