La excepción se ha convertido en regla. La administración abrió la puerta en 2003 a la posibilidad de que compañías auditoras privadas fiscalizaran el gasto público "en caso de insuficiencia de medios”, como sostiene una disposición adicional de la Ley General Presupuestaria. Pero esa singularidad se ha convertido en moneda corriente. Hasta el punto de que organismos públicos tan relevantes como el ICO, Renfe, Adif, las fundaciones estatales o el control de los fondos de cohesión de la Unión Europea han dejado de ser fiscalizados por funcionarios públicos.
En su lugar, el trabajo lo están realizando las empresas del sector de la auditoria. Un dato ilustra esta nueva situación. Según la información que obra en poder de El Confidencial, la externalización de trabajos -tan sólo en la Intervención General del Estado (IGAE)-, cuenta este año con un presupuesto de 35,6 millones de euros; es decir, casi el triple que los 13,7 millones que se destinó a ese fin el año pasado.
No se trata de un fenómeno aislado. La política de externalizaciones -que permite camuflar el número real de empleados públicos- crece cada año de forma significativa. En 2010, en concreto, la Administración va a suscribir con contratos con empresas privadas por valor de 767,3 millones de euros, muy lejos de los 542 millones programados para 2009. Se trata, por lo tanto, de una estrategia política en notorio crecimiento que permite aumentar las plantillas de facto sin que se note y sin pasar el filtro de los Presupuestos Generales del Estado. Las externalizaciones se pagan vía capítulo dos (gasto corriente) o, incluso, capítulo seis (inversiones), lo cual resulta sorprendente al tratarse realmente de gasto corriente.
El carácter excepcional que dio la ley a la posibilidad de contratar servicios privados se manifiesta en el hecho de que cada año una orden ministerial debe decretar la insuficiencia de medios para poder justificar el gasto.
Sin embargo, el fenómeno de las externalizaciones comienza a ser tan abusivo que hasta el Tribunal de Cuentas aprobó hace ahora un año una moción en la que instaba a los poderes públicos a que pusieran fin a esta práctica, toda vez que muchos trabajadores habían entrado a formar parte del sector público ’por la puerta de atrás’, después de realizar la correspondiente reclamación judicial. En palabras del Tribunal de Cuentas, “se ha puesto de manifiesto que, en ocasiones, la contratación de empresas para la realización de trabajos o servicios ha dado lugar a demandas de su personal, que han obtenido sentencias judiciales, en cuya virtud han adquirido la condición de trabajadores de los organismos correspondientes”.
Cesión ilegal de trabajadores
Este es el caso, por ejemplo, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que en 2002 y 2003 se vio obligada a contratar a 102 funcionarios tras ser condenada la Administración por “cesión ilegal de trabajadores”.
Lo curioso del asunto es que más recientemente, en 2009, el departamento que dirige Elena Salgado amortizó 319 puestos de trabajo, tan sólo en la Intervención General del Estado, según datos de sección sindical de CCOO en el Ministerio de Economía y Hacienda. Esto significa que cada año hay menos funcionarios para cumplir las labores que se ha encomendado la propia Administración. Por el contrario, cada ejercicio aumenta el número de entes públicos auditados, lo que es una garantía para el funcionamiento de la Administración pública. El año 2007 -último ejercicio con datos publicados- se auditó la actividad de 388 entes públicos, lo que representa el 82,4% del conjunto de sociedades del sector público. El resto no se audita en razón de su pequeño tamaño.
¿Cómo resuelve la Administración esta incoherencia: más auditorías y menos plantillas? Pues externalizando el trabajo, lo que le permite presentarse a la opinión pública como guardián de la ortodoxia presupuestaria. La vicepresidenta De la Vega ha anunciado que en 2010 la Oferta de Empleo Público sólo cubrirá el 10% de las bajas vegetativas, pero en realidad se está sacando cada vez más trabajo fuera de la Administración.
Lo más paradójico, sin embargo, es que la propia Intervención General del Estado advierte en su último informe de fiscalización de los entes públicos, sobre la ilegalidad de estos procedimientos. "La falta de recursos humanos suficientes para el cumplimiento de sus fines debido a la falta de personal", asegura, ha obligado a que “los órganos gestores están recurriendo a figuras como el contrato administrativo, la encomienda o el encargo, desvirtuando la naturaleza misma con la que nace la contratación administrativa”. La IGAE pone como paradigma de esta situación al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y cita en particular el caso de Tragsa, donde se está “evitando la aplicación de la normativa de la función pública”. Es decir, que se están colando empleados públicos por la puerta de atrás.
Y no cualquier funcionario. El coste de los auditores privados es sensiblemente superior al de los empleados públicos. Un ejemplo. En 2009, la Administración contrató la realización de los servicios de auditoria del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. Pues bien, en el contrato se estipulan unos emolumentos para el socio auditor de 178 euros la hora de trabajo (16 en total) más IVA, mientras que la hora de trabajo del gerente de la empresa adjudicada se fija en 99,50 euros por hora trabajada (80 horas). Evidentemente, muy por encima de las retribuciones de los empleados públicos.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO pone el acento, igualmente, en que las empresas privadas están teniendo acceso a datos e información de carácter confidencial, por ejemplo en la gestión del catastro, con gran participación de empresas privadas. La dirección general del Catastro externalizará este año obras y servicios por valor de más de 17 millones de euros. Mientras que en el caso del Tesoro Público se sacará trabajo por más de 10,95 millones de euros. Hasta la realización del Censo Agrario ha quedado ya fuera de la Administración.
Más significativa económicamente es, sin embargo, la licitación del contrato de control financiero de los proyectos cofinanciados con la Unión Europea, y que acaba de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este caso, la contratación tiene un presupuesto base de liquidación de 4,71 millones de euros a ejecutar en cuatro años.
El BOE, igualmente, acaba de publicar la licitación de las auditorías de Renfe operadora y de ADIF, el gestor de infraestructuras del Estado, cuyo presupuesto inicial se eleva a 862.500 euros.
En su lugar, el trabajo lo están realizando las empresas del sector de la auditoria. Un dato ilustra esta nueva situación. Según la información que obra en poder de El Confidencial, la externalización de trabajos -tan sólo en la Intervención General del Estado (IGAE)-, cuenta este año con un presupuesto de 35,6 millones de euros; es decir, casi el triple que los 13,7 millones que se destinó a ese fin el año pasado.
No se trata de un fenómeno aislado. La política de externalizaciones -que permite camuflar el número real de empleados públicos- crece cada año de forma significativa. En 2010, en concreto, la Administración va a suscribir con contratos con empresas privadas por valor de 767,3 millones de euros, muy lejos de los 542 millones programados para 2009. Se trata, por lo tanto, de una estrategia política en notorio crecimiento que permite aumentar las plantillas de facto sin que se note y sin pasar el filtro de los Presupuestos Generales del Estado. Las externalizaciones se pagan vía capítulo dos (gasto corriente) o, incluso, capítulo seis (inversiones), lo cual resulta sorprendente al tratarse realmente de gasto corriente.
El carácter excepcional que dio la ley a la posibilidad de contratar servicios privados se manifiesta en el hecho de que cada año una orden ministerial debe decretar la insuficiencia de medios para poder justificar el gasto.
Sin embargo, el fenómeno de las externalizaciones comienza a ser tan abusivo que hasta el Tribunal de Cuentas aprobó hace ahora un año una moción en la que instaba a los poderes públicos a que pusieran fin a esta práctica, toda vez que muchos trabajadores habían entrado a formar parte del sector público ’por la puerta de atrás’, después de realizar la correspondiente reclamación judicial. En palabras del Tribunal de Cuentas, “se ha puesto de manifiesto que, en ocasiones, la contratación de empresas para la realización de trabajos o servicios ha dado lugar a demandas de su personal, que han obtenido sentencias judiciales, en cuya virtud han adquirido la condición de trabajadores de los organismos correspondientes”.
Cesión ilegal de trabajadores
Este es el caso, por ejemplo, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que en 2002 y 2003 se vio obligada a contratar a 102 funcionarios tras ser condenada la Administración por “cesión ilegal de trabajadores”.
Lo curioso del asunto es que más recientemente, en 2009, el departamento que dirige Elena Salgado amortizó 319 puestos de trabajo, tan sólo en la Intervención General del Estado, según datos de sección sindical de CCOO en el Ministerio de Economía y Hacienda. Esto significa que cada año hay menos funcionarios para cumplir las labores que se ha encomendado la propia Administración. Por el contrario, cada ejercicio aumenta el número de entes públicos auditados, lo que es una garantía para el funcionamiento de la Administración pública. El año 2007 -último ejercicio con datos publicados- se auditó la actividad de 388 entes públicos, lo que representa el 82,4% del conjunto de sociedades del sector público. El resto no se audita en razón de su pequeño tamaño.
¿Cómo resuelve la Administración esta incoherencia: más auditorías y menos plantillas? Pues externalizando el trabajo, lo que le permite presentarse a la opinión pública como guardián de la ortodoxia presupuestaria. La vicepresidenta De la Vega ha anunciado que en 2010 la Oferta de Empleo Público sólo cubrirá el 10% de las bajas vegetativas, pero en realidad se está sacando cada vez más trabajo fuera de la Administración.
Lo más paradójico, sin embargo, es que la propia Intervención General del Estado advierte en su último informe de fiscalización de los entes públicos, sobre la ilegalidad de estos procedimientos. "La falta de recursos humanos suficientes para el cumplimiento de sus fines debido a la falta de personal", asegura, ha obligado a que “los órganos gestores están recurriendo a figuras como el contrato administrativo, la encomienda o el encargo, desvirtuando la naturaleza misma con la que nace la contratación administrativa”. La IGAE pone como paradigma de esta situación al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y cita en particular el caso de Tragsa, donde se está “evitando la aplicación de la normativa de la función pública”. Es decir, que se están colando empleados públicos por la puerta de atrás.
Y no cualquier funcionario. El coste de los auditores privados es sensiblemente superior al de los empleados públicos. Un ejemplo. En 2009, la Administración contrató la realización de los servicios de auditoria del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. Pues bien, en el contrato se estipulan unos emolumentos para el socio auditor de 178 euros la hora de trabajo (16 en total) más IVA, mientras que la hora de trabajo del gerente de la empresa adjudicada se fija en 99,50 euros por hora trabajada (80 horas). Evidentemente, muy por encima de las retribuciones de los empleados públicos.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO pone el acento, igualmente, en que las empresas privadas están teniendo acceso a datos e información de carácter confidencial, por ejemplo en la gestión del catastro, con gran participación de empresas privadas. La dirección general del Catastro externalizará este año obras y servicios por valor de más de 17 millones de euros. Mientras que en el caso del Tesoro Público se sacará trabajo por más de 10,95 millones de euros. Hasta la realización del Censo Agrario ha quedado ya fuera de la Administración.
Más significativa económicamente es, sin embargo, la licitación del contrato de control financiero de los proyectos cofinanciados con la Unión Europea, y que acaba de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este caso, la contratación tiene un presupuesto base de liquidación de 4,71 millones de euros a ejecutar en cuatro años.
El BOE, igualmente, acaba de publicar la licitación de las auditorías de Renfe operadora y de ADIF, el gestor de infraestructuras del Estado, cuyo presupuesto inicial se eleva a 862.500 euros.
