La Generalitat dispone de un mes para vender 2.600 millones de deuda
Los mercados exteriores desconfían de que las cajas valencianas puedan conceder más liquidez a la administración

VICTORIÀ JIMÉNEZ LONDRES/CORRESPONSAL La aversión del capital internacional contra la economía periférica europea vuelve a la carga: la Generalitat Valenciana ha llegado hasta noviembre sin obtener el 43% de los 6.000 millones de euros (2.580 millones) que necesita para refinanciar el déficit público en 2010.

Según Fitch Ratings, la única salida a la penuria actual del gobierno de Camps sería recurrir a la venta de bonos y pagarés a corto plazo en el mercado minorista, como hiciera en octubre con la emisión de 1.000 millones de deuda colocada a través de Bancaja y CAM. Para ello, el Ejecutivo central ha ampliado la capacidad de oferta de pagarés de la Generalitat, desde 1.700 millones de euros hasta el nuevo límite de 3.000 millones. Así, la administración valenciana podría evitar la asfixia crediticia que le causaba la barrera oficial de los 4.500 millones en deuda autonómica de máximo para comercializar en los mercados.

La recesión, sin embargo, ha demostrado ser más estricta que el Ministerio de Economía y Hacienda, y los inversores en Londres y Wall Street dudan ahora de que ni siquiera el sector financiero regional disponga de pulmón suficiente para garantizar una vía de soporte al estrangulado erario valenciano.

Juego para los oportunistas
El departamento comercial de uno de los fondos de inversión especulativa en Mayfair (Londres) mantiene una visión más optimista, aunque no por los motivos que el gobierno valenciano desearía. V. K., uno de los agentes bursátiles del fondo, comenta con discreción a Levante-EMV que "los bonos regionales europeos son muy interesantes porque las administraciones 'subsoberanas' se ven forzadas a ofrecer altos rendimientos".
Desafortunadamente, sólo el capital de riesgo y los inversores rapaces parecen ver algún provecho en la situación por la que atraviesa la economía del sur de Europa. Especialistas del sector bancario como Geraldine Lambe, en cambio, alertan contra anteriores e injustificados excesos de confianza. "Con los gobiernos estatales atrapados en esta sequía de capital, algunos mandatarios europeos esperaban que las administraciones regionales y municipales podrían acudir a los mercados de bonos para recabar fondos", afirma Lambe, "pero no está sucediendo así, sino lo contrario".

BNP Paribas apunta que los requisitos que la inversión exterior exige a las comunidades autónomas españolas para inyectar capital en sus operaciones se han recrudecido conforme las bolsas se preparan para finalizar el año. Las calificaciones de las agencias de riesgo son consistentemente negativas, por lo que "los emisores regionales [como la Generalitat Valenciana] ven imposible acceder al crédito con fechas de vencimiento a largo plazo, más convenientes para superar la etapa dura de la recesión".

Malas notas
En efecto, la agencia Standard&Poor's (S&P) describe la deuda del Consell con las palabras "alta" y "riesgo creciente". Su último informe de octubre señala que "históricamente, el acceso de la comunidad autónoma a los mercados del capital ha sido fluido y se le concedía largas líneas de crédito. Esta bonanza pertenece hoy al pasado".

S&P ve "un deterioro progresivo del balance de fondos de la región", cuyo resultado es la falta de liquidez a corto plazo de las finanzas públicas. Las conclusiones a las que ha llegado la agencia Moody's coinciden con las de S&P: aunque la urgencia del gobierno valenciano por obtener préstamos representa menos del 25% de sus ingresos -en el caso de Cataluña, la cifra es del 40%, los datos revelan que la hacienda valenciana recauda menos por impuestos directos e indirectos en 2010 que cinco años atrás.

Según Moody's, entidad que el pasado viernes bajó la nota de la deuda del Consell desde "Aa3" a "A1", situándola con "perpectiva negativa", la pérdida es de 1.267 millones de euros. Además, en un comentario del mes pasado sobre las previsiones de la Generalitat del producto interior bruto valenciano que se obtendrá en 2011, Moody's asevera inequívocamente que son "irreales". "Únicamente cuando países grandes como España resbalen en la escalera de la deuda, el euro comenzará a tener problemas serios", se lee en un dossier reciente de Deutsche Bank AG. De igual forma, para España, cuando autonomías de las que depende la balanza exterior estatal y su productividad den signos de agotamiento, la recesión olerá a depresión. Diciembre será decisivo, no sólo para las finanzas públicas valencianas.
Los expertos creen que las cajas deben cerrar un 30% más de oficinas

"Las dificultades de las entidades bancarias, especialmente de aquellas que arrastran pérdidas sin declarar como las de la periferia española, van a empeorar, y la presión económica va a crecer", dice Edward Harrinson, un ex asesor de Deutsche Bank. Christopher Bjork, autor del blog The Source para el periódico de negocios "Wall Street Journal" se muestra de acuerdo: "tras haberse engullido el dinero del rescate público que había de facilitar su reforma, las cajas se han lanzado a competir contra los bancos y ofrecer cuentas corrientes en condiciones que provocan pérdidas pero que logran captar depósitos". La única explicación de esta campaña es que "los inversores internacionales en Londres continúan discriminado a la cajas, y éstas no tienen otra opción que intentar ampliar su cartera de clientes a toda costa". En opinión de Andrew Lim, analista en la firma Matrix Corporate Capital, las cajas han incumplido las promesas que hicieron durante los compromisos de fusión, como por ejemplo el cierre oficinas comerciales (aún existe un exceso del más del 30%). "En los mercados, la pregunta es hasta cuándo pueden seguir operando como si la crisis no les afectara. En realidad -cree Lim-, lo único que están consiguiendo es retrasar el momento en que reconozcan el estado real de sus cuentas". v. jiménez londres/corresponsal

Más de millón y medio de valencianos cobran de las administraciones públicas
El número de pensionistas, parados y funcionarios es casi tan alto como el de valencianos ocupados, 1.927.100
La nómina global de los empleados públicos supera los 7.200 millones de euros al año y el coste de las pensiones, los 11.100 millones de euros.

J. L. GARCÍA VALENCIA
En tiempos de crisis económica como la actual, la administración, la empresa más grande del país, es la que más gastos de personal debe afrontar. En la Comunitat Valenciana, más de un millón y medio personas reciben una paga del Estado. Concretamente, entre los funcionarios, los parados con prestación y los pensionistas, suman 1.519.872 los habitantes de la Comunitat Valenciana tienen "nómina" pública.

La cifra es considerablemente alta si se compara con el número de personas ocupadas, que se sitúa en 1.927.100 personas, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Si se le restan los funcionarios, el número de contribuyentes del sector privado y el de receptores de dinero público prácticamente se iguala.

Por colectivos, el de empleados públicos asciende en la Comunitat Valenciana a 231.041 personas, según la información facilitada por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). El cuerpo de funcionarios se divide entre los 38.515 que trabajan para la administración central; los 126.967 que dependen de la Generalitat (el grupo más numeroso, más de la mitad del total); los 59.730 de la administraciones locales y los 5.829 empleados de las universidades. Según la estimación de Gestha, el coste global para la administración de las nóminas de estos empleados supera los 7.200 millones de euros al año.

Pero mayor es el coste que supone para la administración el pago a los pensionistas de la Comunitat Valenciana, un grupo que asciende a 954.931 personas, según el estudio "Mercado de Trabajo y Pensiones" de la Agencia Tributaria. Por provincias, Valencia tiene el grueso de pensionistas, con 528.000; tras ella, Alicante, con más de 301.000 pensionistas, y Castelló, con casi 125 mil pensionistas. La pensión media anual en la Comunitat Valenciana asciende a 10.235 euros, con lo que el coste anual para el estado por las pensiones se dispara aproximadamente hasta los 11.142 millones de euros, según dicho informe. En última instancia, el grupo de parados que recibe algún tipo de ayuda pública suma otras 333.900 personas en toda la Comunitat Valenciana.

Lo cierto es la dependencia dentro de la Comunitat Valenciana de estas "nóminas" del Estado no es muy diferente a la situación en el resto de España, donde el 36% de la población mayor de 16 años -casi 14,5 millones de personas-, recibe algún tipo de paga pública.
Eso sí, en otras comunidades con mayor tasa de envejecimiento, como la asturiana, el porcentaje de receptores de ayudas públicas es mayor. En Asturias, el 43% de los mayores de 16 años obtiene alguna prestación.

Debate sobre las pensiones
Estos datos y el actual contexto económico, precisamente, están en la base del debate sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. El elevado nivel de desempleo y el paulatino envejecimiento de la población ponen en riesgo el sistema, debido al desequilibrio entre quienes trabajan y cotizan y quienes reciben algún tipo de pensión. De ahí propuestas como la de retrasar la jubilación hasta los 67 años, que el Gobierno lanzó hace unos meses.