ALICANTE / El fiscal denuncia a Alperi y a dos ediles por cinco presuntos delitos en una adjudicación a Ortiz
Pide al juzgado que investigue al alcalde de Alicante por presunta prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación y apropiación Anticorrupción también implica al promotor y a un técnico municipal en el asunto de los aparcamientos
El fiscal de Anticorrupción, Felipe Briones, ha presentado en el juzgado una denuncia contra el alcalde de Alicante y dos ediles más por las irregularidades detectadas en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos a la empresa Enrique Ortiz e Hijos en la capital alicantina. Tras seis meses de investigación, el representante del Ministerio Público cree que Luis Díaz Alperi, junto con los concejales Sonia Castedo y Luis Concepción, pudieron incurrir en cinco delitos al favorecer que se realizaran cambios beneficiosos para la mercantil en las cláusulas de contratación .
El escrito se remitió ayer al Decanato de los juzgados de Alicante, cuando se cumplían seis meses desde que el fiscal iniciara sus pesquisas. Entre los denunciados se encuentra el alcalde Luis Díaz Alperi; la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo; el edil de Seguridad Ciudadana, Luis Concepción Moscardó; el jefe del departamento técnico de Tráfico, Antonio Escobedo Moya, y el legal representante de la mercantil Ortiz e Hijos. El Ministerio Público, además, no descarta que durante la instrucción del caso se amplíen las responsabilidades penales «a cualquier otro miembro de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento».
Según el fiscal, los denunciados podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida al favorecer que se aprobara un sobrecoste de la obra de 2.880.423 euros y un incremento de siete años y diez meses en la explotación de la concesión, en contra de varios informes técnicos. De acuerdo con la denuncia, esta situación le supone al Ayuntamiento un quebranto económico de más de 2.268.060 euros.
La investigación comenzaba el pasado 21 de febrero, después de que un particular, José Luis Valdés Fernández, presentara una denuncia sobre la modificación del contrato administrativo de construcción y explotación de tres estacionamientos públicos subterráneos en las avenidas Catedrático Soler, Padre Esplá y calle de los Hermanos López Osaba. Según el denunciante, se habían aprobado las modificaciones a pesar de que existían varios informes técnicos en contra.
Según el fiscal, las modificaciones del contrato fueron solicitadas por la adjudicataria en el proyecto de ejecución. Entre sus peticiones se encontraba aumentar el coste de la obra por la inclusión de «necesidades nuevas» supuestamente beneficiosas para el interés público , así como incrementar en diez años el plazo de explotación pactado inicialmente en 40 años. Además se pedía más tiempo para realizar la obras y una disminución del canon.
Según la Fiscalía, la mercantil había conseguido la adjudicación tras presupuestar las obras en 14.950.141 euros. A la hora de entregar el proyecto, sin embargo, pidió incrementar este presupuesto entre un 11% y un 30% para poder usar muros pantalla, colocar ascensores y realizar mejoras en las tareas de urbanización. Además, la empresa alegó que la piedra encontrada en Padre Esplá era más dura de la que aparecía en las catas.
La solicitud de la mercantil fue denegada por las instancias técnicas competentes. De hecho, tanto los dos ingenieros municipales encargados de supervisar la obra como la concejalía de Hacienda se opusieron a la reforma de las cláusulas de la adjudicación, al considerar que no eran necesarias o que los gastos ya estaban incluidos en el anteproyecto. De hecho, en el momento de la adjudicación ya se había planteado la colocación de rampas y el uso de muros pantalla en uno de los aparcamientos, mientras que en otro se había optado por los muros tradicionales.
Según la denuncia, ante esta situación «existió un concierto» entre el alcalde, la concejal de Urbanismo y el concejal de Tráfico «con la exclusiva intención de conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial», señala el fiscal. Para ello «se decidió dejar sin resolver la denegación (por parte de los técnicos) de las modificaciones propuestas» y sustituir al órgano gestor y a la dirección facultativa del contrato hasta entonces competentes. La adjudicación , que había sido supervisada por Urbanismo desde el inicio, pasó a depender de Tráfico a través de un decreto de la Alcaldía de enero del 2004.
Para Briones, el decreto de la Alcaldía que dio la gestión del proyecto a Tráfico «buscó apartarse deliberadamente del informe de la dirección facultativa y, sustituyéndola, hallar en otra dirección una solución al interés del adjudicatario de modificar el contrato», pese al rechazo de todas las instancias técnicas. De hecho, desde febrero del 2004 hasta febrero del 2005 esta concejalía no realizó ningún informe y, según el director, las órdenes se daban por escrito.
De acuerdo con el escrito del fiscal, el nuevo director emitió un informe en el que se falseaba el presupuesto de ejecución de la obra aprobado en el Pleno del 17 de enero del 2003. En el documento se proponía «sin justificación alguna» la rectificación de un error de cálculo y tres necesidades nuevas por razones de interés público. Entre ellas se encontraba el uso de muros pantalla «por cuestiones de seguridad». Además, aumentaba el plazo de explotación en siete años y diez meses para compensar a la mercantil el incremento de los gastos. Estas modificaciones eran aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento en marzo del 2004.
El fiscal señala que, a pesar de que la aprobación del sobrecoste se justificó con la necesidad de usar muros pantallas, un informe de la Policía Judicial reciente señala que en el aparcamiento de la calle de los Hermanos López Osaba no se están empleando.
Cuentas hinchadas
Para el Ministerio Público, el nuevo coste de las obras debería haber sido sometido al dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad, ya que sobrepasaba en más de un 20% el presupuesto de ejecución de contrata aprobado en el Pleno del Ayuntamiento del 17 de enero del 2003, fecha en la que se acuerda la adjudicación a Enrique Ortiz e Hijos.
Para evitar este trámite, el director de la obra supuestamente hinchó el presupuesto inicial con gastos adicionales con el fin de que, a la hora de aprobar el sobrecoste, éste sólo supusiera un incremento del 19,99% y no hubiera que acudir al Consell Jurídic Consultiu, señala el fiscal.
http://servicios.laverdad.es/alican...Provincia_Alicante/200608/22/ALI-CUL-211.html
Pide al juzgado que investigue al alcalde de Alicante por presunta prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación y apropiación Anticorrupción también implica al promotor y a un técnico municipal en el asunto de los aparcamientos
El fiscal de Anticorrupción, Felipe Briones, ha presentado en el juzgado una denuncia contra el alcalde de Alicante y dos ediles más por las irregularidades detectadas en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos a la empresa Enrique Ortiz e Hijos en la capital alicantina. Tras seis meses de investigación, el representante del Ministerio Público cree que Luis Díaz Alperi, junto con los concejales Sonia Castedo y Luis Concepción, pudieron incurrir en cinco delitos al favorecer que se realizaran cambios beneficiosos para la mercantil en las cláusulas de contratación .
El escrito se remitió ayer al Decanato de los juzgados de Alicante, cuando se cumplían seis meses desde que el fiscal iniciara sus pesquisas. Entre los denunciados se encuentra el alcalde Luis Díaz Alperi; la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo; el edil de Seguridad Ciudadana, Luis Concepción Moscardó; el jefe del departamento técnico de Tráfico, Antonio Escobedo Moya, y el legal representante de la mercantil Ortiz e Hijos. El Ministerio Público, además, no descarta que durante la instrucción del caso se amplíen las responsabilidades penales «a cualquier otro miembro de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento».
Según el fiscal, los denunciados podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida al favorecer que se aprobara un sobrecoste de la obra de 2.880.423 euros y un incremento de siete años y diez meses en la explotación de la concesión, en contra de varios informes técnicos. De acuerdo con la denuncia, esta situación le supone al Ayuntamiento un quebranto económico de más de 2.268.060 euros.
La investigación comenzaba el pasado 21 de febrero, después de que un particular, José Luis Valdés Fernández, presentara una denuncia sobre la modificación del contrato administrativo de construcción y explotación de tres estacionamientos públicos subterráneos en las avenidas Catedrático Soler, Padre Esplá y calle de los Hermanos López Osaba. Según el denunciante, se habían aprobado las modificaciones a pesar de que existían varios informes técnicos en contra.
Según el fiscal, las modificaciones del contrato fueron solicitadas por la adjudicataria en el proyecto de ejecución. Entre sus peticiones se encontraba aumentar el coste de la obra por la inclusión de «necesidades nuevas» supuestamente beneficiosas para el interés público , así como incrementar en diez años el plazo de explotación pactado inicialmente en 40 años. Además se pedía más tiempo para realizar la obras y una disminución del canon.
Según la Fiscalía, la mercantil había conseguido la adjudicación tras presupuestar las obras en 14.950.141 euros. A la hora de entregar el proyecto, sin embargo, pidió incrementar este presupuesto entre un 11% y un 30% para poder usar muros pantalla, colocar ascensores y realizar mejoras en las tareas de urbanización. Además, la empresa alegó que la piedra encontrada en Padre Esplá era más dura de la que aparecía en las catas.
La solicitud de la mercantil fue denegada por las instancias técnicas competentes. De hecho, tanto los dos ingenieros municipales encargados de supervisar la obra como la concejalía de Hacienda se opusieron a la reforma de las cláusulas de la adjudicación, al considerar que no eran necesarias o que los gastos ya estaban incluidos en el anteproyecto. De hecho, en el momento de la adjudicación ya se había planteado la colocación de rampas y el uso de muros pantalla en uno de los aparcamientos, mientras que en otro se había optado por los muros tradicionales.
Según la denuncia, ante esta situación «existió un concierto» entre el alcalde, la concejal de Urbanismo y el concejal de Tráfico «con la exclusiva intención de conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial», señala el fiscal. Para ello «se decidió dejar sin resolver la denegación (por parte de los técnicos) de las modificaciones propuestas» y sustituir al órgano gestor y a la dirección facultativa del contrato hasta entonces competentes. La adjudicación , que había sido supervisada por Urbanismo desde el inicio, pasó a depender de Tráfico a través de un decreto de la Alcaldía de enero del 2004.
Para Briones, el decreto de la Alcaldía que dio la gestión del proyecto a Tráfico «buscó apartarse deliberadamente del informe de la dirección facultativa y, sustituyéndola, hallar en otra dirección una solución al interés del adjudicatario de modificar el contrato», pese al rechazo de todas las instancias técnicas. De hecho, desde febrero del 2004 hasta febrero del 2005 esta concejalía no realizó ningún informe y, según el director, las órdenes se daban por escrito.
De acuerdo con el escrito del fiscal, el nuevo director emitió un informe en el que se falseaba el presupuesto de ejecución de la obra aprobado en el Pleno del 17 de enero del 2003. En el documento se proponía «sin justificación alguna» la rectificación de un error de cálculo y tres necesidades nuevas por razones de interés público. Entre ellas se encontraba el uso de muros pantalla «por cuestiones de seguridad». Además, aumentaba el plazo de explotación en siete años y diez meses para compensar a la mercantil el incremento de los gastos. Estas modificaciones eran aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento en marzo del 2004.
El fiscal señala que, a pesar de que la aprobación del sobrecoste se justificó con la necesidad de usar muros pantallas, un informe de la Policía Judicial reciente señala que en el aparcamiento de la calle de los Hermanos López Osaba no se están empleando.
Cuentas hinchadas
Para el Ministerio Público, el nuevo coste de las obras debería haber sido sometido al dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad, ya que sobrepasaba en más de un 20% el presupuesto de ejecución de contrata aprobado en el Pleno del Ayuntamiento del 17 de enero del 2003, fecha en la que se acuerda la adjudicación a Enrique Ortiz e Hijos.
Para evitar este trámite, el director de la obra supuestamente hinchó el presupuesto inicial con gastos adicionales con el fin de que, a la hora de aprobar el sobrecoste, éste sólo supusiera un incremento del 19,99% y no hubiera que acudir al Consell Jurídic Consultiu, señala el fiscal.
http://servicios.laverdad.es/alican...Provincia_Alicante/200608/22/ALI-CUL-211.html
