Alguien dixit: "Pongo esta noticía porque me acusan de llamar "vagos" a los andaluces. Cuando nunca he dicho tal cosa, solamente digo que la situación actual de andalucía es insostenible para el resto de España

Y LO QUE PASA ALLI es IMPENSABLE en cualquier otro lugar de España"


Ferré utilizaba más de 300 empresas fantasma para eludir pagos - Diario de Ibiza


La Agencia Tributaria desveló ayer que el Grupo Playa Sol adquirió en la última década 40 establecimientos hoteleros con un valor de mercado cercano a los mil millones de euros. Para la compra de estos 40 hoteles entre 2001 y 2010 se constituyeron más de 300 sociedades participadas por otras firmas andorranas que aportaron elevadas sumas de divisas para la financiación, por lo que se sospecha la existencia de un posible delito de blanqueo de capitales o autoblanqueo.

Hacienda asegura que el volumen de negocios de esta cadena hotelera se aproxima a los 36 millones de euros anuales, según los turoperadores. Sin embargo no se ingresaron cuotas ni por el impuesto de sociedades (en el que se calcula un fraude de 7,5 millones), ni por el IVA (7 millones). «Para eludir la tributación usaban más de 300 sociedades diferentes, a las que cambiaban constantemente el domicilio, dificultando adjudicar el beneficio empresarial a cualquiera de ellas», señaló ayer la Agencia Tributaria.

Hacienda destaca que GPS, que gestiona más 72 hoteles en Ibiza, Mallorca y Praga, constituyó varias empresas de trabajo temporal en la República Checa para contratar trabajadores de nacionalidad rumana, que trabajaban de manera irregular en sus establecimientos turísticos. Señala además que todos los posibles delitos han sido planificados y controlados, supuestamente, por una sola persona, Fernando Ferré. La Operación Trueno tiene su origen en un informe de denuncia de la Agencia Tributaria presentado a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Hacienda incide además en que la Inspección de Trabajo comunicó a la Fiscalía de Ibiza la posible comisión de delitos de tráfico ilegal de mano de obra y de fraude a la Seguridad Social.

Fuentes de la investigación aseguran que la deuda contraída por el propietario de GPS con diversas entidades bancarias asciende a 30.000 millones de pesetas, es decir, 180 millones de euros; una cantidad que resulta poco relevante si se tiene en cuenta que desde 2001 el empresario había comprado hoteles por valor de mil millones de euros. Los investigadores afirman que la gestión de este empresario era «un disparate y una locura».

El titular del juzgado de instrucción número 4 de Ibiza, Santiago Pinsach, levantó el martes el secreto de sumario de las diligencias abiertas contra Ferré tras dictar un auto de prisión provisional sin fianza contra él e imponerle una garantía de responsabilidad civil de 80 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears señala que la fianza de responsabilidad civil se tramita en una pieza separada y se adopta cuando existen indicios suficientes de criminalidad contra una persona para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse del proceso.

En concreto, la cifra exigida al hotelero se obtiene de la cuota que inicialmente se cree puede haber defraudado (14,5 millones de euros) más las multas previstas en el delito de fraude fiscal y un aumento porcentual de dicha cantidad previsto por Ley.

A partir de ahora, el juez completará las diligencias con citaciones de imputados y nuevos testigos, que se sumarán a los que ya han comparecido ante él. Asimismo a la instrucción se incorporará el informe pericial que los técnicos de la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo presenten basándose en los documentos intervenidos durante la operación para probar los supuestos delitos de fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, falsedad documental y delito contra los derechos de los trabajadores.

El sueño del empreSaurio cañí; la nueva trata de esclavos, ¡eso sí que es flexibilidad laboral y competitividad!. Y encima ya no es políticamente incorrecta, basta con invocar el "hacen los trabajos que no queremos hacer", "nos pagan las pensiones", y "generan puestos de trabajo y contribuyen a hacienda". Si es que no hay nada como volver al siglo XIX.

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Poco a poco se va desentramando esto:

La deuda de GPS alcanza los 250 millones de euros
Perelló asegura que no hay riesgo de quiebra técnica. UGT comunica que los activos del grupo superan al menos en 50 millones los pasivos. El juez nombrará al auditor externo la próxima semana

IBIZA | RAQUEL SÁNCHEZ La deuda del Grupo Playa Sol suma entre 250 y 260 millones según las cifras proporcionadas por el abogado Manuel Pomar, del gabinete jurídico contratado por UGT, que atribuyó el dato al administrador judicial de la empresa, Javier Perelló, con quien se reunió el jueves. Pomar señaló ante un centenar de trabajadores de GPS que el activo de la empresa asciende a 310 millones de euros, por lo que la diferencia con el pasivo sería de 50 millones. De este modo, las partes inciden en que la empresa no ha entrado en quiebra técnica ni procede una liquidación ya que, por el momento, su activo sigue siendo mayor que el pasivo y se considera todavía un negocio viable.

De este modo, la cuantía de la deuda de la cadena hotelera superaría la suma de los presupuestos para este año del Consell de Ibiza y los cinco ayuntamientos de la isla.

Perelló no quiso ayer desmentir las cifras aportadas por Pomar, ya que considera que esta información es de carácter interno y que su difusión no es adecuada porque podría «crear más confusión». Sin embargo, puntualizó que la cifra del patrimonio activo es mayor, aunque no quiso desvelar a qué cantidad asciende.

«Todo esto no lo sabemos a ciencia cierta, porque no nos basta lo que diga Perelló. Necesitamos una auditoría, técnicos contables que nos lo digan», afirmó Pomar, quien ha propuesto al juzgado de instrucción número 4 la contratación de un auditor externo. El abogado considera que una auditoría facilitaría la viabilidad de la empresa: «En estos momentos los bancos no se fían cuando se les pide financiación, pero sí lo harían con una documentación clara». Fuentes jurídicas indicaron ayer que el juez que instruye la causa, Santiago Pinsach, y el fiscal decidirán la próxima semana quién será el co-administrador y auditor externo de GPS y darán a conocer su nombre.

El letrado afirma que esta «foto» de la situación financiera de la empresa es necesaria para decidir qué hacer, aunque apunta a un concurso como la salida más adecuada. «Significaría un sacrificio, pero creo que todas las partes están dispuestas a hacerlo. Si se va a concurso la Agencia Tributaria y la Seguridad Social perderán dinero en sanciones, también los proveedores, y los trabajadores tendrán que sacrificarse aunque el sindicato intentará que salgan lo mejor parados posible. Si hay un ERE habrá gente que se vaya fuera, pero se intentará conseguir indemnizaciones y la inclusión en un bolsín de trabajo», argumentó Pomar ante el escepticismo de muchas de las mujeres que trabajan para Ferré, que rondan los 50 años y que consideran que a esa edad «a pocos sitios» pueden ir a buscar trabajo.

La plantilla de GPS se muestra preocupada por la duración del proceso judicial que esclarecerá su futuro laboral. El asesor jurídico de UGT les ha explicado que continúa la fase de instrucción y recogida de datos, pero que tanto el sindicato como la Fiscalía han solicitado a la AgenciaTributaria que acelere en lo posible el proceso de revisión de la documentación intervenida. «Todo dependerá de si los archivos informáticos de la empresa se pueden recuperar», advirtió Pomar. Este abogado afirma que los inspectores de Trabajo tienen bastante adelantada su labor. «Si en seis o siete meses tienen cerrados los datos económicos y laborales puede ser que en un año haya concluido el proceso penal», adelantó.

«La empresa es una entelequia»

La plantilla también ha hecho públicas sus inquietudes acerca de a quién corresponde la propiedad del grupo empresarial ahora que el hotelero está en prisión preventiva. «GPS es una entelequia, en realidad son 314 sociedades y el amo es el señor Ferré», respondió Pomar para puntualizar a continuación que ni el Estado ni un juez pueden desposeer a nadie de sus propiedades «aunque sea un delincuente». «Lo que sí pueden hacer es poner controles sobre esas empresas, que es lo que han hecho ahora. Pero si Ferré logra hacer frente a los 250 millones de deuda con sus propios medios, seguirá siendo el propietario. Si no se pueden pagar las deudas, habrá embargos. Para que no se haga de forma irracional la ley permite llevar a cabo un concurso y dividir las cosas correctamente bajo amparo judicial», especificó el especialista.

Sobre el futuro destino de los hoteles que el empresario tiene arrendados, aseguró que la propiedad revertiría de nuevo en los antiguos dueños que recuperarían la gestión de los establecimientos con toda su plantilla de trabajadores en el momento en el que se rescinda el contrato de alquiler. No obstante, advirtió de que no todos los hoteleros estarán dispuestos a recibir de nuevo esos negocios ya que, aunque no se estableciera una carga hipotecaria para su compra, es posible que sobre ellos pese algún leasing o préstamo para la explotación, por lo que los antiguos propietarios podrían no aceptar su devolución.

Pese a esta situación, la plataforma sindical anima a los empleados a seguir trabajando «como si nada hubiera ocurrido» mientras cobren sus nóminas, porque «la viabilidad de la empresa pasa por ahí».

Por otra parte, el pleno del Consell de Ibiza aprobó ayer un nuevo expediente sancionador por presunta infracción turística contra un establecimiento de Ferré. En este caso, la multa de 36.600 euros corresponde al alojamiento denominado Es Caló, situado en Sant Antoni. El establecimiento tenía autorizadas 88 unidades de alojamiento y 180 plazas, pero en la actualidad dispone de 139 habitaciones y 278 plazas, lo que se penaliza con 12.000 euros.

Con la misma cantidad se sanciona el incumplimiento de la normativa sobre prevención de incendios y la conversión en restaurante de un establecimiento con licencia de cafetería.

La deuda de GPS alcanza los 250 millones de euros - Diario de Ibiza

Up, up...

PALMA | EFE El juez de instrucción número 4 de Ibiza ha decidido hoy mantener la actual situación de administración judicial del grupo Playa Sol de Ibiza, cuyos propietarios fueron detenidos el año pasado por fraude fiscal en la operación Trueno.

El juzgado encargado del asunto ha acordado también dar el contrato de gestión del grupo hotelero a Hiperión y no a "la oferta alternativa presentada", ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

El grupo hotelero Playa Sol se encuentra bajo administración judicial después de que sus responsables, entre ellos los propietarios Fernando Ferré y su hijo, fueran detenidos en junio de 2010 en una operación ordenada por la Fiscalía Anticorrupción por fraude fiscal.

El empresario compró cuarenta hoteles en Ibiza, Mallorca y Praga por valor de mil millones de euros.

Según la Agencia Tributaria, el grupo hotelero GPS, que explota más de diez mil camas, tiene un volumen de negocios cercano a los 36 millones de euros anuales, pero no ingresó cuota alguna correspondiente al Impuesto de Sociedades ni al IVA.

Para eludir la tributación, de acuerdo con la información facilitada por Hacienda, GPS usaba más de trescientas sociedades diferentes a las que cambiaban constantemente de domicilio con el objeto de dificultar la adjudicación del beneficio empresarial a cualquier sociedad.

Según la investigación, el hotelero Fernando Ferré, de 66 años, habría defraudado cuotas que superarían los 7,5 millones de euros en el Impuesto de Sociedades y de 7 millones de euros en el IVA.


El juez adjudica la gestión de GPS a Hiperion - Diario de Ibiza

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Menos mal que han ratificado lo que todo el mundo se esperaba y las presiones y amenazas no han hecho mella.

Empleados de Ferré confirman ante el juez todo tipo de abusos e ilegalidades
El propio abogado del hotelero admite que «podría haber irregularidades» en la contratación, pero afirma que «el tema aún está verde». En julio declararán medio centenar más de trabajadores


Una veintena de trabajadores del Grupo Playa Sol (GPS) en la época de Fernando Ferré han confirmado ante el juez que instruye el caso, Santiago Pinsach, las principales denuncias y acusaciones que pesan sobre el antiguo administrador de la empresa, entre ellas las de contratación irregular, salarios ínfimos, horarios inhumanos y condiciones de alojamiento tercermundistas.

El primer grupo de empleados ha declarado, citado por el juez, durante los dos últimos días, aunque está previsto que en el mes de julio continúen las comparecencias de trabajadores en el juzgado. En concreto, para los primeros días de ese mes está previsto que declaren ante Santiago Pinsach otros 50 empleados.

Según confirmaron fuentes próximas a las partes, durante sus testificaciones de ayer y anteayer, los trabajadores de GPS corroboraron la existencia de contratos con sueldos de 300 euros al mes, así como la realización de jornadas laborales que excedían con mucho la duración legal permitida. También explicaron varios testigos que Fernando Ferré les mantenía alojados en dependencias carentes de cualquier condición de habitabilidad.

Contratos de República Checa
El propio abogado de Ferré, Gabriel Garcías, admitió ayer que en la contratación de GPS «podría haber alguna irregularidad», aunque matizó que «el tema aún está verde». Preguntado por este periódico sobre cuáles serían esas irregularidades, contestó que «hay gente que dice que se le contrataba en la República Checa», pero advirtió de que GPS «también tenía allí hoteles», por lo que «se deberá mirar si son contratos irregulares o no».

Garcías confirmó que el juez preguntó a los testigos –que pertenecen a todo tipo de nacionalidades extranjeras– sobre «sus condiciones laborales», «qué ganaban, dónde dormían y dónde vivían», entre otras cosas.

La secretaria de Organización de Comisiones Obreras en Ibiza, Consuelo López, afirmó que durante las dos últimas jornadas «han quedado constatadas las denuncias que el sindicato interpuso desde 2007» contra Fernando Ferré por todo tipo de prácticas ilegales.

Sueldos de 300 euros
Una de las denuncias de los sindicatos consistía en la existencia de contratos ilegales con sueldos de unos 300 euros.

Condiciones infrahumanas
Muchos empleados han admitido que eran alojados en lugares sin condiciones de ningún tipo.

Horarios ilegales
También denuncian jornadas que superaban con mucho las 8 horas.



Empleados de Ferré confirman ante el juez todo tipo de abusos e ilegalidades - Diario de Ibiza

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