Hamiho Desenladrillador
Madmaxista
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Cataluña no coloca sus emisiones y su diferencial con España se triplica - Cotizalia.com
El Gobierno central no es el único que tiene problemas para financiar su déficit. Varias comunidades autónomas también están experimentando serios problemas para captar dinero en los mercados por culpa de su indisciplina fiscal. Especialmente grave es el caso de Cataluña, que no es capaz de vender deuda en el mercado desde marzo y cuyo diferencial respecto al bono español se ha triplicado este año. La amenaza es que el Estado tenga que rescatar a algunas comunidades, lo que incrementaría todavía más su déficit.
El bono de la Generalitat a 10 años se cotiza con una rentabilidad del 5,5% frente al 4,18% al que se encontraba ayer la deuda del Estado español (y llegó a caer al 4,032% el 9 de agosto). Se trata de un nivel similar al que cotiza la deuda peruana. Pero ni siquiera a ese precio el Gobierno de José Montilla consigue emitir bonos en los mercados desde marzo, a pesar de haber realizado un roadshow por Asia en abril. El estallido de la crisis griega y su extensión a los países periféricos truncó sus planes. Pero ahora que los mercados se han relajado, tampco confían en la solvencia de esta comunidad.
Para resolver sus acuciantes necesidades de financiación, la Generalitat tuvo que recurrir a un préstamo bancario en julio de 1.000 millones de euros, por el que tendrá que pagar un interés de Euribor a tres meses más tres puntos porcentuales. Un tipo que se sitúa incluso por encima de lo que la banca está exigiendo en la actualidad a las endeudadas constructoras españolas (FCC consiguió un préstamo similar el 2 de agosto con un diferencial de 2,6 puntos), según informa Bloomberg.
La situación catalana tiene el mismo origen que la espiral de déficit del Estado: la comunidad se embarcó en ingentes compromisos de gasto durante los días de vino y rosas del boom inmobiliario, en muchos casos financiados con deuda a unos tipos muy bajos, compromisos que no puede atender con el desplome de los ingresos fiscales a causa de la crisis. Sin embargo, para evitar tomar medidas impopulares, el Ejecutivo de Montilla mantiene ese ingente gasto, lo que dispara el déficit y provoca el rechazo de los inversores a prestarle más dinero.
Cataluña es el caso más grave, pero no el único. Galicia ha pedido un aplazamiento del pago de su deuda con el Gobierno central (2.600 millones de euros), y la Comunidad de Madrid tuvo que aplazar una colocación de bonos en julio por falta de demanda. Dado que las comunidades controlan el doble de gasto público que el Estado y emplean a la mitad de los funcionarios, su disciplina fiscal es crucial para reducir el déficit público (que incluye a todas las administraciones).
Zapatero al rescate
"Si los inversores se fijaran más en los problemas de las regiones, serían menos optimistas sobre la deuda española y se darían cuenta de que el rally de julio ha sido un tanto exagerado", opina la gestora de fondos holandesa Robeco. Un fenómeno que puede estar comenzando a la vista de la ampliación del diferencial español con Alemania en los últimos días.
El gran temor de los inversores es que el Ejecutivo de Zapatero tenga que acudir al rescate de las autonomías que no puedan hacer frente a sus compromisos, como ha hecho la UE con Grecia. En principio, la Ley no permite este tipo de ayudas, pero se pueden buscar fórmulas que alivien la situación, como el aplazamiento de los pagos solicitado por Núñez-Feijóo. También se pueden incrementar las transferencias hacia las regiones en dificultades.
José Carlos Díaz, economista jefe de Intermoney, considera que "sería suicida dejar caer a una comunidad". "Sería absurdo que no se deje quebrar a una caja de ahorros y sí a un Gobierno regional", añade.
La deuda de las comunidades autónomas se ha disparado desde el inicio de la crisis: se situaba en el 5,5% del PIB nacional en el máximo de la burbuja inmobiliaria y en el primer trimestre del año alcanzó el 9%. No obstante, el Gobierno central ha endurecido sus exigencias de reducción del déficit de las autonomías hasta el 2,4% del PIB en 2010 -frente al 3,2% inicialmente planteado- y hasta el 3,3% en 2011
Cataluña no coloca sus emisiones y su diferencial con España se triplica - Cotizalia.com
El Gobierno central no es el único que tiene problemas para financiar su déficit. Varias comunidades autónomas también están experimentando serios problemas para captar dinero en los mercados por culpa de su indisciplina fiscal. Especialmente grave es el caso de Cataluña, que no es capaz de vender deuda en el mercado desde marzo y cuyo diferencial respecto al bono español se ha triplicado este año. La amenaza es que el Estado tenga que rescatar a algunas comunidades, lo que incrementaría todavía más su déficit.
El bono de la Generalitat a 10 años se cotiza con una rentabilidad del 5,5% frente al 4,18% al que se encontraba ayer la deuda del Estado español (y llegó a caer al 4,032% el 9 de agosto). Se trata de un nivel similar al que cotiza la deuda peruana. Pero ni siquiera a ese precio el Gobierno de José Montilla consigue emitir bonos en los mercados desde marzo, a pesar de haber realizado un roadshow por Asia en abril. El estallido de la crisis griega y su extensión a los países periféricos truncó sus planes. Pero ahora que los mercados se han relajado, tampco confían en la solvencia de esta comunidad.
Para resolver sus acuciantes necesidades de financiación, la Generalitat tuvo que recurrir a un préstamo bancario en julio de 1.000 millones de euros, por el que tendrá que pagar un interés de Euribor a tres meses más tres puntos porcentuales. Un tipo que se sitúa incluso por encima de lo que la banca está exigiendo en la actualidad a las endeudadas constructoras españolas (FCC consiguió un préstamo similar el 2 de agosto con un diferencial de 2,6 puntos), según informa Bloomberg.
La situación catalana tiene el mismo origen que la espiral de déficit del Estado: la comunidad se embarcó en ingentes compromisos de gasto durante los días de vino y rosas del boom inmobiliario, en muchos casos financiados con deuda a unos tipos muy bajos, compromisos que no puede atender con el desplome de los ingresos fiscales a causa de la crisis. Sin embargo, para evitar tomar medidas impopulares, el Ejecutivo de Montilla mantiene ese ingente gasto, lo que dispara el déficit y provoca el rechazo de los inversores a prestarle más dinero.
Cataluña es el caso más grave, pero no el único. Galicia ha pedido un aplazamiento del pago de su deuda con el Gobierno central (2.600 millones de euros), y la Comunidad de Madrid tuvo que aplazar una colocación de bonos en julio por falta de demanda. Dado que las comunidades controlan el doble de gasto público que el Estado y emplean a la mitad de los funcionarios, su disciplina fiscal es crucial para reducir el déficit público (que incluye a todas las administraciones).
Zapatero al rescate
"Si los inversores se fijaran más en los problemas de las regiones, serían menos optimistas sobre la deuda española y se darían cuenta de que el rally de julio ha sido un tanto exagerado", opina la gestora de fondos holandesa Robeco. Un fenómeno que puede estar comenzando a la vista de la ampliación del diferencial español con Alemania en los últimos días.
El gran temor de los inversores es que el Ejecutivo de Zapatero tenga que acudir al rescate de las autonomías que no puedan hacer frente a sus compromisos, como ha hecho la UE con Grecia. En principio, la Ley no permite este tipo de ayudas, pero se pueden buscar fórmulas que alivien la situación, como el aplazamiento de los pagos solicitado por Núñez-Feijóo. También se pueden incrementar las transferencias hacia las regiones en dificultades.
José Carlos Díaz, economista jefe de Intermoney, considera que "sería suicida dejar caer a una comunidad". "Sería absurdo que no se deje quebrar a una caja de ahorros y sí a un Gobierno regional", añade.
La deuda de las comunidades autónomas se ha disparado desde el inicio de la crisis: se situaba en el 5,5% del PIB nacional en el máximo de la burbuja inmobiliaria y en el primer trimestre del año alcanzó el 9%. No obstante, el Gobierno central ha endurecido sus exigencias de reducción del déficit de las autonomías hasta el 2,4% del PIB en 2010 -frente al 3,2% inicialmente planteado- y hasta el 3,3% en 2011
