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>Gasto/ El Gobierno emplea 5 millones al año y 62 funcionarios en una agencia para vigilar la eficiencia de la Administración que no vale de nada. La duplicidad de puestos y su vacuidad están a la orden del día. F. Núñez

La reforma estructural más urgente que necesita el país para aumentar la competitividad y reducir el gasto no productivo es la de las tres administraciones (central, autonómica y local). Se trata de un pozo insondable plagado de cargos históricos, muchos de ellos sin función alguna; de organismos, en su mayor parte sin contenido administrativo; de un aparato burocrático duplicado y multiplicado que sólo sirve para poner trabas a la actividad privada; y de un desentrañable número de partidas de gasto sin control y, sobre todo, de falta de eficiencia.

A finales de 2006, el Gobierno creó por decreto un organismo que estaba destinado a ser el paradigma de «la racionalización del uso de los recursos públicos», según su presentación. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval) tiene como cometido, según consta en la norma de su configuración, «la promoción y realización de evaluaciones y análisis del impacto de las políticas y programas públicos, favoreciendo la rendición de cuentas a la ciudadanía», e impulsando «mejoras en la transparencia y el conocimiento de la eficiencia y calidad de los servicios públicos».

Sin embargo, no hay noticias de la eficiencia de la Agencia, que depende del Ministerio de Presidencia del Gobierno y que empezó a operar en 2007. Ni siquiera de los convenios que debería desarrollar con las autonomías y ayuntamientos.

Para 2010, el Ejecutivo, en pleno debate sobre el urgente recorte del gasto público, le ha encargado la misión de evaluar «los programas de vacaciones para mayores» o «el funcionamiento de las demarcaciones de costas para la protección del dominio público marítimo».

109 directores generales, 1.090 subdirectores

El Ministerio de Hacienda tiene 92 subdirectores, el de Trabajo, 62, y el de Industria, 52. Todos ellos con sus adjuntos, jefes de área y jefes de servicio. Desde el primer Gobierno de Aznar nadie se ha planteado si su función tiene sentido.

Mientras tanto, se ha descafeinado el control previo del gasto que antes hacía la Intervención General del Estado. Ahora, sólo habilita partidas de gasto. Y nadie es capaz de poner orden, por ejemplo, a la existencia de casi un millar de subdirecciones generales sólo en la Administración central, con sus respectivas unidades de apoyo, vocales asesores, divisiones con sus respectivos directores, adjuntos, jefes de áreas o jefes de servicios. ¿Qué sentido tiene que Presidencia tenga una subdirección destinada al «control estricto»?

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval), que depende de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tiene un coste previsto para 2010 de 4,9 millones de euros, de los cuales 3,3 se destinan a pagar nóminas de los 62 funcionarios adscritos a este departamento. Y, al tratarse de un organismo público que busca la eficiencia, resulta que emplea 800.000 euros (el 16% de su presupuesto) a «arrendamientos de edificios» ya que, al no tener sede donde ubicarse, ha optado por el alquiler de un cuarto piso lejos de los departamentos ministeriales. Pero el pago de este arrendamiento no es comparable, por ejemplo, con los 9,8 millones que abona el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Para tener una idea de la generosidad de cargos existente en la Administración, conviene saber que en el máximo escalafón hay, además de los 17 ministerios, 25 secretarios de Estado. Parte de ellos no son funcionarios. Pero, de aquí hacia abajo, las cifras se multiplican exponencialmente y todos ellos tienen empleo vitalicio. Y hay exactamente 26 secretarios generales, 17 secretarios generales técnicos, 17 subsecretarios, 109 directores generales y 1.090 subdirectores generales. Todos ellos con sus respectivos equipos.

El Ministerio de Economía y Hacienda tiene en su nómina a 97 subdirectores generales, incluido uno que se encarga de «las relaciones laborales» que, a la vez, dispone de ocho adjuntos, un jefe de área y otro de servicio, entre otros. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, también dispone de 98 consejeros en otras tantas oficinas comerciales en el extranjero (pero del comercio se ocupa el Ministerio de Industria); de 52 delegados provinciales de la Agencia Tributaria, más otros 17 autonómicos; así como de otros 52 de Economía, y otros nueve delegados especiales.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tiene a su disposición 62 subdirectores generales, y Miguel Sebastián, ministro de Industria y Comercio, dispone de 59. Entre ellos, uno de «crecimiento empresarial» y otra de «entorno institucional y coordinación internacional en política de pyme». ¿A qué se dedican? Sebastián acumula también en su organigrama 31 direcciones territoriales de comercio y 29 oficinas de turismo en el extranjero.

Puestos a sumar, existen en los diversos ministerios 35 institutos de lo más variopinto, desde el de Cualificación, en Educación, al de Gestión Sanitaria o el Geológico y Minero. Defensa, por ejemplo, se apunta en su estructura a 22 mandos (de Acción, Adiestramiento y Doctrina o Artillería de Costa), así como un organismo dedicado a la Historia y Cultura Naval. En la Casa Real figuran 14 ayudantes de campo.

Este es el esquema administrativo que han copiado las 17 autonomías. Y por si fuera poco, además de las 8.000 administraciones locales, hay que añadir 52 presidentes y otros tantos secretarios generales de las diputaciones provinciales, más idéntico número de vicesecretarios generales. Así como los 17 delegados del Gobierno en las autonomías, 52 delegados provinciales y otros tantos subdelegados, y sus respectivos secretarios generales.

Pero hay más. Todavía al Gobierno, tan preocupado por el control del gasto, no se le ha ocurrido encargar a la agencia de control de la eficiencia que evalúe el chorreo de millones que los ministerios emplean a alquilar edificios a pesar de la infrautilización de los metros de que disponen. Por ejemplo, Fomento emplea casi 1,6 millones y la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, adscrita a Interior, se gasta 4,4 en estos menesteres. Justicia emplea casi tres millones y hasta el Tribunal de Cuentas usa 470.000 euros. Mientras, Exteriores alcanza los 12 millones. Claro que ese departamento tiene abiertas nada menos que 189 embajadas sin que se sepa cuál es su eficiencia, para qué sirve tener tantas o si cumplen sus objetivos.

Esto es lo que hizo el PP en 1996 cuando necesitó ajustar el gasto público para facilitar la convergencia con la UE. Desde entonces, ningún Gobierno ha puesto boca abajo todas las partidas presupuestarias para saber si sirven de algo o se repite o amplía el gasto del año anterior.

La responsabilidad del control del gasto es de Economía y Hacienda. Pero de la eficiencia de la Administración responde Presidencia. Y resulta que la vicepresidenta De la Vega tiene en su gabinete a 14 personas (y otras cinco vacantes).

En su negociado hay, por ejemplo, una dirección general que se ocupa de la coordinación y administración de «servicios periféricos» (dotada con cinco subdirectores generales y un secretario general, además de una «secretaría particular») y de una serie de subdirecciones generales sin contenido aparente. Por ejemplo, hay una de «conflictos de intereses» y otra de «seguimiento de iniciativas económico-presupuestarias». En Presidencia también existe un Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral, que cuenta con una directora, secretaría, unidad de apoyo, vocales asesores, división de estudios y planificación y otra de cooperación y asuntos internacionales.

Lo que es evidente es que en la Administración central hay una hiperinflación de organismos y, sobre todo, de cargos que nadie se ha entretenido en averiguar para qué sirven. El problema es que la mayoría de ellos son funcionarios y, aunque se suprima el cargo, seguirán en la nómina pública. Por tanto, los reajustes de ubicación anunciados por el Gobierno no tienen apenas trascendencia en el gasto.

Ocurre también que, cuando los altos cargos cesan en su responsabilidad, cobran el 80% de su salario durante dos años y es compatible con cualquier otro sueldo público. Así, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha anunciado que va a unificar en una las cuatro secretarías de Estado que tiene en su departamento. Sin embargo, los tres salientes seguirán cobrando esa indemnización junto a su sueldo. En 2010, a pesar de que a partir de junio han dejado de cobrar los ex ministros y ex secretarios de Estado que salieron en el ajuste ministerial de 2008, el gasto total previsto por esa dádiva es de un millón de euros. A pesar de este anuncio, Moratinos no va a reducir su organigrama. Va a compensar la supresión de estas secretarías de Estado con la creación de secretarías generales.

No hay cuenta pública ni economía que aguante este peso, cuya eficiencia nadie ha evaluado.

El Mundo vía e-pesimo Auxiliar 1: MERCADOS: El país de lo cargos inútiles/ 109 directores generales, 1090 subdirectores/ Top de los prescindibles/ "El Gobierno retrasó el ajuste y daño


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MonteKarmelo MonteKarmelo está desconectado
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AUTONOMÍAS
El 'top' de los prescindibles

El Ministerio de Asuntos Exteriores destina todos los años la friolera de 12 millones de euros para alquilar, entre otros, los edificios y oficinas que albergan las 189 embajadas que tiene abiertas por todo el mundo. ¿Son necesarias tantas embajadas en estos momentos de crisis, y sobre todo, son imprescindibles algunas emplazadas en lugares recónditos y desconocidos? ¿Y es de recibo que una comunidad autónoma como Cataluña cuente con varias embajadas? Seguramente, no. Además, nadie sabe si todas ellas cumplen con los objetivos que les encomendaron. El ministro Miguel Ángel Moratinos está planteándose reestructurar su departamento. Y mientras esto sucede, la Junta de Extremadura ha decidido crear el cargo de responsable de África en la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo. Lo ostenta Victoria López con un salario anual de 50.918 euros. En esta autonomía, además, existe duplicidad de organismos dedicados a esta materia, ya que a la Agencia hay que añadirle el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, que tiene funciones similares.

Otro ejemplo de descontrol de fondos públicos tiene lugar en Cataluña, una comunidad que cuenta con seis delegaciones abiertas en el extranjero, creadas a iniciativa del vicepresidente de la Generalitat para estrechar las relaciones bilaterales con una serie de países. Carod Rovira colocó a su hermano Apel•les al frente de la oficina de París por un módico salario de unos 87.500 euros. Un lujo que muy pocos dirán que no es prescindible.

Son sólo un par de casos de los muchos que existen en la Administración regional española de sobredimensión de unos aparatos públicos, que fueron engordando sin control en los tiempos de bonanza. La duplicidad de funciones en los puestos es la tónica predominante. Así, pese a que en España existe una amplia estructura de Defensor del Pueblo, en Navarra, la Comunidad Valenciana o Cataluña, entre otras autonomías, existe una figura con idéntico cometido.

Lo mismo sucede en las agencias de promoción turística, donde ayuntamientos solapan cargos con sus propias autonomías, con la ciudad de Madrid como caso más sangrante. MERCADOS ha seleccionado nueve puestos públicos como paradigmas de la ineficiencia.

BALEARES
Promocionar el catalán, pero por triplicado


La directora insular de Política Lingüística en el Consell de Mallorca, Rosa Barceló, se dedica a fomentar la lengua catalana en la isla, una tarea para la que en Baleares existen otras dos directoras con las mismas funciones, pero colocadas en diferentes niveles administrativos. En definitiva, un caso flagrante de repetición de cargos. Las otras dos directoras de Promoción Lingüística son Margalida Tous, en la dirección general del Govern (presupuesto de 6,2 millones), y Paula Fluxá, en el Ayuntamiento de Palma. Para esta misión cultural, la autonomía, además, cuenta con un Consorcio para el Fomento del Catalán (Cofuc) con un presupuesto de 1,2 millones.

En Baleares, aparte de los 10 consellers regionales, cada isla cuenta con su Consell y sus consellers: 30 más. Los 40 cobran unos 60.000 euros anuales más dietas. La mayoría están repetidos. Como Turismo en Mallorca, en el que la consellera insular, Bel Oliver, no tiene siquiera las competencias.

También sin competencias -son de Fomento-, el Govern tiene una directora general de Transporte Aéreo, Joana M. Amengual, que cobra 50.000 euros. Y para labores diplomáticas mantiene a Jordi Bayona, director general de Acción Exterior y Relaciones con la UE, y dos entes: el Centre Balears Europa -1,8 millones- y la Fundación Balears a l'Exterior -1,25 millones-.

EXTREMADURA
51.000 euros para la asesora en asuntos africanos


La Junta de Extremadura creyó necesario, en plena crisis, crear para Victoria López el cargo de asesora en asuntos africanos, con un sueldo anual de 50.918 euros, que se integra en la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo. Existe otro organismo similar en la región, denominado Fondo Extremeño Local de Cooperación para el Desarrollo. A ello hay que añadir además otro ente, el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, dentro de un entramado que incluye oficinas de la Junta en Bruselas y Lisboa.

En materia de política exterior, la Junta no ahorra en gastos. Cuenta con las sociedades Fomento Exterior de Extremadura y Fomento Extremeño del Mercado Exterior, que dedican 306.600 euros y 1.135.000 euros en gastos de personal, respectivamente.

Al margen de la propia Consejería de Juventud y Deportes, se ha creado Fomento de la Iniciativa Joven, con 1.232.000 euros en gastos de personal. La duplicidad llega con otro organismo, Fomento de Jóvenes Emprendedores, que destina 558.000 euros a personal. Además, está la Sociedad de la Innovación, con 113 trabajadores, que suponen una factura de más de dos millones. Por si fuera poco, se ha creado el Centro de Nuevas Iniciativas. Todo ello se completa con el Consejo de la Juventud.

CATALUÑA
Un 'embajador' de la familia por 87.500 euros


El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, tiene en gran estima a su familia y en particular a su hermano Apel•les, a quien colocó al frente de la delegación internacional de París, una de las polémicas embajadas en el extranjero que creó la Generalitat y cuyo coste se prefiere ocultar. Apel·les no se puede quejar ni del destino ni del salario, unos 87.500 euros anuales.

El vicepresidente se ha rodeado siempre de un sinfín de hombres de confianza, con la paradoja de que en agosto 2008 tuvo que crear el cargo, «con carácter eventual», de coordinador de asesores del vicepresidente, que asumió Marc Marsal, con un sueldo de 38.300 euros anuales, más dietas.

A pesar de que la Generalitat se impuso en su día la cifra límite de 218 cargos de confianza para no exceder el número del Gobierno de Jordi Pujol, a mediados de 2009 llegó a contratar a 249. Eso sí, se prohibieron nuevos fichajes.

En la creación de entidades públicas, Cataluña es la autonomía líder, con 335, por delante de Andalucía (317). La última de las entidades creadas es la Agencia Catalana de la Inspección del Trabajo, una competencia cuyo traspaso quedaba reflejado en el Estatut y que gestaron PSOE y PSC el pasado año.

ANDALUCÍA
Siete millones para el Consejo Audiovisual


Al frente del Consejo Audiovisual Andaluz, con un presupuesto de 7,3 millones de euros, se encuentra Juan Montabes, que cobra un sueldo anual de 56.000 euros netos. La comunidad, con más de un millón de parados, puede presumir de ser la única región pobre que posee un Consejo Audiovisual como el de las ricas Navarra y Cataluña. De los 7,3 millones, más de cuatro pagan las nóminas del personal y los altos cargos.

A diferencia de lo que ocurre con consejos audiovisuales como el catalán, el seguimiento diario de las señales televisivas que se emiten en la comunidad es un servicio que está externalizado. Creado en 2005, el CAA se ha convertido en motivo continuo de escándalo por abusos cometidos con cargo al contribuyente, como almuerzos de trabajo en los que predominaban las ostras y las botellas de Ribera del Duero.

No es el único organismo prescindible. El Ayuntamiento de Sevilla, que preside el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, también promueve su particular Alianza de las Civilizaciones. El consistorio creó en 2004 la Fundación Sevilla Nodo entre Oriente y Occidente, para impulsar la acción internacional de Sevilla como ciudad de la tolerancia, el diálogo y la paz. En el presupuesto de 2010 está previsto que el Ayuntamiento hispalense transfiera 100.000 euros a esta fundación.

C. VALENCIANA
Fiestas VIP en la Fórmula 1 para atraer inversión


Antonio Lis es el director de la empresa pública Comunitat Valenciana d'Inversions (VCI). Como sucedió en el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de 2009, VCI convocó de nuevo, en febrero pasado, un concurso para organizar «actividades» en el marco de «las jornadas» que «celebrará en Valencia del 25 al 28 de junio de 2010, con responsables y directivos de determinadas multinacionales», es decir, coincidiendo con la prueba automovilística.

Los estatutos de VCI establecen que fue creada para «atraer» inversiones «tanto extranjeras como nacionales». Para conseguirlo, además de celebrar fiestas VIP en la Fórmula 1, la empresa ve útil organizar torneos de la Copa de Europa femenina de golf. Sus únicos ingresos (4,39 millones de euros en 2010) proceden de subvenciones de la Generalitat, pero como aparentemente 15 trabajadores no son suficientes para cubrir la mayor parte de su actividad, destina 3,72 millones a pagar servicios exteriores.

En la Administración valenciana se dan diversos casos de organismos duplicados. Algunos llevan el sello de fundación, como el Servicio Valenciano de Empleo, que convive con el Servef (el Inem valenciano), y con el Inem estatal. Además, cada Diputación provincial tiene su marca turística, y sobre ellas planea la de la Generalitat.

MADRID
Empresas públicas para hacer lo mismo


Miguel Ángel Villanueva es el concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid. Dirige una empresa que se llama Esmadrid, que hace casi lo mismo que otra empresa de la Comunidad, Tourmadrid: promocionar la marca Madrid en todo el mundo. Su sueldo, casi 100.000 euros.

Alberto Ruiz-Gallardón, actual alcalde, llevó al Ayuntamiento el modelo de la Comunidad y creó decenas de direcciones generales y organismos similares a los que tenía en el Gobierno regional. Instituciones y empresas para hacer casi lo mismo se han duplicado en los últimos años.

La Comunidad, con Esperanza Aguirre, tiene una dirección general de Turismo y una empresa, Turismo Madrid, para promocionar la región y que tiene en la capital su principal reclamo. En algunos casos se ha llegado al ridículo. En Barajas había stands de las dos instituciones que competían por dar, prácticamente, la misma información a los visitantes.

La cuestión se repite hasta en la lucha contra las drogas, la economía y los servicios sociales... Organismos duplicados para hacer lo mismo. La presidenta ha anunciado un plan para reducir empresas públicas a fin de recortar gastos, algo que quiere hacer el Ayuntamiento. Sólo falta que se pongan de acuerdo y cierren aquéllas que tienen la misma función.

NAVARRA
Un Defensor del Pueblo para 630.578 navarros


El Parlamento de Navarra creó en julio de 2000 la institución del Defensor del Pueblo, a la que atribuyó la función de velar por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicas de las personas. El artículo 1 de la Ley Foral que diseña la institución dispone que el Defensor del Pueblo es el alto comisionado del Parlamento navarro, designado por éste para la defensa y mejora del nivel de protección de los derechos y libertades amparados por la Constitución y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral.

Su función es la de salvaguardar a los 630.578 habitantes de la región frente a los posibles abusos y negligencias de la Administración. Esta figura tiene, entonces, las mismas atribuciones del Defensor del Pueblo español, cargo que ocupa en funciones María Luisa Cava de Llano, al terminar el mandato de 10 años de Enrique Múgica. En Navarra el cargo de Defensor del Pueblo es ocupado desde 2007 por Francisco Javier Enériz, que cobra más de 64.000 euros tras una revisión a la baja -antes recibía 75.000 euros-. El Gobierno foral que, a raíz de la crisis ha hecho una contención del gasto corriente y ha agrupado algunas consejerías como Educación y Relaciones Institucionales bajo un único mando, destina a este cargo en los presupuestos de 2010 un total de 1.239.770 euros.

CASTILLA-LA MANCHA
120.000 euros para el cerebro de la 'tele' regional


Jordi García Candau ostenta el que quizás sea el cargo público más inútil de Castilla-La Mancha y es, además, el que más cobra en la Junta de Comunidades. Así lo viene denunciando el PP, que tiene en este periodista su verdadera bestia negra desde que en el año 2000 accedió al cargo de director general de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha.

Según los datos que manejan los populares, su sueldo alcanza los 120.000 euros, muy superior al que percibe el presidente autonómico, José María Barrreda. Para la senadora Carmen Riolobos, «es el cargo más inútil porque no hace nada bien, y lo que pagamos entre todos los castellano-manchegos a la televisión regional -76 millones de euros anuales-, es dinero perdido».

Como ejemplo de lo mala y cara que es su gestión, García Candau ha puesto en marcha el canal digital CMT 2, que cuenta con un una audiencia media de 0,07 espectadores. Tampoco rompe audiencias CMT 1, ya que, según la empresa Kantar Media, el programa El Gran Prix Xpress tuvo el lunes un pico de 26.000 espectadores.

Durante su etapa como director general de Radio Televisión Española, entre 1990 y 1996, Candau no tenía ningún tipo de relación institucional con el PP, entonces presidido por José María Aznar.

CANTABRIA
36 millones para una fábrica 'fantasma'


El dispendio económico en la comunidad autónoma de Cantabria tiene como máximo referente a Sodercan, conglomerado corporativo que agrupa a las empresas públicas regionales y que, dirigido por Salvador Blanco, con el beneplácito del consejero de Industria, Juan José Sota, ha protagonizado algunos de los casos de derroche de dinero público más escandalosos de los últimos tiempos.

En enero de 2008, el Ejecutivo regional transfirió cinco millones de euros a Idican para que procediera a contratar la solución y ejecución de los trabajos necesarios para universalizar el servicio público de televisión digital en Cantabria, una encomienda que nunca llegó a realizarse. Pese a los intentos de la Consejería de Industria, Sodercan, matriz a la que se encuentra adscrita Idican, hizo oídos sordos: no justificó el gasto y consolidó balance.

Todo es posible para un grupo que invirtió 36 millones de euros en 2008 para poner en marcha, junto a la empresa Euroamérica, la fábrica de fibroyeso GFB, una planta cuya producción aún no ha arrancado y que actualmente busca compradores que se hagan cargo de la propiedad. También deberían asumir la deuda de la factoría, que se encuentra en liquidación.


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  #3  
Antiguo 11-jul-2010, 12:34
cuatro.g cuatro.g esta en línea ahora
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Enviar copia de esto a Alemania para que sepan donde le tienen que decir a ZP que meta tijera la próxima vez que llamen.


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  #4  
Antiguo 11-jul-2010, 12:40
kemao2 kemao2 está desconectado
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Thanks con letras de oro. Ni un solo recorte social sin antes recortar estos despilfarros de la casta política. Hay mucho donde recortar de la estructura de las adm publicas, y hayq ue hacerlo ya y de forma urgente, aunque perjudique a los hamijos.


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  #5  
Antiguo 11-jul-2010, 12:48
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A todos estos despilfarradores solo les cortaria una cosa...



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  #6  
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ByeBentham ByeBentham está desconectado
porompompero
 
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Pues sí, pero ni para salir a manifestarnos sin manipulación servimos.


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  #7  
Antiguo 11-jul-2010, 12:58
cuatro.g cuatro.g esta en línea ahora
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Agrego el país de los cargos inútiles y de los inútiles en los cargos.


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  #8  
Antiguo 11-jul-2010, 18:30
marolmat marolmat está desconectado
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El problema es que la mayoría de ellos son funcionarios y, aunque se suprima el cargo, seguirán en la nómina pública. Por tanto, los reajustes de ubicación anunciados por el Gobierno no tienen apenas trascendencia en el gasto.

Ocurre también que, cuando los altos cargos cesan en su responsabilidad, cobran el 80% de su salario durante dos años y es compatible con cualquier otro sueldo público.

Fácil y sencillo. SE CAMBIA LA LEY DONDE HAGA FALTA. Pero eso lo tienen que hacer desde Berlín. Ojalá se remanguen de una vez, ahora que están picaos porque "compramos la victoria" sobre ellos en el mundial


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  #9  
Antiguo 13-jul-2010, 23:17
MonteKarmelo MonteKarmelo está desconectado
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El cargo público que más cobra en la región (por encima de Barreda) es inútil

Eso es al menos lo que piensan en "Mercados", el suplemento salmón del diario El Mundo, que el pasado fin de semana dedicó un amplio reportaje de portada a "El país de los cargos inútiles". Entre dichos cargos "prescindibles" figura uno de Castilla-La Mancha, el que más cobra en la región dentro de la Administración pública: Jordi García Candau, director general de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha.

Según "Mercados", la reforma estructural más urgente que necesita España para aumentar la competitividad y reducir el gasto no productivo es la de las tres administraciones: Central autonómica y local. A juicio del periódico se trata de un pozo sin fondo lleno de "cargos históricos, muchos de ellos sin función alguna; de organismos, en su mayor parte sin contenido administrativo; de un aparato burocrático duplicado y multiplicado que sólo sirve para poner trabas a la actividad privada, y de un desentrañable número de partidas de gasto sin control y, sobre todo, de falta de eficiencia".

Como complemento del extenso reportaje de los cargos inútiles, "Mercados" ofrece el top de los prescindibles, uno por cada una de las nueve comunidades autónomas que se citan. Y entre ellos aparece, sobre todo por el sueldazo que cada mes se lleva a casa, el director general de la radio y la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, Jordi García Candau, del que ya hemos hablado en otras ocasiones en estas páginas resaltando que su salario es muy superior al del presidente del gobierno autónomo, José María Barreda.

En una columna firmada por el periodista toledano Damián Villegas, el suplemento de El Mundo comienza su referencia a García Candau afirmando que "ostenta el que quizá sea el cargo público más inútil de Castilla-La Mancha y es, además, el que más cobra en la Junta de Comunidades". Citan en ese sentido las numerosas denuncias públicas realizadas por el PP de la región desde que Candau asumió el cargo en el año 2000 de la mano de José Bono. Su sueldo alcanza los 120.000 euros y según la senadora y portavoz regional del PP, Carmen Riolobos, "es el cargo más inútil porque no hace nada bien, y lo que pagamos entre todos los castellano-manchegos a la televisión regional -76 millones de euros anuales- es dinero perdido".

El ejemplo más claro de su mala y cara gestión estaría en la puesta en marcha del canal digital CMT 2, cuya audiencia media es de 0,07 espectadores. En CMT 1, salvando las distancias, las cosas tampoco irían mucho mejor.

Lo peor de todo esto, como ya ha contado EL DIGITAL, es que la mayor parte de estas afirmaciones las suscriben en privado en el PSOE y en el Gobierno regional. Pero García-Candau, por razones que se nos escapan, sigue siendo intocable.

En "el top de los prescindibles" de "Mercados" se citan a nueve personas de otras tantas comunidades autónomas. Entre todas ellas Candau es el que más cobra y el que mayor presupuesto maneja, casi 80 millones de euros anuales.



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