Caos en la Agencia Tributaria. La investigación de las 3.000 cuentas de titulares españoles en Suiza ha puesto en evidencia un doble juego en el organismo.

De cara a la opinión pública, el Ejecutivo de Zapatero, que ha hecho de la lucha contra el fraude fiscal su bandera, prometió lanzar la ley contra quien evadió sus obligaciones en Suiza. Pero, de puertas a dentro, la versión cambia completamente, pues las instrucciones internas dadas en la Agencia protegen a los presuntos defraudadores, rebajando al máximo su sanción (que nunca iría contra el principal de la cuenta, sólo contra sus intereses), su recargo por perjuicio a la Hacienda Pública, y eximiendo a los afectados de cualquier tipo de delito.

Un cambio que supondría que de los 6.000 millones opacos en Suiza –es sólo la estimación más fiable–, Hacienda, por intereses que el Ministerio no desvela públicamente, renunciaría a recaudar cerca de 1.500 millones. Y que supondría, para un presunto defraudador en Suiza de dos millones de euros, llegar a pagar por su evasión hasta 23 veces menos de lo que normalmente exigiría la inspección para otro contribuyente cualquiera. Todo ello en un contexto especial: se trata del primer caso de posible repatriación de capitales –la mayor desde la Transición– desde que surgieron los rumores de una amnistía fiscal generalizada, con lo que el caso de Suiza sentaría un precedente.

Esta denuncia ha sido destapada por los Inspectores de Hacienda. “Los efectos jurídicos que se han manifestado a los medios de comunicación no son los mismos que los que se desprenden de la instrucción conjunta de los Departamentos de Inspección y Gestión” que se emitía en la misma fecha, denuncian.

Hacienda emite una orden interna que contradice lo anunciado ante la opinión pública

- La versión pública
De un lado, la masiva nota de prensa de la Agencia dejaba claro que “el procedimiento no era una invitación de declarar sino un requerimiento formal”, dejando la puerta abierta al definitivo envío del afectado “a la jurisdicción penal por delito fiscal”. Por si quedaban dudas, frente a los micrófonos el director de la Agencia, José Manuel López Carbajo, aseguraba que la regularización “en nada excluye la imposición de sanciones, y, en su caso, si hay pruebas suficientes, de denuncias por los delitos correspondientes”. Todo un aviso a navegantes: poner al día sus impuestos no exime de delito.

La Agencia aprovechó ese discurso para reprender a las asociaciones que criticaron la amnistía, asegurando que actuaban “con ligereza, desconociendo el detalle y la investigación reservada”.

- La versión interna
¿Desconocimiento? El mismo día los inspectores de Hacienda recibían una instrucción, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, en la que la Agencia señalaba que, lejos de que la regularización ponga a los afectados a las puertas del delito, la reprimenda por el fraude a Hacienda se limitaría a una sanción tributaria por los intereses de los capitales opacos –limitada respecto a lo que supondría para todo el capital repatriado– y un recargo. Pero, en todo caso, eludiendo la responsabilidad penal personal. Las instrucciones recibidas rebajan el poder de los inspectores, a los que se criticó públicamente, para perseguir a los defraudadores.

- La textualidad del texto
En concreto, el mail interno con la instrucción dice que “dado lo específico del requerimiento (...) entendemos que sólo las rentas derivadas de dichas cuentas son las que deben dar lugar a la imposición de la sanción, debiendo considerarse que el resto de rentas se declaran de forma espontánea a los efectos de la aplicación del régimen de recargos del artículo 27 LGT”.

Aplicación ésta, por cierto, que supone admitir una amnistía fiscal encubierta. No acaba ahí la instrucción para, al fin y al cabo, seguir protegiendo a los titulares de las cuentas opacas. “Si el obligado presenta una autoliquidación que incluya todas las rentas en HSBC identificadas en el requerimiento finalizará el procedimiento iniciado”.

¿Y que pasa con las restantes autoliquidaciones? Eso también lo aclara la limitante instrucción de Hacienda: se efectuarán sin que exista ningún procedimiento tributario iniciado en relación a ese concepto y periodo, “por lo que se considerarán espontáneas dando lugar a un recargo de los regulados en la LGT”.

- La repercusión
Con casos concretos en la mano, esto significa que, una fortuna con dos millones de euros en una cuenta suiza, y con un interés del 4% anual durante tres ejercicios, pagaría sólo una sanción (del 150% de los intereses, sin el principal, lo que supondría 64.800 euros) y un recargo del 20% (172.000 euros) por el perjuicio originado a Hacienda. Así, en total, la regularización se saldaría desembolsando 236.800 euros, el 26% de la base de la sanción. De no hacer la vista gorda, el pago habría sido 23 veces superior: rebasaría los 5 millones.

Críticas a la falta de coordinación
“La Agencia Tributaria debería haber incluido a los titulares de las cuentas opacas suizas en el plan de inspección y haberlos citado para comprobar todo, IRPF y Patrimonio, no sólo intereses, al igual que han hecho las autonomías”, opina José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado y presidente de la Asociación de Inspectores del Estado hasta 2007. Así lo declaró ayer Peláez en un curso de fiscalidad que organiza CISS, del Grupo Wolters Kluwer.

¿Casualidad? La Agencia purga su cúpula
La instrucción recibida no es una cualquiera. Enviada por la secretaria de la Dirección del departamento de Inspección, se dirige a los responsables de todas las delegaciones de la Agencia, con copia especial, en último lugar, al propio Carbajo. No es lo único que llama la atención: la firman María Dolores Bustamante y ****** Cervantes, de quienes, precisamente, la semana pasada, prescindió Carbajo en una purga en la cúpula de la Agencia.

Las fuentes consultadas indican que, junto a una lógica renovación del equipo ante la llegada de un nuevo director –salió Pedroche en mayo por supuestas desavenencias con los responsables de Economía–, el caso de las cuentas en Suiza ha sido clave en esta reorganización, dadas las distintas opiniones en la Agencia acerca de este asunto. En el documento que se adjunta, se muestra la instrucción que recibieron las delegaciones, dando órdenes contradictorias sobre la investigación.

Hacienda ha amenazado a los implicados en el escándalo de las cuentas opacas en Suiza con publicar en el BOE una lista con sus nombres si no se dan por enterados del requerimiento que les ha enviado. Algo que han hecho muchos de los presuntos defraudadores aconsejados por el asesor contratado por HSBC, Uría & Menéndez. En todo caso, aceptar el requerimiento tampoco implica reconocer nada irregular y, según distintas fuentes consultadas, una vez pasado el 30 de junio ya no tiene ninguna ventaja ignorarlo.

Se trata de una clara medida de presión por parte de Hacienda para meter el miedo en el cuerpo a los implicados, ya que muchos de ellos son apellidos conocidos que no quieren ni por asomo ver su nombre publicado en relación con este escándalo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que sólo se publicarían los de aquellos que se nieguen a recoger el requerimiento enviado por el Fisco, no los de que opten por no regularizar su situación.

Esta amenaza obedece a que prácticamente ningún presunto defraudador ha regularizado su situación hasta ahora, lo que pone en evidencia la gestión de este asunto por parte de la Agencia Tributaria, muy criticada dentro y fuera del organismo y que ha costado el puesto a los máximos responsables de gestión e inspección.

En todo caso, la publicación en el BOE es una medida habitual por parte de Hacienda para notificar actuaciones administrativas cuando no es posible comunicarlas personalmente al afectado. Es lo que se conoce como “citaciones por incomparecencia”, que se publican en el diario oficial los días 5 y 20 de cada mes.



Ahora bien, hay dudas sobre la licitud de esta medida en el caso de las cuentas en Suiza, ya que lo que se les ha enviado es un requerimiento de información, no una citación. Es decir, no se sabe bajo qué rótulo podrían aparecer los nombres en el BOE, y parece impensable que sea algo así como “requerimiento por cuentas en Suiza”. Algunas fuentes señalan que tendría que ser algo genérico como “índice de actuaciones” que no ligaría explícitamente a estos nombres con el escándalo del banco HSBC.



Ahora compensa recoger el requerimiento



Más allá, los expertos consultados opinan que tenía sentido no darse por enterados del requerimiento antes del 30 de junio, pero que ya no lo tiene una vez superada esta fecha. Es discutible que este requerimiento interrumpa la prescripción de las irregularidades fiscales –sólo lo hace una inspección o una querella-, pero, aunque lo hiciera, debía haberlo hecho antes del 30 de junio, que es cuando prescribía el ejercicio 2005.



“Una vez vencido ese plazo, ya no tiene sentido arriesgarte a que tu nombre aparezca públicamente, así que la gente recogerá el requerimiento”, opina uno de los expertos. Otro va más lejos y considera absurda esta medida de Hacienda: “Si no ha evitado la prescripción de un ejercicio, publicar los nombres el 20 de julio es un viaje para el que no hacen falta alforjas”.



Por otro lado, darse por enterado del requerimiento no tiene consecuencias legales y no obliga necesariamente a regularizar la situación fiscal. Otra de las fuentes señala que “los que no han regularizado cada vez están más convencidos de que Hacienda no está tan segura de sus armas”, por lo que no espera que haya más implicados dispuestos a pagar los impuestos no declarados por sus cuentas en Suiza.



Lo cierto es que los incentivos para regularizar son muy pocos: no está claro que eso exonere del delito fiscal, en el escándalo de Liechtenstin sólo pagaron los que declararon y es muy dudoso que Hacienda pueda ganar en un juicio ya que la prueba es la lista robada por un empleado de HSBC, es decir,obtenida de forma ilegal.

Iniciado por estrujillo

Pues parece que ZP dice una cosa y hace otra:

Iniciado por Big Bang

Cuanta mierda hay en el circo económico.

Espero que algún día se les caigan las caretas a los sicarios de guante blanco.

Iniciado por jilguero

Pues ante este tipo de situaciones, deberiamos presentar denuncias contra los altos cargos que dirigen los departamentos de la AEAT. La ley les obliga a actuar diligentemente ante la comisión de delitos. Si no lo hacen estan cometiendo un delito y deberian ser saancionados y apartados de su cargo.

A ver si los de manos limpias les meten mano, es vergonzoso que esto este pasando, cuando a cualquiera de nosotros nos embargan la cuenta por una multa, que muchas veces esta mal notificada.

Que limpieza hay que hacer en todos los estamentos de este pais.

Iniciado por Lampedusa

No te puedes imaginar lo difícil que es cometer delito fiscal en España.