Madrid, 9 mar (EFE).- Las constructoras y los fabricantes de materiales de construcción discrepan sobre si la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales debe permitir la "libertad de pactos" para ampliar los plazos de pago por encima de los 60 días que establece la normativa.

Representantes de empresas constructoras y de fabricantes de materiales manifestaron hoy su postura ante esta proposición de Ley en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, según la información a la que ha tenido acceso Efe.

Las constructoras pidieron que la Ley establezca que la Administración sea "la primera" en cumplir con el plazo del pago de sus deudas, para poco a poco trasladar los plazos al resto de la cadena productiva.

Aunque valoran la propuesta de acortar el plazo de pago del sector público de los 60 días de la actualidad a 30 días, lo que realmente exigieron hoy es el cumplimiento "efectivo" de dicha norma.

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Juan Lazcano, consideró que las empresas deben poder ir adaptándose a los 60 días de plazo cuando las administraciones públicas realicen sus pagos en los tiempos establecidos, de manera que el "flujo de liquidez llegue a toda la cadena productiva".

Por ello, indicó que es necesario el "crédito previo" antes de acometer un contrato público, para evitar que los órganos de contratación digan que "no tienen dinero".

Ante ello, defendió la "libertad de pacto", sin perjuicio del establecimiento de unos plazos máximos de pago "cuando el sector esté lo suficientemente maduro".

El presidente de la patronal de las grandes constructoras (Seopan), David Taguas, coincidió con Lazcano al afirmar que "resulta difícil admitir" que las Administraciones vayan a pagar a las empresas a 30 días.

Apuntó que, si las constructoras tienen que pagar a los proveedores a 60 días, pero van a seguir cobrando del sector público a un promedio de 157 días, "es obvio que dependerán de un escaso y caro crédito bancario para financiarse".

Esto supondrá, a su juicio, el estrangulamiento de tesorería que les impedirá desarrollar su actividad, la paralización de obras, los concursos de acreedores, los expedientes de regulación de empleo y la caída de los pedidos de materiales y subcontratas.

Por ello, pidió primero que las Administraciones Públicas se pongan al corriente en el pago de su deuda vencida, que a finales de 2008 ascendía a 16.400 millones de euros (1,5% del PIB), así como que se modifiquen las normas que regulan la financiación autonómica y local.

Como medida transitoria, propuso introducir el sistema del "confirming", por el cual la constructora pacta el pago al proveedor a más de 60 días, a cuyo vencimiento una entidad financiera le pagará la factura a cambió de adquirir sus derechos de cobro que ejecutará después a la empresa contratista con intereses.

La patronal de fabricantes de materiales de construcción (Cepco) recalcó su petición de "declarar nula" cualquier cláusula de contrato por la que se renuncie a los derechos incorporados en la Ley contra la Morosidad, lo que supone imposibilitar los pactos entre contratantes para ampliar los plazos.

Así lo manifestó hoy el director general de Cepco, Luis Rodulfo, quien también pidió que la Comisión Nacional de la Competencia elabore un informe anual sobre los sectores más críticos -construcción y alimentación- y la creación de una comisión de seguimiento y cumplimiento de la Ley.

Esto supondrá, a su juicio, el estrangulamiento de tesorería que les impedirá desarrollar su actividad

el próximo 23 de marzo, cuando la Comisión del Congreso debata con competencia legislativa plena esta iniciativa y la remita al Senado. El objetivo es que su aprobación definitiva se produzca antes del verano

Aunque la iniciativa fue avalada por el Pleno de la Cámara en junio, los socialistas presentaron un paquete de enmiendas en el que pedían la eliminación de todos los artículos del texto de CiU, salvo dos, que proponían modificar para que se limiten a "instar" al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses sendas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público y de la propia Ley contra la Morosidad, en el marco de la futura Ley de Economía Sostenible