http://elplural.com/politica/detail.php?id=6480
El Partido Popular de Madrid tiene cada vez más cuentas pendientes con la justicia. Los presuntos casos de corrupción urbanística se han extendido como una mancha de aceite. Las corporaciones locales de Galapagar, Torrelodones, Quijorna, Las Rozas, Majadahonda o Brunete son sólo algunos de los casos más conocidos del episodio de especulación inmobiliaria. A esto se suma además la participación de empresarios de la talla de Fidel San Román, implicado en la corrupción urbanística de Marbella, muy próximo al entorno de Aguirre, quien además lleva la gestión de la Plaza de Toros de las Ventas. La oposición y los sindicados instan a la Comunidad de Madrid a frenar estos planes urbanísticos irracionales, insostenibles y especulativos.
“En diez años, diez millones de habitantes”. Con estas palabras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, explicó a la oposición la actual situación urbanística en la comunidad. Por ello, Izquierda Unida y PSOE creen que el PP madrileño seguirá con su especulación inmobiliaria, ya que es un objetivo estratégico de su programa, por lo que se ejecutará a rajatabla.
Paraíso inmobiliario
De la misma opinión es Comisiones Obreras. El sindicato culpó a Aguirre de una actitud condescendiente con el urbanismo depredador y especulativo que amenaza con convertir la región en una inmensa urbe de 20 millones de habitantes en el horizonte de 2050. “El paraíso de la especulación inmobiliaria es el modelo por el que el Ejecutivo regional parece haber apostado”, critica CCOO.
A golpe de “ladrillo”
Igualmente, la oposición denuncia que Aguirre lleva a cabo este plan urbanístico “desequilibrado” en la Comunidad de Madrid para beneficiar los intereses de los promotores urbanísticos. Tanto Izquierda Unida como el PSOE aseguraron que “además de ser una manera fácil, inmediata y rápida de hacer dinero. Mucho dinero. Aguirre está pagando su cuota de poder a los promotores a cambio de desarrollos urbanísticos insostenibles”.
De esta manera, señalaron los partidos de la oposición, Madrid seguirá siendo una de las comunidades más prósperas de España. “Un mérito que se quiere atribuir el PP a golpe de ladrillo”.
San Róman, próximo a Aguirre
El PSOE aludió también a los vínculos de determinadas firmas con altos cargos del PP. En este sentido, señalaron al empresario Fidel San Román, implicado en la corrupción de Marbella, muy próximo al entorno de Esperanza Aguirre. Su cercanía con la presidenta de la Comunidad de Madrid viene avalado además por su gestión de la Plaza de Toros de Las Ventas.
Así se explica su presunta participación en el plan urbanístico de Quijorna, un pueblo de la sierra de Madrid. Localidad que quiere reducir en un 40% el número de vivienda protegida dentro de un megaproyecto urbanístico que convertirá el pueblo de unos 600 habitantes en uno de decenas de miles.
Las recalificaciones
La sombra de la corrupción urbanística se cierne sobre Aguirre también en el tema de las recalificaciones. Tal como reveló elplural.com, una parte de la familia de Esperanza Aguirre se benefició de la recalificación de unos terrenos por los que pasa el AVE, así como sus primos y tíos vieron crecer su patrimonio tras la venta de parcelas incluidas dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos (Madrid).
El plan de Galapagar
Además, al presunto caso de especulación inmobiliaria de Quijorna se suma el de otros municipios de la sierra. Asi, por ejemplo, está Galagapar, localidad muy próxima a la capital española, donde se pretende construir 9.000 viviendas, lo que supondría duplicar la población. Asimismo, el plan urbanístico afecta a zonas de alto valor ambiental.
Actualmente la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo está investigando el plan urbanístico.
Favoritismo
El proyecto urbanístico de Torrelodones también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Hace sólo unos meses, el Ayuntamiento de Torrelodones, gobernado por Carlos Galbeño, del PP, aprobó la construcción de 1.536 viviendas, un campo de golf, un hotel, y un centro comercial en el Área Homogénea Norte, una zona protegida por su valor medioambiental.
La denuncia fue presenta por dos concejales del PP, quienes fueron destituidos por el alcalde Galbeño por pedir información sobre la justificación y detalles de la nueva urbanización. Ahora sé sabe además que una constructora de la hermana del primer edil popular, así como amigos íntimos, compraron suelo protegido en esta área.
