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Madmaxista
La Asociación Española de Impagados de la Construcción (Aepic) consiguió reunir al juez del concurso de la constructora SEOP con cientos de empresas afectadas en un hotel de Madrid. Los afectados llevan más de dos años sin tener noticias del estado del concurso.
El juez del concurso de la constructora SEOP se reúne con cientos de empresas afectadas - Detalle de suscripción
“No es frecuente este tipo de reuniones, pero el concurso de SEOP con más de 4.000 empresas afectadas es excepcional en su dimensión y por tanto justifica esta comparecencia excepcional”.
Así comenzaba su intervención el magistrado Carlos Nieto, titular del Juzgado nº1 de Madrid, el pasado sábado en un hotel de Madrid frente a más de 300 empresas asistentes.
Los afectados llevan más de dos años sin tener noticias del estado del concurso. El motivo es muy simple, el proceso no avanza porque se encuentra colapsado en su fase común debido a las 564 impugnaciones interpuestas por 543 abogados personados.
Cada impugnación es un proceso independiente, que incluye vistas y pruebas y finalmente dictamen de la sentencia. Cuando este juez asumió el caso hace 14 meses, es decir seis meses después de que se iniciara la fase común, se encontró con todas las demandas archivadas en varias estanterías sin tramitar.
Actualmente se han resuelto 206 demandas en un tiempo récord. Un juez dicta de media entre 200 y 300 sentencias por año. Además de SEOP, el juzgado nº1 de Madrid lleva una treintena de casos más, incluyendo otros no menos importantes en tamaño como el caso Iberdrola, o el Concurso de Air Madrid. Por tanto el esfuerzo que está haciendo este juez por dar celeridad al concurso es manifiesto, pero no suficiente.
Medidas de refuerzo
En abril de 2009 el CGPJ aprobó como medida de refuerzo la incorporación de un juez especialista, un secretario judicial y seis oficiales de apoyo al juzgado. “Sin embargo un año después, ni el Ministerio de Justicia ni la Comunidad de Madrid han cumplido con su parte, que es la de dotar los medios necesarios”, afirman desde Aepic. El Ministerio de Justicia es el encargado de poner al juez y al secretario, y la Comunidad de Madrid la encargada de poner a los oficiales y los medios materiales (mesas, ordenadores, etc.).
El 8 de julio, después de que estuviera convocada esta reunión, el CGPJ ha publicado el nombre del juez especialista de carrera, para que refuerce el juzgado. “Faltaría por comprobar si la Comunidad de Madrid cumple también con su parte. De producirse estos refuerzos, a partir de septiembre se podría dar un impulso muy importante al caso, y probablemente a finales de año se podría completar la revisión del resto de demandas, 73 en proceso y 285 pendientes por tramitar”, señalaron en la reunión. Esto abre una pequeña esperanza al final de este largo túnel que supone para las más de 4.000 empresas afectadas conocer si podrán optar a cobrar algo o no.
Preguntas
Durante la reunión se plantearon varias preguntas, las cuales el juez fue contestando de manera clara y concisa. Una de ellas se refería al momento y a la cantidad del cobro, una pregunta que, según el juez, a fecha de hoy no tiene respuesta, ya que nadie puede contestarla.
El juez explicó el proceso de manera pormenorizada: “el tiempo que resta depende de si aumenta o disminuye el número de incidencias y de los medios que disponga el juzgado. Si el número de incidencias se mantiene y finalmente se dotan las medidas de refuerzo aprobadas por el CGPJ para finales de año quedarían resueltas la totalidad de incidencias y sobre mediados del mes de abril se podría dar fin a la fase común del concurso. En cuanto a las cantidades a recuperar, dependerá básicamente de si se aprueba un convenio con quitas incluidas, o si no se llega a un acuerdo y finalmente la empresa se liquida. En el caso del convenio, si la empresa se ajusta al máximo legal permitido y los acreedores acceden, se estaría hablando de abonar el 50% de la deuda a un plazo de cinco años. En caso de no llegar a ningún acuerdo con otros porcentajes y plazos, la empresa se liquidaría y se empezaría a cobrar por orden de prioridad de los créditos reconocidos, es decir, primero cobrarían los bancos, las administraciones públicas y otros créditos privilegiados y si aún queda dinero éste se repartiría entre el resto de acreedores”.
A la pregunta “¿Quiénes son los culpables de esta situación?”, el juez respondió: “Debido a la complejidad de la actividad de la empresa y a la variedad de los casos y situaciones planteadas, no se puede hablar de culpables. El gran volumen de incidencias (si no se hubieran producido incidentes, la fase común se hubiera resuelto al día siguiente), es lo que está provocando el retraso en la fase común. Se podrían pensar que la Administración Concursal hizo mal su trabajo en el informe concursal presentado en septiembre de 2.008, sin embargo la posterior resolución de los incidentes por parte del juzgado confirma el criterio de los administradores concursales”.
Explicó, a continuación, que los abogados de las empresas personadas no han sido las causantes del colapso, “ya que hay cuestiones en la actual Ley Concursal que no están claras, por tanto también se puede concluir que los letrados hicieron bien su trabajo. Un concurso de acreedores es un conjunto de intereses contrapuestos, y cuanto más complejo y voluminoso es, más tiempo se tarda en resolver todas las cuestiones planteadas”.
Por último, el magistrado añadió que “lo único que puede acelerar el proceso y dar esperanzas a las más de 4.000 empresas afectadas es que las medidas de refuerzo aprobadas empiecen a funcionar a partir de septiembre”. En tal caso, el juez se ha comprometido a poner todos los medios a su alcance para que a finales de año se resuelvan todos los incidentes.
El juez del concurso de la constructora SEOP se reúne con cientos de empresas afectadas - Detalle de suscripción
“No es frecuente este tipo de reuniones, pero el concurso de SEOP con más de 4.000 empresas afectadas es excepcional en su dimensión y por tanto justifica esta comparecencia excepcional”.
Así comenzaba su intervención el magistrado Carlos Nieto, titular del Juzgado nº1 de Madrid, el pasado sábado en un hotel de Madrid frente a más de 300 empresas asistentes.
Los afectados llevan más de dos años sin tener noticias del estado del concurso. El motivo es muy simple, el proceso no avanza porque se encuentra colapsado en su fase común debido a las 564 impugnaciones interpuestas por 543 abogados personados.
Cada impugnación es un proceso independiente, que incluye vistas y pruebas y finalmente dictamen de la sentencia. Cuando este juez asumió el caso hace 14 meses, es decir seis meses después de que se iniciara la fase común, se encontró con todas las demandas archivadas en varias estanterías sin tramitar.
Actualmente se han resuelto 206 demandas en un tiempo récord. Un juez dicta de media entre 200 y 300 sentencias por año. Además de SEOP, el juzgado nº1 de Madrid lleva una treintena de casos más, incluyendo otros no menos importantes en tamaño como el caso Iberdrola, o el Concurso de Air Madrid. Por tanto el esfuerzo que está haciendo este juez por dar celeridad al concurso es manifiesto, pero no suficiente.
Medidas de refuerzo
En abril de 2009 el CGPJ aprobó como medida de refuerzo la incorporación de un juez especialista, un secretario judicial y seis oficiales de apoyo al juzgado. “Sin embargo un año después, ni el Ministerio de Justicia ni la Comunidad de Madrid han cumplido con su parte, que es la de dotar los medios necesarios”, afirman desde Aepic. El Ministerio de Justicia es el encargado de poner al juez y al secretario, y la Comunidad de Madrid la encargada de poner a los oficiales y los medios materiales (mesas, ordenadores, etc.).
El 8 de julio, después de que estuviera convocada esta reunión, el CGPJ ha publicado el nombre del juez especialista de carrera, para que refuerce el juzgado. “Faltaría por comprobar si la Comunidad de Madrid cumple también con su parte. De producirse estos refuerzos, a partir de septiembre se podría dar un impulso muy importante al caso, y probablemente a finales de año se podría completar la revisión del resto de demandas, 73 en proceso y 285 pendientes por tramitar”, señalaron en la reunión. Esto abre una pequeña esperanza al final de este largo túnel que supone para las más de 4.000 empresas afectadas conocer si podrán optar a cobrar algo o no.
Preguntas
Durante la reunión se plantearon varias preguntas, las cuales el juez fue contestando de manera clara y concisa. Una de ellas se refería al momento y a la cantidad del cobro, una pregunta que, según el juez, a fecha de hoy no tiene respuesta, ya que nadie puede contestarla.
El juez explicó el proceso de manera pormenorizada: “el tiempo que resta depende de si aumenta o disminuye el número de incidencias y de los medios que disponga el juzgado. Si el número de incidencias se mantiene y finalmente se dotan las medidas de refuerzo aprobadas por el CGPJ para finales de año quedarían resueltas la totalidad de incidencias y sobre mediados del mes de abril se podría dar fin a la fase común del concurso. En cuanto a las cantidades a recuperar, dependerá básicamente de si se aprueba un convenio con quitas incluidas, o si no se llega a un acuerdo y finalmente la empresa se liquida. En el caso del convenio, si la empresa se ajusta al máximo legal permitido y los acreedores acceden, se estaría hablando de abonar el 50% de la deuda a un plazo de cinco años. En caso de no llegar a ningún acuerdo con otros porcentajes y plazos, la empresa se liquidaría y se empezaría a cobrar por orden de prioridad de los créditos reconocidos, es decir, primero cobrarían los bancos, las administraciones públicas y otros créditos privilegiados y si aún queda dinero éste se repartiría entre el resto de acreedores”.
A la pregunta “¿Quiénes son los culpables de esta situación?”, el juez respondió: “Debido a la complejidad de la actividad de la empresa y a la variedad de los casos y situaciones planteadas, no se puede hablar de culpables. El gran volumen de incidencias (si no se hubieran producido incidentes, la fase común se hubiera resuelto al día siguiente), es lo que está provocando el retraso en la fase común. Se podrían pensar que la Administración Concursal hizo mal su trabajo en el informe concursal presentado en septiembre de 2.008, sin embargo la posterior resolución de los incidentes por parte del juzgado confirma el criterio de los administradores concursales”.
Explicó, a continuación, que los abogados de las empresas personadas no han sido las causantes del colapso, “ya que hay cuestiones en la actual Ley Concursal que no están claras, por tanto también se puede concluir que los letrados hicieron bien su trabajo. Un concurso de acreedores es un conjunto de intereses contrapuestos, y cuanto más complejo y voluminoso es, más tiempo se tarda en resolver todas las cuestiones planteadas”.
Por último, el magistrado añadió que “lo único que puede acelerar el proceso y dar esperanzas a las más de 4.000 empresas afectadas es que las medidas de refuerzo aprobadas empiecen a funcionar a partir de septiembre”. En tal caso, el juez se ha comprometido a poner todos los medios a su alcance para que a finales de año se resuelvan todos los incidentes.
