Querella contra el Santander por perdonar deuda al PSOE

La decisión del banco cántabro de condonar al PSOE los intereses de un crédito tras 19 años de impago entra en vía judicial. Los abogados que persiguen habitualmente a Botín se han apoyado en el Tribunal de Cuentas y han presentado una querella contra la entidad.

En aquel tórrido verano de 1987, el PSOE seguía buscando financiación bajo las piedras. El montaje de Filesa empezaría pronto a dar frutos, pero mientras había que recurrir a créditos. El PSOE debía ya entonces 4.604 millones de las antiguas pesetas, pero necesitaba más. Según relata Manel Mas, actual portavoz socialista en la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas, la decisión de Fraga de abstenerse en el referéndum de la OTAN de 1986 había dejado exhaustas las cuentas del PSOE.

Fue entonces cuando logró arrancar 286 millones de las antiguas pesetas (1,6 millones de euros) al Banco Santander presidido ya entonces por el mismo Emilio Botín.

El partido de Felipe González firmó las siguientes condiciones: devolvería el préstamo en 1990 como muy tarde y pagaría hasta entonces un tipo de interés del 15%, típico de aquellos tiempos. Si se demoraba en los pagos, pagaría un 19% y si quedaba en descubierto, un 24,5%. Llegó 1990 y el PSOE no había devuelto ni una peseta ni había pagado ningún interés. Llegó 1993 y los socialistas no se acercaban al banco a pagar ni en pintura. ¿Qué hizo el Santander? Según el secretario general del banco, Ignacio Benjumea, decidió provisionar 2,31 millones de euros (1,61 del principal y 1,7 millones más de intereses) y sanear así en el balance un crédito con aspecto de incobrable. No consta que intentara ningún embargo.

Pasaron los lustros y el Tribunal de Cuentas siempre preguntaba lo mismo al PSOE: ¿Han pagado ya esta deuda vencida? ¿Por qué no contabilizan los intereses que adeudan? El gerente del partido –entonces Ramón Moreda, el actual presidente de Confersa, filial de Renfe– siempre contestaba que no se contabilizan porque están «pendientes de renegociación ». El PSOE siempre confió en no tener que pagar todo lo que debía al Santander, pero no renegoció durante los ocho años de gobierno de Aznar. Fue en 2005 cuando el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, animó a su paisano, el nuevo gerente en sustitución de Moreda, Xoan Cornide, a regularizar la situación. Loable decisión, pero qué casualidad que el PSOE no quiso ponerse a negociar con el banco hasta que volvió al poder. Montilla acababa de hacer lo mismo con La Caixa en Cataluña con éxito condonador. En mayo de 2006 llegó el acuerdo. El PSOE devolvía el principal de 1987 y los intereses como si hubiera pagado a tiempo en 1990 y poco más. Se perdonaban los intereses de demora, según el informe aprobado esta primavera por el Tribunal de Cuentas. El socialista Mas restó importancia: «Todo el mundo sabe que hay renegociaciones de particulares, de empresas y los partidos políticos por igual. El PSOE negoció los intereses de demora y eso es lo habitual, lo que pasa cuando hay deudas antiguas ». ¿Habitual?

Los abogados Antonio Panea y Emilio Petri, accionistas del Santander y látigos judiciales de Botín –son, por ejemplo, promotores del proceso por los pagos a Garzón– sostienen que de habitual, nada. Así que han presentado «una querella criminal contra el administrador o administradores del Banco Santander que condonaron una deuda al PSOE en el ejercicio 2006», según el texto al que ha tenido acceso este diario.

Es una querella «por el presunto delito societario de administración fraudulenta o desleal». Panea y Petri –que han presentado ya el texto en los Juzgados de Instrucción de Madrid – razonan que, tras aplicar los intereses de demora, el banco ha condonado al PSOE «la nada poco apreciable cifra de 3,47 millones de euros lo que equivale a más del doble del capital prestado». Los querellantes adjuntan un informe del Tribunal de Cuentas con el dato de que en 2006, el PSOE podía pagar al tener un saldo de tesorería de 12,6 millones.

«Por ello resulta más inexplicable, si cabe, la renuncia al cobro por parte del Santander en beneficio de su deudor jovenlandeseso, el PSOE». En su opinión, los administradores del Santander han hecho «un uso fraudulento y abusivo de los bienes de la entidad» actuando «de forma desleal y con infidelidad a los demás socios» al no informar adecuadamente de lo que hacían. Además, les acusan de «omitir durante 16 años la ejecución de la deuda y con ello han lesionado la actividad bancaria de la entidad». Finalmente, han producido «un quebranto» al perder el dinero.

En el Santander sostienen que en «la renegociación con el PSOE se tuvieron en cuenta criterios legales y jurisprudenciales» y que el acuerdo fue «satisfactorio», puesto que provisionaron 2,31 millones en 1993 y terminaron cobrando 2,8 con un beneficio de 500.000 euros en 2006.Osea que, según esta versión, el PSOE –que se nutre de fondos públicos– incluso dio una propina que no esperaba al banco.

Panea y Petri piden al juez que reclame al Banco de España todo el expediente y eso es justamente lo mismo que ha pedido el PP. Ya el pasado mes, el diputado popular Ramón Aguirre reclamó los datos al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero éste respondió que sólo lo haría si le autorizaba el PSOE por deber de secreto. Por cierto, que Mafo calificó la operación del Santander de «subvención». Eso se une a que el Tribunal de Cuentas lo consideró una condonación que estaba en 2006 fuera de la Ley.

Hace bien el PSOE en exigir al PP que aclare el caso Gürtel, pero eso no le exime de aclarar ésta y otras condonaciones. La querella, si se admite a trámite, dará otra dimensión al caso y forzará al PSOE a ser más transparente. De momento, estaría bien que explicaran a los ciudadanos cómo se hace para no pagar un euro al banco en 19 años sin castigo.
El mundo via epesimo

Y que pasará en los tribunales, a que juez le tocará.
: A que no les pasa nada ni al Santander ni al Psoe. :

Eso se lo ha pagado el PSOE a Botín con creces...con nuestro dinero.

¿O ha habido alguna Ley contra la banca en los ultimos 30 años?

De momento, estaría bien que explicaran a los ciudadanos cómo se hace para no pagar un euro al banco en 19 años sin castigo.

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Miles de familias hipotecadas esperan ansiosas la explicación para tomar buena nota.

FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL , Gaspar Ariño Ortiz
Las condonaciones de préstamos a partidos

Gaspar Ariño Ortiz - 05/02/2010

La prensa reciente nos da noticia de la condonación de deuda que el Banco de Santander y la BBK hicieron al PSOE en el ejercicio de 2006, por un importe, entre ambos, de 30 millones de euros. Esta condonación se suma a la de 7,1 millones que la Caixa hizo al Partido de los Socialistas de Cataluña en 2004 y que fue igualmente objeto de denuncia pública. Viejo tema éste que en España se ha repetido desde los comienzos mismos de la transición. Recordemos la “deuda histórica” acumulada en los primeros años de la democracia por UCD, por AP, por la que fue “Operación Roca” o del desaparecido CDS, de cuya liquidación nunca se supo.

Esta deuda histórica se cifró en algún momento en 23.000 millones de las antiguas pesetas. El Banco de España dio alguna vez la cifra de 50.000 millones de pesetas (300 millones de euros), que fue el coste total de poner en marcha una democracia de partidos. Bien gastados están. Pero han pasado más de treinta años y al parecer seguimos igual. Los bancos y cajas se ven más o menos obligados a otorgar los préstamos que los partidos les piden -¿qué remedio?- y se encuentran luego con grandes dificultades para cobrarlos. Cuando los impagos, que hasta hace poco eran secretos, llegan a la opinión pública por alguna extraña vía, los bancos se limitan a decir que “la deuda está viva” (aunque haya sido provisionada al 100 por 100).

Las pólizas se aparcan, no se renuncia a cobrarlas, pero tampoco se ejecutan; se dejan dormir durante años, los intereses crecen pero se ignoran, hasta que llega un momento en que se “renegocian”, es decir, se cancelan total o parcialmente y es más fácil para todos borrarlas discretamente (si el Tribunal de Cuentas pregunta no se le dan demasiadas explicaciones). La cosa se presenta como acuerdos expresos o tácitos de renegociación según “los usos y costumbres del tráfico mercantil” (dice el partido) y de un “modo” satisfactorio para el banco y sus accionistas (dice el banco). Y a otra cosa, mariposa. Aunque naturalmente, habría que preguntarse: ¿qué beneficios obtiene el banco o la Caja de esa partida de recursos?, ¿consigue algo a cambio? Silencio.

Esta materia de préstamos y condonaciones de las entidades de crédito a los partidos era hasta el 2007 alegal (no había regulación sobre ella) y, como digo, secreta. Ni los bancos ni las Cajas tenían la obligación de declararlos. Eran los propios partidos quienes informaban a medias de su situación al Tribunal de Cuentas, el cual se quejaba siempre -como ahora- pero tenía escasos poderes de investigación y/o comprobación. Se limitaba a constatar datos y comportamientos respecto de los que nada podía hacer.

Pero la Ley de Transparencia de 2004 impuso a las Cajas (no a los Bancos) la obligación de hacer públicos los préstamos otorgados a los partidos, saliendo a la luz que los saldos vivos de los concedidos eran en los últimos años los siguientes:

- A finales de 2004: 80 millones de euros.

- A finales de 2005: 70.2 millones de euros.

- En el año 2006: 98,8 millones de euros.

- Y en el año 2007: 122,8 millones de euros.

Parece que la contracción del crédito en estos dos últimos años ha detenido este proceso de progresivo endeudamiento, aunque no sabemos los saldos bancarios que habrá que añadir a los anteriores.

Yo estudié hace algún tiempo este tema (vid. G. Ariño, “La financiación de los partidos políticos”, Foro de la Sociedad Civil, Documentos, nº 1, 70 páginas) y daba datos sobre el endeudamiento de los partidos y su impago, entre los que se recogían los ahora denunciados. Mi conclusión era -y sigue siendo- que, en bien de todos -de los bancos, de los partidos y de todos los ciudadanos- hay que poner un límite al endeudamiento, al gasto de los partidos y a estas prácticas crediticias. La candorosa apelación en la actual Disposición Transitoria 2ª de la vigente Ley (2007) a “los usos y costumbres del tráfico mercantil”, en las que el PSOE quiere ahora ampararse resulta risible. Es evidente que al PSOE (es decir, al Gobierno de hoy) o al PP (es decir, Gobierno de mañana) tanto los bancos como las Cajas -que están en sus manos- no les van a aplicar el trato que se le da a un tendero o a un pequeño industrial. Antes al contrario, la citada Disposición bien puede convertirse en la vía de legalizar una amnistía general encubierta.



*Gaspar Ariño Ortiz es Catedrático de Derecho Administrativo y miembro del Foro de la Sociedad Civil.

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