USUREROS
Madmaxista
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El año 2010 se presenta particularmente duro para los trabajadores de las cajas de ahorro. Como consecuencia del proceso de fusiones en curso, en los próximos meses se cerrarán 1.500 oficinas, y la previsión de los analistas financieros es que en los próximos cuatro años se cerrarán 5.000 oficinas más.
La destrucción de empleo va a ser considerable. Las cifras de despidos previstos son el peor ataque que hayan sufrido jamás los trabajadores del sector. Las cajas gallegas, envueltas en un problemático proceso de fusión, prevén 1.500 despidos. Dos de las cajas de Castilla y León, Caja España y Caja Duero, quieren deshacerse de 1.400 trabajadores. Y también las dos fusiones previstas entre cajas catalanas van a destruir empleo: la fusión liderada por Caixa Catalunya implicará 1.300 despidos, y la que afecta a las cajas de Girona, Sabadell y Manlleu añadirá 630 despidos más.
FROB, dinero público para reflotar entidades financieras
Este ataque al empleo no ocurre de forma aislada. Forma parte de un amplio plan de reestructuración del sector de Cajas de Ahorro, que ha estado paralizado durante más de seis meses hasta que la Comisión Europea aprobó, el pasado 28 de enero, el funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Este fondo, que es un nuevo capítulo en las operaciones de rescate de entidades financieras a costa del bolsillo de los ciudadanos, fue aprobado por el gobierno de Zapatero en junio de 2009, y su objetivo es sostener con dinero público un gigantesco plan de fusiones entre las actuales 45 cajas de ahorro, para reducirlas a la cuarta parte. A través del FROB, el Estado aportará hasta 90.000 millones de euros, de los que ya se han desembolsado 13.000, para reflotar a entidades financieras dañadas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Porque, a pesar de la propaganda sobre la inminente recuperación económica y sobre la solidez de la banca española, las consecuencias de la crisis del capitalismo iniciada en 2007 no sólo no han desaparecido, sino que sus peores efectos están aún por venir. Y son precisamente las cajas de ahorro quienes han quedado en peor situación a causa de los ingentes recursos que invirtieron en el sector inmobiliario durante los años del boom.
Las cajas sobrepasaron con creces a los bancos en concesión de créditos al sector del ladrillo. Mientras que la banca dedicó a ese sector 424.000 millones de euros, las cajas, a pesar de que sus activos son sólo una pequeña fracción de los activos de la banca, invirtieron nada menos que 608.000 millones. Y como consecuencia, al estallar la burbuja las cajas se han encontrado con un volumen de créditos potencialmente fallidos que aboca a muchas de ellas a la quiebra.
Inmenso agujero
A cierre de 2009, se estimaba que una gran parte (166.000 millones de euros) de la deuda de promotores inmobiliarios con las cajas estaba respaldada por garantías dudosas. La inmensa mayoría de estos promotores, entre los que están los protagonistas de las quiebras más sonadas de 2008 y 2009, no pueden pagar siquiera los 8.500 millones de intereses anuales que sus deudas generan. Para intentar rebajar el impacto que esta situación provoca en sus cuentas, y para mantener en límites aceptables sus índices de jovenlandesesidad y solvencia, las cajas se han lanzado a adquirir inmuebles afectados por créditos fallidos. De esta forma han conseguido un doble resultado: con el importe de la venta cancelan la deuda, y, además, ralentizan la caída de precios de los inmuebles, evitando así la depreciación de sus activos y del valor de las garantías reales aportadas por los promotores.
Pero estos artificios contables tienen fecha de caducidad y la dura realidad se acaba imponiendo. El maquillaje de la contabilidad y la acumulación de viviendas vacías no resuelve ni los problemas de liquidez, ni el encarecimiento de la financiación, imprescindible para afrontar las renovaciones de la deuda de las cajas con otras entidades financieras, que desde el pasado 15 de diciembre, cuando finalizó la vigencia del aval estatal a las emisiones de deuda de las entidades financieras, se tiene que realizar a precios de mercado.
Por ello, las cajas de ahorro han tenido que empezar a vender urgentemente sus pisos (Caja Madrid ha lanzado una web dedicada a este tema) y se plantean iniciar durante 2010 la venta de sus participaciones bursátiles, que ascienden a 34.500 millones, y suponen el 5% de toda la capitalización de la bolsa española.
Pero estas medidas de urgencia sólo sirven para cubrir una mínima parte del inmenso agujero creado durante la época del boom. Para sanear definitivamente al sector sería necesaria una gigantesca ampliación de los planes de rescate que ya se han aplicado al sector bancario, pero esa posibilidad está cada vez más lejana después de que la Comisión Europea haya limitado severamente el alcance del FROB, debido en gran medida a las presiones del sector bancario.
La destrucción de empleo va a ser considerable. Las cifras de despidos previstos son el peor ataque que hayan sufrido jamás los trabajadores del sector. Las cajas gallegas, envueltas en un problemático proceso de fusión, prevén 1.500 despidos. Dos de las cajas de Castilla y León, Caja España y Caja Duero, quieren deshacerse de 1.400 trabajadores. Y también las dos fusiones previstas entre cajas catalanas van a destruir empleo: la fusión liderada por Caixa Catalunya implicará 1.300 despidos, y la que afecta a las cajas de Girona, Sabadell y Manlleu añadirá 630 despidos más.
FROB, dinero público para reflotar entidades financieras
Este ataque al empleo no ocurre de forma aislada. Forma parte de un amplio plan de reestructuración del sector de Cajas de Ahorro, que ha estado paralizado durante más de seis meses hasta que la Comisión Europea aprobó, el pasado 28 de enero, el funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Este fondo, que es un nuevo capítulo en las operaciones de rescate de entidades financieras a costa del bolsillo de los ciudadanos, fue aprobado por el gobierno de Zapatero en junio de 2009, y su objetivo es sostener con dinero público un gigantesco plan de fusiones entre las actuales 45 cajas de ahorro, para reducirlas a la cuarta parte. A través del FROB, el Estado aportará hasta 90.000 millones de euros, de los que ya se han desembolsado 13.000, para reflotar a entidades financieras dañadas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Porque, a pesar de la propaganda sobre la inminente recuperación económica y sobre la solidez de la banca española, las consecuencias de la crisis del capitalismo iniciada en 2007 no sólo no han desaparecido, sino que sus peores efectos están aún por venir. Y son precisamente las cajas de ahorro quienes han quedado en peor situación a causa de los ingentes recursos que invirtieron en el sector inmobiliario durante los años del boom.
Las cajas sobrepasaron con creces a los bancos en concesión de créditos al sector del ladrillo. Mientras que la banca dedicó a ese sector 424.000 millones de euros, las cajas, a pesar de que sus activos son sólo una pequeña fracción de los activos de la banca, invirtieron nada menos que 608.000 millones. Y como consecuencia, al estallar la burbuja las cajas se han encontrado con un volumen de créditos potencialmente fallidos que aboca a muchas de ellas a la quiebra.
Inmenso agujero
A cierre de 2009, se estimaba que una gran parte (166.000 millones de euros) de la deuda de promotores inmobiliarios con las cajas estaba respaldada por garantías dudosas. La inmensa mayoría de estos promotores, entre los que están los protagonistas de las quiebras más sonadas de 2008 y 2009, no pueden pagar siquiera los 8.500 millones de intereses anuales que sus deudas generan. Para intentar rebajar el impacto que esta situación provoca en sus cuentas, y para mantener en límites aceptables sus índices de jovenlandesesidad y solvencia, las cajas se han lanzado a adquirir inmuebles afectados por créditos fallidos. De esta forma han conseguido un doble resultado: con el importe de la venta cancelan la deuda, y, además, ralentizan la caída de precios de los inmuebles, evitando así la depreciación de sus activos y del valor de las garantías reales aportadas por los promotores.
Pero estos artificios contables tienen fecha de caducidad y la dura realidad se acaba imponiendo. El maquillaje de la contabilidad y la acumulación de viviendas vacías no resuelve ni los problemas de liquidez, ni el encarecimiento de la financiación, imprescindible para afrontar las renovaciones de la deuda de las cajas con otras entidades financieras, que desde el pasado 15 de diciembre, cuando finalizó la vigencia del aval estatal a las emisiones de deuda de las entidades financieras, se tiene que realizar a precios de mercado.
Por ello, las cajas de ahorro han tenido que empezar a vender urgentemente sus pisos (Caja Madrid ha lanzado una web dedicada a este tema) y se plantean iniciar durante 2010 la venta de sus participaciones bursátiles, que ascienden a 34.500 millones, y suponen el 5% de toda la capitalización de la bolsa española.
Pero estas medidas de urgencia sólo sirven para cubrir una mínima parte del inmenso agujero creado durante la época del boom. Para sanear definitivamente al sector sería necesaria una gigantesca ampliación de los planes de rescate que ya se han aplicado al sector bancario, pero esa posibilidad está cada vez más lejana después de que la Comisión Europea haya limitado severamente el alcance del FROB, debido en gran medida a las presiones del sector bancario.
